Versión estenográfica de las palabras del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en la ceremonia inaugural de la Semana Nacional de la Transparencia 2015, en la antigua sede del Senado de la República en Xicoténcatl, convocada por el Instituto Nacional de Transparencia.
Buenas tardes tengan todos ustedes.
Señor Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Señora doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto.
Señoras y señores comisionados.
Representantes de los Poderes Públicos del Estado Mexicano.
Señoras y señores legisladores.
Diputados.
Senadores.
Señoras y señores.
Amigos todos:
Bienvenidos a la recién restaurada Casona de Xicoténcatl, sede del Senado de la República, y durante esta semana recinto de la Transparencia.
Es innegable que la política pasa por tiempos difíciles.
Según “Latinobarómetro”, el 34 por ciento de los ciudadanos de nuestro Hemisferio ya no confía en la política.
Con razón. Los ciudadanos han dejado de confiar y de creer que la política les es útil, que sirve para cambiar su realidad o mejorar sus condiciones de vida.
La política se ha vuelto sinónimo de privilegio, de conflicto, de abuso.
Pocos nos describimos ya como políticos, si no es que estamos llegando al extremo de utilizar esa etiqueta como un insulto.
Pero en ocasiones, como en este evento, en este espacio de reflexión, la política se revela en toda su dimensión creativa y creadora porque sin duda, la transparencia es un logro de la buena política.
De la política que se propone objetivos y los procura a través del diálogo, la negociación, el acuerdo.
De la política que no se detiene en el paso posible, sino que insiste en subir otros peldaños en la inacabable tarea de alcanzar lo deseable.
De la política digna en la que reconocemos la aportación del otro, la verdad y la razón del otro; y por eso compartimos y sentimos como propio el resultado.
Esa es la historia de la transparencia en México, el esfuerzo de la política, de los políticos y los no políticos, de las instituciones y de la sociedad, por reconocer y hacer valer un derecho humano.
Hace poco más de diez años, antes de 2003, era francamente imposible saber cómo funcionaba el gobierno, cuánto y cómo se gastaba; cómo se tomaban las decisiones de política pública. El ciudadano podía votar, asociarse con otros, expresar sus ideas y opiniones; pero no podía vigilar lo supervisar el desempeño de sus gobiernos, de las autoridades que elegía.
Los gobiernos eran auténticas cajas de opacidad y los ciudadanos poco podían hacer para echar luz sobre los asuntos públicos. Pero un buen día decidimos hacer política para cambiar esa realidad.
Empezamos con una ley federal que abrió el acceso a los ciudadanos a la información pública y que obligó a las instituciones a generarla, conservarla y ponerla a disposición de cualquier ciudadano.
La sociedad fijó la demanda, nos exigió atenderla, pensó y propuso modelos. Los políticos escuchamos y atendimos esa exigencia; y la política concretó un diseño institucional para reconocer y hacer efectivo ese derecho ciudadano.
Pero el círculo virtuoso de la política no concluyó ahí. Nos dimos cuenta después de que debíamos dar un paso más audaz; nos dijimos como sociedad que el derecho legalmente ganado no podía tener marcha atrás, que debíamos garantizar su máxima realización desde la Constitución.
En 2007 elevamos el derecho a la información a rango constitucional, hicimos una reforma al artículo 6º, fijamos los mínimos, ampliamos el espectro de protección, definimos la anatomía del aparato institucional, reescribimos el derecho para plasmar todo lo que hasta entonces ya habíamos aprendido. A través de la política esculpimos en piedra lo que antes habíamos labrado en el tronco de la ley.
Luego advertimos que no habíamos logrado que todos los ciudadanos ejercieran por igual su derecho a saber, a conocer y a vigilar a sus gobiernos. La realidad reveló que el derecho a la información se iba consolidando a distintas velocidades.
Las dependencias del Ejecutivo Federal llevaban una década entrenándose como sujetos obligados, incrementándose el número de solicitudes que atendían, tomando decisiones para abrir progresivamente el acceso a la información.
Al mismo tiempo, en muchos estados este derecho, en el mejor de los casos, era simplemente derecho de papel; leyes inservibles o infuncionales; institutos de transparencia locales sin independencia de facto, limitados en sus capacidades; órganos garantes, sí, pero de la opacidad, de la consigna de la opacidad.
Y de nueva cuenta hicimos política. La sociedad nos exigió y la pluralidad promovió un nuevo cambio normativo e institucional. Nos desatamos de la inercia y dimos un nuevo paso todos juntos.
Nunca antes en el proceso legislativo mexicano, académicos y organizaciones de la sociedad, habían participado en el proceso mismo de la redacción de la ley. Las fuerzas políticas nos encontramos a la mitad del pasillo para terminar con las excepcionalidades que diferenciaban entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según su lugar de residencia o la jurisdicción de la información que era requerida.
Todos hicimos nuevamente política. Sí, todos, porque la política no es la ocupación o profesión de unos cuantos; sino la actividad que acerca a los diferentes, para decidir juntos sobre lo común.
Tenemos por supuesto desafíos y pendientes. Hemos configurado el diseño institucional, pero nos falta aún que se convierta en realidad viva e intangible para todos.
Nos dimos plazos para implementar la nueva reforma constitucional. Debemos cumplir a cabalidad esos plazos sin pretextos ni excusas; cada uno en la responsabilidad que nos toca: en la nuestra, desde el Senado, hacemos el compromiso de que este año Legislativo cumpliremos con nuestras obligaciones y de que lo haremos bajo la lógica de Parlamento Abierto, con la que trabajamos la Ley General.
Cumpliremos también aquellas determinaciones que amplían nuestras responsabilidades como sujetos obligados, en los plazos y condiciones que nosotros mismos pusimos en la ley; no sólo en lo que respecta al uso de recursos públicos sino de manera subrayada en los procesos deliberativos y de decisión que realizamos todos los días como parte de nuestro trabajo.
Este año será determinante en la ampliación, evolución y fortalecimiento de la transparencia en nuestro país.
Acataremos esas obligaciones con sentido de responsabilidad, pero sobre todo con visión de Estado.
La transparencia –como decía– en nuestro país fue obra de la política, pero también –como decía hace un momento Mauricio Merino– la transparencia es la mejor y la más leal aliada de la política.
No podemos negar que en nuestro país las rutinas de transparencia se siguen viendo con resistencia desde los sujetos obligados, como cargas burocráticas, como riesgos de ser exhibidos o ser cuestionados por parte de la sociedad.
¿Cuántas veces abrimos los medios de comunicación, nos encontramos una nota en la que revela nuestros excesos, nuestros defectos, las acciones u omisiones, y optamos por el atrincheramiento defensivo?
Buscamos la letra pequeña de la ley para reservar o hacer confidencial lo que por definición es público; el formato de inexistencia para desalentar al peticionario; la respuesta obtusa y complicada para por lo menos ganar tiempo; el cobro de copias para disuadir el acceso o el recurso legal para en una de esas librarnos de la obligación concreta.
En nuestras actitudes, y por qué no decirlo, en nuestros miedos se reproducen las tentaciones de opacidad.
Frente al desapego social por la política, quizá sea momento de ver a la transparencia en términos igualmente políticos como la vía más eficaz para recuperar credibilidad, confianza y la legitimidad, ahí donde la estemos perdiendo.
Recientemente aprendimos como sociedad que abrir un expediente al escrutinio puede servir para corregir la respuesta dada por el Estado, para abrir una nueva oportunidad para hacer justicia, para evitar la doble victimización.
El sentido político que muy a menudo se aparta del sentido común, sugiere que la transparencia pueda ser el instrumento para que nos reencontremos con el ciudadano que se ha alejado de la cosa pública y de sus instituciones.
No hay amenaza, sino oportunidad de legitimación cuando el ciudadano pueda actuar como contralor del gobierno y cuando el ciudadano se involucra en los asuntos de la política, porque detrás de cada petición de información, detrás de cada acceso a las páginas o a las plataformas de transparencia, hay un ciudadano que está comprometiéndose con su país, que quiere participar en las decisiones, que está siendo parte de una comunidad y que quiere formar parte de las soluciones a los problemas de esa comunidad.
Esos ciudadanos no amenazan al Estado sino que se vuelven parte esencial de él. Se involucran a través de este derecho en la política; hacen política con nosotros, pero también frente a nosotros los políticos.
Se vuelven agentes de cambio a través de un canal institucional de participación política, en lugar de engrosar las filas del repudio estéril por enojo o por frustración.
La transparencia altera la relación de los gobernantes y de los gobernados. Se detonan agendas y demandas sociales; se focalizan las exigencias sobre lo público.
La transparencia, en suma, hace posible el ideal democrático del gobierno de todos, por todos y para todos.
Los derechos son vigentes en la medida que hay instituciones para protegerlos. Los comisionados de este Instituto tienen el deber de preservar esta institución.
Ustedes, señoras y señores comisionados, son los garantes.
A ustedes les toca fortalecer una institución para que nos trascienda; que sea inmune al paso del tiempo.
A ustedes les toca defender a esta institución de quienes quieran achicarla, cuestionar su juicio o revertir los avances.
Con cada determinación, con cada voto, ustedes van apuntalando ese derecho.
Sus resoluciones deben ser apegadas a la ley, pero sobre todo deben estar orientadas al sentido de bien, al sentido de justicia, a la responsabilidad republicana.
Cuiden que cada ciudadano regrese cuando se acerque con ustedes.
Esa es, sin lugar a dudas, el mejor indicador de confianza de su gestión.
Cuando uno repasa conquistas como ésta, la de la transparencia y muchas otras, siente orgullo por la política, frente a los enormes desafíos que tenemos como generación, la justicia, la desigualdad, el desarrollo responsable, debemos seguir la receta que funcionó en la expansión institucional de la transparencia. Política útil, sensible, creativa, eficaz, colaborativa.
Nuestra generación está llamada a recuperar la dignidad de la política, generando respuestas a las expectativas y aspiraciones de las personas y de la sociedad, creando y transformando nuestras realidades sin conformarnos con lo poco o lo posible.
Así como hicimos con la transparencia, así como debemos seguir haciendo con la transparencia, debemos hacer política para transformar a México y transformarlo de manera profunda.
Porque la buena política se ocupa de construir instituciones funcionales y fuertes para ofrecer futuros más promisorios, llenos de esperanza y de bien común; instituciones a las que el paso de los años podemos agradecer haber generado una alternativa a la tragedia, al dolor, a la desesperanza.
Instituciones que den orden y causa a la pluralidad y que no den espacio a la irresponsabilidad o a las falsas e ilusorias salidas a nuestros problemas.
Instituciones que signifiquen un legado duradero de nuestra generación a las generaciones por venir.
Instituciones que nazcan de la política, que legitimen la buena política que preserven el valor de la política, la política que por cierto nos tiene hoy aquí, orgullosos de la transparencia y comprometidos con lo que nos falta aún por hacer.
Por su atención, muchísimas gracias.
