Versión Estenográfica de la comparecencia de la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, ante la Comisión de Justicia, como parte del análisis al IV Informe de Gobierno.
(Tercera parte)
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Pasaríamos a la ronda de preguntas, recordando a los senadores el orden y el tiempo de participación. Cada participante tendrá hasta tres minutos para formular sus preguntas, las cuales deberán ser contestadas de manera inmediata por la compareciente, en un lapso máximo de tres minutos.
Posteriormente, cada grupo parlamentario o senador, dependiendo si quieren que sea el mismo senador u otro, tendrán hasta dos minutos para ejercer su derecho de réplica.
Tiene el uso de la palabra la senadora Martha Tagle.
SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros.
Bienvenida, Procuradora.
Hace un año lo dije y lo vuelvo a confirmar: tengo la impresión de que usted es de las personas que dentro del Gobierno quiere hacer las cosas bien. Decisiones como la destitución de Cerón, reubicar la investigación sobre Ayotzinapa, como lo pidieron los familiares, y otras acciones, lo demuestran.
Sin embargo, también es importante decir que de la mano de la corrupción, la impunidad es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país. Y la procuración de justicia juega un papel central en este tema.
Usted es testigo de los esfuerzos institucionales para hacer de la justicia eficiente, eficaz, pronta y expedita; pero la impunidad gana terreno frente a la pérdida de confianza ciudadana.
Y por ello quiero tratar con usted esta tarde, un tema que generalmente no se toca con la Procuraduría, pero que me parece importante sacarlo a cuenta, y que tiene que ver con la libertad de expresión como derecho humano fundamental.
La libertad de expresión debe ejercitarse sin restricción y sin mayores límites que los previstos en la Constitución. Sin embargo, en nuestro país se ha incrementado de manera alarmante el número de casos en relación con agravios a periodistas y medios de comunicación, entre los que destacan asesinatos, desapariciones, amenazas y hostigamientos.
La actual administración enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años respecto a los crímenes contra periodistas y medios de comunicación en nuestro país. De los 109 casos de homicidios a periodistas, 33 se han dado durante este gobierno; del total de homicidios registrados, el 60 por ciento se concentran en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua.
El informe sobre la situación de derechos humanos en México de 2015, señala que la violencia contra comunicadores se ha visto especialmente agudizada en aquellas entidades federativas en las que existe una fuerte presencia del crimen organizado, actuando en colusión con agentes estatales. Las mujeres periodistas comenzaron a ser el blanco de amenazas y ejecuciones de manera creciente, triplicándose las agresiones; particularmente se ha detectado que son víctimas de amenazas quienes cubren temas políticos y han hechos denuncias de corrupción o cubren temas relacionados con el narcotráfico.
De las 177 averiguaciones iniciadas que se tienen registradas, 65 se llevaron a cabo durante la actual administración; y de esas 65, sólo se ha dictado sentencia condenatoria en dos y a eso me refiero cuando hablo de impunidad.
En los primeros seis meses del cuarto año de este gobierno, se documentaron un total de 218 agresiones. Y la pregunta tiene que ver con este tema.
En este informe sobre la situación de los derechos humanos en México, la CDIH ha manifestado que en el caso de México existe una falta de protocolos de investigación específicos para perseguir los casos que involucren a periodistas.
El 15 de diciembre pasado, México emitió un comunicado anunciando que se trabaja en el protocolo para la investigación contra periodistas y que se publicaría la autorización del Manual de Prevención de Delitos, la Guía Básica para la Investigación de Homicidios, el Manual Práctico de Investigación Ministerial, el Protocolo de Delitos de Alto Impacto.
En ese sentido, la pregunta, Procuradora, es: ¿Cuál es el estado que guardan el resto de protocolos, particularmente el relativo a las investigaciones de crímenes contra periodistas?
¿Cuáles son las razones por las que no se ha realizado su emisión, a casi un año de que fueron anunciadas?
¿Cuál es el grado de cumplimiento que guardan las recomendaciones de la CNDH, particularmente la número 24, relativa al ejercicio de la libertad de expresión, donde emitió recomendaciones generales a la institución que usted dirige?
¿Cuáles son las metas que asumiría esta Procuraduría, a fin de disminuir los homicidios, desapariciones, amenazas y demás formas de hostigamiento en contra de las mujeres que ejercen la labor periodística en México?
Por sus respuestas, muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora.
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Senadora Martha Tagle, le agradezco su pregunta, su interés en la institución.
Y, efectivamente, en la Procuraduría General de la República asumimos el respeto irrestricto a los derechos humanos y el ejercicio pleno de la libertad de expresión, como compromisos propios de una institución en el contexto democrático.
Ahora bien, usted señala de las determinaciones que hemos tenido durante esta gestión.
Efectivamente, al día de hoy la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, contaba con 220 averiguaciones previas qué resolver, y se han ido presentando ante el juez.
Y el hecho de que tengamos tan pocas consignaciones, usted señalaba que hemos presentado 65 ante el Poder Judicial, que fueron cometidas en este último año que es el que estamos analizando, también implica toda la normatividad que existe en el proceso penal y en el proceso a cuando uno ya presenta ante el juez la consignación. Y ahí ya estamos ante la resolución judicial, que es otro poder autónomo e independiente, y que toman su tiempo.
Pero lo que sí le quiero comentar, es que nosotros estamos dándole celeridad a todas las averiguaciones previas que hemos presentado ante el Poder Judicial. Y todas las que están en trámite, estamos haciendo visitas frecuentes a los órganos jurisdiccionales, ya sea porque sean por agravios cometidos contra la vida o la integridad o los bienes de periodistas, o atentados a algunos medios de comunicación.
Ahora bien, es necesaria esta, sí, efectivamente tiene usted toda la razón, tenemos que acelerar estos procesos y que se emitan las sentencias correspondientes.
Estaremos trabajando y nosotros no haremos ninguna distinción en la investigación de delitos de esta naturaleza, y en los que efectivamente haya una causa probable, llegaremos hasta las últimas consecuencias, y no va a importar quién o quienes sean los imputados, siempre garantizando los lineamientos, los principios del debido proceso y las prerrogativas.
Usted sabe que también nosotros tenemos un protocolo que cuando se presenta una denuncia en contra de algún periodista tenemos que cerciorarnos primeramente que ésta sea porque el periodista estaba realizando alguna actividad relacionada con el periodismo.
Hay muchos casos por lo cual también las cifras a veces no son congruentes en los cuales se tiene que declarar una incompetencia porque son casos que la persona sufrió algún daño en su persona, en su patrimonio, pero no por haber estado ejerciendo la libertad de expresión sino por alguna otra causa que no quisiera señalar para no lastimar los derechos de las personas que en ocasiones es otro tipo de delito.
Y nosotros estamos trabajando con el Senado de la República para que de una manera transparente, eso es lo que queremos. De hecho el Presidente de la Comisión está trabajando con mi equipo de trabajo, el senador Blásquez, para que tengamos una interrelación y ustedes conozcan toda la información de una manera transparente y la tenga esta Honorable Representación y puedan saber qué es lo que estamos haciendo y efectivamente cuáles son los casos que están relacionados con la libertad de expresión.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión sí ha incrementado en un 26 por ciento el ejercicio de la acción penal en atención a estos delitos y cometidos no por otra causa sino por cometidos.
Y sí coincido con usted que en el caso de Veracruz, efectivamente es muy alto el índice, más ahí no todos los casos nos llegan a la Federación. Hay algunos casos que se quedan en los estados.
Recuerdo aquí –ah, tiempo–. Pero estaremos trabajando en la Comisión correspondiente con ustedes y dándoles toda la información correspondiente.
Espero que con esto haya quedado atendida su pregunta.
SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias, Procuradora.
Como le dije, sin duda atender este tema como muchos otros que tienen que ver con la impartición de justicia es fundamental porque mientras se sigan mandando señales de impunidad de que no se hace justicia, difícilmente vamos a poder combatir este tipo de delitos.
Y me parece importante mencionarle que hay un notable déficit sobre el ejercicio de la facultad de atracción que tiene la Fiscalía Especial y me parece que esto también fomenta los niveles impunidad y dilación en este sector.
Y me parece importante que podamos con el Legislativo verificar precisamente las causas que pueden permitir esta facultad de atracción porque quiero poner como ejemplo el caso del periodista Moisés Sánchez Cerezo, en donde esta Fiscalía negó atraer el caso argumentando que éste no era periodista.
Entonces es muy importante revisar precisamente las cuestiones relacionadas con la facultad de atracción que tiene la Fiscalía que está en la Procuraduría General de la República.
Y no quiero terminar esta participación sin antes también reconocer las cosas que se hacen bien.
Y una de las cosas que se hacen bien por parte de la Procuraduría, a través de la FEPADE, es la atención de las denuncias sobre violencia política en razón de género.
Hoy en día no tenemos todavía una ley que tipifique la violencia política de género.
Sin embargo, hemos encontrado en la FEPADE el área fundamental para atender las denuncias sobre violencia política para darles atención y sobre todo para dictar medidas cautelares lo que sin duda cambia la suerte de quienes sufren esta violencia política y pone a salvo su vida.
Muchas gracias Procuradora.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senadora Tagle.
Senador Monreal, tiene usted el uso de la palabra.
SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Escuché con atención a la exposición que hiciera, Procuradora, y me llama la atención el tiempo que expresa se le ha invertido a esta investigación de Ayotzinapa, sin duda el tema más importante en materia de la búsqueda de justicia y la demanda más sentida.
Pero lo escuché también de muchos de los compañeros senadores, y lo he escuchado también de las diferentes voces fuera de este recinto y en el caminar. Recientemente leí una nota en los medios, en la cual los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, estuvieron en Bruselas por invitación de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Allá hicieron una serie de declaraciones en el sentido de que el Gobierno Mexicano ha incumplido todas las recomendaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Francisco Cox enfatizó que en cinco meses la Procuraduría General de la República no ha mostrado voluntad para profundizar en las líneas de investigación de este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En ese contexto, ¿podría comentarnos usted cómo fue su relación con este grupo? Y si en efecto, la Procuraduría General de la República no ha dado cumplimiento a las sugerencias del mismo.
Por su respuesta, muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Monreal.
Cuando guste, señora Procuradora.
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias, senador Monreal.
Mire, qué interesante tema toca usted porque, efectivamente, quisiera platicarles primero después de haber rendido protesta de decir la verdad ante este recinto, ¿cómo fue la relación mía con el grupo de expertos y con los organismos internacionales?
Primero, lo he señalado en anteriores ocasiones, el primer día saliendo del Senado, después de haber sido aprobada gracias a ustedes, a su voto, a su confianza; la primera reunión que tengo ese día a las 6 de la tarde, es con el Grupo de Expertos.
A partir de ese momento, la Procuraduría General de la República les abre todas las puertas con convencimiento de parte de que lo queremos es perfeccionar la investigación y que el Gobierno mexicano los había invitado para, con su apoyo, poder tener una investigación más sólida y contundente.
La Procuraduría General de la República los seis primeros meses trabajó de una manera estrecha, de colaboración en lo que corresponde a las atribuciones de la Procuraduría General de la República, abriéndoles todos los expedientes, dándoles la versión en disco, en USB; o sea, todas las facilidades para que de hecho si ellos no podían estar todo el tiempo in situ en la oficina, pudieran llevárselo a sus países y ahí analizarlo.
En efecto, con quien más se trabajó es en esa primera etapa, con Claudia Paz, pero sobre todo con Ángela Buitrago, que era la abogada y la encargada de la investigación; porque cada integrante del Grupo de Expertos tenía otras funciones que atender; a mí me correspondía la interlocución, aunque con todos ellos.
Tuve muchísimas reuniones, ahora no quisiera decir el número de reuniones que tuve con ellas, pero fueron horas y horas de reuniones, con gran gusto y disposición.
En la primera etapa de las 281 peticiones que nos hicieron, quedaron solventadas ya actualmente todas.
Y posteriormente, la Procuraduría estuvo totalmente de acuerdo con las otras partes del Gobierno Federal para que ellos continuaran con un segundo mandato, porque así venía estipulado en el convenio que se firmó ante el Comité Interamericano de la OEA.
Ahora bien, en el segundo periodo también seguimos trabajando, y de hecho cumplimos con las recomendaciones que nos habían hecho en su primer informe.
Una de ellas fue trasladar toda la investigación hacia la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Subprocuraduría que no tiene ni la capacidad jurídica ni legal para haberla aceptado.
Pero siendo un compromiso al más alto nivel, se logró hacer esto para que estuvieran. Se puso un equipo independiente que ellos mismos seleccionaron de servidores públicos para que pudieran trabajar, y se estuvo trabajando con ellos.
Al final de su gestión, ellos habían entregado 944 peticiones, incluyendo las 200 primeras.
Esas 940 y tantas peticiones de ellos, que no eran peticiones sencillas, sino que había que hacer solicitudes a otras procuradurías, informes policiales, informes periciales, solicitudes a otras partes del mundo de colaboración, asistencias jurídicas, búsqueda de personas.
Al día de hoy, el día que ellos se fueron que fue en abril, al día de hoy tenemos, se fueron con 83 por ciento de cumplidas, tenemos 93.
¿Por qué no se han cumplido? Porque hay alguna que está en la NASA, otra en la FBI, otra en el Departamento de Justicia. Y todo esto toma tiempo, pero las cumpliremos antes de que termine el año.
Ahora bien, cuando se va el grupo de expertos… Ah, y también lo hicimos con la más alta transparencia. Como se ha mencionado, subirlo al portal de Internet, no sólo dar la versión pública a quien la solicitó y pagó, sino posteriormente subirlo para que toda la sociedad mexicana pudiera estar.
Al final, en su informe último nos dejan 20 recomendaciones a la Procuraduría General de la República –pensé que aquí las traía– pero son recomendaciones que yo me comprometí con ellos y yo puse mi palabra. Y mi palabra es que yo las voy a cumplir en la totalidad, siempre y cuando se adapten al marco jurídico que rige a la institución que encabezo.
Ahora bien, dentro de las líneas de acción que ellos señalaron, aquí está, aquí tengo las 20 recomendaciones que todas se están trabajando en esta unidad y todas se van a cumplir. Pero acciones relevantes, como mencioné en mi participación y que vienen aquí incluida, son la de Huitzuco, que es una línea de investigación que si bien ya se había estudiado en el expediente, ellos pidieron que se profundizara, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al día de hoy, hemos declarado a 70 integrantes de esa policía municipal y se están indagando otros aspectos para verificar si hubo alguna intervención con ellos.
Otro tema que nos pidieron es profundizar en la telefonía. Ellos ya habían tenido reuniones con nosotros mismos, con los ministerios públicos y las compañías telefónicas, pero pidieron profundización de este tema, y lo estamos haciendo. Y qué bueno, porque se está tratando de aprovechar toda la información técnica que resulta del análisis de la utilización de los aparatos telefónicos.
Y esto también debido a la petición de una de las madres, que un día muy dolida en una de las visitas me dijo: “Es que mi hijo…” y me explicó, y me enseñó en el informe del GIEI precisamente dónde estaba la llamada, entonces puse todo mi empeño y esta área está empeñada, junto con CENAPI, que es el área de inteligencia nuestra.
Actualmente ya llevamos 3 mil 220 números de teléfonos, entre los que se encuentran los normalistas desaparecidos, los de diversas autoridades municipales e integrantes del cuerpo de seguridad pública.
Esto es un tema que le interesa al GIEI, le interesa a los padres, pero me interesa también a mí.
De hecho se hizo una solicitud a las compañías telefónicas para que no fueran a borrar ninguno de éstos, porque ellos cada dos años borran y estamos en esto.
También estamos en otra línea que nos dejaron, es el patrón. Saber quién es el patrón, donde también en una actuación judicial se refieren a que lleven a los muchachos y el patrón les dirá.
Gracias a las líneas telefónicas estamos encaminados a ver, ya teneos datos suficientes para poder proceder.
Ahora bien, el caminante. Esto también es otra persona que a ello les preocupaba y donde estamos investigando la identidad de él y este sujeto ya tenemos hoy que tuvo contacto con 11 policías de Iguala.
¿Y qué decir de la tecnología LIDAR? Tecnología que nos tomó tiempo iniciar porque hubo que hacer toda la parte presupuestaria y de lo que es adjudicación, pedir permisos porque es una tecnología que no es fácil que la permitan utilizar y analiza de diferentes tipos de imágenes de alta resolución la detección por luz y distancia y calor, de alteraciones recientes en el terreno. Y se utilizó en cuatro cuadrantes de búsquedas en Iguala, Cocula y Guerrero, y ellos fueron señalados por el GIEI.
Esto ya nos ha permitido varios sitios donde con los forenses de ellos que llegaron la semana pasada, por eso no habíamos continuado y con los representantes legales de los padres, eso no habíamos hecho las exploraciones pero la semana que viene ya están programadas para ver todos estos temas relevantes.
Estamos esperando que se empiece a implementar de inmediato las medidas cautelares de la Comisión Interamericana para poder, bajo el liderazgo de ellos, continuar nosotros con nuestra investigación.
Pero tan se ha estado trabajando que de 80 tomos que incluía el expediente, los cuales ya estaban ante un juez, 29 procesos judiciales en aquel entonces no serían 29 pero por lo menos 20, nosotros ahorita llevamos 270 tomos.
Entonces yo creo que en un año 3 meses no se ha hecho nada más que trabajar y tratar de cumplir con las solicitudes de este Grupo Independiente de Expertos que ahora trabajaremos de igual manera de acuerdo a lo fijado en el convenio con el mecanismo que venga de la Comisión Interamericana.
Le agradezco mucho su pregunta y también me gustaría comentarle que nosotros al igual que ellos hicimos un informe del caso Iguala, un informe que está totalmente apegado al expediente, no tiene ninguna inclinación nuestra a ningún lado sino es el expediente. Hicimos una versión ejecutiva y también traducción al inglés.
Se los hice llegar a todos los senadores. Quien no lo haya recibido o quiera otro se los puedo dar.
Pero trabajé muy bien con ellos y tuve una magnífica relación. Siempre algún punto, algo que no, ¿verdad?, pero yo, mi relación con ellos fue excelente.
Muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias.
Senador.
SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Le pediría de favor por el interés social, sí nos hiciera llegar esa información si es del dominio para conocer, porque llama la atención la actitud del Grupo Interdisciplinario.
Con su respuesta pudiéramos decir y conocer que se está trabajando sobre el particular.
Permite creer que no se ha dejado de lado uno de los crímenes más atroces de la historia reciente del país.
Sin embargo, a poco más de 2 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, no se ha logrado dar respuesta certera sobre su paradero.
La justicia ha quedado estática. No se han visto avances y de manera reiterativa las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario, expertos independientes, dicen: no han sido atendidas.
Qué bueno que ahora en la exposición usted, por eso mi interés y la solicitud de la información.
Sencillamente la pregunta sigue siendo la misma, que recorre lo largo y ancho de nuestro país: ¿dónde están los estudiantes de Ayotzinapa?
Es de reconocer que usted llegó como titular de la Procuraduría General de la República después de que estos lamentables hechos ocurrieran, y a mi parecer es más complicado subsanar los terribles errores cometidos por su predecesor; pues el grupo de expertos independientes ha quitado todo valor y sustento a la versión oficial de los hechos ocurridos en Iguala, presentados por el anterior Procurador.
La tarea que usted tiene no es sencilla, sino por el contrario, es ardua y complicada. Por tal razón, de manera respetuosa le solicito se amplíen las investigaciones correspondientes por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
Muchas gracias por sus respuestas.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador.
Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Puente.
SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Señora Procuradora, el 26 y 27 de 2014, constituyen fechas que han quedado grabadas en la memoria de la sociedad mexicana: la desaparición de los 43 estudiantes ha lacerado profundamente no sólo a sus familiares, sino a todo el país.
La ciudadanía exige, con justa razón, saber los avances de las averiguaciones y los esfuerzos que la institución a su cargo está destinando a ella.
En este contexto, señora Procuradora, mi grupo parlamentario considera imperioso que ahonde en el estado que guardan las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes.
Asimismo, en el cuarto Informe de Gobierno se da cuenta de que nuestro país ha enfrentado una problemática de violencia y delincuencia en diversos estados y regiones del país, ocasionada por el crecimiento de las capacidades logísticas y operativas de los grupos delincuenciales.
Este panorama obligó al Gobierno actual, desde su inicio, a establecer una estrategia para fortalecer a las instituciones de seguridad. Mejorar la coordinación entre estas, priorizar el uso de la inteligencia, así como prevenir la violencia y la delincuencia.
Señora Procuradora, respecto a esta segunda parte, ¿qué acciones ha emprendido la Procuraduría General de la República para mejorar su coordinación con el resto de las procuradurías y fiscalías de este país?
Por su respuesta, muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Adelante.
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias, senador Puente.
Del tema de Iguala, del lamentable tema de los muchachos del 26 y 27 de septiembre de 2014, creo que la explicación que acabo de hacer, donde me pasé un poco de mi tiempo, quizá ahora lo recuperemos, porque el señor presidente fue muy generoso conmigo; pero lo que quisiera decirle, ya sin entrar a tanto detalle, es que el caso de Iguala sigue abierto y seguimos explorando todas las líneas de investigación.
Y como lo dije, líneas de investigación que nos han dado organismos internacionales, derechos humanos y que han salido de nuestra propia investigación.
Pero también quiero señalar que si bien se señala que llevamos dos años, y que lo que más quisiéramos es ya tener una respuesta para los padres.
Quiero señalar que es la investigación más exhaustiva en la historia de la procuración de justicia en nuestro país, y que lo hemos hecho con total publicidad, respetando siempre la confidencialidad; porque tenemos que tener el balance entre la publicidad y la confidencialidad de la vida privada e integridad de las víctimas y sus familiares. Así como también el derecho a la presunción de inocencia de quienes aún no han sido declarados culpables.
Hemos llevado actuaciones sin precedente en materia de transparencia. Hemos llevado un trabajo muy cercano con las víctimas, con la colaboración internacional.
Quien desee puede conocer la versión pública, pero aparte que aquí está este informe que yo quise hacer del día que inició todo este lamentable hecho, hasta el día en que se va el grupo de expertos y termina su mandato.
Hemos avanzado mucho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a observaciones. Estamos trabajando constantemente con ellos, para sus inquietudes y sus observaciones poderlas nosotros atender y que quede.
El tema de Iguala es un tema que sigue abierto y seguirá abierto, y todos los esfuerzos de la Institución estarán como en todos los temas que llevamos, pero en este en especial como un gran compromiso con la sociedad.
Ahora bien, en el tema que también mencionó la senadora Pilar Ortega en cuanto al aumento del índice delictivo en los últimos meses, y que iniciamos en 2013, el 1º de diciembre del 2012, con un programa y con una gran coordinación en el gabinete de seguridad para poder ir terminando con todos este tema de seguridad, de inseguridad.
Ahora, el gabinete de seguridad es un gabinete que funciona de una manera muy coherente. Estamos todos sentados: el Secretario de Defensa, de la Marina, el Secretario de Gobernación, CISEN, PGR y la Comisión Nacional de Seguridad.
Y, como lo señalé con anterioridad, cada quien tiene sus tramos de atribuciones y de facultades que le da la ley. A nosotros nos corresponde la investigación y la persecución de los delitos, y eso lo hacemos con la mayor responsabilidad.
Ahora, ¿qué nos ha permitido seguir trabajando avances? Es la gran coordinación que tenemos entre las procuradurías.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia está trabajando intensamente. Llevamos una relación entre pares, donde todos nos apoyamos y nos ayudamos.
Desde el primer día les dije: “Somos pares. Vamos a trabajar de una manera coordinada por el bien del país”, y así todos los procuradores de sus estados se los podrán comentar, que ha sido un vehículo a través del cual hemos logrado el impulso y la realización de distintas iniciativas.
Y con lo que se señaló que tendríamos que estar impulsando, también por la senadora Pilar Ortega, mayores reformas a la legislación, totalmente de acuerdo y lo estamos viendo en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
También creamos un grupo, una comisión de estudio para trabajar con el Poder Judicial, como lo relacionado con el artículo 5º transitorio de la miscelánea penal que se acaba de mencionar.
Y también se creó por primera vez una comisión de estudio para el tratamiento de género y poder emitir protocolos y trabajar en esto.
Aunado a que desde septiembre del 2015 hasta el día de hoy, hemos celebrado 37 reuniones de trabajo con los procuradores, y hemos generado 334 puntos de acuerdo, los cuales se van cumpliendo.
Por ejemplo, la instalación de la Red Nacional de Analistas de Información, todos asumieron esta nueva práctica y todos ya en sus estados están poniendo sus unidades de análisis.
Y así como esto hemos hecho el protocolo nacional de traslados, de policía con capacidades para procesar, la guía nacional de custodia.
Va trabajando muy bien y así tenemos también una real coordinación con los procuradores de los Estados Unidos de Norteamérica, con quienes intercambiamos opiniones para atender el fenómeno delictivo desde su dimensión local. Y señalo:
Somos los procuradores y fiscales de los estados, nos tratamos con confianza, no hay colores partidistas, simplemente hay luchar por el bien del Estado Mexicano.
Y en el tema de inseguridad, que también señalaba la senadora, se acaba de crear, de formalizar un grupo de trabajo de operaciones interinstitucionales para atender los 50 municipios más violentos del país.
De estos 50 municipios, se concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos a nivel nacional.
Estamos trabajando cada quien en sus atribuciones. A mí me corresponde la Mesa Jurídica, en la cual ya tengo a los ministerios públicos sentados para poder ir trabajando con ellos.
Pero estamos atentos, senadora, y qué mejor que trabajar con usted. Desde que estaba yo aquí estábamos con el tema de la extinción de dominio.
Efectivamente, usted señaló que en cuanto al desmantelamiento del crimen organizado únicamente hemos obtenido en delincuencia organizada 6 sentencias de extinción de dominio en el último año. Pero la verdad es que son muchísimas para cómo está la Legislación.
Realmente la extinción de dominio como está actualmente es prácticamente imposible.
Necesitamos una Reforma Constitucional y una Reforma Legal que ojalá en este periodo de sesiones pueda salir porque la delincuencia organizada, donde hay que golpearle es en su estructura financiera.
Y aunque tenemos muchos logros por la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, también les puedo comentar que necesitamos la figura de extinción de dominio porque de qué nos sirve.
Ellos no van a poner a su nombre los bienes, o a veces llegamos y es un ejido, o el Registro Público de la Propiedad dice: “pues no, es un bien nacional”.
O sea, tenemos que tener la figura de extinción de dominio como está en otras partes del mundo y como está en el Distrito Federal para poder nosotros apoyar.
Creo que respondí; aproveché el tiempo.
Gracias.
SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: De manera muy puntual creo que lo ha aprovechado y muchas gracias por sus respuestas y la profundidad a sus comentarios, señora Procuradora.
Hay que reconocer que un año y medio de su llegada a esta institución los resultados al día de hoy son tangibles.
Estoy seguro de que los logros se seguirán generando como resultado de la dinámica de trabajo y del compromiso adoptado por usted y sus colaboradores para hacer más eficiente la procuración e impartición de justicia en este país.
Es muy importante que las mexicanas y los mexicanos, y por qué no decirlo, también la opinión pública internacional, conozcan que el caso Iguala sigue abierto, que se ha instruido a que la investigación continúe hasta castigar a todos los responsables de estos terribles hechos.
Los datos que el día de hoy nos ha compartido, señora Procuradora, reflejan efectivamente la realización de una investigación sin precedentes, que a la fecha suma 851 acciones de búsqueda y localización de los estudiantes normalistas; mil 705 intervenciones periciales, la toma de 951 declaraciones, 135 muestras de ADN y 20 cateos.
Estas acciones han resultado en la consignación de 168 personas y más de 120 detenidos.
Debemos de reconocer, compañeras y compañeros legisladores, la apertura de la Procuraduría General de la República, que en este caso se observa en dos vertientes.
La primera: hasta el momento que se atendido el 93 por ciento de las peticiones que realizó el Grupo Interdisciplinario, lo cual evidencia que la Procuraduría General de la República no tiene nada que ocultar sino por el contrario, toma en consideración todas las recomendaciones recibidas.
Y segunda, la versión pública del caso Iguala, que está a disposición de todos los interesados desde hace más de un año, en el sitio de la Procuraduría, y que al día de hoy contabiliza más de 55 mil consultas.
Señora Procuradora, usted también ha señalado que la labor de procuración de justicia no debe de entenderse a partir de esfuerzos aislados. Su afirmación efectivamente tiene sustento y el comparto, de hecho, el modelo jurídico vigente en nuestro país identifica un sistema integral que comprende la seguridad pública, la procuración de justicia, la impartición de justicia y la readaptación social.
El Plan Nacional de Desarrollo y en lo particular respecto de la meta México en Paz, pretende la debida articulación de las capacidades del Estado, entendiendo en su más amplia concepción. Por ello, la Federación, los estados y los municipios deben encontrar mejores formas de vincularse y colaborar para alcanzar los fines que le son comunes, más allá del mandato constitucional.
Coincido con usted cuando señala que una efectiva coordinación entre autoridades, es el medio por el cual podemos alcanzar los fines que la norma establece.
No me resta más, señora Procuradora, que reiterarle nuestro reconocimiento por toda la información que ha compartido con nosotros el día de hoy. Sabemos que hay mucho por hacer, pero queremos reiterarle nuestro compromiso de que cuenta el apoyo de nuestro grupo parlamentario, para lograr la procuración de justicia eficaz, de calidad, que nuestros ciudadanos hoy exigen y demandan.
Por su atención y respuestas, muchas gracias.
Es cuánto, presidente.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Puente.
Senador Robles Montoya.
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Evidentemente que, en primer lugar, quiero expresarle a la Procuradora que nos sumamos también a la bienvenida que le han dado mis compañeras y compañeros.
Le digo públicamente lo que le dije en privado: nosotros siempre nos dará mucho gusto verla, recibirla y reiterar que reconocemos en usted a una mujer patriota y que sin duda está haciendo un esfuerzo muy importante.
Quiero regresar quizá al momento en que usted salió de aquí, cuando usted solicitó licencia como senadora de la República para asumir el cargo de Subprocuradora, primero, e inmediatamente después el cargo de Procuradora. Creo que usted tenía, como la mayoría de nosotros, muy claras las circunstancias en las cuales llegaba a la Procuraduría.
Una institución que estaba en el ojo del huracán, pendiendo sobre las ruinas de lo que su antecesor desatinó en llamar “las verdades históricas”, en el caso de los normalistas desaparecidos.
Procuradora, a lo mejor puede ser para alguien hablar mucho del tema, pero se han cumplido dos años de esos terribles hechos y seguimos sin saber, por lo menos esa es mi opinión, con mediana certeza qué fue lo que pasó; por qué se llevaron a los normalistas y qué suerte corrieron.
Y lo peor de este caso es que lejos de estar cerca de aclararse, está cada vez más confuso y enredado. Mire, por ejemplo, Sidronio Casarrubias, principal implicado y acusador de los Abarca, obtuvo recientemente un amparo, fíjese nada más, por tortura; lo que pone en entredicho –desde mi punto de vista– toda la investigación de la PGR y los avances que hasta la fecha se han dado a conocer.
Y por si eso fuera poco, esa no es una competencia de usted, pero es un asunto relevante, Tomás Cerón, quien desde la gestión de Jesús Murillo fue quien encabezó las investigaciones y que fue exhibido ya en un video manipulando evidencias en el Río San Juan. Por cierto, vale la pena decir en esta máxima tribuna, ¡vaya mensaje del Presidente de la República al nombrarlo Secretario Técnico del Consejo de Seguridad!, después de que este señor ya ha sido exhibido en estos videos; después de que mintió diciendo que fue en presencia de representantes de la ONU y el equipo Argentino de Antropología Forense quienes lo desmintieron, y después de que los padres de los normalistas y los miembros de este Grupo Interdisciplinario de Expertos Extranjeros lo señalaron una y otra vez.
Y ahora se nos dice que lo están investigando, pero después de haber sido nombrado para un nuevo cargo por el propio Presidente de la República.
A mí, la verdad, se me hace francamente imposible pensar que dichas investigaciones vayan a fructificar en esas consecuencias.
El panorama, por lo tanto, Procuradora, para mí no puede ser peor. O tal vez sí.
Por eso tengo que decirle, señora Procuradora, de verdad yo no cuestiono su profesionalismo ni su seriedad. Todos los que estamos aquí, compañeros suyos en esta Cámara de Senadores, sabemos de sobra de esa capacidad, de esa seriedad.
Pero sí tengo que decirle en esta máxima tribunal que yo sí pongo en duda la voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto por resolver este tema, porque pasan los meses y no sabemos exactamente lo que sucedió.
Dice el senador Puente que hay una investigación sin precedentes. Yo estoy de acuerdo. Pero lo que queremos en México es una solución sin precedentes. ¿Para cuándo?
Porque, si no es así, yo me cuestiono a mí mismo, ¿cómo pueden explicarnos que el responsable del desaseo y del desastre de estas investigaciones haya recibido un nuevo nombramiento, en lugar de exigirle que rinda cuentas de su labor?
¿Cómo pueden explicarnos que el gobierno aceptara la presencia de este Grupo Interdisciplinario de Expertos y que después se dedicara a tratar de desacreditar no sólo su labor sino la reputación profesional y personal de sus propios integrantes?
Señora Procuradora, amiga nuestra: Aunque tengo presente la confidencialidad de la investigación, yo le pregunto:
¿Cuál es la situación que guarda la investigación en contra de Tomás Cerón?
¿Cómo debemos asumir entonces el reconocimiento que se le ha dado tras su renuncia, cuando se supone que existe una investigación?
La propia Procuradora le hizo un reconocimiento, cuando el señor debe ser investigado por lo que estuvo ahí manoseando.
¿Y cómo debemos entender el nombramiento presidencial en el Consejo de Seguridad de un personaje que, además de los señalamientos públicos en su contra, reitero, es objeto de una investigación?
¿Podría explicarnos, señora Procuradora, cuál es la situación legal de Sidronio Casarrubias y si existe el riesgo de que recobre su libertad tras el amparo que obtuvo a principios de septiembre?
¿Qué efectos tendría en las investigaciones del caso?
¿Cuántas personas, procuradora Arely Gómez, cuántas de las personas detenidas permanecen sin sentencia y por qué motivo?
Le agradezco muchísimo y, por supuesto, le reitero la bienvenida y el gusto de tenerla aquí en su casa.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador.
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Senador Benjamín Robles, inicio con la primer pregunta y con la que también cerró, que es lo relativo al amparo que se le otorgó a Sidronio Casarrubias.
Este amparo que se le otorgó a Sidronio Casarrubias no implica la libertad. ¿Por qué? Porque él tiene tres procesos más en curso.
Y porque además el amparo que se le dictó no es un amparo para dejarlo en libertad; es un amparo para poder perfeccionar el ejercicio de la acción penal.
Esto es muy frecuente, que en ocasiones ya cuando se analiza se ve que hay que perfeccionar el ejercicio de la acción penal y se da un amparo para efectos. Ahora estamos en esto.
Ahora bien, él es de las 129 personas que están en proceso, y nosotros estamos dándole el seguimiento a los procesos. Procesos que estaban con anterioridad de que yo asumiera esta representación social, sin embargo, tenemos un área dedicada a llevar día a día con los procesos. Hay cuatro de las causas penales más grandes.
Están ubicadas en Tamaulipas, tenemos una en Querétaro, tenemos una en el Estado de México, en el Distrito Federal, en Guerrero y entonces se está haciendo una frecuente visita al Poder Judicial para analizar estos temas.
El tema de la tortura, es un tema muy complejo, es un tema que lamentamos mucho y donde la Procuraduría General de la República se propuso al crear en octubre del año pasado la Unidad de Tortura, dependiente de la Subprocuraduría Especializada para Atención de Delitos Federales, en que todas las denuncias de tortura, fueran por el caso Ayotzinapa, o fueran por cualquier otro caso, todas se juntaran en esta unidad que se le dotó de un edificio propio y con personal capacitado para esto.
Y lo primero que tuvo que hacer esta Unidad fue, de todas las denuncias, las averiguaciones que le llegaron de las 32 delegaciones, de la Visitaduría, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos o de cualquier otra área central, se hizo un trabajo muy minucioso donde se tuvo que leer todas para ver cuáles eran iguales, porque aquí no es que se parezca un poquito, que hubiera absoluta, para ir pudiendo hacer más pequeño el número y a lo mejor de un número de 8 mil bajar a 4 mil, que son las denuncias que el día de hoy tenemos abiertas de tortura; 4 mil y que ha ido aumentando cada año el número de denuncias.
Pero también hay que ver que no todas las denuncias de tortura son al final coinciden en que el delito fue tortura, puede haber uso excesivo de la fuerza, malos tratos y por lo cual es tan importante y estamos trabajando con la senadora Angélica de la Peña para que pueda salir esta Ley General de Tortura, así como también la Ley General de Desaparición Forzada en otro tema que tanto nos ayudaría a la Procuraduría para poder trabajar.
En este tema de tortura tenemos que aplicar el Protocolo de Estambul y al día de hoy estamos atendiendo mil 157 aplicaciones del Protocolo de Estambul.
El titular de Servicios Periciales, que también comento aquí a petición de la senadora Pilar Ortega, estoy totalmente convencida que Servicios Periciales debe de salir de la Procuraduría General de la República y convertirse en un organismo descentralizado, como lo es actualmente en INACIPE.
Estoy totalmente de acuerdo y estoy trabajando un proyecto inclusive con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder en algún momento presentarlo ante ustedes.
Y por lo pronto también la Unidad de Servicios Periciales va a sufrir pronto una modificación para que tenga una mayor libertad y para que sobre todo no haya ninguna mala interpretación, para qué hacer cosas buenas que parezcan malas.
No nos estamos dando abasto para aplicación del Protocolo de Estambul. Hasta 2018 tenemos fechas para poder practicar el Protocolo de Estambul.
Se le acaba de autorizar al titular de Servicios Periciales la contratación de 100 expertos forenses: 50 en materia de medicina y 50 en materia de psicología, los cuales estarán única y exclusivamente dedicados a la atención de este gran problema. Y en segunda etapa se dará continuidad a este mecanismo para poder enfrentar este rezago.
Yo no vengo aquí a decir mentiras. Tenemos un rezago porque no nos damos abasto.
También, ya cuando es el resultado después de haber hecho todo esto, que es una lista muy grande, son 15 diligencias mínimas que practicar, en muchísimos casos el resultado es negativo. Entonces en nada coinciden las averiguaciones con el resultado.
Sufrió un lapso y efectivamente el amparo, por la costumbre de que es para efectos, pero es para efectos de que se investigue si hubo tortura, el de Sidronio, pero es para efectos, que es lo mismo de perfeccionar. Pero bueno.
Ahora bien, aquí a mi llegada pedí al área de Derechos Humanos que a todas las personas que estuvieran detenidas por el caso Iguala, se les ofreciera que se les pudiera practicar el Protocolo de Estambul, entonces también algunos lo aceptaron, otros no lo han aceptado.
Lo de las causas penales, ya le comenté, tenemos 29 procesos penales federales y hay varios procesos en contra de una misma persona, que es el caso de Sidronio, por lo cual no va a quedar en libertad.
Y el último tema que usted me pregunta y que no voy a obviar, es el tema de la renuncia de Tomás Cerón. Dentro de las tareas de la Procuraduría General de la República una de ellas es investigar cualquier denuncia, empezando por las que se presentan en contra de nuestros propios funcionarios.
En el caso del licenciado Tomás Cerón, la propia oficina de investigación del caso Iguala, dio vista a Órgano Interno de Control y a la Visitaduría para que se analizara su posible responsabilidad en alguna falta administrativa o cualquier otra. Pero aquí, en la Procuraduría General de la República, el principio de imparcialidad no admite excepciones, por lo que en todo momento cuidé que se estuviera trabajando con prontitud.
Hubo un cambio también que no se comentó, pero de la titular de la Unidad de Servicios Periciales, tenemos un nuevo titular.
Ahora bien, la investigación de Tomás Cerón tendrá que tener una conclusión en los próximos días y esta investigación, aunque Tomás Cerón ya no forme parte de la Procuraduría General de la República, quiero dejarlo claro: la investigación continúa por parte de la Visitaduría y se actuará totalmente conforme a derecho.
Nosotros nos enteramos de esta diligencia precisamente el último día, cuando el Grupo de Expertos la última semana de abril presenta su último informe y ahí salió esta grabación y de inmediato, como lo señalé, el Subprocurador instruye a la unidad del caso Ayotzinapa, para que se dé vista a las autoridades correspondientes.
Se ha tenido que practicar varias diligencias y por lo que me informó la visitadora, se está ahora elaborando un proyecto de resolución para concluir la investigación y el último día que se recibió alguna diligencia para poder concluir fue el 15 de septiembre. Entonces, pronto tendremos alguna resolución.
Creo que no dejé de responder nada, mi querido amigo Benjamín.
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, como siempre, aprecio mucho su disponibilidad.
Voy a tocar otro tema y sé que no habrá tiempo de que usted lo responda, por el formato de la comparecencia, y tiene que ver con el asunto de Nochixtlán, ocurrido hace ya cuatro meses y donde la PGR, todos lo sabemos, no ha podido realizar ningún peritaje.
Según reportaron algunos medios, la PGR hizo la entrega al Comité de Víctimas de Nochixtlán un expediente de la investigación, sin embargo, en dos ocasiones se le ha impedido al personal de la Procuraduría llevar a cabo peritajes, bajo el argumento de que la dependencia a su cargo, señora Procuradora, ha incumplido acuerdos de entregar documentación de la investigación del caso.
No se ha recabado declaración de testigos, así lo dicen los paisanos ahí en Nochixtlán, y que los peritajes que se pretenden llevar a cabo, se centran en puntos donde no hubo presencia de policías federales ni estatales.
Por eso le dejo un par de preguntas, que le voy a dejar por escrito, para que en algún momento nos pueda ayudar usted a responderlas:
¿Qué tipo de peritajes en todo caso pretende llevar a cabo la PGR en Nochixtlán y qué confiabilidad podrían arrojar al realizarlos cuatro meses después de los hechos?
¿Qué acciones llevará a cabo para lograr el acceso de su personal a Nochixtlán para realizar estos peritajes, y qué tipo de colaboración sostiene la PGR con la fiscalía del estado de Oaxaca, y qué avances se han logrado?
Y hoy en conferencia de prensa en Oaxaca, les decía yo a los reporteros, ante su insistencia, que yo le iba a preguntar. En Oaxaca todavía estamos esperando justicia.
Yo he presentado dos documentos donde denuncio a Jorge Castillo, el operador financiero del gobernador y a Alberto Vargas, actual Secretario de Administración, y no hemos tenido respuesta. Estamos esperando.
En Oaxaca todos sabemos que son unos delincuentes. Sabemos también que la PGR en algún momento boletinó tanto a Gabino Cué, gobernador del estado, como a Jorge Castillo y a Estefan Garfias, a solicitud del Departamento de Estado y del FBI de Estados Unidos le habían pedido al gobierno mexicano investigarlos por lavado de dinero.
Salió un boletín de la PGR diciendo: “Sí”. Desde el 2015 hay esta solicitud del gobierno americano y no tenemos ninguna solución. Y en Oaxaca, en todo el país, pero en Oaxaca sin duda el peor cáncer que tenemos es el de la corrupción y ya estamos cansados de tanta corrupción.
Esperamos que en su administración al frente de la Procuraduría usted pueda ayudar a que llegue la justicia a Oaxaca.
Si me lo permite el senador presidente, paso a entregarle por escrito las preguntas que le he formulado para ver si en algún momento las pueda contestar.
Muchísimas gracias. Procuradora, qué gusto de verla, como siempre.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador.
Senadora Adriana Dávila, por favor, desde su escaño.
SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Daré la bienvenida, porque usted sabe que es bien recibida aquí.
Usted trabajó, Procuradora, con nosotros durante mucho tiempo, cuando estuvo acá en las reformas generales en materia de trata de personas. Y evidentemente fue partícipe en la construcción de esta iniciativa, que lamentablemente sigue detenida después de cuatro años; y que lamentablemente no ha dado resultados la actual, como se tendrían que dar.
Y permítame mencionarle sólo un caso que para nosotros, como grupo parlamentario, es fundamental, aunque ya lo haya mencionado otros senadores, que es justamente la fosa más grande que se ha encontrado en los últimos meses, en los últimos años en Coahuila.
Le han mencionado mucho ese tema.
Yo quisiera ligarlo justamente a la responsabilidad, porque pudiera parecer que esto sólo es responsabilidad del gobernador, Rubén Moreira, que sin duda por supuesto que es responsabilidad de él o yo diría irresponsabilidad de él.
En este ejido llamado patrocinio en San Pedro, Coahuila, se encuentran estos más de 3 mil 488 restos humanos. No hay un cálculo específico de cuántos cuerpos pudieran ser.
Tampoco tenemos conocimiento si, dentro de estos restos humanos pudiera haber gente sólo de México o pudiera estar también gente de Centroamérica o cualquier otro lugar. Sobre todo en un proceso en donde evidentemente los familiares siguen buscando y están haciendo el trabajo que las autoridades no han podido lograr.
Cuando se creó la Ley General de Víctimas, se planteó con toda certeza cómo estaría integrado este Sistema Nacional de Atención a Víctimas, por cierto, que estaremos discutiendo en próximos días y que tiene muchas modificaciones por los errores terribles que nos han llevado a tener incluso algunos organismos con muchísimas deficiencias.
En este sistema nacional, se establece la participación de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Por eso me parece muy importante que ustedes atraigan este caso de Coahuila.
Que lo atraigan por varias razones. Es increíble que un gobernador, que además es el responsable del área de derechos humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, tenga en su estado problemas como este y como muchos otros de Allende, y parezca que absolutamente no pasa nada.
Es increíble que sea el Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos que reciba premios de todo tipo de organizaciones, felicitando una labor en aparente combate a la trata de personas pero cuyo producto sólo es el pago de convenios con organizaciones civiles que han lucrado durante mucho tiempo con este tema y que evidentemente lo que nos hace pensar es que muchos de estos restos humanos, muchas de estas personas pudieron haber sido víctimas de trata, de la delincuencia organizada, concretamente con fines de trabajos forzados. Para nosotros es fundamental, como Grupo Parlamentario, que la PGR atienda este tema.
Entendemos perfectamente que pudiera parecer sólo un ámbito local. Nosotros creemos que no porque no sabemos el origen de estos cuerpos, no sabemos porque no están las pruebas correctas de las pruebas periciales que nos dirían de dónde vienen estos cuerpos y que evidentemente generarían otros casos.
Es Coahuila también el síntoma de la descomposición. Tuvimos ahí un Iguala prácticamente con el municipio de Allende y que más de 300 personas, hoy con muchas víctimas a las cuales no les ha sido reparado el daño a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque ni siquiera saben cómo llegar en este proceso.
Celebro por supuesto que hoy vayamos a hacer algunos cambios concretos en esa materia.
Y otro tema más también en Coahuila.
Comentarle que nos preocupa justamente este tema de trabajos forzados o de explotación laboral, explotación infantil, trata de personas en algunos temas que se han venido generando ahí.
Señora Procuradora:
Yo le suplico, porque sé que usted ha hecho un trabajo importante, porque usted participó con nosotros, conoce del tema, está comprometida y quiero decirle que tenemos ejemplos de otros lugares en los que sí se ha actuado con esta responsabilidad.
No sólo vengo a pedirle que revisemos el tema de Coahuila. Coahuila puede ser un ejemplo, como lo es Chiapas en esta materia también con otras cosas verdaderamente terribles pero con una simulación espantosa por parte de la irresponsabilidad de muchos gobernadores que han puesto de pretexto su participación.
¿Por qué yo estoy pidiendo que los casos sean atraídos por la PGR? Porque el Sistema Nacional de Atención a Víctimas establece la participación de la CONAGO.
Por tanto los procuradores estatales tienen también en casos de esta naturaleza, una responsabilidad que no han podido cumplir, que no saben cumplir y que yo estoy segura que si usted pone atención y el dedo sobre llaga en esto, podrá hacerlo.
No sólo planteo este tema bajo estas circunstancias sino también porque sé del esfuerzo que ha hecho la Procuraduría para atender algunos casos a pesar de las deficiencias de la ley porque no sólo todo es malo.
Yo quisiera reconocerle por lo menos dos de los trabajos de inteligencia que desarrolló la Procuraduría General de la República en este sentido en dos municipios de mi querido estado, que fueron desarticuladas estas bandas. Caso concreto en Tenancingo y en Teolocholco, en combinación y en colaboración del FBI junto con ustedes para al mismo tiempo y de manera simultánea desarticular estas redes de trata que trabajaron lamentablemente en materia de explotación sexual.
Sin embargo, tenemos hoy otros estados de la República, como el Estado de México, en donde la única reparación que tenemos del daño de estas víctimas han sido regalarle a una de ellas un coche y a la otra una casa porque son las víctimas visibles, re victimizadas en distintos programas de televisión, radio y demás.
Tendríamos, de acuerdo a los informes que ambos titulares del Ejecutivo, caso del Distrito Federal, con Zunduri, caso del Estado de México con otra persona en materia de delincuencia organizada, con esas casas pues tendríamos que tener un lote de mil 499 autos más para las mil 500 víctimas que dicen que han rescatado.
Tenemos sólo un albergue de 40, para 40 personas, por cierto vacío porque no era atendido con prontitud en el caso del Distrito Federal este tema y piensan que el combate sólo es ir a cerrar antros en donde por cierto muchos de ellos hoy, por lo menos los de algunos de ellos están ya libres porque evidentemente no se pudo comprobar un delito inexistente porque se piensa sólo desde la parte moral y vaya que se lo dice alguien que viene de un partido catalogado de mocho. Se lo dice pensando justamente que se está criminalizando un tema en este sentido.
Sé de su compromiso, señora Procuradora, y quiero pedirle que en la conferencia nacional de procuradores exija, genere, las condiciones para que los gobernadores como Rubén Moreira, como Eruviel Ávila, hagan lo que tienen que hacer. También hay de otros partidos, incluido el mío, no crea que no tenemos claro cómo vienen esos convenios.
No estoy hablando de un tema de carácter partidista, se lo estoy planteando porque me parece que el caso concreto Coahuila, que acabamos de ver, es justamente el ejemplo mayor que tenemos de la impunidad en el combate correcto específico en el combate eficiente en materia de trata de personas.
Lástima que en el caso de la SEIDO, Adriana Lizárraga ya no esté, porque ella fue parte de las responsables para poder atender en esta colaboración con el FBI, así como me atrevo a plantearle los casos de gobernadores irresponsables, también puedo reconocer que hay funcionarias que conocen perfectamente el tema; Nelly Montealegre y Adriana Lizárraga, que hicieron un buen trabajo. Ojalá y pudieran ustedes no hacer tantos cambios en un área tan importante como es la FEVIMTRA.
Se lo agradezco, muchas gracias por su atención.
PROCUDORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Querida Adriana, fueron muchos temas, pero todos de suma importancia, así es que si pensaba ahora dar un espacio para contestarle al senador Benjamín Robles, me tendrá que esperar para otro espacio que haya, porque esto sí me va a abarcar gran cantidad del tiempo.
Efectivamente, en la Procuraduría General de la República estamos trabajando de una manera dedicada y responsable en el combate a los delitos en materia de trata de personas. Tú lo sabes, lo has mencionado y quiero mencionar que en este año se han ejecutado tres operativos que tú señalaste:
Cancún, Quintana Roo. Se logró la detención de nueve personas, seis adultos y qué lamentable, tres menores de edad. Y el rescate de 16 víctimas, dos de ellas de nacionalidad colombiana.
Después, en Los Cabos, Baja California Sur, el 13 de marzo se llevó a la detención de cinco personas y el rescate de 18 víctimas.
Y el último, el de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxacala, el 24 de agosto, donde se logró la detención de tres personas que contaban con órdenes de aprehensión, una de ellas con orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos, en Nueva York, y era uno de los diez más buscados en los Estados Unidos de América.
Estamos sumamente comprometidos con el tema. Si bien ha habido cambios de personas, estos objetivos se han logrado cuando a lo mejor ya no estaban y trataremos de no tener cambios; pero a veces también les ofrecen alguna posición mejor o que les atrae más y nos abandonan; pero veremos qué se puede hacer.
En materia de procesos, hemos obtenido órdenes de aprehensión y sentencias condenatorias, que son dos órdenes de aprehensión y cuatro sentencias condenatorias. Y hemos emprendido una gran cantidad, FEVIMTRA, que es el área especializada de campañas de información y difusión dirigidas a la población en general.
Se fomenta también la especialización de las personas que están a cargo de estas áreas, en la investigación y persecución de este tipo de delitos, para mejorar las técnicas y procedimientos y así mejorar y aprovechar mejor los mecanismos de análisis.
Ahora estamos trabajando también porque en la Secretaría de Gobernación se analizan todos los periódicos, todos los anuncios clasificados; estamos haciendo un gran trabajo de investigación y tenemos una gran coordinación con las fiscalías federales, que ahora voy a poner mayor hincapié, que creo que la semana que viene es la próxima reunión grupo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para tratar este tema.
Ángela Quiroga, la anterior titular, estuvo asistiendo todo el año pasado a toda la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y lo estaremos viendo en qué más podemos apoyar con todo lo que has señalado.
Hemos celebrado dos encuentros nacionales que FEVIMTRA organizó a fiscales de trata de los estados de la República y de la Ciudad de México, generando el intercambio de buenas prácticas.
Nunca es suficiente, como lo dije, y el reto es mayor. Pero trabajaremos, por eso es lo importante de venir a estas comparecencias, porque trabajaremos con mayor intensidad en este tema.
Y también nosotros implementamos el programa Alerta Guardián, que tiene como finalidad evitar el ingreso nacional de agresores sexuales de menores de edad en Estados Unidos de América, previniendo que dichas personas puedan cometer estos delitos.
Estamos trabajando en medidas de prevención; estamos trabajando en la investigación y nada mejor que pudiéramos tener también en este periodo legislativo la legislación que tanto se ha trabajado, y sobre todo que tú le has puesto tanto empeño.
Ojalá que pudiéramos tener esta ley en este periodo legislativo. Sería muy importante.
Sabemos que la trata es un fenómeno global y tenemos que estar a la altura de este fenómeno global; por lo cual hay que estar trabajando con la INTERPOL, la Policía Federal, con todos estos temas.
De estos encuentros que te comentaba, uno fue en 2015 y el otro fue el 27 y 29 de abril. Y, si quieres, en el próximo encuentro, ya que es tu tema y eres la presidenta de la Comisión, te invitamos para que tú asistas y podamos escucharte.
Y no quiero dejar atrás, porque sí lo había preguntado Pilar, pero como ella era posicionamiento no había tiempo de responderle y he tratado de irle respondiendo, el tema de este ejido de Patrocinio.
Mira, aquí te comento que este ejido Patrocinio, es un tema lamentable y es un tema que, te tengo que comentar, no lo trae la Procuraduría General de la República.
Es un tema que está siendo trabajando por la Procuraduría Estatal, por la fiscalía, porque al día de hoy no tenemos los elementos suficientes para que el tema, y que cumpla con los criterios que tenemos de la facultad de atracción, que es lo que refiere el artículo 73, fracción XXI constitucional, en su segundo párrafo, o también en el Código Nacional de Procedimientos, el artículo 20 y 21 y el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica.
Pero, en atención al principio de legalidad, en el momento que se actualice alguno de los supuestos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estaremos ejerciendo la facultad de atracción de este asunto. Y revisaremos perfectamente nuestra competencia, en términos del artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ahora, ¿qué hemos hecho en este ejido? No nos hemos olvidado del tema.
Se le ha dado un apoyo puntual a la fiscalía, estamos colaborando con ellos, y lo que vamos a hacer próximamente es buscar en una zona aledaña al polígono, que ya está siendo atendido por esa instancia local, pero estará la Procuraduría General de la República, será una zona nueva, coordinándose, y dotará de todos los insumos tecnológicos y científicos y vamos a mandar expertos en antropología forense, peritos en arquitectura, planimetría, médico forense, así como tecnologías de mapeo y georreferenciación por medio de unos drones y georradar que permita, bajo el más alto estándar realizar esta tarea.
Actualmente el Subprocurador de Derechos Humanos está atento a este tema y está trabajando con el Grupo Vida y dándole asistencia a través de la Procuraduría Estatal, técnica y pericial consistente en la ubicación de restos óseos en una labor estrictamente de acompañamiento a las víctimas y a la autoridad competente.
Ahora bien, estuvimos el 12 y 13 de septiembre en proceso de búsqueda de La Laguna, estuvimos en compañía de las víctimas y los representantes del Colectivo. Ahí no se encontró ninguna fosa.
Y la próxima semana, o del 17 al 21 de octubre estaremos de nuevo en el Estado, pero como no hemos encontrado, no sea acreditado ningún delito de tipo federal pero mi compromiso con ustedes de hacer un estudio minucioso del tema y de ver todos estos restos óseos porque en un momento todos estos restos pueden ser de una persona. Estamos apoyándolos para ver qué datos nos dan estos restos óseos. Sabemos que es un tema muy triste que esto haya acontecido en tu Estado.
Y también el caso de Allende. Que el caso de Allende esto fue el hallazgo fue desde marzo de 2011 y también está bajo la jurisdicción de la Procuraduría de Justicia del estado de Coahuila.
Nosotros no tenemos por el momento ninguna competencia jurídica directa.
Y lo que sí hemos hecho, y es lo que ya les comenté, es impulsar el protocolo de búsqueda de personas donde ya la Procuraduría, todas las procuradurías o fiscalías estatales lo tienen que es obligatorio porque de hecho se vio en el Conejo Nacional de Seguridad y fue aprobado desde finales de septiembre de 2015 en el Diario Oficial. Es obligatorio.
Entonces ellos tienen que trabajar con esto pero el compromiso de la institución es coadyuvar, a pesar de no tener nosotros muchos recursos, pero cuenta con todo el apoyo y estaremos ahí.
Instruiré a la titular de la Unidad de Búsqueda de Personas y al Subprocurador de Derechos Humanos que brevemente hagan una visita in situ y vean y platiquen con las autoridades competentes y te estaremos informando querida Adriana, querida Pilar, porque es un tema que lastima a la sociedad.
SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Tiene razón respecto de las atribuciones y facultades que la PGR tiene, sobre todo respecto al Artículo 73, correspondiente a todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada.
Sin embargo hay algunos antecedentes que efectivamente yo le suplicaría que revisara, sobre todo porque no sabemos estos más de 3 mil restos óseos a cuántas personas corresponden. Hay posibles cálculos de 600, 300, no tenemos claridad de eso.
Pero lo que sí puede ser posible es que los datos que se nos dan sobre desaparecidos hablan justamente de un proceso de personas de todo el país y reitero: probablemente también de migrantes.
Por tanto al tratarse de un delito en el caso de trata que tiene algunos casos en materia del fuero común y en algunos casos del fuero federal cuando se trata de delincuencia organizada, nosotros no dudamos justamente que en este caso, además después de un Punto de Acuerdo que presentó la senadora Silvia Garza, de Coahuila, aquí presente, que para nosotros es fundamental la atracción porque sí hay presunción de posible participación de la delincuencia organizada para trabajos forzados.
No estamos seguros, no podemos tener los datos que ustedes tienen pero sí le suplicaría que fuera esa la revisión específica porque evidentemente hoy la modalidad no es sólo la trata de personas con fines de explotación sexual.
Se están dejando de atender estos temas que tienen que ver con otros asuntos que sí son del fuero federal, caso concreto de la participación de la delincuencia organizada.
Y permítame nada más comentarle: entiendo perfectamente sobre ese tema de que están trabajando con la fiscalía de Coahuila.
Yo diría que la burra no era arisca, los palos la volvieron. Y si quien es el responsable en materia de derechos humanos, que es el gobernador actual de Coahuila, tenemos ese caso específico ahí; no puede resolver lo de Allende, no creo que este tema lo pueda resolver de la misma manera porque además, con muchísimo respeto se lo digo, el gobernador Moreira ha hecho de esto un proceso de show mediático de aparente ayuda en materia de derechos humanos; pero nada específico sobre el tema y hay un combate verdaderamente serio.
Es más bien asuntos de programas asistencialistas y es como dejar la iglesia en manos de Lutero.
Muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senadora.
Senador Casillas, por favor.
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias, presidente.
Nuevamente darle la bienvenida, señora Procuradora, y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para expresarle mi felicitación, mi beneplácito por los avances que en la dependencia a su cargo son evidentes. Se dice fácil, pero la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, que ya quedó al cien por ciento y que ya está funcionando, como usted bien dice, desde el pasado mes de julio; como el sistema de consulta de detenidos, que esa es una gran demanda, saber dónde están o desde cuándo están los detenidos ahí y que ya se puede consultar.
Creo que son avances muy importantes. Y qué decir de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas o la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Tortura o de Delitos a Personas Migrantes.
Desde luego esto lo debemos de ponderar, lo debemos de reconocer y desde luego nos sentimos, manifestarle nuestro beneplácito por estos avances, Procuradora.
Por otro lado, yo me quiero referir a un tema que llamó la atención de prácticamente toda la población mexicana. En esta administración se detuvo en dos ocasiones a uno de los principales delincuentes o de los delincuentes más peligrosos de este país, me refiero al señor Joaquín Guzmán Loera; en el que ya sabemos que desde el pasado mes de enero ya fue aprehendido nuevamente.
Y la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó en el mes de mayo que estaba prácticamente todo listo y que ya se había acordado la extradición de este delincuente, y al día de hoy no se ha logrado concretar.
Preguntarle, señora Procuradora, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es la situación actual? y ¿hacia dónde vamos a caminar?
Y por cierto, también sabemos que la Procuraduría ha tenido una estrecha vinculación con el vecino país del norte, con Estados Unidos, en materia de extradiciones; no solamente las extradiciones que van de México a Estados Unidos, sino las de Estados Unidos a México y en ese sentido, me gustaría conocer, señora Procuradora, el número de extradiciones hacia ese país y los delitos que los motivan.
Y quisiera hacerle una pregunta más en razón a lo que se ha dicho aquí. Creo que a todos nos ha horrorizado, a todos nos ha preocupado lo que está pasando o lo que se ha descubierto en el estado de Coahuila, concretamente en el ejido Patrocinio, en el municipio de Allende, con la aparición de estas fosas.
Ya usted mencionó que ha puesto a disposición del gobierno del estado de Coahuila, este grupo de peritos, de técnicos para buscar, llegar a la verdad. Y yo quisiera preguntarle, que aunque es una pregunta técnica, no sé si fuese posible que en esas investigaciones se puede determinar no solamente cuáles son los orígenes y los motivos que generaron esta situación; sino que se pueda determinar cuándo ocurrieron los hechos, cuál fue la fecha, con qué antelación se determinaron o se llevó a cabo esta situación, si técnicamente es posible conocer cuándo fueron depositados ahí los cuerpos que hoy son osamentas; cuándo ocurrieron los hechos, cuál es el término que tienen estas fosas, desde cuándo están ahí y que si los peritos lo pudieran determinar.
Nuevamente bienvenida y muchas gracias por su respuesta, señora Procuradora.
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Senador Casillas, efectivamente, la detención en enero de Joaquín Guzmán Loera fue uno de los grandes logros del Gabinete de Seguridad. Ahí la Procuraduría General de la República participó activamente en toda la inteligencia desarrollada para la detención.
Ahí fue el inicio de lo que les comentaba en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio de las salas de mando ministeriales. Porque todas las noches durante más de tres meses nos reuníamos un grupo de subprocuradores, en fin, de la Procuraduría General de la República, para analizar lo que se estaba haciendo en la SEIDO, que se nos presentara. Y cada quién, periciales, en fin, cada quién iba dando su opinión al respecto.
Eran jornadas de las 8 de la noche a las 2 de la mañana durante tres meses, y en ocasiones en sábados y domingos.
Toda la información, analizábamos las declaraciones que le íbamos a hacer al día siguiente a las personas que estaban detenidas, a los que íbamos a detener, hacíamos la extracción de teléfonos, ver lo que tenían.
Fue un trabajo sumamente interesante y muy productivo, y luego en la mesa de trabajo del CISEN, nosotros aportábamos nuestra parte para poder lograr la detención de esta persona.
Y desde el primer momento, curiosamente antes de su fuga de Joaquín Guzmán Loera, yo había visitado a la procuradora de Estados Unidos y había comentado acerca de que deseábamos empezar a trabajar la extradición de este delincuente de la más alta peligrosidad.
Por lo cual, a la semana de que él se fuga, ya teníamos aquí una solicitud con fines de extradición enviada por el gobierno de Estados Unidos.
Eso no implicó que no lo siguiéramos trabajando y, de hecho, el día de su detención algunos meses después, al día siguiente de su detención, el director de extradiciones fue al penal de Almoloya y le notificó personalmente las dos órdenes que ya teníamos nosotros en la mano. A partir de ahí empezó a correr el plazo.
Los plazos de extradición pueden durar a veces hasta cinco años. Aquí se ha trabajado de una manera constante en un cuadro que vamos teniendo, y así lo tenemos, de varios temas, donde vamos conforme a los días, viendo qué es lo que está aconteciendo y cómo vamos, para no ser nosotros quienes retrasemos el trabajo del Poder Judicial.
Por lo general, ellos se van al último día si les dan diez días de plazo o 30, pero nosotros agotamos el primer día. Estamos preparados.
Gracias a ello, el juez emitió su opinión en primer momento, y las enviaron estas dos opiniones a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió su acuerdo donde concedía la extradición el 20 de mayo del 2016.
A partir de ahí, Joaquín Guzmán presenta dos juicios de amparo donde ratifica las demandas, y ahí tenemos que ir viendo todos los tiempos.
La semana pasada, el 26 de septiembre, hubo la audiencia constitucional, porque también todos los amparos de Joaquín Guzmán Loera, que ahora nada más estoy señalando los otros, es contra estas determinaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, pero teníamos una cantidad de amparos tremendos.
Yo llegué a tener 48 amparos y todos los hemos ido resolviendo, y todos ya se concentraron al final. Nos quedan creo que nueve en este juez.
El juez realiza la audiencia constitucional en término, pero nos explica que no va a emitir la resolución hasta posteriormente.
Estamos en espera de que nos la emita. Esperemos que sea en este mes, pero de ahí eso no va a permitir que podamos realizar la extradición, porque todavía, según lo que se resuelva por el Poder Judicial, hay otro recurso de revisión, ya sea para él o para nosotros que se tiene que interponer y donde se dan diez días hábiles.
Esto se va a un tribunal colegiado y ahí en ese tribunal colegiado es donde se da la determinación final.
No se va a pasar esto a la Suprema Corte, porque creo que ya se pronunció la Suprema Corte que no atraerá el asunto, entonces estamos en espera de esta.
Lo ideal sería que lo tuviéramos en este año y se pudiera extraditar, pero sí es un tema que ha trabajado la Procuraduría pero con un absoluto respeto de los derechos humanos también de este delincuente porque no voy a cometer la excepción de brincarme fechas, de brincarme etapas procesales, se tiene que trabajar con el debido respeto al debido proceso.
Y por el tema de extradiciones, efectivamente. Hemos trabajado activamente en extradiciones y el número más importante desde hacía muchos años de sujetos de alta peligrosidad extraditados al gobierno de Estados Unidos ocurrió de 13 personas en septiembre del año pasado, después de venir.
Esto es una muestra del compromiso de la Procuraduría General de la República para abatir la impunidad. Sabemos que la extradición es una herramienta eficaz para cerrar la impunidad.
Me pasaban ahorita una tarjeta que los jueces y amparos yo dije 40; eran 48 y tenemos actualmente nueve en trámite contra la extradición, cinco en trámite contra las causas penales, cinco por la incomunicación y contra el traslado que se le pasó de Almoloya a Ciudad Juárez, dos.
Pero estaremos nosotros muy atentos y dándole una vigilancia al proceso que nos ocupa para lograr poder realizar su extradición.
Pero reitero: aunque sea un delincuente de alta peligrosidad, la institución no violentará el debido proceso. Es un compromiso que tenemos.
Y lo que me preguntas de las fosas clandestinas. Pues aquí lo que tenemos es una herramienta nueva que nos donó la Cruz Roja Mexicana, que es la base de datos ante mórtem y post mórtem y esta base de datos ya se logró impulsar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y ya todos la están adaptando, tenemos ya 17 estados, con lo cual podemos, con base de pruebas periciales y lograr saber los hechos de cuándo estaban.
Y eso nos ha pasado mucho en el caso de Ayotzinapa. En algún momento aparece alguna fosa, se encuentran algunos restos y se hace y dice: “no, estos tienen más de tres años, entonces ya no corresponde”. Pero sí se puede hacer.
Acabamos de participar activamente, a solicitud del gobierno del estado de Morelos, en las fosas de Tetelcingo y se hizo un trabajo muy profesional y apoyamos en todo lo que se puede apoyar.
Muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Chico Herrera, para la réplica.
SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Muchas gracias Presidente.
Señora Procuradora: bienvenida a esta su casa.
Como se dijo aquí, el pasado 8 de enero el Presidente Enrique Peña Nieto daba cuenta de la recaptura del criminal más buscado en nuestro país: Joaquín Guzmán Loera.
En su primera fuga pasaron 4 mil 782 días para su localización y envío a prisión.
Ahora, gracias a la labor de inteligencia de nuestras fuerzas armadas y de la procuración de justicia, su recaptura se logró en 181 días.
Esto, señoras y señores legisladores, es muestra de la eficacia y compromiso de nuestras autoridades federales.
Nuestro reconocimiento a ellos y a la Procuraduría General de la República.
Usted, señora Procuradora, en su pasada comparecencia, nos dijo: “los que lo ayudaron a escapar no escaparán de la justicia”.
Sabemos que eso se va a cumplir y que aquellos que se prestaron a la fuga de este delincuente pagarán sus consecuencias.
Nuestro reconocimiento a esta gran labor que usted está desarrollando en la Procuraduría.
Esta es su casa, aquí la extrañamos, pero la República la necesita en esa tarea.
Muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador.
****** (SIGUE CUARTA PARTE) ******
