Versión estenográfica del mensaje del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, durante la Ceremonia del 99 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, celebrada en el Teatro de la República de Santiago de Querétaro.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputado Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de Diputados.
Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ingeniero Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Querétaro.
Señora y señores gobernadores.
Integrantes del gabinete legal y ampliado.
Representantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Legisladores federales y locales.
Autoridades políticas del estado.
Invitados especiales.
Señoras y señores:
El Estado constitucional es la evolución histórica de dos formas de pensamiento, de dos concepciones sobre el individuo, sobre la sociedad y sobre el gobierno.
Por un lado, el liberalismo sitúa al individuo en el centro de la sociedad; racionalizó al poder y opuso al Estado la esfera impenetrable de la persona. Diseñó un conjunto de instituciones para resguardar su dignidad y su autonomía; los derechos fundamentales y las libertades públicas, el principio de división de poderes, el principio representativo, la descentralización del poder.
Por otro, para el pensamiento social el individuo en condición desigual no es plenamente libre. La tradición igualitaria asignó al Estado un conjunto de responsabilidades para compensar el azar que determina el punto de partida.
Justificó, por tanto, la intervención del Estado en las relaciones y proceso sociales; fijó deberes jurídicos de satisfacción a las necesidades básicas de los individuos, convirtió el sentimiento humano de la solidaridad en un principio normativo y de gobierno; hizo de la igualdad material un fin imprescindible de la organización política.
Desde entonces, libertad e igualdad coexisten en el seno de una norma en la Ley Suprema. Desde entonces, son referentes de validez de las decisiones públicas y por supuesto condición de legitimidad del Estado.
La Constitución de 1917 sintetizó estas dos tradiciones políticas, para pacificar a una nación convulsa por el episodio revolucionario y para encausar la exigencia de la justicia social, los constituyentes que aquí se reunieron no sólo reconocieron las instituciones liberales; sino que además diseñaron una visión de la educación, un modelo de propiedad y un régimen de relaciones laborales para derogar la ley del más fuerte.
Educación, propiedad y trabajo como ejes de la refundación nacional de una sociedad fracturada, preponderantemente rural, sin progreso material ni social al alcance y como la describió Venustiano Carranza: profundamente lastimada por tres siglos de opresión y uno de luchas intestinas.
Así, el Constituyente de Querétaro interpretó su realidad y fundó un Estado; identificó problemas y diseñó instituciones para un tiempo y para un espacio.
Pero la vida social es movimiento, la sociedad evolucionó, el ciudadano cobró conciencia de sí mismo, exigió respuestas, se impuso la pluralidad y la competencia y con ellos, los premios y castigos de la democracia.
La Constitución se reescribió a través de sus reformas; se desdobla mediante sentencias. El cambio social se tradujo en cambio jurídico.
Democracia política, economía de mercado y responsabilidad social del Estado, es la síntesis de una larga secuencia reformadora, la ecuación básica del consenso constitucional del Siglo XX y de la primera década de nuestro Siglo XXI.
Un consenso que tardó, por supuesto, en madurar.
Décadas de partido hegemónico, una larga, pacífica y gradual transición democrática que hicimos todos, institucionalización de la pluralidad, dos alternancias, reformas que liberaron mercados y reformas que reescriben la rectoría estatal, ahí donde su ausencia es sinónimo de injusticia.
Con lealtad republicana, hemos reivindicado históricas tradiciones constitucionales. Les hemos dado estabilidad y vigencia, pero al mismo tiempo nos hemos liberado de paradigmas diseñados para otras épocas, para otra sociedad, para otro mundo. Y ese mundo sigue en constante cambio.
Hoy, los poderes salvajes se desarrollan al margen del derecho y desafían las posibilidades de lo público.
La globalización margina al Estado-nación en su capacidad para dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos.
Los problemas son cada vez más grandes y los instrumentos del Estado cada vez más reducidos.
La sociedad del conocimiento impone una nueva forma de comprender, comunicar e interactuar, mientras que el Estado sigue buscando su lugar en el espacio infinito de lo intangible.
Las nuevas tecnologías sustituyen las plazas públicas con libertades virtuales: la democracia, como sistema de participación política se desfasa frente a la velocidad, la penetración y la eficacia de las aplicaciones colaborativas de las nubes de datos de las redes de información.
La economía del cambio climático nos ha recordado el viejo problema de la escasez.
La innovación tiende a acelerarse junto con la emergencia de nuevos patrones de producción y de consumo.
Hemos entrado a la era de la gramática de lo sustentable, pero seguimos conjugando los verbos económicos desde las antiguas formas de la mano invisible del mercado.
El mercado desbocado nos llevó a la crisis y la crisis a la austeridad.
El Estado de bienestar tiende a contraerse por necesidad, mientras que las expectativas individuales siguen aumentando.
La brecha de la cuestión social se reabre. En esa brecha fecunda el descontento, y en el descontento el desafecto por la política, el desencanto con la democracia, la seducción populista y, por supuesto, la tentación autoritaria.
Y aunque el mundo revela nuevos fenómenos, hay otro que se exacerba día a día: la desigualdad, que es concentración de riqueza en pocas manos, conservación de privilegios, pobreza material y fundamentalmente exclusión en el acceso a los derechos a los bienes y a los servicios públicos.
Todas estas cuestiones son en el fondo problemas del orden social, problemas políticos, retos institucionales y, por tanto, problemas constitucionales, porque la Constitución es, ante todo, la institución de las instituciones.
Sí, como generación tenemos el deber de confeccionar los consensos constitucionales para enfrentar el mundo del Siglo XXI. El mayor y más urgente: la desigualdad en todas sus manifestaciones, desde la desigualdad que discrimina hasta la desigualdad que impide el pleno desarrollo de los proyectos de vida individuales.
Pero al mismo tiempo debemos enfrentar los problemas normativos latentes, las deficiencias, los vacíos, las indefiniciones de las instituciones que nos hemos dado.
El país debe transitar de la sociedad del reparto agrario a la sociedad de los patrimonios personales y familiares. De la economía de la tierra que no es de nadie, a la economía de los derechos ciertos de propiedad, que alienten la productividad, el ahorro, la inversión y el acceso al capital.
El empleo no se creará ni los salarios subirán por decreto. Esa fórmula estatista ya se ensayó y ya fracasó. La ecuación exitosa es la combinación entre óptimas habilidades y competencias personales, condiciones laborales flexibles y disponibilidad de complementos tecnológicos al trabajo, sobre la base de un entorno de seguridad jurídica y sobre todo de justicia imparcial entre las partes.
El Estado Mexicano es todavía la federación de municipios precarios, estados débiles y poderes centrales insuficientes para colmar todas las necesidades de los órdenes subnacionales.
La seguridad es el punto de quiebre de este modelo todavía no funcional. Federalismo debe ser sinónimo de responsabilidad y cooperación subsidiaria, funciones delimitadas, incentivos poderosos al desarrollo de capacidades propias, sustituciones, intervenciones oportunas para evitar males mayores.
El nuevo reto de la gobernabilidad democrática es articular gobiernos eficaces en un contexto de Ejecutivo sin mayoría legislativa y muy probablemente con legitimidad de origen.
Congresos pulverizados y poco cohesionados; un débil sistema de partidos, funciones ejecutivas y administrativas fragmentadas en más de una decena de órganos constitucionales autónomos.
Nuestro déficit sigue siendo que prevalezca el Estado de Derecho, que reine el imperio de la ley y poner fin a la impunidad. Instituciones para la justicia cotidiana, para la paz social, para la certeza de los derechos.
Instituciones que procuren la cordialidad entre mexicanos, que nos unan, que nos vinculen, que nos cohesionen, que garanticen el trato digno e igual a todos y a cada uno. La presencia oportuna del Estado ahí donde nacen o se revelan los conflictos.
Ahí donde la Constitución debía establecer principios, sobrerregulamos, es el caso del modelo de comunicación política: quisimos corregir excesos, pero cometimos otros en perjuicio de la libertad.
Ese modelo vigente inhibe el flujo de las ideas y la participación activa de los ciudadanos; inhabilita la deliberación democrática y cancela la libertad de ex presión.
Debo decirlo con toda claridad: protege a los políticos de la crítica y sancionan a quienes informan o a quienes nos juzgan. Es el régimen del silencio, de la tutela paternalista, de la censura al debate.
Se nos hace tarde para reconocer que en la intención terapéutica de una reforma cometimos un error que ha atentado contra la calidad de nuestra democracia.
Estos son sólo algunos de los problemas constitucionales que nos reclaman soluciones prontas, claras y sobre todo efectivas.
Es aquí donde tenemos que invertir nuestra voluntad política.
Señor Presidente.
Señoras y señores:
En su ensayo sobre las utopías, Alfonso Reyes afirmó que las constituciones son metas propuestas a las conductas de los ciudadanos.
La meta del Constituyente de 1917 fue establecer la justicia, buscar la igualdad, la desaparición del oprobio, el renacimiento de la conciencia nacional.
Nuestras metas deben plasmarse en nuevos consensos constitucionales, consensos que recojan las aspiraciones heredadas y las expectativas que quedan por cumplir.
El desafío político de esta generación es renovar el pacto social para enfrentar de mejor manera los desafíos del Siglo XXI. La incertidumbre que causa irritación, la irritación que conduce a la desesperanza.
Para las incertidumbres, no hay mejor paliativo que la razón de las instituciones.
Para la desesperanza, no hay mejor instrumento que la fuerza inspiradora de la buena política.
Vivir con la Constitución y en la Constitución, cambiar con ella, aplicarla y obedecerla.
Reafirmar su sentido originario, libertad como principio, igualdad como fin porque, como nos enseñaron nuestros constituyentes, libertad sin igualdad es injusticia, y porque la igualdad sin libertad es mera utopía.
Muchas gracias.
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