Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos quienes asisten a la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con el señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Señor ombudsman, bienvenido al Senado de la República y sobre todo, de manera particular, bienvenido a la Comisión de Derechos Humanos.

El formato que tenemos es de una reunión de trabajo de nuestra comisión con el señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y después de su intervención haremos las preguntas pertinentes las senadoras y senadores de esta comisión.

Para nosotros es muy importante que tengamos estas reuniones de trabajo de temas de gran relevancia, de trascendencia nacional, que son resueltos en diversas formalidades por parte de la CNDH, señor presidente.

Hemos recibido de usted distintos informes de temas que son de una gran preocupación, que nos permiten al Senado de la República, a todas sus comisiones, no solamente la Comisión de Derechos Humanos, tener los insumos y todos los elementos doctos para poder fundar y poder dirimir lo que tenemos que discutir y finalmente concretar en las políticas parlamentarias y también en los preceptos legales, sobre todo cuando estamos revisando la Legislación o estamos diseñando alguna otra.

En ese sentido hay dos temas de real preocupación que nos fueron enviados por usted, dos informes que son de una gran trascendencia, como lo he mencionado, y que tiene que ver con la situación de Ayotzinapa.

Yo tengo que recordar que la Comisión que usted preside tomó una determinación de nombrar a un visitador especial, esta figura que nos parece muy pertinente, ahora nos lo explicará usted con todo detalle, para verificar cómo se encontraba la situación en Ayotzinapa y como ombudsman, tener los elementos necesarios para las recomendaciones que todos y todas debemos atender.

En ese aspecto, hay recomendaciones al Senado de la República, leyes que estamos en proceso de discusión y por supuesto tomar todas las medidas que tengamos que hacer en esa materia.

El otro asunto importante tiene que ver con el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria. Usted sabe bien que tenemos un proceso de varios meses de dictamen de la Ley de Ejecución Penal, tenemos un avance de más de la mitad del dictamen; sin embargo, todavía tenemos algunas cuestiones que precisar, sobre todo la importancia de que esta ley tenga un enfoque de derechos humanos.

De tal manera que este diagnóstico que usted nos hizo llegar y que tienen todos y todas las y los senadores, por supuesto es indispensable para poder lograr que la ley de ejecución penal que tenemos que diseñar como una ley general, que norme el funcionamiento y todas las medidas de ejecución que deben caracterizar, que deben fundar el trabajo de quienes están al frente de los centros de privación de libertad, sean federales, sean locales o de alta seguridad; es importante conocer el diagnóstico.

De tal manera que a nombre de las senadoras secretarias de esta Comisión y de los señores y señoras que integran la Comisión, le damos la bienvenida.

Sin más, entramos en materia.

Le doy a usted la voz para que podamos platicar de estos dos informes que usted nos hizo llegar.

LICENCIADO RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Me da mucho gusto poder estar aquí en esta Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

Agradezco la presencia de las senadoras Diva Gastélum, de la senadora Adriana Dávila, de la senadora Layda Sansores, de la senadora Lorena Cuéllar y de la senadora Margarita Flores.

Realmente me siento muy afortunado con tan distinguidas damas y tan distinguidas senadoras y les agradezco el espacio.

La presencia de su servidor el día de hoy, refrenda el compromiso que asumí con el Senado de la República y en particular con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, de tener frecuentes intercambios de puntos de vista sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país.

Les consta a las senadoras aquí presentes, siempre la disposición para opinar y discutir temas que nos son comunes.

En atención a la agenda que se me informó sería de su interés tratar en esta reunión de trabajo, formularé en esta primera intervención algunas consideraciones generales enfocadas, en primer término al asunto que hemos denominado en la CNDH como “Caso Iguala”.

Y posteriormente sobre la situación del sistema penitenciario en nuestro país.

Detalles o apuntamientos específicos sobre estos temas, con todo gusto los abordaré en una segunda intervención.

Hace pocos días se cumplió un año de que sucedieron los hechos trágicos, nefandos y por completo contrarios al respeto de la dignidad humana, que dieron origen al caso Iguala; como consecuencia de los cuales, seis personas fueron privadas de su vida, 33 resultaron heridas y 43 fueron desaparecidas.

Iguala ha conmovido e indignado tanto a la sociedad mexicana, como a la comunidad internacional. También ha generado una demanda creciente a favor de la verdad, la justicia y la reparación que a la fecha, no ha tenido la respuesta que sería deseable por parte de las autoridades.

Si bien han existido algunos avances, aún no se ha podido deslindar las responsabilidades correspondientes ni se ha logrado que todos los que participaron en los hechos sean consignados.

Lo hemos dicho: es necesario insistir en ello, la verdad en este caso es una y su consecución debe ser objetivo común para todos. La voluntad política expresada por las autoridades a favor de la verdad y la justicia, debe materializarse en avances concretos y en objetivos; en una investigación que cumpla con rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere.

Desde su mismo inicio, el caso Iguala propició que la crisis de credibilidad que afectaba a las instituciones en México, se ahondara, cuestión que se ha visto agravada por los distintos señalamientos que, aduciendo inconsistencias u omisiones, se han hecho a la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República.

No es posible desconocer la preocupación e inconformidad social frente a la investigación de la PGR, a la que la CNDH ya le ha hecho 26 observaciones; las cuales están contenidas en el documento denominado “Estado de la investigación del caso Iguala”, que presentó este organismo nacional el pasado –y hay que recalcarlo– el pasado mes de julio.

Del mismo modo, es preciso que se tomen en consideración las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe que rindió en fecha reciente; el cual presenta múltiples puntos de coincidencia con el documento presentado por este organismo nacional, y del cual ustedes tienen conocimiento.

Con relación a las 26 observaciones formuladas por la CNDH a la PGR, es pertinente señalar que dicha dependencia remitió en días pasado al organismo nacional a mi cargo un informe en el que se pronunciaba respecto de la atención que habría dado a los señalamientos que se le formularon.

Una vez que se analizó minuciosamente el contenido del informe remitido, así como de las constancias que se acompañaron al mismo, el día de hoy la Comisión Nacional dio respuesta a la PGR, y a partir de mañana se llevarán a cabo una serie de reuniones de trabajo con dicha dependencia para revisar observación por observación las insuficiencias que presenta a la atención dada a las mismas, y posterior a ello se darán a conocer públicamente.

La prioridad en este caso es que se dé transparencia y certidumbre a dicha indagatoria, pero primordialmente que la misma tenga continuidad.

Cualquier medida que se implemente, si de verdad aspira a ser efectiva, deberá evitar dilatar o afectar el curso de la investigación.

La atención que el caso requiere y la respuesta que se dé, se debe a las víctimas y a la sociedad, no puede diferirse o quedar condicionada a esto.

El debido desarrollo de la investigación demanda que toda actuación sea apegada a derecho. No podemos buscar justicia realizando nuevos actos injustos, que sean contrarios a las leyes y a los derechos de las personas.

El violar en este contexto los derechos humanos es particularmente grave, pues contribuye a que los hechos puedan quedar impunes, impidiendo que el derecho (falla de audio) una revictimización de (inaudible) víctimas que generó de manera directa a indirecta lo sucedido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Doy la bienvenida a la senadora Saldaña y al senador Pablo Escudero.

La única vía para el esclarecimiento de este caso, es una investigación científica y exhaustiva que adminicule todos los elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral lógico y objetivo de los mismos.

Los rumores, suposiciones infundadas, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las investigaciones, propiciando la demora en la conclusión de las mismas y que los hechos permanezcan impunes.

Quiero aprovechar este espacio para volver a formular el llamado que se ha hecho para que sumemos esfuerzos para impedir el uso político de este caso; así como evitar cualquier distorsión que se pretenda dar a los hechos vinculados al mismo; al igual que el uso descontextualizado de la información pública disponible.

Requerimos pertinencia y oportunidad.

El oportunismo no puede tener cabida en la atención de este asunto. La verdad, la justicia y la reparación no pueden subordinarse a ningún tipo de interés o prioridad diversa.

El evitar que esto suceda es un imperativo ético y un compromiso de respeto hacia las víctimas y con la memoria de aquellos que perdieron la vida.

El caso Iguala es un expediente abierto cuya investigación continúa, en la cual se debe de considerar toda línea que esté sustentada en elementos objetivos y no se dará por concluida hasta que se hayan esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos, se determinen las responsabilidades y se castiguen conforme a derecho las muertes y lesiones que se produjeron en esos hechos; así como que se repare el daño a todas las víctimas.

Es necesario que se determine y conozca de manera clara y objetiva la verdad sobre los hechos acontecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre en el estado de Guerrero. Eso forma parte de nuestra investigación.

En Iguala no habrá verdad ni justicia si no se acompaña y atiende a las víctimas con dignidad y respeto, y se logra la reparación a la que tienen derecho.

Es necesario que las instancias competentes avancen en este camino, lo cual requiere no sólo que se reconozca a las víctimas sino que se entable una comunicación respetuosa y constante con las mismas para que se les escuche y atiendan en sus planteamientos.

En días pasados el organismos nacional a mi cargo formulo y ahora o reitera, un respetuoso exhorto al gobierno federal, para que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por los padres de los estudiantes desaparecidos, sus representantes y diversas organizaciones sociales, en la carta que entregaron con motivo de la reunión sostenida el pasado 24 de septiembre.

Por su naturaleza, gravedad y características, al asumir la presidencia de la CNDH, determiné que la atención e este asunto se tomara como una cuestión prioritaria, para lo cual se creó, como bien lo señaló la senadora Angélica de la Peña, una oficina especial para la atención del caso Iguala, la cual retomó la investigación que se había iniciado desde septiembre de 2014, reencauzándola y reforzándola.

Como resultado de este trabajo. En el mes de julio del año en curso el organismo a mi cargo emitió un informe preliminar al que ya me he referido. En el que dio cuenta puntual de las acciones que ha realizado y señaló 32 observaciones y propuestas dirigidas a diversas autoridades para consolidar las investigaciones del caso, así como para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos; 26 dirigidas a la PGR, 3 a la Comisión de Atención a Víctimas, 2 a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y una al ayuntamiento municipal constitucional de Iguala de Independencia, Guerrero.

No quisiera concluir esta primera intervención sin mencionar que en diversas ocasiones y foros, tanto nacionales como internacionales, la Comisión Nacional ha señalado la urgente necesidad no sólo de reconocer la problemática existente en nuestro país en materia de desaparición de personas, sino también de implementar acciones para su atención, lo cual pasa desde la debida tipificación del deliro de desaparición forzada, conforme estándares internacionales.

El adecuado registro de los casos presentados, que distinga a aquellos que propiamente impliquen una desaparición forzada, de aquellos atribuidos a particulares o a miembros de la delincuencia organizada.

Así como las personas cuyo paradero se desconoce por encontrarse extraviadas o no localizadas.

El problema de las desapariciones de personas no se limita a los 43 estudiantes normalistas, es más amplio y diverso. Desafortunadamente aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizadas, que contengan los elementos necesarios para determinar con certeza el número de casos que serían propiamente desapariciones forzadas imputables a autoridades del estado y distinguirlos de aquellos en que al desaparición sería responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada o se debiera a alguna otra causa.

El caso Iguala también ha contribuido a visibilizar la existencia de otros problemas sumamente delicados y que demandan nuestra atención urgente, como lo son los hallazgos de fosas clandestinas en algunos estados de la República.

Cada cuerpo localizado en estas fosas debe ser registrado e identificado debidamente y las circunstancias de sus decesos investigadas y los responsables sancionados.

Debemos atender con urgencia esta situación e impedir que el silencio, el olvido, la indiferencia prevengan que la justicia llegue a estos casos.

La atención de la problemática existente en el país en materia de derechos humanos nos demanda sumar esfuerzos y emprender acciones al respecto.

En este contexto resulta de capital importancia la presencia de los sistemas universal y regional de derechos humanos en México, ya que os ismos, desde su ámbito de atribuciones y hay que señalarlo y subrayarlo con el carácter subsidiario que les es propio, coadyuvan en la defensa y promoción de los derechos humanos con la CNDH, organismo al que por mandato constitucional le corresponde atender tales cuestiones.

Las instancias de los sistemas regionales y universales de derechos humanos comparten con la CNDH una causa de interés común, que es el reconocimiento y respeto pleno a la dignidad humana: que en México los derechos humanos sean el eje que articule y oriente la actuación de autoridades y de la sociedad.

Abundar en diferendos sobre cifras sobrados de incidencia, poco abona o contribuye a que se encuentre verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En Iguala, como en los demás casos, no debe haber impunidad ni tampoco olvido.

Por el contrario, la investigación de este asunto debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto de la dignidad humana.

Recuperar la credibilidad de la sociedad en sus instituciones requiere, entre otras cosas, que el Estado dé una respuesta debida a las demandas que los mexicanos tenemos con relación a este caso.

La Comisión Nacional continuará con su investigación objetiva, profesional y responsable en el ámbito de su competencia.

Recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene procedimientos establecidos en su ley, ley que aprobó este Órgano Legislativo.

Para que la Comisión Nacional se pronuncie sobre un caso, tiene que documentar debidamente y sustanciarlo conforme a las evidencias correspondientes.

Dar seguimiento al desarrollo de estas acciones que lleve a las autoridades con relación a este caso, lo cual incluye los señalamientos que se han formulado sobre presuntas torturas y otras violaciones a los derechos fundamentales de quienes han sido referidos como responsables de los hechos que dieron origen al caso Iguala, por lo que al concluir las investigaciones sobre este tema de tortura, conducentes, emitirá el pronunciamiento que corresponda.

México, sus autoridades, sus instituciones y su sociedad, tenemos el enorme desafío de lograr que la verdad y la justicia llegue no sólo a Igualada, sino a cualquier parte en donde se violen derechos humanos, lo cual constituye también una oportunidad para consolidar en nuestro país el respeto a la dignidad humana, como el eje que articule la conformación de un nuevo paradigma de actuación para todas y todos, en el que el respeto y vigencia de la ley, así como el pleno desarrollo de las personas, sean nuestras prioridades.

En cuanto al segundo tema, considero necesario señalar que es por completo inaceptable que aún no tengamos avances significativos en el sistema penitenciario mexicano.

Durante este 2015, la CNDH presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, en el cual, como lo he mencionado, no se advierten avances concretos en esta materia respecto de años anteriores.

La sobrepoblación, el hacinamiento, la deficiente atención médica, la existencia de condiciones de autogobierno, la carencia de programas tendientes a la reinserción social efectiva, la violencia, las deficiencias en la preparación del personal penitenciario, así como el hecho de que la mayor parte de la población penitenciaria sean personas que están sujetas a proceso y no aquellas que ya han sido condenadas, son tan sólo algunos de los temas que reclaman atención en este ámbito.

Si bien el internamiento lleva implícita una restricción legítima de los derechos de las personas sujetas a esta condición, no porque una persona se encuentre privada de su libertad se debe de atentar en contra de su dignidad, o se puedan hacer nugatorios todos sus derechos.

El Estado tiene obligaciones muy relevantes en este ámbito, ya que se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de la libertad, estando su marco de actuación establecido tanto en nuestra Constitución como en los diversos instrumentos internacionales vinculados con esta materia.

En razón de ello, la atención a la problemática penitenciaria debiera asumirse como una de nuestras prioridades al ser un tema de particular relevancia en el ámbito de los derechos humanos.

Con estas consideraciones concluyo mi primera intervención y quedo a sus órdenes para contestar preguntas específicas sobre el contenido del Informe que ustedes conocen, que acabamos de repartir nuevamente, donde constan las 32 observaciones que dirigimos a 4 diferentes autoridades: dos del ámbito federal y dos del ámbito estatal.

Y también conocen ustedes el diagnóstico de supervisión penitenciaria, que junto con este diagnóstico de supervisión penitenciaria, debo recordar que dimos a conocer el informe de mujeres en reclusión y dimos a conocer, también, el informe de adolescentes en internamiento.

Creo que es un tema que, hablando del sistema de justicia penal, hemos tenido lagunas en su atención, y no podemos cerrar el ciclo de una auténtica Reforma Penal, si no ponemos atención al principio constitucional, contenido en el Artículo 18 de la Reinserción Social.

Estoy abierto a las inquietudes que les hayan merecido el informe que tienen en sus manos y que, repito, se dio a conocer el 23 de julio, y el reciente informe del diagnóstico penitenciario.

Muchas gracias por su atención.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien, muchas gracias, presidente.

Solicito a quienes quieran hacer uso de la voz, preguntas, intervenciones, por favor me lo hagan saber.

Antes permítanme presentar a quienes acompañan al señor presidente de la CNDH:

Maestro José Trinidad Larrieta Carrasco, que es el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala.

El licenciado Ismael Eslava Pérez, que es el primer visitador general de la Comisión.

La doctora Ruth Villanueva Castilleja, que es la tercera visitadora.

Y el licenciado Joaquín Narro Lobo, que es el secretario técnico del Consejo Consultivo de la CNDH.

¿Quién inicia con las preguntas?

Empezamos con Layda Sansores y después con la senadora Adriana Dávila.

SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Presidente, quiero reconocer que siempre todo es perfectible, pero que su actuación al frente de la Comisión es aceptable.

Y que en el caso Tlatlaya usted fue muy claro, se reconoce. En el caso Iguala o Ayotzinapa, ahí la va llevando.

Me hubiese gustado sentir, escuchar opiniones más contundentes en las recomendaciones que hicieron los expertos. En un momento dado, pensé que usted tendía más a irse del lado de Campa, que de realmente vencer esta resistencia del gobierno, que a mí me queda muy claro, si nosotros la sociedad, la Comisión de Derechos Humanos que usted preside, no presionamos, nunca vamos a saber la verdad porque al Gobierno no le interesa que se sepa y precisamente porque ellos tienen las manos metidas.

Yo digo, la verdad la sabe el Secretario de Gobernación, la sabe el señor Cienfuegos y la sabe Peña Nieto; entonces yo no sé quién dio la orden, pero de que hay encubrimiento o aquiescencia, hay faltas; y sí me gustaría saber su opinión, ¿qué piensa de esta actitud, esta respuesta del Ejército de negarse a entrevistarse con los expertos del GIEI?

Que lo han pedido de forma muy clara, advirtiendo que es clave la información que puedan aportar los miembros del Batallón 27. No sé si sabe cuántos miembros hay en este Batallón, pasan los mil, y que nos digan que no tenía gente para mandar o que diga que preguntó y que le dijeron que no pasaba nada.

Todas esas respuestas que nos parecen pueriles, cuando se tiene un gran aparato de inteligencia y cuando usted dijo algo muy importante: hay que investigar no solamente lo que pasó ese día, ¿qué pasó antes, durante, después?

Porque si hay un estado que el Ejército lo tiene bajo la lupa y conoce milimétricamente lo que sucede en tiempo real, es Guerrero; y entonces que no me diga que hoy le tiene que preguntar al Secretario de Seguridad de Iguala para ver qué pasa. Y como le dijeron que no pasaba nada, pues no hizo nada.

¿Qué piensa usted de esta negativa del Ejército?

Que yo he argumentado no es ilegal, no es el gobierno mexicano quien firmó el convenio, es el Estado mexicano del cual las Fuerzas Armadas forman parte.

Y que ojalá se pudiera alentar para que se dé este encuentro y podamos llegar a la verdad.

Coincido totalmente en esta suspensión, lo que usted ha hablado de esta supervisión penitenciaria, que no se ve un avance en lo más mínimo, y nos consta.

Yo sé que se vende este autogobierno, pero se venden las celdas. Es más profunda todavía la mugre de lo que nosotros estamos viendo.

Y que, bueno, la revisión a los padres es una extorsión a todos los familiares, en fin, y que creo que algo hay que hacer. Hicimos un recorrido en alguna ocasión pero ahí lo dejamos, no seguimos insistiendo para que una acción que diga el gobierno que está haciendo para poder superar este problema que lastima. hicims dos los familiares, en fin, y que creo que algo hay que hacer.

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Nada más recomendarle, no se quiebre. Vale la pena seguir con esta voluntad y solidaridad con los padres y con el pueblo de México, porque el caso de Ayotzinapa es emblemático.

Yo no creo que son casos aislados. Yo insisto, no son fogatas, son Cienfuegos a lo largo y ancho de la República, y que tenemos hoy que dar el gran salto; este puede ser el parteaguas para superar esta crisis.

Ya nada más para finalizar, le recuerdo que no sé qué haya podido hacer; sé que tiene mucho trabajo. Yo estuve con usted el 21 de noviembre después de la represión que tiene que ver con Ayotzinapa, porque fue una gran marcha para apoyar el movimiento, y sin embargo al llegar al Centro Histórico se vio un desplegado, que hoy sí fueran muy cuidadosos, y también hay que reconocerlo, el gobierno de Mancera para este segundo aniversario.

Pero en esa ocasión, y me tocó vivirlo, fui con toda mi familia, todo golpeados para que usted los viera, que no fue fantasía. Nos tocó vivir cómo bajo una orden se empezaron a mover para todos los granaderos arrasando a todos los que estábamos todavía en la plaza, y ya arrinconados frente a los portales a golpearlos sin ningún miramiento. No veían si eran niños. Pudo haber sido una desgracia verdaderamente muy lamentable, porque caía la gente al piso en esa desesperación de salir del Zócalo.

Quedó usted en que se iba a investigar, porque aquí hay responsabilidad de las autoridades que aún no tienen protocolos. Mínimo que cargue ya cada quién con una camarita, ¿cuánto cuestan?, y si no hagamos donativos para que las lleguen todos los que están reprimiendo o cuidando, vigilando las manifestaciones, las expresiones de solidaridad pacíficas en estos movimientos que de ninguna manera deben cuartarse.

Por lo demás, gracias por escucharme.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor, señor presidente.

LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Sí, muchas gracias.

Agradezco, en primer término, los comentarios de la senadora Layda Sansores, cuando comenta que es aceptable la labor que vengo realizando para un caso.

Pero yo extendería. Yo espero que se convenza prontos, senadora, de que es aceptable en todos los casos que venimos atendiendo, el caso Tlatlaya que usted mencionó, ahí está, lo dijimos.

Y, en el caso Iguala…

SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Perdone, me refería a su actuación en general, ¿eh?

LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Le agradezco entonces doblemente su comentario.

Y déjeme decirle, en el caso Iguala, ustedes deben de recordar, todos los pronunciamientos que he venido realizando sobre lo lastimoso que ha sido este episodio en el país, que ha trascendido las fronteras nacionales y que se ha colocado en el ámbito internacional.

Y que incluso, como yo decía, de manera complementaria a lo que son las instituciones nacionales, los órganos del sistema universal y del sistema interamericano, vienen coadyuvando en este tema.

Quiero decirle que nosotros en todos los casos que atendemos estamos mostrando independencia y autonomía, que es la característica con la cual ustedes eligieron al ombudsman de este país y hemos dado muestra de ello.

Entonces, en ese sentido, e caso Iguala para nosotros representa un caso abierto, un caso en el que se debe de agotar la investigación de manera profunda, imparcial, objetiva, lo hemos reiterado, la investigación tiene que obedecer a un análisis exhaustivo del conjunto de evidencias que conforman la averiguación previa.

Lo dijimos en el reporte que tienen ustedes en las 33 observaciones, inclusive decimos en alguna de ellas “fortalecer los procesos penales de las 113 personas consignadas”, así lo hemos señalado, hemos señalado que se tienen que declarar a un sinnúmero de servidores públicas de distintas entidades, precisamente para abundar en la investigación.

Hemos señalado que se tiene que llevar a cabo reconstrucción de hechos; hemos señalado también que se tiene que fortalecer la ruta de custodia a partir de declarar a quienes recogieron la evidencia: hemos señalado que se tienen que identificar otras versiones que hay contenidas en la indagatoria y, déjeme decirle, dentro de lo que nosotros señalamos el 23 de julio y quiero insistir en la fecha, porque esto fue en julio, el reporte del GIEI en agosto y quiero rápidamente, si me rápidamente si me lo permiten, señalar las coincidencias que tenemos.

Respecto de lo que usted comentaba, nosotros nos pronunciamos sobre el reporte del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana, señalamos lo siguiente, quiero casi citarlo textualmente, que coincidíamos en muchas de sus observaciones, en una gran mayoría de sus observaciones y que la parte técnico-científica tenía que resolverse con un riguroso método científico y lo tradujimos en algo coloquial, que dijimos que la ciencia hable.

Es decir, en las partes técnico-científicas se tiene que acudir precisamente a los expertos en las diferentes materias interdisciplinarias que den certeza, porque al interior del expediente hay dos versiones encontradas respecto de la circunstancia de cómo fueron estos jóvenes, de acuerdo a testimonios, si fueron o no incinerados en el lugar que se dice dl basurero de Cocula.

Entonces, qué mejor que la ciencia y los científicos se expresen en ese sentido, pero quisiera rápidamente referirme a la coincidencia con el GIEI, con el grupo de Trabajo Independiente, por ejemplo en la necesidad de continuar con las acciones de búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

Planteamos que en la indagatoria hay declaraciones que hablan de otras posibles rutas adicionales a la que se ha manifestado, ahí o dijimos y lo dijimos el 23 de julio. En la obtención de datos de georeferenciación de teléfonos celulares, también en esto lo dijimos en esa fecha y coincide con lo que dijo el GIEI, en el señalamiento que deben cumplimentarse os mandamientos judiciales pendientes.

Pero además aquí decimos una cosa muy importante: nosotros identificamos en la indagatoria que se mencionaban por su apodo a 11 personas y que no habían sido motivo de indagación.

En un sobre cerrado entregamos a la PGR, porque no podíamos hacerlo público para no afectar la indagatoria, las caracterizaciones de esas personas para que fueran investigados; que era importante el imperativo que comparecieran a rendir declaración elementos policiales y también vimos a quiénes nos estábamos refiriendo.

En que la autoridad requiriera información científica sobre las condiciones climatológicas y ambientales imperantes en Iguala y particularmente en el basurero de Cocula; en que la autoridad ministerial practicara peritaciones en materia de balística forenses, coincidiendo también con el GIEI.

En la sugerencia de que se desarrollara una investigación profunda del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Si ustedes ven el reporte, se estaba investigando nada más por la parte del grupo de “Guerreros Unidos”.

Nosotros dijimos: “¿Y qué pasa con el grupo denominado, o conocido como Los Rojos?” Ahí nosotros señalamos esta circunstancia.

Es decir, la línea de posible móvil de narcotráfico también había que seguirla, y lo dijimos desde el 23 de julio.

En que la autoridad ministerial promoviera la acumulación por conexidad de la causa penal de los procesos que se siguen por homicidio en Guerrero, por el fuero común.

Hicimos ese exhorto a la Procuraduría General de la República, por lo que se conoce técnica como la indivisibilidad de la causa.

En la demanda de que se estableciera científicamente el origen de las lesiones que presentó Julio César Mondragón, que hoy incluso será motivo de una nueva autopsia. Pero ahí lo señalamos el 23 de julio, que era importante determinar esto.

Que era urgente que se brindara atención a las víctimas.

Y déjenme decirles aquí algo muy importante en atención a las víctimas:

No nos referimos solamente a la atención victimal en lo individual, sino familiar y sobre todo colectiva. Es decir, ahí se tiene que reconstituir el tejido social.

En la determinación de una ruta de desaparición de los normalistas, adicional a la establecida por la Procuraduría General de la República, las tesis que se venían manejando.

En que se realizaran los análisis científicos pertinentes sobre ropas localizadas en los lugares de los hechos.

Señalamos, desde julio, que se tenían que periciar esas ropas, que no se había realizado.

Y dijimos, desde el 23 de julio, que había que investigar la participación de otras corporaciones policiales municipales en los hechos del 26 y 27 de septiembre. También en esto coincidió el GIEI en agosto, cuando rindió su reporte.

Y, un punto que ha sido controversial, a ustedes les consta, es respecto del quinto camión.

Bueno, ahí, déjenme decirles, el GIEI habla de 5 camiones. Nosotros, y ahí está documentado y dimos esta información, hablamos de 6 camiones y estamos desarrollando esa línea de investigación y vamos muy avanzados.

Coincidimos en que hay que buscar la verdad.

Me pregunta sobre el ejército, los elementos del ejército mexicano:

Y quiero comentarle que si se observa en las 26 observaciones que hicimos a la PGR, nosotros señalamos, en uno de los puntos, precisamente que tenía que llamarse a ampliar sus declaraciones a algunos elementos policiales y a algunos elementos de las fuerzas armadas, así como tomar testimonios por primera vez, de algunos otros elementos.

Es decir, acudimos a través del órgano correspondiente y nosotros tenemos nuestra propia línea en ese sentido y estamos recabando información de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los compromisos del Gobierno Federal con la Comisión Interamericana y el GIEI, es parte de lo que exhorta a que el diálogo permita arribar a soluciones, que permitan avanzar en esta investigación.

Y sobre el 20 de noviembre, yo le diría, si me lo permitiera, para no distraernos de los dos puntos que forman la agenda, que el primer visitador le llame por teléfono y le dé la información del avance que tenemos en ese caso.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien.

Muchas gracias.

Senadora Adriana Dávila, por favor.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Por supuesto reconocer el trabajo de la Comisión; ya lo hizo la senadora Layda.

Creo que todos los que estamos aquí reconocemos la seriedad, Presidente, con la que se ha manejado la Comisión.

Y derivado de lo que usted plantea, a mí me llama la atención, o más bien destaco la frase que señaló: impedir que el silencio y el olvido, una indiferencia, prevengan estos casos, o eviten que vuelvan a sucederse.

Hace un año, un poquito más, hace más de un año, nosotros aprobamos la Ley de Víctimas, bueno, ya inicia la Legislatura, y hubo muchas diferencias para esta aprobación de la Ley de Víctimas.

Ahí se planteó la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Había algunas diferencias de fondo y usted en su análisis, en su investigación plantea el papel de esta Comisión; porque eso no le corresponde a usted, le corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

A mí a veces me parece que la CEAV actúa más bien como una organización civil que como una oficina de servidores públicos, que tienen que plantear este proceso de reparación del daño.

Es cierto que hay todavía muchas líneas de investigación que seguir, que todavía este proceso no está concluido; pero traemos un problema severo respecto de cómo se está manejando la atención a quienes ya en este momento están en este papel de víctimas.

Estoy planteando, por ejemplo, el caso de los avispones o planteo, por ejemplo, el caso de los familiares o estoy planteando el caso de algunas otras personas que tendrían que estar siendo atendidas en este proceso y tengo la sensación de que en el informe, si bien es muy general el tema; yo sí quisiera más adelante, no pretendo que en este momento se me diga, pero si se nos pudiera informar con mucho más detalle a qué se refiere cuando dice que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas actúe en consecuencia.

Yo puedo entender a qué, nosotros tuvimos aquí y reconozco además el perfil y el profesionalismo de varios de los comisionados, no estoy planteando ni es un demérito a sus personas; pero sí como institución tengo la sensación de que nos ha quedado a deber.

Y nos ha quedado a deber porque un asunto es tener que investigar y otro asunto es tener que reparar, y hay que dejar que el curso de las investigaciones siga su cauce, pero hay que reparar lo que tenga que repararse ya.

Y me parece que no podemos seguir actuando y yo esperaría que el caso Iguala no sucediera, no fuera parte de las ocurrencias que a veces tenemos. Cuando se crea esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se da por un movimiento social, se crea una ley de víctimas; hoy estamos todos, somos responsables, incluyo y digo el Senado de la República también tiene su responsabilidad de no darle seguimiento a estas cosas que se están creando; porque a veces pensamos que crear instituciones, órganos colegiados, nos va a ayudar a resolver lo que tendríamos que estar haciendo en el fortalecimiento de instituciones claves, que no tenemos porqué dividir.

Entonces, más que para usted, decirle y pedirle de favor, tener más información respecto de este papel, ¿qué ha hecho?

Porque a lo mejor se puede decir “sí, atendieron 300 y tantas atenciones psicológicas”, aquí viene manejo de crisis, pero esa es la CNDH; ¿qué hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? ¿Cómo se está planteando?

Yo sí quisiera tener más información respecto de la propia observación que usted está haciendo.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor, presidente.

LICENCIADO RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias por su pregunta.

Me da pauta para hablar de un tema que yo digo, es prioritario: los ejes bajo los cuales la CNDH está investigando es:

El acceso a la verdad, es decir, que conozcamos los mexicanos y la sociedad internacional en general, qué aconteció –como dije– en el antes, durante y en el después, por un lado.

Que se acceda a la justicia, es decir, que se finquen las responsabilidades correspondientes.

Que se determine el que estas acciones no se vuelvan a repetir. Es la garantía de no repetición.

Lo que usted comenta, que me parece fundamental, la reparación integral del daño y que no necesitamos esperar a que se concluyan las investigaciones.

Déjeme decirle que precisamente en la interactuación que tenemos con el GI en diversas reuniones de trabajo, se comentó y comentamos que precisamente había que empezar con la reparación del daño de víctimas; porque lo que yo comenté ahora, estamos hablando de seis homicidios que sucedieron esa noche.

Es decir, ahí hay personas que no vamos a poder volver las cosas al momento en que sucedieron, pero debe de proceder la reparación integral en todos sentidos.

Y el reporte del 23 de julio que nosotros emitimos, nos hemos dirigido a la CEAV para que haga las veces de esa recomendación y a partir de ello, la CEAV ya ha iniciado la reparación de daños de algunas de las personas. Inclusive, recientemente tuvimos la respuesta de CEAV, en donde nos notifica que ha procedido a reparar el daño de algunas de estas personas.

Nosotros, debo decirle, con la emisión del reporte del 23 de julio no se queda solamente en su emisión, parte del fortalecimiento que queremos darle a la Comisión Nacional es que los reportes, los informes, las recomendaciones generales y las recomendaciones específicas; ahí empieza el trabajo redoblado de la Comisión para que se haga efectivo lo que ahí se expone.

En este caso le estamos dando seguimiento a las 26 recomendaciones a la PGR, y en este caso a lo que está haciendo la CEAV.

Ya ha comenzado y se está trabajando –también le comento– junto con el Grupo de Expertos y con la Comisión Nacional en un plan victimal colectivo, precisamente en la zona y con los familiares.

Aquí también debo de comentar que en el reporte que hicimos el 23 de julio fuimos insistentes en que se tendría que buscar el mecanismo de incidencia con los propios padres de familia, venciendo las legítimas resistencias y desconfianzas que pudieran tener. Pero creo que se ha avanzado y, en ese sentido, creo que estamos en la ruta correcta con la CEAV.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien. Muchas gracias.

¿Quién más de ustedes quiere hacer una pregunta?

Diva, por favor, te paso el micrófono.

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Buenas tardes, señor presidente.

Me gusta mucho que usted exprese en el documento que esté entregando datos como que este caso no debe hacerse uso político de él. Además no se debe hacer un uso descontextualizado.

Y dijo algo que también me impacta: el oportunismo.

Finalmente habla usted de que no debemos las diferencias en cifras como el eje del asunto. Eso a nosotros nos importa mucho. La agitación social que esto ha provocado es muy grave y el reparto de culpas, el vaivén del reparto de culpas lo es aún más.

A mí, a nosotros nos preocupa bastante cómo un hecho tan doloroso, tan injusto, se ha inscrito en un tema político, en donde en ese contexto el discurso político no le sirve a nadie; no resuelve y no le sirve a nadie.

Por eso yo quisiera que usted nos dijera qué opina usted de toda la investigación que ha hecho la PGR, que por cierto los peritos que intervinieron son de la UNAM, al más alto nivel; son gente de la UNAM, intervinieron peritos argentinos, de Innsbruck.

Y me parece que hay todo un debate en donde pareciera que el debate jurídico lo hemos perdido y el político es el mejor camino para querer resolver un problema que se centre exactamente en un asunto científico, de investigación, serio para poder avanzar.

Por eso para nuestro grupo nos importa mucho saber qué opina usted.

Yo traía unas tarjetas pero seguí puntualmente su intervención; y me gustaría saber qué opina usted del trabajo que está haciendo PGR, todo lo que hay alrededor sirve o no sirve, es bueno o es malo, porque esto tiene que ver con la violación a los derechos humanos.

Y es muy importante para nosotros tener mucha claridad del presidente de la CNDH en ese sentido.

El discurso devastador, el discurso que escuchamos todos los días no ha hecho que sepamos dónde están los muchachos. No ha servido seguir insistiendo un tema politizado totalmente y que se separa del interés superior que deberíamos tener en una investigación científica, técnica, que creo yo la PGR está haciendo, pero quisiera saber su opinión.

Usted ha dado elementos aquí que yo los recojo, de veraz, con mucho interés. Qué bueno que usted hable así, presidente, porque para nosotros nos importa mucho que usted esté hablando del tema del oportunismo, de lo descontextualizado, del asunto político, es muy importante.

Quisiéramos escucharlo en primera parte, hemos querido escuchar primero, mi grupo parlamentario, porque creo que discursos ha habido muchos, denostación ha habido más, agitación social total ha habido en el país y qué está pasando.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor presidente.

LICENCIADO RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias senador Diva Gastélum.

El exhorto que como ombudsman yo estoy mencionando en el texto que compartí con ustedes es que lo que debe de animar es la suma de esfuerzos, la suma de voluntades, la búsqueda de la verdad, que la verdad se sustente en objetividad, imparcialidad, profesionalismo y responsabilidad, que la verdad se desprenda del conjunto de vivencias que integran una indagatoria.

Nosotros fuimos enfáticos, como yo dije aquí, de compartir una gran mayoría de coincidencias con el grupo de expertos y respecto de lo que comenta la senadora Diva Gastélum, que se refiere a una de las peritaciones que se soportan en la integración de la averiguación previa, quiero referirme a los dos planteamientos que están en la controversia: el que está sustentado en la integración de la averiguación previa, que se basa en diversas declaraciones que tengo aquí enunciadas, pero que son varios de los testigos o presuntos responsables más buen, que han declarado en indagatoria, dictámenes periciales donde ha participado el Instituto Mexicano del petróleo, ha habido peritajes en medicina forense, en química forense, efectivamente han participado institutos de biología de la UNAM en este tema y que han llevado a la determinación , de acuerdo a la tesis manejada por PGR, de que ahí habrían sido incinerados normalistas de Ayotzinapa.

Y por otro lado, el dictamen del grupo de expertos independientes en donde, según señalan, ni existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, que toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero al que hacemos referencia o que se hace referencia ahí, sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones.

Toda la evidencia recolectada muestra que mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal que se refiere.

De haber existido un fuego de esa magnitud los daños –dicen- serían más generalizados y que era imposible, --dice el dictamen del GIEI a partir del perito que ustedes conocen, perito torero— establecer si los fuegos ocurridos en el basurero municipal de Cocula fueron de las dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos.

Es decir, aquí tenemos dos dictámenes que se contraponen y por eso cuando a mí me preguntaron que cómo veía el que participaran otros peritos, mi respuesta la di en estos días, creo que es válido que participen otros peritos de las distintas especialidades que tengan que ver con el tema, invitando a los que ya opinaron, entre ellos al perito torero.

¿Qué sucede en los procesos penales y esto lo sabemos los abogados?

Cuando hay controversia en los peritajes se busca un perito tercero en discordia y creo que esto está en esa lógica y lo importante, repito, es que lleguemos a la verdad.

Aquí hay controversia y en esa parte técnico científica nosotros dijimos “que hable la ciencia”. Y la ciencia tiene que hablar a través del método riguroso científico.

Y en ese sentido creo que lo importante es que esos peritajes tengan el sustento pericial con el soporte y la expertise de quienes pueden opinar en ello, invitando desde luego a los que ya han participado.

Sobre la pregunta que me hace la senadora, de la actuación de la PGR:

Nosotros observamos, como observamos en cada una de las investigaciones que realizamos de quejas que conocemos, observamos 26 en un primer momento, que fue el 23 de julio, 26 omisiones de acciones que no se habían llevado a cabo y que por eso pedimos que la PGR, que aceptó que analizaría ese documento y que haría lo que estaba, aceptó lo que proponía la CNDH, nos dio ya respuesta precisamente, nos dio respuesta y nosotros el día de hoy le contestamos a la PGR por escrito y mañana empezaremos el análisis de todas y cada una de esas observaciones para señalarle las que nos parecen que no fueron congruentes con el planteamiento que le hicimos y cuáles fueron insuficientes, desde nuestro punto de vista.

Y agotado este proceso en los próximos días, daremos a conocer públicamente la respuesta a ese planteamiento.

Es decir, hubo acciones que no se llevaron a cabo y que motivaron el que nosotros observáramos, al 23 de julio, el trabajo de PGR.

Y desde luego nuestra investigación sigue abierta y no está agotada.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias.

Por favor, senadora Lorena Cuéllar.

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Bienvenido señor Presidente.

Agradecemos su estancia en el Senado de la República y felicitamos también sus acciones en diferentes temas.

Quisiera comentarle sobre el caso de Tlaxcala:

La semana pasada tuvimos, en el municipio de Tocatlán, un caso muy lamentable de migrantes que viajaban en el tren, denominado La Bestia, y un grupo de cuerpos policiacos dispararon, a mano armada, prácticamente a personas centroamericanas.

Ahí murió una persona, dos están gravemente heridas y estos hechos tan lamentables que pues hasta la fecha no han podido pues hacerse nada con estas situaciones reprobables; pasan a diario en el Estado.

Hablo también de los normalistas de Panotla, en donde de manera pacífica fueron a inconformarse y vinieron a ser agredidas, lastimadas físicamente; fueron lastimados con balas de goma, con gases lacrimógenos, en fin, y sin realmente hacer situaciones que tuviera que tomarse estas acciones.

Yo sí quisiera que dieran seguimiento a estas acciones que se están llevando a cabo en Tlaxcala, donde es reprobable este tipo de acciones del gobierno estatal y del cuerpo policiaco de mi Estado y que finalmente ustedes son parte importante para poder poner orden a estas situaciones tan lamentables en el país.

Muchas gracias.

LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Con toda seguridad le puedo decir que el caso de Tlaxcala que me comenta, lo está haciendo la Quinta Visitaduría y le voy a pedir al Quinto Visitador, que no está aquí presente, que entre en contacto con usted para decirle del seguimiento del caso de normalistas, no sé si la comisión local lo habrá atendido, pero tomamos nota de ello, senadora.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor, senadora Lucero Saldaña.

SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña.

En esta reunión de trabajo, presidente Luis Raúl González Pérez, que nos ha dado por un lado, aquí se ha hablado del actuar de la Comisión misma y del propio caso. Creo que ha sido exhaustiva, aquí vemos un reporte donde ha habido muchas visitas, muchas entrevistas; hemos visto que no han limitado su actuar para profundizar en esto que coincidimos todos, que es el esclarecimiento de la verdad.

Aquí en el Senado ha habido debates amplios, abiertos sobre el tema y creo que hay esa misma coincidencia, que no se ha cerrado la investigación, que no está cerrada, que la recomendación de que sea una investigación integral; recordamos que el propio Gobierno Federal solicita la intervención de este Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la coadyuvancia. Creo que el concepto de coadyuvancia es relevante.

Y ahí señala lo que usted aquí señala en el informe, que se ven omisiones de la autoridad municipal. En esto que aquí se ha dicho y que lo señaló nuestra compañera senadora Diva Hadamira, de hablar con la verdad; también de no politizar, no hacer uso político ni distorsiones, a veces se ha culpabilizado al Estado mexicano en general.

Habría que ver, efectivamente, que hay responsabilidades que asumir y que no nos lleva el pensar en atacar por ser de un municipio, por ser de una entidad, de un distinto partido, por ser de un gobierno federal de otro partido, el estar señalando culpabilidades, cuando todavía la investigación también está en proceso.

Vemos también coincidencias en que se transparente: está televisándose, está abierto, que dar certidumbre, continuidad, el que las víctimas tengan también esa reparación integral de acuerdo a los protocolos internacionales, que sigamos construyendo esta verdad porque creo que más que historia lo que queremos es justicia.

Y me pregunta está en si todavía no ha terminado la investigación, ¿sería propio hablar de desaparición forzada o hablar de desapariciones, que es hablar de algo distinto?

La connotación conlleva esa responsabilidad o incluso culpabilidad de autoridades.

Creo que ahí si la investigación no ha concluido, creo que el concepto que estaríamos aquí señalando, si hablaríamos de desapariciones o calificando de desaparición forzada.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor, presidente.

LICENCIADO RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias, muy amable senadora Lucero Saldaña, por permitirme dar respuesta y compartir con usted esa información.

Quisiera brevemente, por lo que usted dijo, compartir con ustedes que viene en el reporte, pero lo sintetizaría, lo que ha representado el análisis por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Tenemos integrado 214 tomos en 124 mil 078 fojas. Entrevistas e intervenciones periciales, 554 entrevistas y 194 intervenciones periciales; de las cuales 120 corresponden a atenciones psicológicas a víctimas y familiares.

Revisión de expedientes y de intervenciones periciales.

Expedientes se han revisado un total de 373 tomos correspondientes a tres expedientes; 123 de la Procuraduría General de la República; 228 de los juzgados Federales; y 18 de Juzgados Locales.

Las intervenciones periciales, es decir, sobre dictámenes que hemos accedido a ellos, se han efectuado la revisión de mil 231.

Las visitas, hemos hecho un total de 358.

Medidas cautelares hemos solicitado nueve.

Requerimientos de información, 744 en 85 oficios a autoridades de los tres niveles de gobierno.

Ustedes pueden dimensionar la complejidad y el trabajo inmerso que hay en la oficina para la atención del caso Iguala.

Y, efectivamente, como lo dijimos y lo hemos sostenido, es una investigación abierta; tan abierta que hay procesos en curso, órdenes de aprensión pendientes, análisis para determinar las responsabilidades de otras personas, y desde luego la realización de periciales.

Nos dirigimos, como bien lo dice la senadora Saldaña, a la autoridad municipal, porque no necesitamos acotar las investigaciones para que se fortalezca o se reestructure la seguridad en Iguala, porque pasaron estos lastimosos hechos pero no podemos dejar a la población desprotegida.

Y pedimos al ayuntamiento que en coadyuvancia con el Estado y con la federación se establezca un plan de acción para restablecer la seguridad en esa localidad.

Desde luego, contestando a su pregunta sobre el calificativo respecto de la conducta sucedida el 26 y 27 de septiembre, nosotros la hemos calificado porque así está acreditado en nuestras actuaciones, en el cúmulo que tenemos de lo que yo he señalado que hemos analizado, como una desaparición forzada.

Está establecido que ha habido violación a derechos humanos porque hay la participación de servidores públicos, en este caso municipales, que están plenamente acreditados.

Desde la perspectiva y se investiga, no está cerrada, eso está probado, seguimos en la investigación, por eso decíamos estamos investigando el antes, el durante y el después.

Y, quiero ser enfático, para la Comisión Nacional –y lo hemos dicho– hay desaparición forzada conforme a los estándares internacionales.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.

Por favor, el senador Pablo Escudero.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, presidenta.

Bienvenido, presidente de la comisión, es un placer como siempre tenerlo aquí.

No podría empezar con la pregunta sin antes lamentar lo que ha estado sucediendo en este tema, que es el uso político y oportunista del tema.

Nosotros ya dimos el debate, lo dimos en el pleno. Ya fijamos posición y no les gustó.

Me parece, y los que estamos aquí pensamos que usted está citado aquí a una reunión de trabajo de buena fe para trabajar y para ir adelante, y es lo que queremos, ir para adelante.

Nosotros ya fijamos la posición y no les gustó en el pleno.

Presidente, le agradecemos el documento que nos hizo llegar.

En la página 58 y 59, nos habla el punto 31 de reforzar los medios de convicción que sustentan los procesos penales 212/2014, 214/2014, 216 y 217, radicados en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia penal del Distrito Judicial de Hidalgo. Si nos pudiera abundar la información a qué se refiere con eso.

Y también en la hoja 59 nos dice que se estudiará fortalecer las acusaciones a fin de que los inculpados, en su caso, sean sancionados conforme a la ley y evitar la impunidad. También si nos pudiera dar un poco más de información de qué es lo que está pensando la Comisión respecto a este tema de fortalecer las acusaciones ante el ministerio público.

Por sus respuestas, muchas gracias.

Bienvenido y gracias por los documentos de trabajo que nos ha hecho llegar.

Y, como siempre, lo felicitamos por el trabajo serio que se lleva a cabo en la Comisión.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor, presidente.

LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias, senador Escudero.

Efectivamente los dos puntos que se refieren, la Comisión Nacional, a partir del análisis de las documentales a las que me referí en esta numeralia que comenté, nos permitimos respetuosamente dirigirnos a las autoridades correspondientes en dos niveles:

Uno, de los casos que ya han sido consignados y que estén ante los jueces correspondientes, lo que señalamos es que es deseable que se fortalezcan, siempre es bueno que no vayamos a tener sorpresas en la decisión de los jueces cuando es posible, a partir de continuar en los desgloses respectivos, con el acercamiento de más evidencias y pruebas que puedan fortalecer la presunta responsabilidad de las personas.

En ese sentido es sugerente, les decimos a las autoridades de procuración de justicia, que en esos procesos busque contar con mayor evidencia.

Por citarle algo, cómo se pueden fortalecer, bueno, las 11 personas que aparecen como con apodo pueden declarar y fortalecer respecto de las imputaciones de los que ya están consignados y en el mismo sentido, dentro de la averiguación previa, de las personas que están siendo buscadas, pues que la integración de la averiguación previa cuente con el mayor número de elementos que permitan precisamente, en un caso, que se obtenga la orden de aprehensión o, en su caso, si se da en flagrancia, que se consignen con el mayor número de elementos de convicción.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Sí, por favor.

PREGUNTA: Presidente, ¿la Comisión está llevando a cabo alguna acción jurídica respecto a estos directamente con el Ministerio Público en Hidalgo, está impulsando algo, está haciendo la recomendación a la procuraduría? Es de la página 58, 59.

LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: ¿Del grande, verdad?

PREGUNTA: Si quiere se lo paso.

LICENCIADO RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Aquí está, 31, sí, reforzar en so medios de comunicación que se sustentan en los procesos penales tales.

Estamos hablando del Distrito Judicial de Hidalgo, del estado de Guerrero. Me refería yo, en este caos, a los cuatro procesos que se llevan a cabo precisamente por los homicidios de las personas que tuvieron que ver ese día del 26 de julio.

Es decir, ahí lo lleva el fuero común y están consignados en este distrito judicial y por eso pedimos a la PGR que atrajera esos casos para que los integrara a los procesos federales, para no dividir la causa, tratándose de los mismos hechos creo que puede tener mejores resultados la unificación de las causas para que no se divida la misma.

Entonces, a eso os referimos.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien.

Señor presidente, voy a hacer yo mi pregunta, no está relacionada con el caso de Ayotzinapa, sino que está relacionada con el informe sobre los reclusorios, por razones obvias había mucha motivación en las senadoras y el senador en hablar de Ayotzinapa.

Me preocupa una cuestión que observamos en las discusiones para determinar cómo tiene que dar la Ley de Ejecución Penal. Me preocupa mucho todavía el insuficiente comprendimiento de la reforma en materia de derechos humanos y efectivamente lo que plantea nuestra Constitución, particularmente en lo que tiene que ver con la reinserción.

Hay todavía una resistencia y seguir viendo todavía conceptos inscritos en la readaptación social y no la reinserción.

Mi pregunta concreta, más allá de que volvamos a seguir platicando sobre ese tema, los informes de usted son muy completos, pero me preocupa mucho y en ese sentido pregunto a la Comisión:

Qué es lo que está haciendo la Comisión en esta coadyuvancia de la formación de funcionarias y funcionarios para que se transite lo más pronto posible, del concepto de readaptación, incluso llamo la atención: el organismo descentralizado que tiene en su encargo los reclusorios se sigue llamando “de readaptación”, no de “reinserción”, y hay un mar de diferencia respecto de un tema, de un concepto al concepto que ahora nos inscribe la Constitución respecto de la reinserción social.

¿Nos pudiera usted abundar un poco sobre ese asunto?

LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Con gusto.

Yo creo que el punto que usted aborda es vital.

Tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que cambiar ese paradigma, pero no es siquiera por voluntarismo, sino por cumplir con el Mandato Constitucional.

En el artículo 18 constitucional precisamente se cambió el concepto ya obsoleto, rebasado, in funcional de readaptación por reinserción social, que conlleva precisamente quienes compurgan una pena, los ejes a través de los cuales se tiene que dar la reinserción es desde luego la educación, el deporte, el trabajo.

Entonces en ese sentido creo que parte de lo que viene haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos es, con las autoridades de los distintos penales del país, precisamente en los cursos de sensibilización y capacitación que impartimos, darles a conocer los alcances de lo que implica esta circunstancia.

Su pregunta me da pauta para decir que insistiremos en ello porque es muy importante, como lo decía yo al principio, que pensemos que no puede cerrarse el círculo de la investigación, integración de averiguación previa, consignación, procesamiento por sanción y precisamente la compurgación de la pena a partir del principio de reinserción social si no ponemos atención a los penales.

Quiero brevemente aprovechar para decir que el diagnóstico 2014 permitió una muestra de 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país, donde se incluyen los varoniles, los mixtos y los femeniles, en las 32 entidades federativas, cuya población social en esos centros, al momento de aplicarse nuestro diagnóstico, era de 195 mil 329 internos. Es decir, alcanzamos a revisar 130 centros el año pasado. Se visitaron 20 centros federales.

Y, por otro lado, la muestra abarcó el 90.06 de la población penitenciaria.

Déjenme decirles que en la mayoría de los centros visitados, tanto estatales como federales, encontramos insuficiencia de las actividades laborales de capacitación, que tiene que ver con esto de reinserción social, capacitación para el trabajo, tareas educativas y deportivas.

Y en 91 de los 130 penales visitados, encontramos esta problemática.

Los problemas más importantes que se presentan en las prisiones de nuestro país, hay que decirlo, es sobrepoblación, ya que de los 130 supervisados, en 72 centros estatales existe esta problemática.

¿Qué encontramos junto a esto?:

Hacinamiento, falta de separación entre procesados y sentenciados. Y algo muy importante, senadores y senadoras: la insuficiencia de personal. Es un tema que encontramos.

Encontramos gran porcentaje de la población procesada, deficiencia en la atención médica, condiciones de autogobierno, deficiente clasificación penitenciaria, falta de manuales de procedimientos.

El total de incidentes que se registraron el año pasado fueron mil 767. El número de homicidios y suicidios, la frecuencia de éstos fue de 117, de los cuales 111 fueron en los CERESOS, 49 homicidios y 62 suicidios. Por lo que hace a los CEFERESOS, que son los federales, hubo 6 suicidios. Hubo mil 475 riñas, 700 en CERESOS y 734 en CEFERESOS.

En cuanto a quejas en los centros penitenciarios se presentaron 6 mil 121; 6 mil 118 en CEFERESOS y en CERESOS, así como en tres prisiones militares.

La clasificación del diagnóstico 2014, tenemos cinco estados: Guanajuato, Aguascalientes, Tlaxcala, Guerrero, Baja California, tuvieron una calificación superior a 7. El estado de Guanajuato es la entidad con la más alta calificación, con 7.59. Catorce estados tuvieron una calificación entre 6 y 7. Tres entidades resultaron con una evaluación inferior que oscila entre 5 y 3 puntos, siendo Quintana Roo el estado con más bajo puntaje.

Por lo que hace a los centros federales, nueve de éstos tuvieron una calificación a 7, siendo el de mayor porcentaje el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con 8.18. Diez fueron evaluados con una calificación entre 6 y 7.

Sólo el CEFERESO de Ciudad Juárez, Chihuahua, obtuvo una calificación inferior a 6.

Entonces, creo que es un punto donde estamos trabajando para ir superando esta problemática, la tercera visitadora, que está aquí presente, tiene contacto con los titulares de los centros penitenciarios y además, este trabajo se realiza de la mano con las comisiones estatales de derechos humanos.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias.

Por favor, senadora Diva Hadamira Gastélum.

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: Muchas gracias, presidente.

Creo que en esta Cámara se ha hablado bastante de los temas que usted ha abordado. Solamente quiero dejar registrado que exactamente usted viene a esta comparecencia no solamente con un tema, viene con dos; fue una solicitud que le hicimos a la presidenta, quiero que quede registrado.

Sí, sí nos importa Ayotzinapa, claro que nos importa, porque es un debate que pareciera no concluye; y sus palabras son más que elocuentes. Esto tiene que sujetarse a un tema científico muy riguroso.

La verdad, para mi grupo parlamentario que usted hable así es un aliento, porque saca del debate de una situación grotesca en la que nos hemos metido, y no hay obvias circunstancias, nos importa eso, nos importa el sistema penitenciario, la presidenta lo sabe, que la solicitud que nosotros hicimos era: que no venga el presidente solamente a hablar de un tema tan recurrente, sino que traiga otro informe.

Quiero dejarlo asentado: sí nos importa Ayotzinapa y sí nos importa el sistema penitenciario. Y no porque estemos dándole vuelta a una situación que lo que fue, no lo podemos borrar, ¿eh?, no lo vamos a poder borrar; está ahí y lo que nosotros queremos igual que todos en el Senado de la República, es la verdad, y la estamos buscando y queremos contribuir a esa verdad.

No le estamos rehuyendo a ninguna situación, no estamos agitando a la gente, nos estamos yendo exactamente a lo que usted ha dicho aquí, que lo que nos va a dar luz es la parte científica, rigurosa a la que ha hecho mención.

Nos anima, a mi grupo lo pone optimista que usted ponga en ese contexto el caso Ayotzinapa, porque es lo que nosotros estamos esperando: una investigación muy seria, que lo han hecho desde el primer día, de una u otra manera, y que hoy tenemos que llegar hasta allá.

Y el tema que también nos trajo, el penitenciario, nos importa mucho por supuesto que nos importa y nos importa mucho lo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por eso estamos en esta mesa.

Le agradecemos mucho a nombre del grupo parlamentario, su presencia.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, senadora.

Pues sí, yo le quiero reiterar al presidente, si me permiten, a nombre de toda la Comisión, que las reuniones de trabajo con usted sean con esta flexibilidad, cada que tengamos usted que recurrir con nosotros y nosotros con usted, sobre los temas que nos ocupan al Senado y también apoyarle a su trabajo desde la Comisión.

Me parece que este tipo de ejercicios son ejercicios que reflejan la pluralidad del Senado. Reflejan también la democracia y la libertad que nos caracteriza al Senado y que todas y todos hablamos y preguntamos con toda la libertad también, y le agradecemos a usted que con esa misma libertad también nos haya respondido a las interrogantes que hoy le hicimos llegar.

Ciertamente la senadora Gastélum tiene razón, son temas que no se pueden ocultar, son temas que están ahí, pero que desde distintas perspectivas me parece que pudiéramos –si me permiten decirlo– tener esa unidad muy complicada, pero creo que la unidad de que queremos que se conozca la verdad y de que efectivamente haya justicia en el país.

No quiero entrar a mayor discusión. Me parece que ha sido muy clara la posición de cada quién.

Como dice el senador Pablo Escudero, dimos una gran-gran discusión en el pleno del Senado, que fue pública, amplia, con toda la diversidad y con todas las posiciones, y me parece que eso tampoco acaba a que lo volvamos a seguir discutiendo porque es parte del trabajo parlamentario.

Vendrán discusiones doctas ya en la parte propiamente legislativa y seguramente nuestras preocupaciones tendrán que verse reflejadas en los artículos, en los preceptos legislativos que nosotros impulsemos para cumplir con nuestra responsabilidad.

No habiendo mayores preguntas… Por favor, senadora Layda Sansores.

SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Sin ánimo de debatir, nada más dejar muy claro que para que se discutiera Ayotzinapa en este Senado pasaron 14 días de que habían venido representantes del GIEI y de los padres.

Y pues solamente a fuerza de cargar una mochila con bocina y de impedir que se hablara de otro tema hasta que no se discutiera Ayotzinapa se pudo dar

Sí hay que ser también nosotros responsables y que ojalá que nos una el deseo de la transparencia y de la verdad.

Y que si esto se politizó no fue aquí por parte de los que estamos en contra de los resultados que dio la PGR, porque es evidente que hubo omisiones y fallas que son muy graves, y que todavía lo vamos a ver cuando empiecen a salir los detenidos, porque los expedientes no se integraron debidamente y porque hubo tortura.

Yo creo que estos son momentos realmente para unir filas de todos los partidos políticos en aras de encontrar la verdad.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Sí. Muchas gracias, senadora.

Me parece que ya no hay nadie más que quiera tomar la palabra.

Presidente, le agradecemos mucho haber estado en esta reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos.

LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Al contrario, a ustedes. Y aquí estaremos también apoyando la ley de desapariciones y de tortura.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Claro que sí.

Buena tarde.

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