Versión Estenográfica de la conferencia de prensa del senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Senado de la República, agradecemos a los medios de comunicación atender esta convocatoria.
El día de hoy nos acompaña en el Senado de la República, un colectivo de víctimas, expertos, activistas, encabezados por don Javier Sicilia, que vienen a entregar al Senado de la República una propuesta de modificaciones a la Ley de Víctimas.
Una propuesta ciudadana, construida desde la experiencia de quienes lamentablemente han tenido la ocasión, el sufrimiento de ser una víctima directa o indirecta, que es resultado del conocimiento directo de las deficiencias institucionales que tiene la actual ley y la operación del sistema de atención a víctimas, y que en el Senado de la República vamos a atender con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y también con mucho sentido de oportunidad.
Recientemente el Senado de la República ha aprobado una reforma para facultar al Congreso de la Unión para legislar en todo el país en materia de víctimas, estamos discutiendo la Ley contra la Tortura, la Ley contra la Desaparición Forzada de Personas, y algunas otras piezas legislativas en materia de derechos humanos. Entre ellas también un paquete de modificaciones a la Ley de Víctimas para mejorar la atención pronta, expedita, objetiva y justa del Estado a quienes tienen esa condición.
De tal manera que la propuesta que recibiremos el día de hoy vendrá a alimentar nuestros debates, vendrá a alimentar nuestros puntos de vista, vendrá a acompañar un proceso que no solamente es urgente y necesario; sino que también debe tener la respuesta urgente del Estado Mexicano.
Le doy la bienvenida a don Javier Sicilia, a quienes hoy en día lo acompañan, y por supuesto le cedemos el uso de la palabra para que presente el documento.
JAVIER SICILIA ZARDAIN: Buenas tardes, muchas gracias senadores. Gracias a la senadora Angélica, gracias al senador Roberto Gil Zuarth, senadora Angélica de la Peña, y a ustedes que están aquí, a las víctimas que nos acompañan y que hemos trabajado junto con otras organizaciones y expertos en esta propuesta de reforma a la Ley General de Víctimas.
Si ustedes recuerdan, fue una ley que se aprobó entrando la Presidencia, la administración del presidente Peña Nieto; y sabíamos que había, como toda ley, es perfectible. A lo largo de estos dos años hemos visto que no ha estado funcionando, no ha estado operando y por desgracia no sólo eso: no se ha dado justicia a las víctimas, pero hemos visto acumularse a las víctimas.
Cuando en 2011, el 28 de marzo de 2011 frente a la masacre que sucedió en Morelos, donde perdió, donde asesinaron a mi hijo Juan Francisco, salimos y una de las propuestas que terminó por hacerse, creo que la única que cuajó fue la Ley General de Víctimas, había 40 mil asesinados y 10 mil desaparecidos y un número indeterminado de desplazados.
Ahora, estamos a 2016, tenemos 200 mil asesinados, más de 30 mil desaparecidos, son cifras oficiales, pero conforme nos enfrentamos a las fosas, vemos que esto es mucho más grande de lo que imaginamos. Y ahora sí, por primera vez se está tomando en cuenta a los desplazados, apenas empezamos a hablar de desplazados y números que me acaban de dar oficiales, estamos hablando de 250 mil: yo creo que son casi un millón, porque hay muchas cifras que no están catalogadas.
Y muy poca atención, el dinero que se destinó para la reparación simplemente no funcionó, se quedó ahí atorado, había que reformarlo, los comisionados no están atendiendo como se debiera a las víctimas y tenemos muy poca justicia y mucho más dolor y muchas más víctimas.
Nada más quisiera decir a qué nivel de desprecio por parte de muchas de las autoridades y de los gobernantes estamos llegando con las víctimas. Quiero hablar del caso Morelos, están insistiendo y nadie parece tomarlo en cuenta al nivel de la importancia y del horror.
Ya habían dicho que las fosas clandestinas eran del crimen organizado; nosotros descubrimos hace unos meses que también las fiscalías tienen.
La fiscalía de Morelos con el gobierno de Graco Ramírez abrió el 28 de marzo de 2012 cuando él estaba decretando que ese era por ley el Día Estatal de la Víctima, públicamente cuando nosotros estábamos memorando a los desaparecidos y a las víctimas de esta horrenda guerra masiva, un absurdo, ellos estaban abriendo en Tetelcingo, Cuautla, unas fosas clandestinas donde estaban desapareciendo 150 cuerpos.
No ha habido forma de que lo abran, de que exhumen esos cuerpos y que podamos identificarlos, porque seguramente allí hay víctimas de desaparición que están buscando sus familiares.
Lo peor del asunto fue esto.
¿Cómo la descubrimos? Secuestraron a un muchacho en Cuautla y lo encontraron asesinado. Se lo lleva la SEMEFO a la fiscalía, la familia reconoce el cuerpo y le piden a la fiscalía llevárselo y le dicen que no, que están practicando una investigación más, y a la semana siguiente ya no estaba en la SEMEFO, nadie sabía dónde estaba, hasta que por indagatorias de la propia familia detectamos esta fosa.
Sacaron con trascabos sin ningún procedimiento, porque la fosa tiene seis metros por cuatro, ancho y largo, por seis de profundidad, donde hay 150 cuerpos enterrados como basura.
Y el cuerpo del muchacho identificado estaba hasta abajo de eso y lo sacaron con trascabos. De ese nivel es y no estamos haciendo nada.
¿Cuántas fosas hay en Morelos? Estamos hablando del segundo estado más pequeño de la República, amparadas por las fiscalías y por el gobierno existen.
¿Cuántas a nivel nacional?
No sabemos ni cuántas, ni el fondo, ni los nombres de las personas que han sido asesinadas o están desaparecidas.
La plataforma que debió haber hecho la Comisión de Atención a Víctimas o debió estar haciendo no existe; hay un desprecio absoluto, no están entendiendo el tamaño de la emergencia nacional y de la tragedia humanitaria que estamos viviendo.
Esta ley trata de paliar esto, pero no va a ser posible si no hay una voluntad política de entender y de poner todos los recursos para la identificación, para la búsqueda de desaparecidos, para el esclarecimiento de la verdad y para hacer justicia por parte de las autoridades.
Porque, por lo que vemos, si estas fosas lo vuelven a poner en evidencia es que nos están diciendo que están buscando a los desaparecidos, pues no es cierto, les están ayudando a desaparecer más.
El tema es grave. La ley es muy buena, era muy buena; esta es mejor. El problema es si se va a aplicar, el problema es si podemos deslocalizarla, porque parece que no entendemos en este país que Estado, gobierno y partido son cosas distintas, deslocalizarla de la férula del gobierno.
Mientras esté bajo la tutela, las comisiones o comisionados, las comisiones bajo la tutela de gobernación, estamos fregados.
Una ley de víctimas no sólo del delito sino de la violación a derechos humanos no puede ser tutelada por el gobierno, porque quien hace violación a los derechos humanos se llama: el gobierno o el Estado administrado por determinados gobiernos.
O mientras pertenezca y sea tutelada por partidocracias a través del Poder Legislativo tampoco va a funcionar.
O es independiente y pertenece al Estado y sirve a las víctimas y no a intereses que no son los de la ciudadanía, pues podemos tener la mejor ley, la mejor comisión y no va a operar, como no ha operado casi nada en este país.
Y no es que no haya gente buena, no hay gente responsable en los partidos y en los gobiernos. Simplemente es que el nudo es tal que si no empezamos a deslocalizarla y volver a ciudadanizar de nuevo esto, no vamos a avanzar.
Es lo que yo tendría que decirles y aquí está la ley, esta propuesta que intenta mejorar la anterior ley que no ha funcionado por desgracia y que necesitamos, hoy más que nunca, detener esta violencia y no es persiguiendo a defensores de derechos humanos, como lo están haciendo, no es diciendo que tenemos una mala percepción de la realidad, no es negando el problema como lo vamos a resolver.
Es asumiéndolo y afrontándolo y diciéndolo, esta es la prioridad fundamental ahorita del país, queremos salvar la dignidad del país, la justicia a las víctimas y la democracia, porque hacia donde están apuntando las cosas es a la legalización de un estado de excepción y no lo vamos a permitir ni debemos permitirlo.
Espero, senadores, que esto vaya para bien, el país, todos nosotros, ustedes, todos lo necesitamos.
Muchas gracias.
ATANASIO RODRÍGUEZ SAMPAYO, INTEGRANTE DEL GRUPO DE DEUDOS Y DEFENSORES POR LOS DERECHOS DE NUESTROS DESAPARECIDOS: Buenas tardes, vamos a proceder a leer el documento del cual se está haciendo entrega en este momento a la senadora Angélica de la Peña.
Si me permiten, no es algo que les quite más tiempo del que requiere el problema mayúsculo que tenemos, que ha referido nuestro compañero Javier Sicilia.
Está dirigido al Congreso de la Unión, al senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva; a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; al diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación; la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación, y al senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia; al diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia.
Los suscritos grupos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas comprometidas con los derechos humanos y derechos de las víctimas, aprovechamos para saludarles cordialmente y confiar a su consideración y competencia el anteproyecto de iniciativa de reforma de la Ley General de Víctimas que hemos formulado, a partir de una revisión cuidadosa y rigurosa, a partir de la experiencia de las víctimas mismas y sus familias hacia la realización de los derechos contemplados en esta legislación y del diálogo con personas expertas de la sociedad civil y el medio académico, así como participantes del movimiento que dio origen a la ley.
Como hemos señalado en diversas ocasiones aunque los principios, derechos y medidas de ayuda, asistencia y reparación contenidas en la Ley General de Víctimas representan estándares conscientes con nuestras demandas y expectativas de verdad, justicia y reparación integral y su espíritu garantista es innegable.
Su implementación, en cambio, ha sido accidentada e ineficaz, de tal modo que la estructura institucional diseñada para garantizar los derechos de las víctimas, se ha apartado de las expectativas que se tenían de ella.
Una parte del problema se deriva de ciertos aspectos de la ley que estimamos urgente modificar para reducir en lo posible las fallas de implementación.
Por ejemplo, la pesada burocracia que se desprende del modelo organizativo de la institución, los amplios márgenes de discrecionalidad dado a los integrantes de las comisiones ejecutivas federal y locales, la falta de controles efectivos sobre su gestión, así como diversos aspectos de los procedimientos de atención y reparación integral que ameritan una mayor claridad y rigor al nivel de la norma, por citar algunos ejemplos.
El proyecto de Iniciativa de Reforma que les confiamos incluye entre sus aspectos más destacados los siguientes:
Proteger el espíritu garantista original de la Ley General de Víctimas, tal como se logró cuando las organizaciones y colectivos impulsaron su creación.
Establecer con claridad la forma en la cual se cumplirá con la acreditación de la calidad de víctima en los momentos y condiciones que se realiza ésta ante las autoridades obligadas por la ley.
Convertirla se abre en una estructura que efectivamente funcione a partir del establecimiento de un esquema consistente en una presidencia y un consejo directivo cuyo objetivo substancial sea asegurar la participación de las víctimas y de expertos en derechos de las víctimas y de diversos tipos de hechos victimizantes en la toma de decisiones, generando supuestos que no den lugar a interpretaciones ni a restricciones reglamentarias.
Dada su naturaleza de organismo descentralizado no sectorizado, se deberá ajustar a los lineamientos establecidos por la normatividad, asegurando a través de diversos medios que las propuestas que surjan del Ejecutivo hacia el Senado se realicen previa convocatoria y consulta pública y sean personas realmente comprometidas con los derechos humanos y con las víctimas que la ley protege.
Establecer el procedimiento para la revocación del mandato, en su caso, y las sanciones a los servidores públicos que incumplan con los derechos que la ley otorga a las víctimas del delito y a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Garantizar el reconocimiento como víctimas directas de los familiares de personas como resultado de que sus victimizantes hubieran fallecido o se encuentren desaparecidas.
Ampliar la exigencia de independencia en la gestión y administración de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas en las entidades federativas.
Reconocer los derechos de las víctimas de desplazamiento interno forzado cuyo número sigue creciendo en México cotidianamente, sin que a la fecha cuente con protección jurídica alguna.
Establecer mecanismos para evitar que la normatividad reglamentaria o las políticas públicas en la materia restrinjan en la práctica el alcance de los derechos reconocidos por la ley.
Crear la figura de las relatorías temáticas para establecer el diseño de políticas públicas y contar con un punto de vista técnico riguroso en la dictaminación de planes de reparación integral.
Las exigencias plasmadas en el proyecto son, como podrán apreciar, a partir de su lectura, apegadas a los más altos estándares pero sobre todo modificaciones necesarias surgidas de los obstáculos que enfrenten las víctimas y sus familiares y que se requieren para dar pie a una política de Estado efectiva, que permita a las víctimas superar su condición con más y mejores herramientas, más ligeras y expeditas, así como para garantizar a la sociedad en su conjunto que se implementen medidas con enfoque transformador, que permitan la modificación de las causas estructurales de la violencia para lograr el objetivo; que las víctimas recuperen plenamente el ejercicio de todos sus derechos.
Por todo lo anterior le solicitamos atentamente se nos tenga por formalmente presentada la Iniciativa de Reforma de la Ley General de Víctimas y se sirvan dar la mayor prioridad a su discusión y aprobación, de tal manera que pueda entrar en vigor a la brevedad posible.
Atentamente:
Organizaciones y Colectivos de Víctimas y Personas.
Muchas gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Suscriben el documento un centenar de organizaciones, personas y Colectivos de Víctimas, con lo cual no solamente nos compromete a su estudio puntual; sino también una resolución legislativa pronta a este planteamiento.
Vamos a darle cause a la iniciativa que hemos recibido. Quiero subrayar, a nombre del Senado de la República, que cualquier planteamiento ciudadano no solamente es acogido en el Senado, sino también estudiado con responsabilidad, atendido correctamente y sobre todo valorado como propuestas para mejorar nuestras políticas públicas y específicamente las leyes que este Congreso emite.
Le doy de nueva cuenta nuestro agradecimiento a don Javier Sicilia, a quienes el día de hoy nos acompañan y tengan la certeza de que las comisiones dictaminadoras entrarán al estudio puntual de esta propuesta, de tal suerte que el Estado Mexicano pueda darle una respuesta pronta, objetiva y sobre todo de fondo a la problemática actual de las víctimas en nuestro país.
Por su atención muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Vamos a repartir el documento a la prensa para que conozcan el contenido.
Muchas gracias a todos.
