El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
El Senador Raúl Pozos Lanz: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores: En el grupo parlamentario del PRI, al igual que las fuerzas políticas representadas en esta Cámara y las organizaciones civiles que intensamente participaron en el debate público, con sus argumentos y con su visión, estamos convencidos todos de que la prosperidad de este país está íntimamente ligada a la aprobación de buenas leyes, de buenas nuevas leyes reglamentarias en materia anticorrupción, coincidimos plenamente que el Estado mexicano debe evolucionar de una manera amplia, integral y con instituciones sólidas en la erradicación de malas prácticas e ilícitos en los que se incurran.
Como país nos urge contar con un servicio público que sea limpio y transparente, apegado a los principios de ética y que no sea utilizado para obtener privilegios, beneficiar irregularmente a terceros o engañar a la ciudadanía.
No podemos seguir siendo el país con los mayores índices de corrupción de la OCDE, peor aún, que nuestra sociedad continúe gastando mucho dinero en prácticas que no son buenas para nadie.
Es el momento oportuno de aceptar que las cosas no pueden seguir como hasta ahora.
Es necesario que realicemos un cambio radical y de resultados inmediatos.
Estamos reunidos aquí porque todas las fuerzas políticas hemos logrado acuerdos sustanciales para sacar adelante un Sistema Nacional Anticorrupción eficaz y eficiente.
En esta ocasión, el igual que en otros momentos, estamos convencidos que no nos equivocaremos, tenemos frente a nosotros una legislación que estuvo acompañada en todo momento por la sociedad civil, por los especialistas y que también retoman las mejores prácticas internacionales.
Entregaremos leyes anticorrupción que realmente sirvan a la sociedad mexicana; mejor aún, que ayuden a superar el descontento y el malestar que la ciudadanía tiene hacia la política y hacia los políticos.
El dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas está dirigido precisamente a fortalecer la vida institucional de este país que todos queremos.
La legislación en materia de anticorrupción propone un nuevo esquema de rendición de cuentas, de aplicación de responsabilidades administrativas y de combate a la corrupción en los tres órdenes de gobierno, pero también en todos los lugares de la vida nacional.
Ninguno de los funcionarios de los Poderes de la Unión, organismos constitucionalmente autónomos, empresas productivas del Estado, terceros que ejerzan recursos públicos quedará exento de ser fiscalizado y en caso de que así lo amerite de ser sancionado administrativo penalmente.
El conjunto de reformas en materia de anticorrupción tienen el común denominador de fortalecer a la Secretaría de la Función Pública de la Auditoría Superior de la Federación. Se les otorgan mayores atribuciones para investigar sustanciar y denunciar actos de corrupción.
El gran avance es que los ciudadanos van a presidir el Sistema Nacional Anticorrupción, lo van a integrar, y el comité de participación que así sea electo.
Los gobernantes no volverán a ser juez y parte en las investigaciones y acusaciones. Se amplían sustancialmente también las facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para imponer más sanciones a los servidores por faltas graves.
Lo más importante, es que construimos un tribunal independiente, autónomo, y con capacidad para establecer sanciones a prácticas de corrupción. Todas las sanciones que realice el tribunal serán públicas y tendrán que sujetarse a la máxima publicidad posible, no habrá lugar a las suspicacias.
Se establece un catálogo de 12 faltas administrativas graves, por primera ocasión el funcionario que incurra en irregularidades, además, será susceptible de ser sancionado penalmente.
La plataforma digital permitirá a todos los ciudadanos a acceder a la información de las contrataciones públicas, porque estarán disponibles en Internet, más aún desde el momento en que se adjudica, después de que se dé la adjudicación y el seguimiento a cada contrato.
Compañeras y compañeros Senadores: Sí, es cierto, el desafío es grande, enorme, tan grande como es nuestra historia, tan grande como es nuestro pasado.
En este período extraordinario de sesiones debemos entregarle a la sociedad este conjunto de leyes destinadas a producir un cambio sustantivo en la materia, en cómo se ejerce la política y la administración.
En una democracia sólida la lucha contra la corrupción es necesaria e ineludible para el bienestar social y por el contrario, cuando la corrupción se enquista en las instituciones la política se pervierte, y las influencias y los intereses particulares prevalecen sobre los intereses nacionales.
La corrupción está provocando una profunda erupción en la confianza de la ciudadanía.
La sociedad no quiere más conductas antidemocráticas, pero tampoco éticamente inaceptable de sus representantes. En el Senado de la República se tuvo la oportunidad de dialogar con organizaciones de ciudadanos, de académicos y especialistas, así como constituciones y organismos internacionales.
Fuimos receptivos en este debate intensísimo, complejo y diverso de las propuestas ciudadanas como la denominada Iniciativa 3de3, tuvimos muchas reuniones de trabajo hacia el interior de los grupos parlamentarios, y las propias comisiones, y desde luego también audiencias públicas en las que hubo una considerable amplísima e importantísima participación social.
El resultado, hoy, es que tenemos una legislación moderna, una que responda a los compromisos del Estado mexicano y que éste lo ha adquirido con compromisos a nivel internacional. Esperamos que la nueva legislación realmente contribuya a que México salga de esa lista roja en la que nadie quisiera estar.
El debate fue intenso, por momentos con posturas muy distantes, pero al final de cuentas se privilegió la política, la búsqueda de los acuerdos y los consensos, las pequeñas coincidencias que se han hecho en grandes acuerdos.
Los Senadores del PRI votaremos a favor del presente dictamen porque garantizará mecanismos eficientes para combatir la corrupción y la opacidad en todos los niveles de gobierno e instituciones públicas.
Sí tienen razón, el México de ayer pudo ser mejor, el México de hoy es el que nos toca vivir, pero lo queremos vivir con más desarrollo, con más justicia, con más igualdad, un México transformado y listo para enfrentar un futuro mejor, lejos de la impunidad que estimule la corrupción en donde la justicia alcance a todos por igual.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Como se les expuso al inicio de las intervenciones, las Comisiones Dictaminadoras solicitaron que la discusión y la votación de los tres ordenamientos que están comprendidos en el dictamen se realicen de forma separada, en la misma secuencia en la que están comprendidos en el dictamen.
Es decir, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se discutirán y votarán, tanto en lo general, como en lo particular, de forma separada en ese orden.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza este procedimiento.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, Presidente.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza el procedimiento descrito por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Se autoriza, Presidente, el procedimiento.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En tal virtud iniciaremos con la discusión y votación en lo general y en lo particular de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, contenido en el artículo 1 del dictamen.
Tiene, en consecuencia, en uso de la palabra el Senador Daniel Ávila, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.
Informo a la Asamblea que tengo registrados en lo general a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, Senador Armando Ríos Piter, Senadora Laura Angélica Rojas y Senadora Lisbeth Hernández Lecona.
Proceda Senador Ávila, por favor con su intervención.
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso Senador Presidente Roberto Gil Zuarth, Senador por el estado libre y soberano de Chiapas.
Vengo a exponer las razones por las que voy a votar a favor del proyecto que se presenta como dictamen de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El día de hoy anuncio que en lo general votaremos a favor un dictamen con el que haremos realidad la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro país. En nuestro país la corrupción es uno de los principales problemas públicos.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país se posicionó en 2015 en el lugar 95 de los 168 países enlistados en orden descendente, de los menos a los más corruptos.
La corrupción es el segundo mayor problema que enfrenta nuestro país, según más de la mitad de los mexicanos sólo después de la inseguridad y la delincuencia.
De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción tiene un costo de 1.5 billones de pesos, esta cantidad es equivalente a 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y representa una importante pérdida de recursos en programas sociales productivos de infraestructura, entre otros.
Con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que hoy aprobaremos, estableceremos las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Pienso que es conveniente apoyar este dictamen, porque de esta forma el Partido Acción Nacional refrenda su compromiso de combatir la impunidad y la corrupción que tanto laceran a nuestro país.
De acuerdo con la propuesta de dictamen que hoy votaremos, el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será el representante del Comité de Participación Ciudadana, el cual durará en su encargo un año, rotándose anualmente, y por consecuencia, asumiendo su presidencia en su momento cada uno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana.
Además de aprobarse este dictamen, se contará con un Sistema Nacional de Fiscalización cuyo fin es establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, a fin de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país.
Con la creación del Sistema Nacional de Fiscalización se busca garantizar el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
A partir de este ordenamiento se homologarán los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.
Conviene apoyar este dictamen porque de esta manera se contará con una plataforma digital nacional del sistema nacional que contendrá el Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaraciones fiscales.
También tendrá el Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, el Sistema de Denuncias Públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el Sistema de Información Pública de Contrataciones.
En Acción Nacional celebramos el ejercicio histórico de parlamento abierto que se celebró en el Senado de la República en relación con las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
En particular celebramos la organización de la sociedad civil a través de la cual se concretó la iniciativa ciudadana para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas conocida como Ley 3de3.
En ella se postula la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
En consonancia a este apoyo que hay, quiero señalar que desde hace años un servidor ha hecho pública mi información personal en estas materias, en sitios de Internet, por lo cual esta información es pública.
Con esta ley se definen las competencias de la Federación y de las entidades federativas en relación con los actos de corrupción del servicio público; se definen las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas, y se proponen los procedimientos de investigación y el esquema de sanciones correspondiente.
En suma, se plantea un rediseño del Sistema de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de evitar la impunidad en actos de corrupción.
Apoyo la Ley 3de3 en los mismos términos que la presentaron las organizaciones de la sociedad civil, porque ésta es el sentir de más de 600 mil mexicanos, además de que cuenta con el apoyo de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad, el CIDE, el ITAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras organizaciones de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional.
Apoyo la Ley 3de3 porque estoy convencido que los legisladores debemos trabajar en conjunto y coordinadamente con las instituciones académicas y los organismos civiles, a fin de crear un Sistema Anticorrupción a partir del cual no haya más margen para que los delitos de corrupción en la Administración Pública queden impunes.
Como parte de las leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción, tienen especial relevancia los cambios propuestos a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Dicha ley tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
A través de esta ley el órgano referido tendrá competencia para conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares promovidos por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de los entes públicos federales o por la propia Auditoría Superior de la Federación.
Además el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades que la ley determine como graves, y a los particulares también que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.
A través de esta ley se determina la composición del tribunal, el procedimiento para nombrar magistrados, las competencias de las salas especializadas, la posibilidad de que se ejerza la facultad de atracción, entre otros detalles.
Otro de los aspectos que diferencian al nuevo tribunal del anterior, es el relativo a la integración de las secciones en que se dividen la Sala Superior.
A las dos secciones ya existentes, la administrativa y la fiscal, se ha incorporado una tercera integrada por tres magistrados y competente en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Señoras y señores: Al reiterar mi apoyo a la aprobación del dictamen que hoy votamos quiero felicitar el largo e incluyente formato de trabajo con el que se trabajó en las comisiones dictaminadoras. Ojalá que esta forma de trabajo sirva como referente a los pendientes a desahogar en las comisiones que faltan para completar las adecuaciones al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía Federal de la República, que complementarán el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias por el tiempo, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para referirse a favor del ordenamiento previsto en el dictamen, tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, hasta por cinco minutos.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.
Estimados compañeros Senadores y Senadoras: Para un ciudadano común, a quien vive de su sueldo, quien le preocupa mantener a diario su ingreso, quien está preocupado por no perder el empleo o incluso está desesperado por encontrar uno, que ve cada día su calidad de vida mercada, pero que, por otra parte, ve a algunos funcionarios públicos que se enriquecen de manera incomprensible, que pasean en yates, que se dan lujos, para ellos, para el hartazgo que existe entre la ciudadanía es justo que hoy estemos por fin discutiendo las leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción.
Pero es importante que ahorita todavía no echemos campanas al aire. El Sistema Nacional Anticorrupción debe de ser un sistema completo e integrado, donde vendrá, la hemos definido que siete leyes son sus pilares. Si alguna de ellas no las aprobamos de manera correcta y adecuada es como una mesa que tiene una pata cuecha, no va a funcionar.
Y sí hemos avanzado en los dictámenes, y hoy estamos en este momento ante el dictamen de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y hemos avanzado en encontrar coincidencias, y las diferencias que quedan son mínimas. Pero todavía en los demás dictámenes existen importantes diferencias que es importante atender si queremos realmente contar con un Sistema Nacional Anticorrupción fortalecido, que tenga facultades y, sobre todo, un sistema que sirva a la ciudadanía.
Debo de reconocer en este momento que ha sido precisamente gracias a la ciudadanía que nos encontramos en este momento. Las resistencias que hemos vivido en el Senado nadie las puede negar, hemos pospuesto comisiones, hemos dictaminado de noche, y todo el tiempo ha sido combatir resistencias, y ha sido gracias a la presencia de la sociedad civil organizada quien en todo momento ha estado presente, quien ha permitido sostener este proceso.
Y es importante reconocerlo porque, de manera particular, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción la presencia de la participación ciudadana se ve fortalecida. El Sistema Nacional siempre y en todo momento estará presidido por el representante del Comité de Participación Ciudadana que durará un año y será rotativo entre todos sus miembros.
Por otra parte, el comité coordinador puede requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política nacional de combate a la corrupción y las demás políticas integrales implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación.
El comité de participación ciudadana podrá opinar y realizar propuestas a través de su participación en la comisión ejecutiva sobre la política nacional y políticas integrales en materia de combate a la corrupción, y además se podrán elaborar indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción.
Y esto es muy importante, el sistema como tal no tiene solamente un fin punitivo. Contar con indicadores y medir la evolución de la corrupción y el combate a la corrupción nos va a permitir conocerlo, pero, sobre todo, corregir para que realmente podamos contar con un sistema fortalecido.
Por otra parte, un avance muy importante es contar con una plataforma única digital de combate a la corrupción que estará compuesta por varios sistemas.
El sistema de devolución patrimonial y de declaración de intereses.
El sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.
El sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados, es decir, la lista negra de servidores públicos.
El Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización.
El Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y hechos de Corrupción.
Y el Sistema de Información Pública de Contrataciones.
Éste en particular me parece muy importante, porque no basta con tener la información de aquellos funcionarios públicos que han sido sancionados, sino también poder acceder a aquellos contratos que se hacen desde el gobierno y que debe ser, sin duda, información pública.
Por otra parte, el Comité de Participación Ciudadana, es la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del sistema nacional.
La selección de este Comité de Participación Ciudadana, se deberá realizar mediante un proceso abierto, transparente y ciudadanizado para garantizar que los ciudadanos que integren ese comité, efectivamente, sean ciudadanos.
Algo muy importante es que este comité podrá acceder, sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a toda la información que genere el sistema.
Toda la información que genere el sistema estará abierta para el Comité de Participación Ciudadana.
Podría seguir enumerando varias de las características de este sistema.
Sin embargo, creo que con lo dicho aquí, nos permite decir que esta Ley General tiene los elementos suficientes para contar con una Ley General en Materia del Sistema Anticorrupción, pero como lo advertí desde un principio.
En este caso, votaré a favor.
Espero que las demás leyes estén, de igual manera, de la misma manera integradas con las observaciones de la ciudadanía y en todo momento responder a ese interés.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para hablar en contra del ordenamiento referido tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.
“No se enseña ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos”. Decía Aristóteles.
Algo similar podríamos decirle a la actual Administración Federal, a la cual podríamos llamar: “El gobierno de las leyes”.
Porque todo indica que no han comprendido que las leyes se crean para cumplirse y respetarse, y no solamente para saber qué es, cómo es o para qué sirve una ley.
Durante los últimos cuatro años el Congreso de la Unión, ha realizado tantas modificaciones a la Constitución, ha creado decenas de leyes secundarias y modificado otras tantas más, y el gobierno ha sancionado y publicado tantos decretos que bien podría inscribir un récord mundial.
Lamentablemente está reformitis, característica tanto de la LXII y la actual Legislatura del Congreso de la Unión y del Gobierno Federal, no ha generado las condiciones mínimas para generar un verdadero cambio a corto plazo.
Han olvidado lo más elemental, el principal factor que hace que una ley cobre sentido.
Las personas, los ciudadanos, pero sobre todo el bien común.
El Ejecutivo que pretende gobernar publicando leyes, olvida que mientras no exista conciencia, voluntad y ética para pretender cambiar las cosas, no habrá ley que alcance para contener las prácticas delictivas o administrativas.
El problema de la corrupción, va más allá de los alcances que pretende el presente dictamen.
La gran mayoría de las prácticas y conductas que buscan regular, sancionar y prevenir, con el Sistema Nacional Anticorrupción, hoy en día están prohibidas en distintas leyes, tanto administrativas como penales.
Lo que no se ha logrado comprender es que la corrupción va más allá de la esfera de los servidores públicos. Pero, sobre todo, depende en gran medida de la forma en que los altos funcionarios se conducen de cara a la sociedad.
Por ejemplo, ¿Con qué calidad moral el Presidente Peña Nieto puede exigir terminar con los conflictos de interés y los moches?
Cuando no ha sido capaz de explicar su actuación en los contratos otorgados a OHL. Y la relación que esto tiene con la Casa Blanca.
¿Cómo se puede exigir a los mexicanos que en su vida cotidiana se alejen de actos de corrupción cuando observan que los gobernadores se enriquecen con el dinero público?
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; de la cual destaca el hecho de que 92% de las personas encuestadas, considera que en México hay corrupción, y que es el sector público donde más se presentan estas prácticas.
Estos datos reflejan la gravedad del problema.
Por otro lado, no se ha entendido las diferentes maneras en que la corrupción se manifiesta. Es decir, han creado un Sistema Nacional Anticorrupción que lo único que nos garantiza es que se servirá para publicar que en México se combate con estas prácticas ilegales, pero en el fondo no habrá algún cambio significativo.
En virtud de que las fallas con que nace este sistema, en primer lugar, hay que señalar que la participación de la ciudadanía quedará reducida y bajo la aprobación de otros organismos como los representantes de la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Representante del Consejo de la Judicatura.
La cara del sistema será un ciudadano elegido, por cierto, en el Senado de la República, mientras que la operación del sistema será por parte de otros funcionarios que en su mayoría responden a intereses partidistas o particulares.
Es necesario decir que aunque han señalado que el Sistema Nacional Anticorrupción es algo muy novedoso no lo es en realidad, sobre todo cuando el Estado mexicano se encuentra sumergido en altos índices de corrupción y destacan que los primeros lugares en estas prácticas ilegales.
Más bien se debe resaltar que México llega muy tarde a esta discusión, ya que en el mundo hoy en día existen más de 100 comisiones o agencias anticorrupción, y aunque no resulta estéril este debate, también es importante que la ciudadanía se entere de que este retraso en la legislación de un tema que tanto lastima a nuestra sociedad, es sólo el reflejo de la poca importancia que ha tenido para los gobiernos federales y para las principales fuerzas políticas impulsar este tipo de reformas.
Primero les interesó la privatización de energéticos, controlar a los maestros, controlar la deuda de los estados que limpiar a México de la corrupción.
Es cuanto.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para hablar a favor del ordenamiento del dictamen, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cárdenas Fonseca.
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con la venia de la Presidencia y solicitando que esta intervención se incorpore de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Saludo respetuosamente el esfuerzo realizado.
Las presentaciones del dictamen que han hecho nuestros compañeros, los votos particulares y los posicionamientos, con mucho a favor y particularidades en contra.
Vengo ante ustedes y los mexicanos a pronunciarme a favor del Sistema Nacional Anticorrupción y del paquete de dictámenes que hoy nos presentan y que lo articulan.
Sin embargo, presentaré reserva a 18 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Y permítanme comentar por qué, porque es un tema que atiendo, desde que fui gerente general de la Cámara Nacional de la Industria Naval.
En aquellos tiempos había muchos particulares que ofrecían, nosotros no acusamos esa conducta ante los servidores públicos ante los servidores públicos que era nuestra contraparte como armadores de la industria naval.
En ese tiempo se desarrolló también la campaña, la contienda a la Presidencia de la República y de parte del candidato del PRI presentó su slogan “Renovación Moral de la Sociedad”. Esa sociedad que se conforma de mayores de edad y de menores de edad.
Los primeros sujetos de derechos y obligaciones, los segundos en la necesidad de los primeros y de todo en su conjunto de que los menores fueran exigentes de derechos, pero aptos para la responsabilidad futura al adquirir su mayoría de edad de ser sujetos de obligaciones.
Así, sucedieron muchas cosas, se banalizó y se castigó con mayor énfasis a la burocracia, dejando de lado al reverso de la medalla por así situarlos, nada más se castigaba la que jalaba la pata y se dejaba impune al que mataba la vaca.
Nada más se pretendía poner una cara al que ofrecía y voltearse para no ver al que aceptaba o al que exigía y al que aceptaba dar.
Es por eso que lo que hoy nos plantea es atender las medidas correctivas y preventivas, funcional, organizacional y de manera expresa ante los mexicanos para prevenir con información cierta y veraz, partiendo de la presunción de inocencia, partiendo de la buena fe, para que en tanto se vuelva necesaria la fiscalización actuemos en consonancia en función de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
En ese ánimo, el día de hoy presenté una respuesta a la Declaración Tijuana que me he permitido compartirles en la búsqueda el lugar común para construir, para el hoy, para el futuro. De ahí que presentaré en un momento más reserva a 18 artículos que recogen los testimonios del Partido Revolucionario Institucional, del Verde, de Acción Nacional, del PRD, del PT, pero también de muchos empresarios, principalmente, por evidente vida que llevo en Sinaloa, de muchos empresarios sinaloenses en el sentido de que están hartos de los empresarios ricos, de la temporalidad sexenal de que se trate.
Así, pues, estas reservas van dirigidas funcional y fundamentalmente al momento en que se actualiza, por parte del servidor público al asumir el encargo, o bien, del particular que se actualiza cuando este entra en relación con el patrimonio o la renta nacional.
Podrá perfeccionarse en el tiempo, no tengo la menor duda de ello. Pero es por eso que también los consejeros ciudadanos que implica el Sistema Nacional Anticorrupción deberán asumir su responsabilidad de decir: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo es aquello que debe de publicitarse?
También en ellos recaerán una serie de responsabilidades que nos les permitirá quedar ajenos para querer ver nada más zonas de blanco o negro, o matices de grises cuando les es conveniente.
Vayamos, pues, en alianza para la prevención, para el seguimiento y la fiscalización de públicos y de particulares.
Finalizo reiterando que mi reserva sólo da coherencia, forma, estructura en la Ley General de Responsabilidades Administrativas a lo que escuché de ustedes, a lo que escuché de muchos empresarios también de Sinaloa, a muchos profesionistas y a lo que tal vez poco pude aportar dándole estructura y cuerpo a lo que de ustedes escuché.
Es cuanto, Senador Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente.
Con el permiso de la Asamblea.
Senadoras y Senadores: Vengo a esta tribuna a razonar en favor mi voto sobre el paquete de leyes anticorrupción. Lo hago, pues considero que con ello será el primer paso para erradicar, aunque sea de manera tímida y titubeante el principal flagelo que azota a nuestro país.
Aun cuando me parece que para erradicar la corrupción en México, un modelo reactivo resulta insuficiente e ineficiente en el compromiso para garantizar que los mexicanos disfruten hasta el último centavo del gasto público sin desviaciones, sustracciones o irregularidades, me permito hacer las siguientes propuestas para perfeccionar el Sistema Nacional Anticorrupción.
El pueblo de México quiere cortar de raíz la corrupción, sin demoras ni obstáculos. De ahí que me permito proponer acotar la periodicidad prevista en el dictamen para las reuniones, tanto del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, como del Comité de Participación Ciudadana.
La corrupción lacera, la corrupción cancela el futuro de nuestros jóvenes, la corrupción es una rémora que succiona los fondos necesarios para el desarrollo social y el crecimiento económico.
Por ello me permito proponer que las sesiones ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se realicen cada mes en lugar de cada tres meses, como está propuesto en el dictamen.
En cuanto al Comité de Participación Ciudadana, propongo lo mismo, para que exista armonía en el acompañamiento que realice los esfuerzos para acabar con la corrupción.
El dictamen nos propone que el comité se reúna únicamente cuando lo convoque su presidente.
Propongo que el Comité de Participación Ciudadana se reúna al menos cada mes para que haya congruencia y corran ambos, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana, de manera paralela.
Para ello se deberán hacer los ajustes correspondientes en los artículos 13 y 20 del dictamen en la parte relativa a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Las presento en esta instancia al razonar mi voto entorno del paquete integral, y espero que quienes vayan a aplicar las nuevas normas les sirva a futuro.
Procedo de esta manera en razón de que no veo la utilidad de formular reservas, pues aunque estas sean valiosas si no provienen de los grupos mayoritarios simplemente no se toman en cuenta.
Por ello, prefiero ahorrarme el bochorno y a ustedes, amigos de la burbuja de poder de esta Cámara, la muestra de insensibilidad ante propuestas enriquecedoras de nuestro marco jurídico.
A los mexicanos nos urge que se ataque la corrupción, las numerosas acciones y estructuras derivadas de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción han de aplicarse, en consecuencia, de inmediato, por ello, me parece que los períodos establecidos para las reuniones, tanto del Comité Coordinador como del Comité de Participación Ciudadana, son tan largos, dilatados, que van a propiciar la lentitud y hasta la parálisis en la implementación del modelo anticorrupción.
Finalmente, lo que se concibió en un inicio al arrancar el proceso legislativo en la materia, como un registro nacional, terminó en una plataforma digital nacional, la plataforma contiene cinco sistemas entre los que destaca el sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.
En dicho precepto se establece un sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas tal y como aparece en la fracción II, estoy convencido de que además de subir al portal a las autoridades que realizan las compras para el gobierno, debemos incluir otra categoría de servidores públicos que realizan funciones igualmente o quizá de mayor responsabilidad, me refiero a aquel tipo de servidores públicos que aparecerían en los primeros lugares, si realizamos un mapeo de corrupción de la administración pública, son los servidores públicos que por la peculiar esfera de su competencia tienen la posibilidad de otorgar permisos, autorizaciones o licencias, o concesiones a los particulares.
Como es evidente en la realización de estos actos administrativos, no estamos frente a una adquisición o licitación, pero son actos de los que igual se atrae como un imán los hechos de corrupción.
Los particulares buscan que se les dispense la carga de cumplir con requisitos o con artimañas que se les tenga por cumplidos, los permisos, licencias y concesiones siempre traen una fuerte carga económica para realizar actividades o funciones en lugar de la administración pública, los beneficios para los titulares, por supuesto dinero mal habido, son enormes.
Para evitar que los actos constitutivos de derecho en favor de particulares se conviertan en una patente de corso, propongo que se establezca un sistema electrónico para esta categoría de servidores públicos, para ello hay que agregar la fracción correspondiente que sería la tercera en el artículo 49 de la ley mencionada, debiéndose recorrer en su orden las fracciones subsecuentes.
Sin embargo, las medidas legislativas que se nos proponen son únicamente el primer paso, a nuestro país le urge la contribución de todos sus habitantes para crear lo antes posible un carácter nacional de honestidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias Asamblea.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.
A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para hablar en favor del presente dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Zoé Robledo Aburto.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.
Recientemente en varias publicaciones internacionales, particularmente, se publicó una investigación del Instituto para el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, y en esta investigación ellos planteaban cuáles eran las doce formas en que la humanidad podía desaparecer, y plantearon lo típico de las películas: el impacto de un asteroide, la erupción de un súper volcán, el calentamiento global, una guerra nuclear, una pandemia, una catástrofe ecológica, el colapso del sistema económico mundial, la biología sintética, la nanotecnología, la inteligencia artificial y varios riesgos desconocidos, pero incluyeron algo más, incluyeron como un riesgo como una forma en que la humanidad pueda desaparecer a los malos gobiernos.
A los malos gobiernos que a partir de dos elementos se convierten en una amenaza para las personas que gobiernan.
Malos gobiernos que no remedian problemas, que sí tienen solución, y malos gobiernos que causan nuevos problemas.
La disyuntiva en este momento es muy clara, o nos convertimos y nos seguimos presentando frente a los ciudadanos como una amenaza a su seguridad, a su economía, a su bienestar, a su forma de entender la democracia o les ofrecemos soluciones reales.
Y vaya que tenemos evidencia de lo que estoy aquí planteando. Recientemente aquí en el Senado de la República se estuvieron haciendo foros sobre estas publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales, una suerte de reedición de Molina Enríquez, pero traída a la actualidad, y uno de estos capítulos, presentado, hace apenas unos días fue: “La Corrupción en México, Percepción, Prácticas y Sentido Ético”.
Y, déjenme darles algunos datos, para ubicarnos en donde estamos, para también tener cierta humildad de qué es lo que estamos pretendiendo hacer con estos dictámenes, y particularmente con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Cuando le preguntan a los mexicanos, si creen que la corrupción será dentro de cinco años mayor, menor, igual, el 64.7%, dice que va a ser mayor.
Cuando a los mexicanos se les pregunta su opinión de dónde se realizan los primeros actos de corrupción, el 47.6% dice, que en el gobierno.
Y por último, cuando se le pregunta, en una escala del cero, donde cero es nada honesto, y 10 es, muy honesto, cómo calificaría a los siguientes personajes, los doctores están en 7.3; los indigentes, están en el 6.7; y los políticos tenemos una clasificación de 3.3.
Por eso es que lo que estamos haciendo hoy, sí tiene mucho de histórico; sí tiene mucho de celebración a partir de la forma como se hizo, pero sí tiene mucho de responsabilidad ante una situación crítica que estamos viviendo.
A esto, como decías el que hoy se celebra su 30 aniversario de muerte, Jorge Luis Borges, a esto o nos une el amor o nos une el espanto.
El espanto de voces allá en la calle que dicen, la solución a los problemas de la política, la solución a los problemas de México pasa por la desaparición de la clase política, una distopía en la que nosotros no existimos, y al país le va mejor; muchos creen que eso es así.
Yo sigo creyendo en la dinámica creadora de la política, y quiero seguir creyendo en ella a partir de volver a confiar en la política, volver a confiar en el adversario político, pero es muy difícil generar esta confianza cuando yo veo aquí, a dos compañeros Senadores del Partido Acción Nacional, que hace apenas una semanas fueron retenidos por participar en un proceso electoral.
¿No se trata eso también de un acto de corrupción?
¿No se trata de revisar la forma como se accede en México al poder a partir del elemento, a partir del cual hay que revisar cómo se ejerce el poder en nuestro país?
Y mi solidaridad con los dos compañeros Daniel Ávila y Fernando Yunes, mi solidaridad completa. Porque me indignaba verlos, de verdad, en esas condiciones, que son producto de la corrupción política en el país, en el acceso al poder.
Por eso es que sí creo que debemos de ser hoy muy críticos; debemos, sí de celebrar, de reconocer, pero también de entender cómo nos están viendo allá afuera.
Y no, no nos están viendo con un entusiasmo como el que de repente aquí se percibe, y no, no les estamos dando señales diferentes para que piensen diferente de las personas que ejercen el poder en el país.
Ojalá éste sea un germen del que surja un árbol frondoso en el que nos reconciliemos debajo de su sombra con los ciudadanos mexicanos, pero esto sólo existirá hasta el momento en el que el sistema empiece a dar resultados.
Volver a tener un buen sistema lustroso, brilloso, aceitado; pero que no da resultados, volverá a ser una bofetada al rostro limpio de miles y millones de mexicanas y mexicanos.
Por eso es que yo celebro nuestra participación en todo este proceso que culmina hoy con nuestra votación a favor, porque ahí estuvimos en las mesas, en los diálogos, en el parlamento abierto, no rehuimos jamás a nuestra responsabilidad legislativa de oponernos, de participar, pero también de reconocer cuando un trabajo está bien hecho, y este trabajo, sólo los que estuvieron ahí presentes, saben que está bien hecho. Enhorabuena por ello.
Otra historia quizá es la Ley de Responsabilidades, que después tendremos que debatir, pero lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción debe de satisfacernos en este salón, pero no imaginar que eso cambia en absoluto la percepción de los ciudadanos.
Estamos combatiendo la corrupción, si antes no damos muestras de que el Sistema Nacional Anticorrupción también combate la impunidad, entonces nos dirán nuevamente los mexicanos y las mexicanas: “Quédenselo, señores políticos, guárdenlo en el cajón de sus recuerdos más memorables, pero no crean que nos engañan”.
Démosles resultados y démosles resultados ya; démosles resultados pronto; démosles los resultados que equiparen el producto legislativo con la expectativa social.
Yo quiero cerrar mi participación sí reconociendo la participación plural de todos, los partidos políticos, la sociedad civil, el impulso y sobre todo la exigencia de los ciudadanos, y lo haré también citando a alguien, como lo han hecho aquí varios, no es Aristóteles, no es otro académico, es un norteamericano que en 1931 dijo lo siguiente: “Debemos mantener esta nación íntegra, a salvo, libre de la corrupción. Hoy en día la gente no respeta nada, antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley, hoy la corrupción se pavonea en la vida diaria, es la nueva ley, la única que se respeta y está acabando con este país”.
Son palabras, no de un líder religioso, no de un político, no de un intelectual, de un hampón, lo dijo Al Capone. ¿Y por qué lo dijo Al Capone? Porque el cinismo nos puede llevar a todos a hablar de lo mala que es la corrupción, eso es fácil, todos podemos llenarnos la boca criticando la corrupción. Lo difícil, lo importante, lo indispensable en estas horas es actuar, es empezar ya.
Es cuánto señor Presidente.
Gracias.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.
A continuación tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila del Partido Verde Ecologista de México, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra Senador Aréchiga.
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con la venia de la Presidencia.
Compañeras, compañeros Senadores, buenas noches.
El día de hoy tenemos la responsabilidad de votar por las leyes que serán, sin duda, las más importantes de la historia mexicana, con la finalidad de erradicar la corrupción y eficientar el servicio público.
Con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2015, se dio inicio a una nueva etapa en nuestro país, en donde la ciudadanía tiene un gran poder para evitar cualquier acto ilícito en la gestión pública.
Recordemos que la corrupción es un fenómeno a nivel internacional que constituye en un gran obstáculo para el desarrollo económico y social, particularmente en el país, este problema ha ocasionado que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones y la credibilidad en el desarrollo de la gestión pública. Por ello, el trabajo que tenemos en este momento es aprobar la legislación que permita combatir y erradicar un fenómeno que trasgrede el desarrollo de la Administración Pública.
Los Senadores del Partido Verde, comprometidos con el llamado de la sociedad y la exigencia ciudadana de erradicar esta práctica tan común, estamos aquí presentes para votar a favor del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
Reconocemos que ha sido un trabajo difícil, pues integrar en un solo documento las diversas posturas de los grupos parlamentarios es una gran labor y un ejemplo que con voluntad política el trabajo legislativo es realizado con responsabilidad, dejando atrás conflictos partidistas y enfocándonos siempre al beneficio social.
Compañeras y compañeros Senadores: En este dictamen se expiden tres leyes que permitirán el correcto funcionamiento de un Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente con la Ley General del Sistema estamos creando un instrumento para atacar las causas de la corrupción.
En esta ley resaltan los principios que deben regir el servicio público, los cuales son: la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y comparecencia por mérito.
Se crea el Sistema Nacional de Fiscalización, el cual estará integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superiores locales y las Secretarías o instancias homólogas, encargadas del control en las entidades federativas.
Este sistema es el mecanismo de colaboración para intercambiar conocimientos, ideas y experiencias, para avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Asimismo se crea la plataforma digital nacional, la cual tendrá información específica que permita visualizar el correcto cumplimiento de la Administración Pública.
Con la información en esta plataforma lograremos tener los datos relativos a la evaluación patrimonial, la declaración de intereses y la constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos, dando certeza a la ciudadanía del correcto uso de los recursos públicos.
Asimismo se crea el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, en donde quedarán inscritas todas aquellas sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas, haciéndose públicas aquéllas consideradas como graves.
Estas tres características nos permiten a los Senadores del Partido Verde votar a favor del presente dictamen.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, Senador Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.
Informo a la Asamblea que se recibió el texto de la intervención del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, el cual se integrará al Diario de los Debates.
A continuación tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, Presidente.
El capítulo 26 del Tratado Transpacífico se refiere a la transparencia y la corrupción, o la anticorrupción. Este capítulo tiene como objetivo compartido por todos los países que son parte, fortalecer el buen gobierno y afrontar los efectos corrosivos que ocasiona el soborno y la corrupción sobre la economía de los países.
El documento habla de que se tienen que adoptar leyes que penalicen el soborno y el conflicto de interés, el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas por parte de algún funcionario público, es decir, que debe haber leyes que penalicen los actos de corrupción que afecten al comercio internacional o a la inversión.
De manera textual dice el TPP: “Los países parte se comprometen a la aplicación efectiva de leyes y reglamentos anticorrupción. Además se comprometen a esforzarse por adoptar o mantener códigos y normas de conducta para sus funcionarios públicos, así como medidas para identificar los conflictos de interés, tomar medidas para desalentar prebendas, facilitar el castigo a los actos de corrupción, medidas disciplinarias o sancionatorias para los funcionarios públicos que participen en actos de corrupción”.
El Sistema Nacional Anticorrupción que estamos comentando, abona hacia esa solicitud; no la Ley de Responsabilidades, pero sí el sistema nacional.
Este sistema es una iniciativa que considera facultades administrativas graves como no graves; se refiere también a los actos de corrupción y todo acto que vulnere el patrimonio de la nación. Se parte de principios que deben prevalecer en el servicio público.
La participación de la ciudadanía, en la vigilancia, supervisión y control de la lucha del combate a la corrupción, es retomada en el dictamen.
Se forma un Comité de Participación Ciudadana, cuyos integrantes deberán reunir requisitos semejantes a los del Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Se establece un procedimiento expedito para su elección.
Lamentablemente el proyecto no concibe a estos integrantes del Comité de Participación Ciudadana como servidores públicos. Sí reciben recursos públicos, pero no son sujetos de responsabilidad. Eso los hace inmunes a cualquier sanción.
Y resulta un contrasentido que los responsables de vigilar que no haya corrupción, sean inmunes en este dictamen. Si reciben recursos públicos, pues deben ser considerados sujetos de responsabilidad, tal como lo establece el 108 de la Constitución.
El Comité de Participación Ciudadana será un órgano con funciones de consultoría del Comité Coordinador, y será el enlace entre el Comité Coordinador y la sociedad civil organizada.
Este Comité formará parte de la Comisión Ejecutiva que, entre otras funciones, le corresponderá generar insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones.
Como un avance se considera el carácter rector del Sistema Nacional Anticorrupción a través de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de Coordinación, el papel central de los ciudadanos en la operación y administración del sistema.
La regulación de los Sistemas Anticorrupción locales, los exhortos que podrá realizar para motivar investigaciones de posibles actos de corrupción, faltaron incluirse varios temas.
El Sistema Nacional Anticorrupción debería contar con los requerimientos básicos para su funcionamiento, tanto recursos humanos y financieros como materiales suficientes para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones.
Pero si de algo carece este dictamen es que concibe al Sistema Nacional de Fiscalización con dos cabezas, es como un elefante con dos cabezas. Y nosotros pensamos que esto no es correcto, que debería de ser solamente la Auditoría Superior de la Federación quien encabezara el Sistema Nacional de Fiscalización, porque la Auditoría logra un sustento, bueno, con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción el Sistema Nacional de Fiscalización logra un sustento legal para su función realizada desde 2010.
Este sistema es un mecanismo de coordinación entre las instituciones de auditoría internas y externas de todos los niveles de gobierno, y tiene como objetivo brindar los principios y actividades que apoyarían la coordinación eficaz entre los entes gubernamentales de auditoría en México, así como el enfoque sistemático y exhaustivo de la auditoría de los recursos públicos.
El dictamen plantea que el comité rector del sistema de fiscalización esté encabezado de manera dual por quien primero encabece la Auditoría Superior de la Federación y, por otra parte, de la Secretaría de la Función Pública. No obstante esta Presidencia dual presenta graves problemas que debemos atender y que quiero mencionar a continuación.
Se comparte la responsabilidad de dictar los lineamientos para la fiscalización a una de las entidades fiscalizadas, de esta manera se evita la objetividad, se evita la exhaustividad, con lo que queda claro que no se lograría mejorar la labor de auditoría de los recursos públicos, se reconoce la importancia pero no a quien la encabeza.
La Secretaría de la Función Pública es a su vez juez y parte, porque es quien está al interior de las dependencias ejecutoras de gasto y, por lo tanto, toma decisiones junto con el Poder Ejecutivo y las áreas ejecutoras de gasto de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno y de los órganos autónomos. Y, por lo tanto, son juez y parte quien tiene las mejores cualidades para presidir el sistema de fiscalización sería la Auditoría Superior de la Federación.
Además, este dictamen está minando la preeminencia de la Auditoría Superior de la Federación en la labor de fiscalización de los recursos públicos toda vez que no reconoce que quien cuenta con la especialidad necesaria en la materia es justamente la Auditoría Superior de la Federación y por ello puede encabezar los ejercicios de coordinación entre instituciones de auditoría interna y externa garantizando la elaboración de lineamientos que permitan la exhaustividad de la fiscalización.
La reforma incorpora a las materias de fiscalización, por parte de la Auditoría, a las participaciones federales y a la deuda pública garantizada. La Auditoría Superior de la Federación debe de ser quien encabece el Sistema Nacional de Fiscalización porque cuenta con mayor independencia y profesionalismo en la materia de fiscalización, y puede quedar como la encargada de fijar los criterios, de llevar el liderazgo, de diseñar las reglas comunes de auditoría, manejar el marco jurídico y el desarrollo de capacidades fiscalizadoras.
El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Fiscalización 2013-2017 estableció como uno de los objetivos fundamentales del mecanismo de coordinación lograr el mayor impacto de trabajo de las instituciones fiscalizadoras en la lucha contra la corrupción. El sistema en sí permite conducir los esfuerzos en esta dirección, y quien cuenta con mayor legitimidad para realizar estas investigaciones por su autonomía es la Auditoría Superior de la Federación, ya que incluso puede conducir investigaciones ligadas con hechos de corrupción.
Reconocer una sola cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización permite contar con un solo encargado de su conducción, así como concentrar la responsabilidad del mismo, como quien está a cargo de encauzar los esfuerzos para fortalecer la labor de Auditoría del Estado. Definir que sea la Auditoría Superior de la Federación quien encabece este Sistema Nacional de Fiscalización refuerza su funcionamiento y presencia dando pasos hacia la construcción de medidas más eficaces y evaluables, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Además, de que la coordinación de este sistema se refuerza.
Yo leí una parte textual del Acuerdo Transpacífico, porque nuestro país ya firmó, el gobierno mexicano ya firmó ese acuerdo, y van a estar sobre de estas leyes, pues otros países.
Por eso es muy importante cumplir a cabalidad con lo que establece un verdadero Sistema Nacional de Fiscalización, y quien debe de encabezar este esfuerzo, debe ser la Auditoria Superior.
Es cuanto, gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.
A continuación tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Laura Angélica Rojas.
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Presidente.
Compañeras, compañeros Senadores: Hace un mes, a propósito de la Cumbre Anticorrupción convocada por el gobierno Británico que, por cierto, definió esta Cumbre el fenómeno de la corrupción como una pandemia global que merece acción multilateral.
Se publicó un ensayo de Francis Fukuyama y titulado “Qué es la corrupción”.
Cuyo primer párrafo me pareció útil para dar contexto a la discusión que sobre las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción tenemos el día de hoy.
La corrupción, dice Fukuyama, se ha convertido en el problema característico del siglo XXI, así como el siglo XX se caracterizó por grandes luchas ideológicas entre democracia, fascismo y comunismo, hoy la mayoría de los países del mundo han adoptado al modelo democrático, o al menos, intentan tener elecciones competitivas.
Lo que realmente distingue a los sistemas políticos, hoy día, es el grado en el que las élites gobernantes usan el poder a favor del interés público, o el grado en el que lo usan para enriquecerse ellos mismos. Sus amigos o sus familias.
Ya sea que hablemos de Rusia, Venezuela, Afganistán o Nigeria. En todos estos países se llevan a cabo elecciones de líderes con cierto de grado de legitimidad democrática.
Lo que diferencia a estos países de países como Dinamarca, Suecia, Canadá o Alemania, que están en los niveles más bajos de percepción de la corrupción, no son los procesos electorales, sino la calidad de los gobiernos que emergen de estos, de su cultura de rendición de cuentas y de qué tanto son o no corruptos. Aquí termino con el texto de Fukuyama.
La corrupción se ha dicho mucho. Es hoy día el principal problema estructural de nuestro país y el más grande obstáculo para su desarrollo, su afectación no se limita a la pérdida directa de los recursos de los mexicanos que se quedan en los bolsillos de los corruptos, sino también afecta la economía a escala nacional, evita la generación de bienes públicos, transgrede los derechos humanos, evita la redistribución del ingreso y mina la confianza en la democracia.
No en vano, México ocupa el último lugar de satisfacción de sus ciudadanos con la democracia de nuestra región.
Y no en vano, en todas las encuestas, el primer problema que viene a la mente de la mayoría de los mexicanos, es precisamente la corrupción.
Porque de todos los males del país, todos y cada uno se relacionan de algún modo con la corrupción, ya sea la falta de medicamentos en los hospitales, los peajes más altos en las carreteras, los baches en nuestras calles, la pobreza que no se reduce, la desigualdad que crece, la inseguridad que no cede, la enorme impunidad y, en general, un deficiente desempeño de las administraciones públicas.
México tiene una calificación de 35 punto sobre cien, en el último índice de percepción de la corrupción, ubicado en la posición 95 de un total de 167 países evaluados, es decir, estamos en la mediocridad a la mitad de la tabla.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, se estima que hay más de 30 mil víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, asociadas con la realización de trámites, pagos o que tuvieron algún contacto con servidores públicos en áreas urbanas.
El costo total a consecuencia de la corrupción, en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, fue de 6 mil 418 millones de pesos, lo que equivale a 2 mil 799 pesos por persona afectada.
Mientras que el costo a consecuencia de la corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública, fue de mil 2 millones de pesos. Lo que representó 972 pesos por persona afectada.
Asimismo, se estima que en promedio 14% de los ingresos de las familias mexicanas en un año, se destina al pago de sobornos.
Además, está la corrupción política. Esa que se define como el abuso de las posiciones públicas para el beneficio privado, tanto la Iniciativa Ciudadana 3de3, respaldad por más de 630 mil ciudadanos, como los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio, representan un fuerte mensaje de la ciudadanía a toda la clase política, ésta es: “Estamos hartos de la corrupción, y el que abuse del poder se va”.
Acción Nacional ha entendido claramente ese mensaje.
Por eso esta reforma y sus siete leyes han sido durante estas dos legislaturas el asunto más importante de nuestra agenda legislativa. Por eso fuimos los primeros en presentar las primeras iniciativas que hoy se discuten hace ya casi 10 meses, y por eso también no hemos dejado de impulsar las mejores leyes posibles durante la negociación.
También por eso, hoy en la mañana anunciamos que promoveremos más tarde que los formatos de publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal sean adoptados de una vez por la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los términos en los que esos más de 630 mil ciudadanos la conocen y la promueven.
También por eso, los siete gobernadores y decenas de ediles y diputados que fueron postulados por Acción Nacional, recién electos, se han comprometido a adoptar como sello distintivo de sus gobiernos y gestiones legislativas, la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
Para asegurarnos de que así sea, es que el día de hoy votaremos a favor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que busca articular por primera vez en la historia de nuestro país una, y bajo una política pública nacional a las distintas instituciones responsables de algún tramo de los esfuerzos de combate a la corrupción hasta hoy frágiles y dispersas.
Esta ley tiene especial relevancia, pues es la ley marco de la organización y vinculación de las instituciones que conforman al propio sistema, materializa el enfoque no sólo punitivo, sino también preventivo y de coordinación de la reforma constitucional.
A la vez, este ordenamiento establece que el sistema será replicado en los otros órdenes de gobierno, homologando así eventualmente los estándares y procesos de las políticas anticorrupción en todo el país.
La ley traza la estructura orgánica del sistema nacional, compuesto, en primer lugar, por un comité coordinador, por un comité de participación ciudadana, por el Sistema Nacional de Fiscalización y por los sistemas locales anticorrupción.
La nota principal del sistema, además de su característica articuladora es su ciudadanización.
Desde la conformación del entonces Instituto Federal Electoral no había una delegación de una tarea tan relevante para el Estado y la sociedad a los ciudadanos, quien encabece los esfuerzos anticorrupción en México no será un funcionario ni un político, será de manera permanente un ciudadano.
Queremos así, dar un mensaje contundente a la sociedad, los políticos nos ponemos de una vez por todas bajo el escrutinio ciudadano. No sólo la Presidencia del sistema estará a cargo de un ciudadano, sino que éste contará con un comité de participación ciudadana potente que servirá como contrapeso a las instituciones gubernamentales que participan.
Por otro lado, el sistema tendrá la tarea de generar una política nacional para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, tanto en el ámbito administrativo como penal.
Por eso insistimos hace tiempo, en la necesidad de incorporar en este paquete de reformas las que mejorarán los tipos penales y fortalecerán la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Porque sí, claro que queremos políticas de integridad eficaces que prevengan actos de corrupción, pero también queremos que si hay esos actos de corrupción, ésta sea exhibida y castigada, si lo amerita incluso, con cárcel.
Asimismo, del sistema, provendrán instrumentos de medición del fenómeno de la corrupción y mecanismos de evaluación de las políticas, se generará inteligencia institucional a través de la plataforma digital conformada por seis sistemas de información: el devolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancia de presentación de la declaración fiscal, el de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, el de información de contrataciones públicas, el de servidores públicos y particulares sancionados, el de información y comunicación del sistema nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización y el de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Finalmente, esta ley también formaliza el Sistema Nacional de Fiscalización que funciona desde hace más de una década como un mecanismo de coordinación y de buenas prácticas entre auditores y contralores en todo el país.
Compañeras y compañeros: Después de tres años de trabajar en esta reforma tras aquella reforma constitucional frustrada en la Cámara de Diputados y gracias al impulso de la sociedad civil, gracias también a nuestros equipos técnicos y gracias a la voluntad política de todos los grupos parlamentarios, hoy aprobaremos un paquete legislativo que ha generado enorme expectativa y de cuyo debido cumplimiento depende en buena medida el futuro de nuestra nación.
Sin embargo, y hay que decirlo, buenas leyes y aún buenas instituciones no serán suficiente si no se elimina la anticultura del abuso, la visión patrimonialista de la función pública y la impunidad de la que abreva la corrupción en nuestro país.
Ese es el verdadero y último objetivo de este sistema, y sólo si lo logramos podremos, entonces, estar satisfechos. Para ello hay que seguir trabajando en la otra decena de leyes que habrá que armonizar para atacar, por ejemplo, en la Ley de Obras Públicas, la gran corrupción en las contrataciones, a través de las cuales muchos, muchos empresarios se han hecho millonarios a costa del erario público, y tanto ellos como los políticos responsables de esta corrupción tienen que rendir cuentas.
Mención aparte merece el modelo de publicidad gubernamental, que también genera, o al menos solapa la corrupción a través de la compra del silencio o de los aplausos de ciertos medios de comunicación en todo el país.
Quiero terminar reiterando el compromiso de Acción Nacional y el mío propio por seguir trabajando en la legislación, tanto del Sistema Nacional de Transparencia, que es la reforma hermana de esta reforma en materia de anticorrupción, como la de esta misma reforma.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Corresponde el turno, en el uso de la palabra, al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Pedraza.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Muchas gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros: Creo que en este tema todo mundo tiene que aportar y que reflexionar frente a las medidas que se están proponiendo y frente al sistema que cada quien ha concebido y lo que finalmente hemos logrado.
Este resultado de muchas deliberaciones no llega a la mejor definición de un sistema y de una serie de medidas contempladas en la ley o en un conjunto de leyes que permitan dar la certeza a los mexicanos que de verdad vamos a combatir la corrupción y la impunidad.
Sin embargo, sin embargo hay necesidad de destacar algunas cosas. Por ejemplo, hay en nuestro país, para que aquellos que están pensando de las declaraciones en las que estamos nosotros pensando, nosotros tenemos 8 millones de burócratas en nuestro país, esta cifra era, en el año 2003. Y en Estados Unidos hay 2.2 millones de burócratas.
Estos 8 millones de mexicanos que son burócratas van a tener la obligación de hacer sus declaraciones patrimoniales, en los ámbitos distintos de la administración estatal, federal y municipal.
Nosotros tenemos que garantizar, y esa es parte de la disputa que no se ha logrado resolver y no se ha logrado convencer, de que se tenga una plataforma de información puntual de cómo ha evolucionado el patrimonio de aquellos que están inmersos en el servicio públicos, de aquellos, que como en mi caso somos legisladores y cómo podemos haber afectado nuestro patrimonio a partir del paso de las instancias de representación.
Se requiere puntualmente poder transparentar todos los ingresos que se tengan. Esta es una de las cosas que ahí están presentes. Pero hay algo que sobresale.
Nosotros, en el año 2000 y 2012, estos años fueron de administraciones panistas, creció el gasto destinado a servicios personales en un 141.6%, esto habla de la forma tan simple e irresponsable que el rubro de gastos personales se maneja por diferentes niveles de gobierno, y esto ha sido una preocupación.
¿Cuántas veces no hemos enarbolado la bandera de combatir la corrupción?
¿Y cómo frente a nuestras narices viene elevándose de manera desproporcionada el rubro destinado a gastos personales? Que es solamente uno de los rubros que tenemos aquí, porque si ustedes pueden, y pueden dar testimonio, pues hay muchos casos de escándalos de corrupción, yo no me voy a referir a la Casa Blanca, porque ya es un tema donde siempre lo refieren, pero tenemos la otra casa de Videgaray, en Malinalco; tenemos el caso de la Estela de Luz, donde nunca se consignó a nadie, ni se castigó a nadie por este exceso en la construcción de un monumento; tenemos el caso de Oceanografía, que generó un fraude en el Citigroup, y que afectó, directamente involucró a Pemex, y que de alguna suerte muchas de las investigaciones que se han hecho llegan a no desembocar en nada, no hay castigados, no hay sancionados, no hay inhabilitados.
Tenemos aquí un dato que yo quería darles a conocer, que en los últimos 32 años, estamos hablando de poquito tiempo, solamente se han castigado 16 mil 91 servidores públicos que fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública, es una cantidad tan pequeña para el tamaño de la masa de la burocracia, cuando estamos hablando de 8 millones, y solamente 16 mil 91 servidores públicos han sido castigados, y en muchos de los casos, ha habido algunos casos, en donde se han impuesto sanciones a servidores públicos que a veces superan el techo de la dependencia en la cual estaban asignados.
Y esto de verdad que sí genera espanto porque ha pasado en el ISSSTE, ha pasado en diferentes dependencias y que nosotros, en nuestro país, hemos ido dejando de manera muy irresponsable que avance ese tema de la corrupción que luego se convierte en la impunidad, que ha hecho que no tengamos la certeza, que en este país caminemos con transparencia y que vayamos combatiendo la corrupción, por eso está asociándose el desempeño de cargos públicos con las actitudes de corrupción y de impunidad en nuestro país.
Deberíamos de aspirar, por último para terminar, a que exista voluntad política solamente, compañeros, para que se aplique la ley, no requerimos muchas leyes, requerimos solamente una ley, y el que esté a la cabeza tenga el compromiso de cumplir con su mandato para que la ley se aplique.
No es todo un procedimiento, hay un procedimiento aquí ahora de tramitología que va a ser de alguna manera difícil que se vaya aplicando y castigando a esto; sin embargo, tenemos que dar pasos en ese sentido, y yo por eso hoy voy a votar para apoyar este sistema de combate a la corrupción, pero necesitamos precisar mecanismos que garanticen que no va a haber impunidad en nuestro país y que los funcionarios encargados de combatir estas prácticas cumplan con su deber.
Gracias.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias.
A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Presidente.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.
El tema que hoy corresponde discutir es de mayor relevancia para todas y los mexicanos, el tema que hoy nos une y en el cual todos coincidimos, ya que tiene que ver con una demanda creciente de la sociedad en general para combatir la corrupción y la impunidad.
Cabe hacer memoria que nuestra historia hoy nos reclama antropológicamente desde la época de la conquista, en el cual este lastre nos ha lastimado a nuestra nación durante muchas generaciones y muchos gobiernos, pero hoy estamos declarando que vamos a cancelar todas esas cadenas de inequidad que venimos arrastrando de generación en generación.
Y basta con leer el artículo 2 de esta ley, el artículo 5, habla de políticas públicas en materia de prevención, de detección, control, de sanción y de combate a la corrupción, habla de principios como la honradez, la lealtad, la legalidad, la integridad, la ética, y a lo largo de esta ley habla solamente de valores, valores que hoy en día se han perdido y que tenemos que recuperar, valores que inician, incluso, desde la educación primaria que es en la familia, que es en la comunidad, que es en la sociedad, y que hoy como gobierno y como legisladores nos toca la oportunidad de hacer estas leyes, pero sobre todo de acciones afirmativas a favor de la transparencia.
Desde el inicio de su administración el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a implementar una amplia estrategia para erradicar la corrupción en los diferentes ámbitos y niveles en nuestro país.
En tal virtud, impulsó dos pilares fundamentales a saber.
En primer lugar, un Sistema Nacional de Transparencia que obliga a más sujetos, a más poderes, a más entes públicos a que tengan que rendir cuentas claras del gasto y de la inversión, o a que dediquen los recursos públicos.
En segundo término, la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual establecerá principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
El comité coordinador de sistema será la instancia responsable de establecer e implementar estas políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Interesante ahora la implementación de este Comité de Participación Ciudadana que es legítimo que le demos a los ciudadanos el que puedan participar y estén cercanos al trabajo de los poderes de gobierno, cuyo medular motivo es el vigilar y prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encauzar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción.
Este Sistema Nacional de Fiscalización también contará con mecanismos interinstitucionales para maximizar la cobertura de la fiscalización en todo el territorio nacional, plantea que todo servidor público estará obligado a rendir la declaración patrimonial y la declaración de intereses para que el Estado y la sociedad puedan cerciorarse en todo momento de que se cumpla con los principios constitucionales y que responda al mandato democrático depositado en su función, las cuales estarán disponibles al público, así como la declaración anual de impuestos, con excepción de datos personales sensibles conforme a la ley de la materia.
En primer lugar, fue enriquecido con las valiosas propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, grupos parlamentarios y los expertos en la materia.
Debemos reconocer que se trata de una asignatura pendiente, sin embargo, para su combate es necesario un esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad, en la que trabajemos como un frente común.
Se trata de una reforma con amplio sentido social, la cual sólo será posible si las instituciones que se están preparando para este objetivo trabajan de manera eficaz.
Pero también si todos somos parte de este gran esfuerzo colectivo para que podamos transformar culturalmente este gran lastre que afecta los diferentes ámbitos de la vida nacional.
Si bien los esfuerzos realizados a la fecha son importantes, los cuales presentan beneficios palpables para la población, los retos esperados son muchos, y son de esperanza; falta mucho por hacer, por lo que es indispensable fortalecer las instituciones del Estado mexicano.
Compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del PRI no es omiso ni insensible ante esta sentida demanda de la sociedad mexicana.
Estamos convencidos que es indispensable seguir impulsando y trabajar en el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, y en el imperativo de trabajar conjuntamente gobierno, familias, instituciones y sociedad a fin de combatir la corrupción.
Se trata de un tema y fenómeno en diversas ocasiones de orden cultural, pero estamos convencidos de que es posible cambiarlas, considerando que la cultura de la integridad se hace todos los días en el quehacer cotidiano.
Reconocemos que nos falta mucho por hacer, pero no tenemos la menor duda de que la aprobación e implementación de estas reformas traerán aún más beneficios tangibles para las familias mexicanas, por una cultura de la integridad.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.
A continuación tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para exponer sus argumentos, en favor del presente dictamen.
El Senador Fernando Mayans Canabal: Compañeras, compañeros Senadores.
¡Pueblo de México!
Buenas noches. Llegamos a este período extraordinario para dar cumplimiento a nuestra obligación de legislar e instrumentar legalmente el cambio constitucional más trascendente para la vida nacional como lo es la reforma que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción.
Se dice, en el dictamen a nuestra consideración, cito: “La corrupción es un fenómeno complejo cuyo origen tiene distintas causas y provoca diversos efectos, que va desde el pago ilícito a un policía, hasta el deficiente funcionamiento de un sistema político, por lo que la problemática de la corrupción no sólo es considerada como un problema estructural, sino también como una cuestión moral y cultural de un país”.
El dicho popular: “El que no tranza, no avanza”.
Si esto es así, surge la pregunta, por qué no se toma la decisión política fundamental para acompañar estos cambios con una reforma constitucional que sujete de una vez por todas al Presidente de la República a este marco jurídico.
Y no por ser quien está ahora en la Presidencia, quien fuese.
¿Acaso el titular del Poder Ejecutivo Federal no forma parte de nuestro sistema político, Senadoras y Senadores?
Repito, ¿acaso el titular del Poder Ejecutivo Federal no forma parte de nuestro sistema político?
Porque eso es lo que ustedes están considerando.
Retomando las consideraciones del dictamen, en el sentido de que la corrupción es un fenómeno que ha existido desde siempre, ya que se encuentra presente de forma ininterrumpida en cualquier sistema político, y cualquier intervalo del tiempo en el que nos encontremos.
Hay que recordare algunos de los escándalos de corrupción que en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal han surgido y que han sido del conocimiento de la opinión pública, los cuales no se han esclarecido en agravio a la sociedad y el pueblo de México.
En el presente sexenio el caso de la Casa Blanca, propiedad supuesta de la esposa del Presidente, valuada en 7 millones de dólares, de la cual se señaló, es de dudosa procedencia. Además de que era propiedad de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, que a su vez forma parte del Grupo Higa, contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal de la Presidencia de la República.
El caso de la Estela de Luz, en la Administración del ex Presidente Felipe Calderón, en el que una edificación luminosa del gobierno federal dejó un rastro de presuntos actos ilícitos.
La sospecha de un fraude millonario, llegaron hasta la PGR, que hasta el momento no ha fincado responsabilidad a ningún servidor público, por la obra que fue presupuestada en 400 millones de pesos y terminó en mil 035 millones de pesos.
Tampoco se nos olvida a los mexicanos que también en el sexenio del ex Presidente Vicente Fox, se cometieron gastos irregulares al comprar con los recursos públicos, toallas de baño de aproximadamente 402 dólares la pieza; trinchadores de 3 mil 800 dólares cada uno; percheros de mil 200 dólares cada uno; cortinas a control remoto de 17 mil 386 dólares. Por si fuera poco, la presunta remodelación de su rancho San Cristóbal, en Guanajuato. De ese tamaño.
Y ya no hablemos de la época de El Negro Durazo, ya sería otra cosa. O de Echeverría, cuando decía el dicho popular: “Todo sube y nada baja, y el pelón viaja que viaje”. Acuérdense de esas etapas de nuestro querido México, lamentables, por supuesto, de la historia gris de nuestro país.
Y La Colina del Perro, de José López Portillo, en fin, etcétera, etcétera, y no terminaría yo, hoy, de todos los agravios que le han hecho al pueblo de México.
Reparando en estos hechos, es claro que esta nueva legislación contenida en este primer dictamen, junto con los demás que se pondrán a nuestra consideración, presenta lamentablemente para los mexicanos, un enorme vacío, al no haber voluntad política de la mayoría de las Senadoras y Senadores aquí presentes, para que el Primer Mandatario de la Nación deje de ser intocable. Aquí en este salón están los responsables, somos responsables de esa actitud, porque hay que ser parejos de arriba abajo.
A esa mayoría bien vale advertirles que un sistema como el que hoy se pretende establecer, debe poner en el centro, como sujeto, al Titular del Poder Ejecutivo, ya que la corrupción se previene, combate y sanciona de arriba abajo.
El dictamen que hoy ponen a consideración las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, llega en momentos en que la República siguen viviendo lamentables hechos que perturban y obstaculizan la convivencia armónica y pacífica entre nosotros los mexicanos. Ejemplos sobran.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera; desapariciones forzadas de personas y ejecuciones por doquier, principalmente en estados como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, etcétera, que entre muchos otros, son en parte producto de las corruptelas y comportamientos perversos de servidores públicos.
Los desvíos y manejos indebidos de los recursos públicos por parte de servidores públicos que año con año son identificados por la propia Auditoría Superior de la Federación.
La compra y manipulación del sufragio, todos somos testigos aquí de ese tema, del sufragio de la ciudadanía, aprovechándose del estómago vacío y de la ignorancia que le dan pan para un día y tendrán hambre para el resto de su vida, y que en los procesos y jornadas electorales se siguen presentando, constituyen otro tipo de corrupción.
Ni qué decir del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia de los ciudadanos, que se hacen nugatorio en los hechos y las prácticas por las fallas y la corrupción que se vive en las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.
En todos y cada uno de estos ámbitos, Senadores, Senadoras, hay un cierto grado de corrupción política y administrativa, que deben ser severamente sancionados.
Por ello estamos firmemente convencidos que no sólo basta prever un catálogo de faltas administrativas en el que sólo se definan y sancionen como tales las conductas que actualizan y configuran delitos cometidos por los servidores públicos, tipificados en la legislación penal, sino también ampliar y tipificar conductas que constituyen actos de corrupción, como es el tráfico de influencias, además de suprimir beneficios para quienes tienen conferida la confianza del servidor público e incurren en algunos u otros actos de corrupción de ellos.
Por eso será el tema que ya nos ocupará el dictamen correspondiente que se pondrá, también en este período extraordinario, a nuestra consideración.
Compañeras y compañeros Senadores: Queremos que todos estos cambios y modificaciones no se vayan al caño de la corrupción.
Seguiremos, en lo que resta de esta legislatura, insistiendo en impulsar los cambios constitucionales y legales que complementen y permitan alcanzar sin resistencias el objetivo principal: prevenir, combatir y sancionar la corrupción.
Hasta no ver que los niveles de este cáncer disminuyan y se inhiban, la deuda con la República en esta materia seguirá vigente.
Por su desatención, muchísimas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A continuación tiene el uso de la palabra la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.
La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente.
El domingo pasado los mexicanos nos volvieron a dar una lección en las urnas, del hartazgo que impera en la sociedad mexicana, el enriquecimiento de unos cuantos y en la insensibilidad de una clase política que no sabe renovarse y no escucha a aquéllos que nos dieron su confianza en las urnas.
Compañeros Senadores: Previo a la transición democrática que vivimos en el 2000 a nivel federal, serían los gobiernos locales donde la ola democratizadora generaría cambios para la transparencia y rendición de cuentas, tratando de limitar el arreglo institucional que existía entre la estabilidad del sistema político y la corrupción.
Con la aprobación de los cuerpos normativos referidos, avanzamos en el fortalecimiento del estado de derecho, en la transparencia y en la rendición de cuentas, aspectos medulares e imprescindibles para todo régimen que se asuma como democrático.
Sin embargo hoy en día, al cumplirse ya más de una década de aquella alternancia en la Presidencia del país, y en donde las competencias electorales son frecuentes, como la que vivimos hace unas semanas, podemos encontrar gobiernos divididos e inexistentes de mayorías absolutas en las entidades federativas.
Pero es la corrupción la que sigue estando presente como parte del sistema político, y principalmente en el primer nivel de gobierno, el más cercano a la gente: los gobiernos locales.
Los legisladores del PRI estamos convencidos de que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resultan fundamentales para erradicar por completo uno de los fenómenos más nocivos para México.
Con la aprobación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del año 2015, dimos un paso crucial para la prevención, combate y eliminación de conductas como el cohecho, la extorsión y el tráfico de influencias.
Basta ponderar la trascendencia del dictamen en análisis. Basta mencionar que la corrupción es un fenómeno multifactorial que inhibe el trabajo de las instituciones, desacelera el crecimiento económico del país, impide el desarrollo social, genera inestabilidad política y deriva precisamente en la desconfianza e incertidumbre entre la población.
La corrupción representa la ausencia de valores y el desprestigio al marco jurídico que nos rige, pero peor aún, constituye la imposibilidad de que los mexicanos honestos y trabajadores puedan satisfacer sus necesidades básicas.
Celebro que en el proceso de discusión y configuración de la legislación reglamentaria del Sistema Nacional de Anticorrupción en el Senado de la República se haya tomado en cuenta la opinión de la sociedad civil organizada, universidades y especialistas.
No es casual que hoy tengamos productos legislativos pertinentes y acordes a los retos que impone el contexto actual. Con la Ley General de Anticorrupción sentamos las bases de coordinación entre los tres órdenes y se fortalece el papel de las autoridades competentes en la prevención, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Al expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se establece de manera clara las disposiciones que regirán la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este organismo.
Resulta oportuno referir que el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos entre los que destacan los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos cuando sean auto aplicativos o cuando el interesado los controvierta en motivo de su primer acto de aplicación y las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
La Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos emana de un notable esfuerzo de la ciudadanía, cuyos argumentos, exigencias y solicitudes han sido analizados con responsabilidad e imparcialidad.
Compañeras y compañeros legisladores: En el PRI votaremos a favor del presente asunto en virtud de que la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción es indispensable para dar puntual atención a uno de los más grandes reclamos de la sociedad, me refiero a la corrupción.
Con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción dimos un paso crucial, ahora con la aprobación de sus leyes reglamentarias sentamos las bases que fortalecerán a las instituciones del Estado mexicano en materia de transparencia y rendición de cuentas.
El progreso político, económico y social de México depende en gran medida del combate a la corrupción, un mal que históricamente ha afectado mucho a nuestro país y que le ha pedido ocupar el lugar que merece en el escenario internacional.
Al votar a favor del presente asunto nos conducimos con responsabilidad, congruencia, apego a derecho y ética, además de que adecuamos nuestro marco jurídico al contexto internacional y, más importante aún, saldamos una deuda que tenemos pendiente con los mexicanos.
Muchas gracias por su atención.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.
Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.
En este sentido, informo a la Asamblea que el Senado Rabindranath Salazar Solorio reservó el artículo 2, el artículo 9 y 39.
El Senador Luis Sánchez Jiménez reservó los artículos 2, 9 y 49.
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya reservó los artículos 9, 18, 39, 52 y 53.
El Senador Zoé Robledo Aburto reservó también el artículo 9.
El Senador Ernesto Ruffo Appel el artículo 18 y 21 y una adición al artículo 23 Bis.
El Senador Isidro Pedraza Chávez el artículo 23 y una adición al nuevo artículo 24.
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza reservó el artículo 26.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez el artículo 33.
La Senadora Dolores Padierna Luna el artículo 39.
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes el artículo 52 y la eliminación del artículo 53.
Sonido a la Senadora Pineda Gochi.
La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Solamente para solicitarle que sea inscrito en el Diario de los Debates mi participación a favor en lo general y en el cual, pues manifiesto y reconozco la participación ciudadana y a quien convoco ser garante que esta reforma y esta ley cumpla con su objetivo.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Cómo no, con todo gusto, Senadora.
Se hace el registro correspondiente y le agradecemos, por supuesto, su aportación con este voto en favor del presente dictamen que está a punto de votarse.
En ese sentido, consulto a la Asamblea si hay alguna otra Senadora o Senador que tenga reserva.
Adelante, Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Sólo para decir que en mi participación en lo general argumenté mi reserva.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Dolores.
¿Alguien más desea hacer alguna reserva?
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo primero relativo al Proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en lo general y de los artículos no reservados.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Presidente, le informo el resultado de la votación, 116 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general, y los artículos no reservados del proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Presidente, si me permite modificar el resultado de la votación porque en este momento me está pidiendo el Senador Preciado se ha incluido su voto en sentido afirmativo.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tómese nota el voto del Senador Preciado, a favor.
La Secretaría Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para presentar reservas sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar Solorio.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a Claudio Lauria, presidente del Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente, con sede en Barcelona, así como a la doctora Dolores Barrientos, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente, invitados por la Senadora Silvia Garza, sean ustedes bienvenidos al Senado de la República.
(Aplausos)
Proceda Senador Rabindranath Salazar, por favor.
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros, Senadores: Es imposible entender la evolución del Estado moderno, sin la existencia de normas que regulan no sólo el comportamiento de los gobernados, sino el actuar eficaz de los funcionarios públicos, pues en esencia, estos no están excluidos, sino por el contrario están obligados a predicar con el ejemplo.
Las y los mexicanos rechazamos contundentemente que la corrupción sea cultural.
Entendemos claramente que lo que el Ejecutivo quiso decir, es que la corrupción es un estilo de vida arraigado con el sistema político del régimen posrevolucionario, que quien tiene la enfermedad congénita es quien en su apellido lleva la institucionalización de estas insanas prácticas.
A este modelo en desarrollo debemos agregarle aspectos que el dictamen no contiene o cuyos aspectos requieren de un cierto grado de modificación.
El diseño del denominado Sistema Nacional Anticorrupción, la sociedad civil y en general los promoventes impulsores del mismo, vislumbraban la posibilidad de mejores mecanismos de control, de administración y acceso a la información de las mejores prácticas y el correcto uso de la tecnología al servicio de la legalidad y el estado de derecho.
Lamentablemente este diseño que el imaginario colectivo concebía la utilización de los denominados sistemas integrados rompe con ello, y en la realidad se plasma en las leyes con mecanismos informáticos que generan más confusión y discreción que eficiencia.
El proyecto que se nos presenta establece la creación de dos plataformas digitales: una, para facilitar al Comité Coordinador el establecimiento de políticas integrales, metodologías de medición y la aprobación de los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas; y otro, para que únicamente las autoridades competentes tengan acceso a los sistema de evolución patrimonial de servidores públicos, que intervengan en compras públicas, de servidores y particulares sancionados.
De información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Nacional de Fiscalización y de Denuncias Públicas.
En su momento, las y los Senadores de izquierda propusimos establecer una sola plataforma digital nacional que integre y conecte los diversos sistemas que pues sean datos e información relativa a los sistemas antes referidos, para facilitar, por supuesto las actividades de control, fiscalización y detección y sanción de la corrupción por las autoridades correspondientes, pero también para permitir el acceso de los ciudadanos a distintos datos cuya publicidad sostenemos.
A pesar de que esta propuesta fue aceptada en los documentos de trabajo que contienen las redacciones conciliadas, particularmente los presentados por el Presidente de la Comisión de Anticorrupción el pasado 16 de mayo, en el dictamen no fue incluida dicha redacción.
La plataforma deberá estar en la posibilidad de interconectarse con otras fuentes de datos ya existentes, y que puedan ser pertinentes en el combate a la corrupción, como puede ser la plataforma informática con datos que se genera a partir de las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública.
Mucho se ha dicho ya sobre los costos de la corrupción en el mundo y especialmente en nuestro país.
El flagelo de la corrupción afecta gravemente a América Latina, a pesar de los esfuerzos, la mayoría de los países continúan anclados en la parte baja del índice de percepción de corrupción de transparencia internacional.
En el año 2013, tan sólo tres países obtuvieron el grado aprobatorio.
Para que los ciudadanos ejerzan sus derechos se precisa un cambio cultural en las organizaciones y que los denunciantes sepan que su confidencialidad y protección, y tengan protección frente a posibles represalias y acciones discriminatorias que estén garantizadas.
Los legisladores, las legislaciones de protección de denunciantes, contemplan una amplia gama de aspectos que nos ponen a la realidad social y jurídica del país.
En México, la protección a denunciantes no puede ser un tema sin importancia, pues la denuncia constituye el primer paso para erradicar conductas delictivas.
Por ello es preciso que se brinden garantías para que cualquier empleado o empleada del gobierno que denuncie los actos de corrupción de otro funcionario, inclusive su jefe, tengan la garantía de que no habrá represalias, como la pérdida de su empleo, su reubicación o el hostigamiento para que voluntariamente renuncie o, por supuesto, salvaguarde su integridad física.
En otro orden de ideas, la responsabilidad de la fiscalización del uso de los recursos públicos recae exclusivamente en la Auditoría Superior de la Federación por mandato de la Carta Magna, ningún ente público puede participar en esta labor, pues constituiría una intromisión grave a este principio.
En este sentido, si el Sistema Nacional de Fiscalización establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales los integrantes del mismo en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, actividad que finalmente recaerá de manera exclusiva en la Auditoría Superior de la Federación.
Por su parte, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, ejecutará acciones de diseño, aprobación y producción de políticas integrales en la materia de fiscalización, por la que no existe justificación para que la Secretaría de la Función Pública presida o copresida este Comité Rector, de ser así, estaría convirtiéndose en juez y parte de una actividad tan importante como es la fiscalización, permitir que esta secretaría de Estado, cuyo soporte de existencia en la administración pública federal, se mantiene en vida artificial gracias a un transitorio, sería un grave retroceso en la fiscalización de nuestro país, pues también es un ente fiscalizado por la propia Auditoría Superior de Fiscalización.
Por ello, se propone eliminar a la Secretaría de la Función Pública del párrafo segundo del artículo 39, para que sólo sea la Auditoría Superior de la Federación que presida el Comité Rector.
Estos cambios son el beneficio del dictamen y particularmente del diseño y creación del nuevo sistema para que éste cuente con la legitimidad que deben tener las entidades del combate a la corrupción.
Compañeras y compañeros senadores: Sin duda, las diferentes participaciones que hemos escuchado, algunos puntos y vale la pena recordar que hace aproximadamente 6 meses dábamos una conferencia de prensa, donde señalábamos algunos gastos que se estaban erogando en torno a la Cruzada contra el Hambre, donde había conceptos verdaderamente escandalosos, donde destacando 57 millones de pesos en vasos de plástico, 10 millones en gorras a brigadistas, 13 millones en porta credenciales, 96 millones de tornilleros de color impreso y 79 millones de pesos en paliacates.
En esto, la Auditoría Superior de la Federación hizo señalamientos expresos. Creo muy importante que haya una separación en virtud de que la Función Pública no le da seguimiento a este tipo de denuncias, y al momento de que se genere una copresidencia, pues, evidentemente será juez y parte.
Por su atención, gracias, Presidente.
Y espero que estas tres propuestas puedan ser tomadas en cuenta, las he entregado ya por escrito para que en su totalidad sean integradas en el Diario de los Debates.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Insértese en el Diario de los Debates las propuestas presentadas por el Senador Rabindranath Salazar Solorio.
Y en virtud de que se han presentado en un solo momento, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admiten a trámite.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Rabindranath Salazar Solorio.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 2, 9 y 49 se reservan para su votación al final del procedimiento.
Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez para presentar reservas sobre los artículos 2, 9 y 49.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Presidente.
Haré en una sola participación las tres propuestas de modificaciones.
En cuanto hace al artículo 2º, fracción XI, y artículo 9º, fracciones XII y XIII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Compañeras y compañeros: Un Estado democrático de derecho no sólo se distingue por las cualidades de su sistema de representación política y los mecanismos legales de corte electoral, sino por la transparencia en el manejo de la información pública, especialmente cuando lo que está a la vista es el uso de recursos públicos.
Nuestro debate no puede quedarse sólo en la formalidad jurídica, en la normatividad que estamos creando y en el simple proceso legislativo. Si para eso se piensa que fuimos electos, se equivocan.
Estamos aquí porque somos una representación política, y la política debe asumirse con responsabilidad. Por ello, en un debate como este, es necesario dar ejemplos precisos respecto del comportamiento ilegal de servidores públicos, de los tres órdenes de gobierno para ejemplificar que lo que necesita el país no son nuevas leyes ligeras, sino nuevas leyes efectivas, aplicables.
Voy a citar algunos ejemplos como botón de muestra de la corrupción que vivimos en México hoy en día.
Lo que llamo la fenomenología de la corrupción. Está documentando por un grupo ciudadanos independientes que la administración del aún gobernador por Chihuahua, César Duarte, durante el período comprendido entre el 2012 y el 2014, hizo depósitos por 65 millones de pesos a una sociedad financiera privada denominada “Unión Progreso”, de la que su Secretario de Finanzas era abogado y accionista, recursos públicos.
Dicha sociedad financiera se conformó a partir del fideicomiso número 74474 abierto en 2012 por César Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, como se ha documentado ya muy ampliamente.
En el 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de los Valores autorizó la creación del Banco Unión Progreso a partir de la fusión de la sociedad financiara, Unión Progreso y otras.
El Secretario de Finanzas de Chihuahua aparece como representante legal de las sociedades financieras.
El gobernador Duarte ha dicho que el dinero que invirtió es resultado de su actividad empresarial de venta de autos y como ganadero. Cuando apenas hace unos pocos años no contaba, ni siquiera con un buey.
La Procuraduría General de la República, se supone, indaga el desvío de recursos federales en estos movimientos financieros y el análisis de situación patrimonial y fiscal de los implicados.
El diseño financiero y el conflicto de interés por la participación de funcionarios públicos en el proyecto de este banco, el banco del gobernador. Y digo: se supone, porque no hay avance ninguno en esta investigación en la PGR.
Todo está detallado en una averiguación previa ahí en la PGR, con un expediente de 95 mil páginas; 95 tomos cuenta este expediente.
Otro ejemplo más. Puebla y su corto y caro teleférico. Otro caso de opacidad y malos manejos de recursos públicos, es el teleférico de Puebla.
De los cuatro transportes similares construidos en los últimos cinco años, el de Puebla que se inauguró en enero de este año, es el más corto y caro del país, con una longitud de 688 metros, y una inversión de 359.2 millones, según el gobernador, cifras que sumados los recursos financieros, por cierto, no coinciden.
Para este caro proyecto el gobierno de Rafael Moreno Valle no firmó uno ni dos, sino cuatro contratos, elevando significativamente el costo de la obra.
Moreno Valle concretó dos contratos por adjudicación directa, uno con la empresa suiza Bartholet, firmado el 29 de agosto, que lleva el número 012011, un segundo con la misma empresa firmado el 30 de agosto del 2012, y un tercero con APIP, construcciones también por adjudicación directa para la obra civil.
Los recursos fueron autorizados sin el soporte del proyecto y los fondos autorizaron con conceptos erróneos.
Finalmente se adjudicó el mismo teleférico, ese mismo a otra empresa, ASEM, constructora de S.A. de C.V., que fue la que construyó y realizó la obra, la obra del teleférico señala el gobierno de Puebla tuvo un costo, como ya lo dije, de 359.2 millones de pesos, lo que nos indica que el metro lineal costó 522 mil 164 pesos.
Si lo comparamos con otros estados, otras obras similares de otros estados, el de Durango costó el metro 120 mil pesos, el de Orizaba 65 mil, el de Chihuahua 89 mil, y el del Estado de México, que era el más caro, 245 mil, esto es apenas la mitad de lo que costó el de Puebla.
Pero hay muchas dudas en los cuatro contratos que hay en nombre de las tres empresas que participaran en la adjudicación directa de ello, las cifras no son claras.
Ejemplos hay muchos, el tiempo excede lo que tengo aquí permitido, pero la legislación anticorrupción que hoy estamos debatiendo en muchos de sus artículos presentan un avance, pero en otros dan cabida a graves resquicios para la corrupción sofisticada y de estrategia técnica.
La Ley Marco Anticorrupción debe contener reglas que garantice la más amplia transparencia y control público de las actuaciones de servidores públicos, instituciones y particulares, en su relación con los tres órdenes de gobierno; sin embargo, a pesar de que ya estamos ante un avance significativo en materia de combate a la corrupción, lo que nos propone el dictamen es aún insuficiente para asegurar la máxima publicidad en los actos de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada de la Federación, los estados y los municipios, y los poderes Legislativo y Judicial.
El proyecto de dictamen establece dos plataformas digitales, una, para facilitar al comité coordinador el establecimiento de política integrales, metodologías de medición y la aprobación de los indicadores necesarios de evaluación y, otra, para que únicamente las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas de evolución patrimonial de los servidores públicos que intervengan en los procesos de adjudicación, arrendamiento y obras públicas, se trata de una propuesta insuficiente que no otorga máxima publicidad.
Por ello, lo conveniente es establecer una sólida plataforma digital nacional que integre y conecte los diversos sistemas que posean datos e informaciones relativas a los sistemas antes referidos para facilitar el control de la fiscalización, la detección y la sanción de las conductas ilegales de servidores públicos, además, de permitir el acceso de los ciudadanos a los datos del sistema cuya publicidad es fundamental, por eso es que estoy haciendo estas modificaciones al artículo 2, en su fracción XXI, y al artículo 9 en su fracción XXII y XXIII.
En cuanto hace a mi propuesta de modificación al artículo 49 de esta misma ley, debatimos hoy esta ley, pero en el fondo el tema es la corrupción como un hecho de la vida nacional, la corrupción pública la que ha quedado presente tanto en la vida civil como en la política, hay corrupción porque el sentido ético del derecho y del estado en México está roto.
Hoy tenemos una legalidad en materia de responsabilidades violentada permanentemente, la corrupción es un hecho ligado a la naturaleza del mal ejercicio del poder que pareciera no tener solución y en el cual somos testigos con casos significativos tanto en el gobierno federal actual como en los estados de Puebla, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México y otros más.
Un ejemplo, también en este sentido, de cómo las autoridades estatales violentan con toda opacidad los procedimientos de licitación de bienes y servicios es el caso del sistema de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Puebla, una maquinación política, legislativa, económica y legal que favorece a un empresario con una concesión sin licitación pública.
Aquí resalta la acción concretada por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el expresidente municipal de la Ciudad de Puebla, gobernador electo, José Antonio Gali Fayad, la beneficiaria es Concesiones Integrales C.A. de C.V., cuya concesión es por 30 años.
Miren ustedes, el 31 de diciembre del 2012, Rafael Moreno Valle, tras una negociación oculta…
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permíteme Senador.
Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.
El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
¿Me permite hacerle una pregunta, Senador?
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Dígamela.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Acepta la pregunta.
El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Partiendo de la base de que estamos discutiendo el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, y dado que usted está haciendo énfasis insistente en temas de Puebla, habiendo sido coordinador general de la campaña de su candidata Roxana Luna.
Podría preguntarle: ¿le cuesta mucho trabajo superar que su candidata solamente sacó 3.8% de la votación?
Y pasara a otra cosa que es la que nos ocupa, en lugar de estarse lamiendo las heridas en esta tribuna.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Responda la pregunta, por favor, al Senador.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, con todo gusto.
No fui coordinador de la campaña de Roxana Luna, usted se equivoca, estuve en apoyo a ella, y cuidándola incluso de los abusos de este gobernador, al que me refiero justamente.
Y, por supuesto, que es el tema señor Senador, éste es el tema, el tema de la corrupción, el tema de la falta de castigo a los corruptos, éste es el tema, y dudo que esta legislación que estamos creando hoy, sea suficiente para castigar esa corrupción.
Entonces, no es una cuestión electoral, estoy citando ejemplos claros, tangibles, documentados, como el de Puebla, como el de Chihuahua, pero hay otros, en Veracruz por supuesto, en Quintana Roo, en muchos otros lugares.
Este es un tema que a mí me parece que justamente no estamos dando las herramientas para que en su momento cuando ese gobernador, el de Puebla, tenga que rendir cuentas, realmente sea castigado, eso es lo que se pretende con todo eso.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acabó con su respuesta?
Continúe el reloj, y le recuerdo que está presentando reservas a los asuntos de los artículos ya reservados.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, a tres artículos, gracias.
Bueno, pues como decía yo, el 31 de diciembre de 2012 Rafael Moreno Valle tras una negociación oculta con los coordinadores del Congreso de Puebla, consiguió que se aprobara la nueva Ley de Aguas del estado, declarando posteriormente al organismo de agua como insolvente y en condición de quiebra.
La convocatoria a la licitación pública se publicó el 18 de diciembre del 2013, cito: “Se determinó como fecha límite para la compra de bases de licitación el 25 de septiembre de ese año, y la presentación de propuestas debió haberse hecho antes del 9 de diciembre”.
Como parte del plan para garantizar la concesión a la beneficiaria, tres días antes del fallo de licitación, escuchen ustedes, el 23 de diciembre de 2013 se constituyó ante el notario 25 del estado de Aguascalientes mediante escritura pública 51206 la sociedad mercantil denominada Concesiones Integrales S. A. de C. V., quien no participó en la licitación; el fallo se emitió el 26 de diciembre y el organismo de aguas, Soapap adjudicó el contrato a un consorcio integrado por el grupo Agua de México, S. A. de C. V, EPCOR Servicios S. A. de C. V., y Tecnología Intercontinental SAPI, de C.V.
Sin embargo, ese mismo día Grupo Agua de México S. A. de C. V. celebró un contrato de cesión de derechos a la recién creada Concesiones Integrales de Puebla.
El dicho acto jurídico en ese acto Grupo Agua de México cedió incondicionalmente los derechos derivados de la licitación pública a fin de adjudicar el título de concesión con que se otorgó el carácter de concesionario a concesiones integrales que se había creado solo tres días antes.
Así, concesiones integrales creada 72 horas antes del fallo de la licitación aún no se encontraba inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ni en el Registro Federal de Contribuyentes.
Pensar que la corrupción puede enfrentarse sólo desde la ética y los valores es una utopía que ignora la realidad material que ha forjado y sostenido a un importante sector de clase política que se enriquece con negocios a costa de los servicios públicos.
Hay quienes afirman que la corrupción es un acto cultural y que por eso no se puede extinguir, si la corrupción es cultura, es porque es el modo de reproducción política y enriquecimiento personal más fácil e impune el cual ancla su existencia en la más abyecta de las deslealtades con México y los mexicanos.
Aceptar sin más que la corrupción es cultura, es justificar pragmática y cínicamente que para una clase política corrupta y corruptora no existe la cura.
Yo pienso lo contrario, la corrupción debe combatirse plenamente con leyes eficaces y bien hechas, con instituciones sólidas y fundamentalmente con transparencia.
No hay otra medicina que el derecho coercitivo duramente coercitivo.
Un conjunto de normas, procedimientos y acciones que no reconozcan la tolerancia, dura lex sed lex, a todo acto de corrupción, inhibir cualquier forma negociada o arbitraria de las normas, no reconocer el libre arbitrio de las ejecuciones del derecho, una ley inescrutable e igual para todos.
En la modernidad se hizo posible la conformación del más ejemplar sistema de control político que no elimina los defectos del poder, pero que le da dosis precisas para el control del síndrome de la corrupción: la democracia.
La democracia se reconoce a sí misma como un sistema no perfecto, un sistema inacabado con el que la virtud no es la regla, sino la excepción.
La democracia es ante todo estado de derecho, es decir, el ejercicio del poder sujeto a reglas y por tanto, a sanciones.
El dictamen que hoy discutimos plantea una plataforma digital para soporte de los registros electrónicos de evolución patrimonial y declaración de intereses, algo vital para la conformación de un sistema anticorrupción eficiente y eficaz. Sin embargo, no se considera a profundidad el vínculo servidor público-proveedores, del que en la experiencia reciente se han derivado diversos actos de corrupción que es necesario combatir.
Al efecto, no hay mejor respuesta a la práctica de los favores, los regalos, las comisiones, los moches y los sobreprecios, que la transparencia y la máxima publicidad de toda la información que se derive de las adquisiciones, obras públicas y arrendamientos del sector público.
Por lo anterior, propongo que la plataforma digital para el soporte de los registros electrónicos de evolución patrimonial y declaraciones de intereses contenga la mayor información sobre compras, arrendamientos y obras públicas de todos los sujetos obligados, con el objetivo de que la información pueda ser cruzada con otras bases de datos y así poder emitir alertas de corrupción en los distintos órdenes de gobierno.
Es fundamental que toda la información sobre compras, arrendamientos y obras públicas esté a la disposición, no sólo de la autoridad, sino también de los ciudadanos, armonizar plenamente a la legislación anticorrupción con su correlativa en materia de adquisiciones y obras públicas.
Por lo anterior, propongo entonces, estas modificaciones al artículo 49 en su fracción II, señor Presidente.
Muchas gracias.
