PRESENTADORA: Gerardo Candiani Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Jorge Tello Peón, consejeros de Consejeros Ciudadanos por una Causa en Común; y José Octavio López Presa, también consejero de Consejeros Ciudadanos por una Causa en Común.
Para presentar las conclusiones, doy el uso de la palabra a Jorge Tello Peón. Adelante.
JORGE TELLO PEÓN: Gracias.
Voy a hacer, seleccionando los puntos más importantes de las conclusiones de los seis paneles que se tuvieron y los elementos que nos parecen más relevantes también de las conferencias magistrales.
David Kennering, nuestro primer conferencista, nos habló de la experiencia estadounidense en reducción de la criminalidad y nos confirmó algunas de cuestiones que hemos reflexionado y que resultan importantes para considerar si pretendemos mejorar la realidad mexicana.
En primer lugar, que para implementar políticas de reducción de la criminalidad y la violencia, es necesario vencer el miedo, ¿cómo?
Involucrando a los diferentes actores que conforman la comunidad, conocer sus modos de vida y buscar alternativas para desarrollar estrategias de convivencia pacífica.
En segundo lugar, es fundamental concentrarse en la violencia, es decir, poner atención a aquellos hechos delictivos que más vulneran a nuestra sociedad, como es el caso de los homicidios.
Identificar quiénes son los actores que ejercen la violencia con regularidad en la comunidad y entablar diálogos con ellos, así como implementar medidas policiacas puntuales y rigurosas dirigidas a ellas.
Del panel número 1, policía de proximidad. El modelo de policía de proximidad es un modelo que se debe adoptar en las policías, por dos razones fundamentales:
Es necesario que los ciudadanos tengan un papel más participativo dentro de las políticas de seguridad.
De igual manera, es fundamental que los policías trabajen en las colonias y barrios, con el fin de conocer las preocupaciones de la gente y generar estrategias de resolución de problemas.
La política se reconoció como uno de los principales obstáculos para que las políticas de policías de proximidad y las prácticas promisorias se consoliden con el tiempo.
En el panel 2, el policía en el nuevo sistema de justicia penal. La implementación del nuevo sistema de justicia penal va más allá del equipamiento y las capacitaciones de los policías; hay una serie de prácticas que deben cambiar al interior de las corporaciones, para que su trabajo en el nuevo sistema sea el adecuado.
Por parte de la ciudadanía, es necesario adoptar una nueva dimensión del papel de la policía en este nuevo sistema y tratar de entablar una nueva relación con ellos.
Mientras los ciudadanos no compartamos información con los policías, ellos difícilmente podrán hacer su trabajo.
En la conferencia magistral de José Luis Carque, académico y policía español, habló de un modelo ponderado de policía; la importancia de su enfoque radica en que ningún modelo de policía es necesariamente malo. Lo que es un error es que una policía trabaje tan sólo con un enfoque.
En concordancia con lo anterior, para que una policía trabaje de manera adecuada, es necesario que desarrolle funciones de mantenimiento del orden, de reacción, investigación y de prevención. Si una policía no desarrolla todas esas habilidades, condena su labor en contra de los delincuentes a un enfrentamiento entre iguales.
En el segundo día, la conferencia magistral de Eduardo Díaz, de NACOL, se nos explicó que es necesario que realicemos procesos de supervisión de la policía, rendición de cuentas y protección de los derechos humanos, para que podamos tener la policía que queremos.
Tenemos que comprender, dijo él, que la policía trabaja para la comunidad y por lo tanto, es necesario tender puentes entre el ciudadano y la policía, es necesario que no sólo los policías uniformados hagan algo por la seguridad. “Todos tenemos que hacer algo por ella”, enfatizó.
En el panel número 3, la relevancia de la certificación individual e institucional de las policías, se destacó que la gente demanda policías eficientes y respetuosos de los derechos humanos. El cumplimiento de estas dos demandas es posible.
Renato Sales señaló que para ello es necesario comenzar por respetar los derechos de los policías. El artículo 123 de la Constitución es profundamente discriminatorio con policías, fiscales y peritos, que desde 2008 refiere que pueden ser removidos sin que proceda su reinstalación.
Por lo anterior, es necesario modificar este artículo, además de mejorar el salario de los policías para comenzar a respetar sus derechos.
Calderón señaló que tenemos que ir más allá de la certificación: tenemos que apuntar hacia la carrera policial desde que el policía ingresa, hasta que se jubila. Además destacó la necesidad de tener mandos policiales profesionales.
Hope refirió que no hemos logrado mejorar la percepción de los policías, porque hemos tenido un enfoque equivocado, nos hemos centrado en lo individual y no en las corporaciones. Por ello es necesaria la certificación de las policías como corporaciones.
Salazar Vázquez señaló que no se certifica, sino que se evalúa, por lo cual el reto es buscar una auténtica certificación.
En el panel 4, régimen disciplinario y mecanismos de supervisión externa de la policía, se dijo que las instancias representativas del régimen disciplinario no ofrece información suficiente en los portales para comunicarnos lo que logran; por lo tanto, tenemos poca información disponible para saber si están realizando bien su trabajo.
Los mecanismos internos y externos de supervisión deben funcionar de manera conjunta, para lograr que las instituciones de seguridad pública tengan instituciones transparentes y apegadas a derecho.
La supervisión externa, es un modelo especializado que solamente puede realizarse donde existe voluntad política. En este sentido, un aspecto fundamental para lograr la implementación de mecanismos de supervisión externa, es un cambio de percepción por parte de nuestros políticos para que apoyen su implementación, dijeron.
El panel 5… no me pusieron nada, entonces, me explico, no voy a decir más porque me gusta que fuera el panel en el que yo participé. Pero creo que la principal conclusión es que tenemos que aclarar la confusión que tenemos.
Yo destacaría la participación de ustedes mismos, el tema de decir “tenemos que tener compromisos concretos”. Nos pedían fechas, llegaron a pedir fechas para decir cuándo, a los senadores de la República. Me parece que es muy interesante poder reconocer que las propuestas, quizá, están en las iniciativas y sin embargo, todavía seguimos sin tener claro cómo vamos a tener esos recursos legislativos para poder actuar mejor.
Ay, no es cierto, aquí está escrito el panel 5, pero ya no lo voy a decir porque ya dije lo que yo capté.
El panel 6, derechos y responsabilidades del policía frente a la ciudadanía, la relación entre policías y ciudadanos no se podrá fortalecer mientras los ciudadanos sigamos exigiendo que se hagan excepciones a la ley cuando estamos involucrados en una falta.
Es necesario que a través de nuestras prácticas cotidianas, fortalezcamos el Estado de Derecho aceptando nuestras faltas y respondiendo en consecuencia.
Los policías esperan que los ciudadanos les tengan confianza. En ese sentido, los ciudadanos deben tener capacidad crítica para saber distinguir los policías malos de los policías que realizan bien su trabajo. Manejarlos a través de generalizaciones, no contribuirá a generar una relación de confianza entre policías y ciudadanos.
Esto es un recorte, realmente lo que hice fue recortar las conclusiones, pero la verdad es que otra vez me parece que en Causa Común estamos muy orgullosos de haber hecho esta convocatoria; sobre todo de haberlos tenido a ustedes aquí, me refiero a los policías, trabajando con los ciudadanos, oyendo a los legisladores, a los académicos.
Y una cosa que quiero destacar:
Hoy vi más policías aquí arriba, porque me parece que también lo que es importante es que los policías hablen, si no, no vamos a lograr la profesionalización oyendo a los que nos dedicamos nada más a pensar a la policía, no a vivirla.
Gracias.
PRESENTADORA: Muchísimas gracias por esta retroalimentación a Jorge Tello, sobre todo por la capacidad de síntesis.
Leonardo, ejercicio y temas, tantos temas y retos pendientes por atender.
Y bueno, la tarea por aquella parte es dar seguimiento puntual a todo esto.
Bien. Ahora vamos a pedirle también que nos emita un mensaje, por favor, al Comisionado de Seguridad Publica, Renato Sales.
Un aplauso, por favor.
COMISIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, RENATO SALES: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Doctora María Elena Morera Mitre, Presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común;
Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República;
Licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial;
Ingeniero Jorge Tello Peón, consejero de Ciudadanos por una Causa en Común;
Licenciado José Octavio López Presa, consejero de Ciudadanos por una Causa en Común;
A los académicos; miembros de la sociedad civil; estudiantes; ciudadanos; a las y los policías que hoy nos acompañan: Muy buenas tardes.
Es un privilegio poder intervenir hoy aquí y por segunda vez en este día, ahora para la clausura de la que sin duda ha sido, como ya es tradición en estos foros, ocasión propicia para el debate, el intercambio de ideas, el reconocimiento de retos en la materia, y para aprender alternativas que casos y experiencias exitosas nos ofrecen.
Desde el Gobierno de la República, reconocemos el acompañamiento de ciudadanos, académicos e intelectuales participativos e involucrados en los quehaceres de sus gobiernos con énfasis en la provisión de seguridad.
Mujeres y hombres críticos sí, pero constructivos, proactivos, comprometidos con el desarrollo de nuestra Nación y el avance hacia una más tranquila, más segura.
Gracias María Elena, por motivar estos encuentros, por generar este debate siempre respetuoso.
Cuando la responsabilidad de la autoridad de garantizar libertades y derechos a los ciudadanos se ve cobijada con la participación de una ciudadanía que acompaña y fiscaliza, el actuar es mil veces mejor.
En materia de seguridad no existen atajos ni fórmulas mágicas; pero sin lugar a dudas a dupla ciudadanos-policías, representa una fórmula ganadora.
Ha dado cuenta ya puntualmente el ingeniero Jorge Tello.
Entre ayer y hoy se han abordado diversos temas sobre los que atañen a las condiciones en las que se desempeñan nuestras corporaciones de seguridad y los elementos que las conforman.
Se ha abordado la relevancia de la certificación y el control de confianza; el Régimen Disciplinario y los mecanismos de supervisión; los derechos y responsabilidades del policía frente a la ciudadanía; la reingeniería de las policías y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros temas.
Pero el común denominador tiene que ver con la necesidad, bien se decía, de generar reglas para la homologación de protocolos de actuación, operación, equipamiento.
Para la construcción de dichas capacidades es necesario trabajar en la homologación de criterios para la selección, ingresos, remuneración mínima, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y régimen disciplinario.
Pero debemos buscar –lo decíamos hace un momento– que nuestros policías cuenten con una remuneración acorde a sus funciones, con capacitación continua que permita cumplir con su labor.
Lo ha señalado el Secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, cómo tener corporaciones efectivas que siempre pongan la integridad de los ciudadanos en primer lugar.
Por eso se trata de acompañar esquemas de formación, capacitación y evaluación para cada uno de sus integrantes, para lograr contar con policías profesionales, policías plenamente confiables.
Para eso tenemos que empezar por dignificar a la policía. Generar alternativas para posibilitar un mejor ingreso.
Insisto, para exigirle a la policía que respete derechos, tenemos que empezar por respetar sus derechos.
Y bueno, permítanme abordar de nueva cuenta y en esta tribuna lo que veníamos comentando hace un momento en el panel.
Me parece de la mayor importancia, tiene que ver precisamente con la dignificación de la policía y lo hago además consciente de la presencia del Presidente del Senado, miembro distinguido, el constituyente permanente.
Me refiero a lo que comentábamos hace un momento a la paradoja constitucional que representa el artículo 123 en su apartado B, fracción XIII.
Ese artículo 123 trata a los agentes del Ministerio Público, a los peritos y a los miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios discriminatoriamente.
Ese artículo 123 reformado en el 2008, dice que policías, peritos y fiscales pueden ser expulsados conforme a la ley vigente al momento de la remoción.
Y si pueden ser así expulsados, sucede que si hoy se modifica la ley podemos exigirle al policía lo que no le exigíamos ayer.
Lo decíamos, antes te exigía que tuvieras preparatoria; ahora te exijo que cuentes con licenciatura y te aplico retroactivamente la ley en perjuicio.
Si el policía, fiscal o perito gana el juicio, demuestra que fue injustamente cesado y gana incluso el amparo, demuestra que fue ilegalmente removido, jamás podrá ser reinstalado.
Y se pregunta uno: ¿Por qué?
¿Por qué si conforme al artículo 5º constitucional cualquier persona puede dedicarse a la profesión que le acomoda siendo lícita y ser policía, ser perito, ser fiscal es una vocación?
Y lo decíamos también, el artículo 21 constitucional le encomienda a los policías investigar los delitos junto con el Ministerio Público, y páginas adelante la misma Constitución les dice: Pero no confío en ti.
Con esas condiciones difícilmente podemos garantizar digna profesión para nuestros policías, proyecto de vida, profesionalización, futuro.
Esto debe cambiar.
Si queremos transformar a nuestra policía de raíz, este es un tema de consenso y podemos empezar por ahí, y sólo así podremos aspirar a construir capacidades policiales en el país.
Asumiendo plenamente nuestra responsabilidad, trabajando, como lo ha señalado el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto.
Esto no es una tarea única del gobierno; es una tarea que convoca a los esfuerzos de todos los órdenes.
No es una tarea del Gobierno de la República; es una tarea de todos los órdenes de gobierno.
Celebramos, pues, la realización de este foro, reiterando la vinculación que debe existir entre autoridad y ciudadanía; entre policías profesionales, respetables, respetados y ciudadanos que no se asumen como simples receptores de un servicio público de calidad, sino como corresponsables en materia de seguridad pública.
Quiero reiterar, pues, que el evento que nos convoca es un ejemplo de los espacios y canales de comunicación en los que se basa la vinculación entre instituciones del Gobierno de la República y sociedad civil.
En la Comisión Nacional de Seguridad estamos atentos a atender ideas y propuestas.
Y sólo quisiera una vez más felicitarlos por la organización de este foro, María Elena; y a todos ustedes, muchísimas gracias.
PRESENTADOR: Muchísimas gracias por las palabras y la retroalimentación del Comisionado Nacional de Seguridad Pública. Sobre todo por su interés y sensibilidad.
Muchas gracias, Comisionado.
Ahora vamos a darle el uso de la voz a María Elena Morera, Presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común.
Un aplauso.
MARÍA ELENA MORERA MITRE: Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos muchas cosas qué hacer.
Pero primero les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí.
A todos los policías porque, a pesar de las condiciones, salen todos los días a trabajar y la mayoría de ustedes con muy buen ánimo, con ganas de servir a la sociedad y no tenemos más que agradecerles lo que hacen por nosotros.
Por supuesto también tengo que agradecer a los miembros de la Red de Seguridad Pública, una red que tenemos de seguridad entre policías y ciudadanos también, porque de ellos vienen muchas de las ideas que tenemos para impulsar en el tema de la policía.
A la Embajada Americana, porque son quienes nos ayudan con el financiamiento del programa que hacemos en todos los estados para la supervisión a la policía.
Como dice mi amigo Jorge Tello, que además quiero decirles que ha sido uno de mis grandes maestros, cuando yo empecé en esto Jorge ha sido una de las personas que más me ha ayudado.
Primero me regañaba y me mandaba decir con mi papá que si estaba loca su hija, pero después como vio que no iba a cambiar, iba a seguir impulsando temas, entonces prefirió ayudarme y al verdad yo le quiero agradecer enormemente a Jorge lo que me ha ayudado y a todas las personas que han sido mis maestros en estos temas y coincido, la política manda.
Si la política manda y es una de las principales cosas que hemos visto en este foro, pues vamos a cambiarle los incentivos.
No sé si logremos las propuestas que le hicimos al presidente, no sé si logremos todas las propuestas que han salido de este foro, pero lo que sí tengo muy claro es que si nuestros políticos, especialmente nuestros gobernadores no tienen unos incentivos mejores o diferentes, las cosas no van a cambiar en los estados.
Mientras ellos sigan estando cómodos en esa silla, las cosas no van a cambiar. Decía uno de los senadores que por supuesto ningún político se levanta en la mañana pensando cómo molesto y lastimo a la sociedad.
Estoy segura que no, que se levantan pensando la mayoría de ellos cómo ejerzo el poder para mí beneficio, sin importarles en lo más mínimo que en ese ejercer el poder para su beneficio, lo único que hagan es destrozar instituciones.
Entonces, si lo ponemos en esos términos, creo que sí tenemos que cambiar las cosas y las vamos a cambiar entre todos los ciudadanos, porque también hay políticos que quieren hacer las cosas, que las quieren hacer bien y los ciudadanos siempre estaremos para apoyar las buenas propuestas para apoyar los cambios y para apoyar que las cosas cambien.
Así que muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias a nuestros panelistas, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho el tiempo de todos por reunirnos, por poner las ideas en la mesa y especialmente porque entre todos nosotros las impulsemos.
Gracias a todos.
PRESENTADORA: Muchas gracias a María Elena, presidenta de Causa en Común, sobre todo por la oportunidad de hacer este ejercicio que a todos importa.
Ahora vamos a pedir, por favor, pasar al acto de clausura y para ello vamos a dar la voz al senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Por favor.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenas tardes tengan todos ustedes.
Gracias por la oportunidad de volverme a dirigir a ustedes después de esta mesa en la que participamos distintos senadores, distintos grupos parlamentarios, gracias a Causa en Común, gracias María Elena Morera.
Gracias al esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que han estado insistiendo ante muchos años, durante mucho tiempo, en la necesidad de transformar y transformar de fondo la seguridad pública en nuestro país.
Si no hubiera sido por estas voces, quizás muchas cosas quedarían o se mantendrían igual, quizá la política no hubiese volteado a ver la exigencia social.
Cada año en este foro maría Elena Morera y causa en Común insisten sin descanso en un principio esencial: sin policías profesionales, confiables y dignas, no habría solución de largo plazo para la seguridad pública en nuestro país.
Y esto pasa no solamente por mejorar las capacidades institucionales, sino también por dejar en claro los derechos y las obligaciones, sobre todo los derechos de los policías.
Hace un momento decía Renato Sales, el comisionado Sales, que es necesario reconocer esos derechos sí, con propuestas concretas. Hemos nosotros presentado una iniciativa para crear el apartado C del artículo 123 constitucional para establecer y regular las relaciones entre los policías y el Estado, porque es la única manera de definir claramente los derechos y es la única manera de observar bien las obligaciones, donde no haya discriminación, pero tampoco ninguna injusticia.
Pero para una de las economías más importantes del mundo y una de las democracias más vibrantes en el hemisferio, debería sorprender que alguien como causa en común, María Elena Morera está insistiendo en que se necesitan buenos policías en nuestro país.
Desafortunadamente no es nuestro caso. El país necesita que todos los años nos lo digan y nos lo repita, cuando para cualquier nación sería una verdad de Perogrullo.
¿Y por qué es necesario repetirlo?
¿Por qué es necesario insistir en la necesidad de que debemos tener mejores capacidades institucionales y mejores policías?
Por la sencilla razón de que no todos están haciendo la tarea.
No todas las autoridades políticas están formando y creando buenas policías.
No todas las autoridades políticas han dejado su zona de confort, como decía María Elena hace un momento, y se han apostado a crear buenas instituciones.
Hay leyes que ordenan la depuración, la certificación y la profesionalización policial, pero con honrosas excepciones esas leyes simplemente no se cumplen.
Semestralmente el Consejo Nacional de Seguridad Pública adopta acuerdos en público, cuyos detalles nadie conoce, y peor aún, poco o nada se sabe sobre su cumplimiento.
La opacidad caracteriza la toma de decisiones, la ausencia de consecuencias al desempeño define en buena medida los altos grados de impunidad política que prevalecen en nuestro país en la provisión del servicio de la seguridad pública.
Hay entidades federativas que han vivido por años. Algunos ya casi 10 años bajo el subsidio federal.
Y no me refiero únicamente al subsidio económico, a la inversión financiera, sino al subsidio de la presencia federal que ha asumido en los hechos las funciones de prevención, persecución y castigo de los delitos que corresponden a la jurisdicción local.
Bajo la excusa de la crisis inesperada o de la situación incontrolable, la presencia federal se ha hecho cargo de la gestión de la seguridad en un buen número de entidades federativas y municipios.
Esa presencia federal originalmente prevista para generar espacio a lo local, hacia la generación de capacidades propias, ha terminado por crear incentivos parasitarios.
“¿Para qué asumir responsabilidades propias si hay un orden de gobierno mayor que pueda hacerse cargo?” Ese es el racional de muchas autoridades políticas en nuestro país.
Algunos creen o repiten que ese es nuestro diseño institucional; esto es que la federación es el primer responsable de la seguridad en el país.
Frente a cualquier situación de inseguridad o emergencia violenta, se exige la respuesta del gobierno federal antes que la oportuna y eficaz actuación de los órdenes de gobierno más próximos a los ciudadanos, y por supuesto más cercanos a la realidad.
Sucedió frente a la irrupción del narcotráfico en los años 90; frente a la crisis de los secuestros en 204; frente al vacío de autoridad en Michoacán en 2007; frente a la ola de violencia en Juárez, Tijuana, Monterrey, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero o Jalisco. Venga la Federación, porque la autoridad local está rebasada o no puede.
De forma prácticamente inconsciente, la Federación ha ido concentrando todo el liderazgo y, por tanto, toda la responsabilidad en materia de seguridad, mientras que en paralelo los órdenes locales, con notables excepciones, se han liberado de sus respectivos tramos.
Se ha diluido gradualmente en nuestro país la responsabilidad política de las entidades federativas y los municipios en la seguridad de todos.
La autoridad local ha dejado de invertir e innovar, y en muchos casos prácticamente ha entrado las llaves de la seguridad a la Federación.
Ciertamente, en los últimos años se ha federalizado buena parte de las tareas de seguridad. Es decir, se han traslado facultades del orden local hacia la Federación en materia de seguridad y procuración de justicia, procuración penal.
Hacia finales de los años 80 no había centros penitenciarios federales. Hasta 1999 la Federación creó la Policía Federal, una policía propia.
No los necesitaba, pues hasta entonces la responsabilidad de seguridad recaía fundamentalmente en los estados.
La irrupción del narcotráfico y del crimen organizado, hizo necesario oponer una fuerza coactiva equivalente, fuerte a organizaciones trasnacionales, bien armadas, bien equipadas, bien financiadas, con alto poder de fuego.
La Federación tuvo que hacerse cargo de facto de por lo menos ese desafío.
El problema es que el proceso de federalización se redujo a la centralización de funciones y no a una distribución racional de responsabilidades y deberes entre Órdenes de Gobierno, en la cual cada uno haga lo que puede hacer en función de sus características institucionales.
Por el contrario, para lograr una suerte de efecto multiplicador, para multiplicar el estado de fuerza disponible, se diseñó un sistema de facultades concurrentes en todos los Órdenes de Gobierno en los que todos hacen todo: todos previenen el delito, todos persiguen el crimen organizado, todos investigan, desde la policía federal, hasta la innombrable policía de Iguala.
La jurisdicción federal en materia de seguridad, es decir, la facultad de intervención en delitos que en principio corresponden al ámbito local, se articuló a partir del escurridizo régimen de delincuencia organizada y del caprichoso calibre de las armas.
Tres o más personas asociadas para cometer un delito y/o la presencia de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, era suficiente para actualizar la competencia federal y consecuentemente para declinar la responsabilidad local.
El cajón desastre de la delincuencia organizada y del tipo de armas, es en gran medida la zona gris que ha creado, por lo menos, disputas competenciales.
Idas y venidas entre órdenes de gobierno sobre a quién le toca estabilizar una determinada situación y de garantizar de forma regular la aplicación de la ley.
Pero también hay que decirlo, ha servido a muchas autoridades políticas para pretextar que es boca no es mía.
Al mismo tiempo, la asignación ciega e inflexible de atribuciones en materia de seguridad, que no se hace cargo de las diferencias en las capacidades institucionales instaladas en los órdenes de gobierno, hizo necesario crear un sistema para por lo menos ordenar las responsabilidades de los Tres Órdenes de Gobierno.
Se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública como el conjunto de reglas a instituciones para conducir el esfuerzo nacional por la seguridad a través de objetivos y prioridades compartidas, pero sobre todo a través de supuestamente políticas públicas de común acuerdo.
El problema, como decíamos hace un momento, es que el sistema carece de premios y castigos eficientes.
Su capacidad de premiar se reduce a la asignación de recursos. Nada más que hemos invertido, hemos puesto al revés los incentivos. No se premia con recursos los buenos resultados.
La inversión federal, como decíamos hace un momento, se asigna en razón de la incidencia delictiva, en lugar de financiar proyectos audaces y ambiciosos de mejoramiento e innovación institucional.
Más aún: los recursos quedan atrapados en la crónica debilidad de gestión presupuestal de los órdenes locales. Terminan en gasto corriente, en erogaciones ineficientes que sólo sirven al propósito de maquillaje y no a la creación de fortalezas de largo plazo.
Con la prisa de gastar, se ha creado una serie de incentivo perverso al gasto, todo a lo tangible: patrullas, uniformes, toletes, en lugar de apostarle a lo intangible: inteligencia, capital humano, horizonte de vida profesional digna para los policías.
El sistema también carece de castigos inhibitorios a la pereza o a la negligencia.
No conozco a ninguna autoridad política que le tema al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Sistema no es amenaza, no es látigo para actuar, para corregir o para mejorar.
Y es que desde su origen el Sistema funciona de manera consensual.
Los propios responsables de la seguridad son los mismos que fijan las metas, dictan las políticas públicas, se evalúan y se vigilan.
No hay una palanca externa que cimbre el estatus quo que altere los equilibrios o que sacuda las inercias.
El único castigo visible es el señalamiento público en las sesiones del Consejo Nacional, señalamiento que, como todos sabemos, termina en presentaciones que poco dicen o que prácticamente no dicen nada.
El Sistema Nacional es, en sumo, un modelo de gestión y de coordinación que depende de la voluntad política, nada más de la voluntad política, pero inerte e inútil frente a la ausencia de voluntad política.
Ese es el problema de fondo, amigas y amigos.
El brazo local del Estado Mexicano está dislocado por falta de capacidades institucionales y el sistema es disfuncional para alentar que esas capacidades se generen. Los tramos de responsabilidad no están claramente definidos y peor aún, no hay reglas e instituciones para hacer valer los tramos necesarios para garantizar la seguridad en todo el país.
Y es aquí donde se abre la encrucijada: o dejamos las cosas como están o reformamos el sistema para que cada orden de gobierno realice una parte de la tarea, la que le toca, según su fisonomía institucional.
La centralización absoluta es una muy mala idea. La posibilidad del riesgo catastrófico es mayor y la tentación a derivas autoritarias es latente. De hecho, todo el mundo está descentralizando la función de seguridad pública, porque se han dado cuenta que cuando se rompe el vínculo, el lazo entre el ciudadano y el policía, se rompe también la capacidad del policía de responder de manera eficiente, con sentido de colaboración y de servicio frente a la demanda de los ciudadanos.
Es mejor camino, a mi juicio, reformar nuestro Federalismo y el sistema de concurrencia. Para que ningún gobierno se evada de su responsabilidad, se necesitan incentivos y consecuencias, premios y castigos; de lo contrario, seguiremos dependiendo del entendimiento que cada autoridad política tenga sobre la necesidad y la urgencia de actuar en seguridad, o bien de la famosa voluntad política.
Mantendremos, mientras tanto, si no reformamos, viva la ocasión a la claudicación frente al crimen o al pretexto a la omisión frente a la existencia de un orden mayor que haga la tarea.
Necesitamos, sí, policías fuertes, dignas, pero también líderes políticos que estén dispuestos a invertir, a formarlas, a prepararlas y sobre todo a confiar en ellas.
Esa es la única solución de largo plazo. Se necesita que los gobernadores y los alcaldes asuman ya, su responsabilidad y no nada más sea cosa del Presidente; pero sobre todo, se requieren mecanismos para suplir el vacío que deja una autoridad por complicidad o negligencia.
Ahí debemos sumar con Causa en Común, una nueva causa, por el fin de la impunidad no solamente de la impunidad criminal, sino sobre todo por el fin de la impunidad política.
Por su atención, muchas gracias.
Ruego a todos ponerse de pie.
Siendo las 14 horas con 15 minutos del martes 10 de noviembre de 2015, tengo el honor de clausurar formalmente los trabajos del Cuarto Foro Nacional Sumemos más Causas por la Seguridad, Ciudadanos y Policías, que se ha celebrado estos dos días en el Palacio de Chapultepec.
Enhorabuena Causa en Común. Enhorabuena María Elena Morera y enhorabuena todos ustedes.
Muchas gracias.
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