Senado de la República

Versión estenográfica de la Consulta sobre la iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, celebrada en el Senado de la República. 

(Tercera parte y final)

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Con la presencia del señor presidente de la Comisión de Hacienda, continuaríamos con este segundo bloque, en donde además del senador Zorrilla, también como seguramente ya lo anunciaron en su oportunidad, nos acompaña la senadora Pilar Ortega, integrante de la Comisión de Justicia, otra de las comisiones en donde también se está realizando el análisis de la iniciativa que estamos esta mañana abordando.

Aprecio, para este segundo módulo, la participación del licenciado Julio Alejandro Durán Gómez, quien viene con la representación del Colegio Nacional de Correduría Pública.

Por supuesto de don Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

Y también de Horacio Rodríguez Anzaldo, quien viene con la representación de Morton Casa de Subastas.

Y finalmente de José Ramón Bordes Abascal, del Servicio de Tarjetas Bancarias American Express.

Si están ustedes de acuerdo, le pediría que iniciara su intervención el licenciado Alejandro Durán Gómez, para poder compartirnos sus comentarios.

Gracias.

LICENCIADO ALEJANDRO DURÁN GÓMEZ: El gremio de la correduría pública nacional se encuentra muy agradecido por la amable y muy honrosa invitación que este tan atinado evento de la Cámara de Senadores está realizando.

Señores senadores, agradecemos sus atenciones.

Distinguidos integrantes de esta mesa de trabajo.

Damas y caballeros, mucho gusto, muchas gracias.

El gremio de la correduría pública, como ustedes atinadamente saben, es un gremio independiente que tiene características particulares. Estamos a punto de cumplir 500 años de existencia en México, lo que se ha venido orquestando y generando porque de alguna manera hemos tenido la posibilidad de adaptarnos siempre a las necesidades sociales.

En el caso concreto, tenemos el gusto de realizar diferentes actividades que nos dan unas características independientes: somos agentes mediadores, agentes mediadores para poner en contacto la oferta y la demanda, peritos valuadores y en este contexto, las leyes establecen que tenemos las más amplias facultades para valuar.

Somos asesores jurídicos, siempre que actúa un corredor público, interviene con esta característica. Somos árbitros o jueces particulares y somos fedatarios públicos.

Entonces, estamos involucrados de alguna manera con características de familiares de otros gremios, que son nuestras instituciones hermanas, que en este caso nos competería propiamente al Notariado Público.

La institución del notariado, que es técnicamente muy sólida, muy competente, es una institución de excelencia y a quien respetamos profundamente; y nosotros compartimos la fracción 12 del artículo 16 de la Ley de Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Nosotros estimamos que en el caso concreto tenemos un régimen preferente, porque nosotros de alguna manera tan pronto realizamos cualquier actividad que pudiese ser considerada vulnerable, esto es constituir sociedades o realizar fideicomisos, prácticamente por proceso en automático tendríamos que darle aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por otra parte, con los señores notarios, a reserva de lo que ellos eventualmente señalen, ellos en algunas operaciones tendrían que realizar algún tipo de actividades de acumulación de contabilidad, para que llegado al umbral requerido, posteriormente a esto tengan o procedan a dar su aviso correspondiente.

Salvo la mejor opinión de ustedes, esta contabilidad de cantidades de todos los clientes de ellos, puede resultar un proceso administrativo difícil, engorroso y tenso.

Entonces, nosotros estamos conformes con las obligaciones que eventualmente tenemos, de hecho aplaudimos todas las iniciativas, tanto del Gobierno Federal como de esta Cámara de Senadores; de realizar todas las actividades para clarificar y hacer igualitario un proceso, un mejor México.

En el caso concreto, cuando intervenimos especialmente en actos mercantiles, en la constitución, transformación, fusión, decisión, disolución y actos mercantiles, fideicomisos que pudiesen ser considerados vulnerables, intervenimos con la misma fe pública que los notarios.

De tal suerte que, salvo la mejor opinión de ustedes y de lo que los señores notarios eventualmente pudiesen externar, consideramos que no habría alguna razón de ser en dividir la fracción XII del artículo 17 en notarios, párrafo A y párrafo B, corredores públicos; sino solamente fracción XII, fedatarios públicos de los notarios y corredores públicos.

Quizá, y salvo la mejor opinión de ustedes, sea incorporarlos a ellos al régimen que tiene eventualmente la correduría pública, porque es un régimen muchísimo más fácil de operar para ellos, con la certeza –me podría permitir presumir– de que ellos estarían muy contentos en la medida de que tendrían menos requisitos administrativos, especialmente quizás el más complejo, de que la autoridad administrativa no tendría dos alternativas de administración, es decir, avisos de notarios y/o avisos de corredores públicos, y que esto eventualmente genera como un mercado subyacente interesante.

¿Por qué? Porque hay algunas personas, que quizá hasta resulte un poco ingenuo presumir, que no necesariamente irían con un corredor público porque este tipo de actividades que eventualmente realizan necesariamente, vulnerables, necesariamente generarían un aviso a la autoridad correspondiente.

En el caso, quizás irían, me refiero por ejemplo a actividades que sean vulnerables, pero que por no rebasar esos montos irían a lo mejor con los señores notarios porque estarían muy precavidos de no rebasar esos montos y entonces no estarían obligados a dar el aviso a la unidad correspondiente.

Si eventualmente homologamos a todos los fedatarios a lo mismo, este mercado nuevamente se disiparía entre todos los fedatarios públicos de toda la República.

No importaría con qué fedatario se fuese, por ejemplo para constituir una empresa Caborca o Chetumal, porque el mismo fedatario daría exactamente el mismo aviso.

¿Y de qué dependería? De la calidad. Magnífico, escoge al fedatario que tú consideres conveniente.

Ahora, estas dos vertientes que tiene la autoridad administrativa, adicionalmente se complican, porque es posible para los notarios dar avisos a través del Declaranet, que se llama, dar aviso a través del portal de lavado de dinero. Igual que para los corredores públicos, dar aviso en el portal de lavado de dinero y/o en el Declaranet.

De tal suerte que entonces si a esta gran cantidad que el senador Encinas nos decía hace unos momentos de millones de reportes que presumiblemente tendrían las características de ser actividades que habría que estudiar; si le achacamos que administrativamente tenemos cuatro posibilidades administrativas de reportes de fedatarios hacia la autoridad, quizá valdría la pena también considerar el que se estableciese el reporte que las autoridades estimasen conveniente; el más transparente, el más fácil, el más asequible, pero que fuese este propiamente el que se le permitiese de alguna manera tener solamente un control administrativo.

Esta de alguna manera sería mi propuesta. Sería la propuesta de nuestro gremio.

Creemos que –como decíamos hace unos minutos– el gremio de los notarios eventualmente podrían estar satisfechos.

El gremio de los corredores seguramente también lo estamos, de hecho esta es la propuesta.

La autoridad tendría mucho menos controles administrativos y tendría una administración de este tipo de actividades de fedatarios muchísimo más eficaz.

Y este mercado subyacente de gente que no necesariamente pretende que sus actividades sean reportadas por conducto de los fedatarios, se dividiría nuevamente entre todos los fedatarios de toda la República.

El Colegio Nacional de Correduría Pública, que tengo el honor no merecido de presidir, está a la orden de ustedes, agradecemos mucho la invitación.

Por supuesto y desde luego, lo que ustedes precisen, requieran o necesiten, nosotros les apoyamos con todo lo que tengamos.

Agradecemos sus atenciones.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Muchas gracias al licenciado Julio Alejandro Durán.

Le damos la bienvenida al senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien es además el secretario de la Comisión de Hacienda del Senado de la República.

Senador, hemos tenido un ejercicio en donde, bueno, ya llegó el senador Yunes, más bien el senador Yunes ya estaba acá, en donde estamos haciendo este intercambio con nuestros invitados y con los otros senadores y en ese tenor le pediría a la senadora Pilar Ortega si tiene algunos comentarios.

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Agradecemos la presencia del presidente de los corredores del país, le damos la bienvenida.

Creo que el papel que ustedes desempeñan, junto con los notarios públicos es crucial en el desarrollo de los objetivos de esta ley y también el esfuerzo que han hecho los compañeros, compañeras senadoras que presentaron esta iniciativa tiene mucho que ver con el fortalecimiento de este sistema con la simplificación y su punto de vista es muy importante.

Si bien entendí, en lo que ustedes nos están pidiendo es que en lugar de hacer una distinción entre corredores y notarios, nos refiramos a fedatarios públicos.

En el pasado, en otras leyes se ha dado también, como usted sabe, este debate y después hemos tenido algunas complicaciones ya en, no en el desarrollo de la ley, sino en con las propias asociaciones de fedatarios, tanto corredores como notarios, dada la regulación de las dos partes, la regulación federal en el caso de los corredores y una regulación estatal en caso de los notarios.

Escuchamos con mucha atención su propuesta, creo que si bien es cierto se pudiera simplificar, también tomaremos con cuidado también el tener el punto de vista de los notarios.

Creo que eso es muy importante, pero creo que pudiera ayudar a un mejor desarrollo. Creo que es una muy buena aportación.

Muchas gracias.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Para continuar con el orden del día le pediría al licenciado Guillermo González Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sus comentarios.

LICENCIADO GUILLERMO GONZÁLEZ ZÁRATE: Muchas gracias, senadora; muy buenos días a todos los presentes en este foro.

En representación de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, organización que este año celebra 70 años de servicio al gremio y al país, nos complace estar presentes en esta convocatoria y en particular conocer el trabajo de la senadora Blanca Alcalá, del senador José Yunes, que antes del 8 de abril, fecha en la que se presentó la iniciativa que motiva este foro, estuvieron atentos en reuniones de trabajo para recabar nuestra percepción, nuestra evaluación de la operación de más de un año de la Ley federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Como se refiere en la exposición de motivos de dicha iniciativa, es muy importante que reafirmemos una vez más que la aplicación de la ley ha generado compromisos operativos que hemos venido a asumir las empresas que se consideran actividades vulnerables, respecto del registro de operaciones, identificación de clientes y la eventual elaboración de avisos a la autoridad.

Por otra parte, se ha enfatizado que existe una inequitativa afectación en razón de la diferencia fáctica en cantidades y montos de operaciones que celebran los mismos.

El impacto es generado básicamente por los umbrales determinados legalmente para la identificación de usuarios y la generación de avisos a las autoridades financieras, cantidades que, hago la modificación, en nuestra opinión debieran estar sujetas a un procedimiento de actualización y valoración, cuando no representen información significativa para el propósito que se persigue.

Me permití tomarme este espacio para hacer esta referencia, en virtud de que en esencia recoge perfectamente lo que es el sentir de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores respecto de la operación de la ley.

Si bien es cierto no dejamos de reconocer que nuestro país se encontraba fuera de la actualidad jurídica mundial en prevenir y combatir este tipo de ilícitos, también lo es que los términos en los que está actualmente la ley han limitado la actividad económica y esto se traduce en menores ventas de vehículos, han encarecido la administración de las empresas en virtud del cumplimiento de las obligaciones.

Pero también, hay que señalarlo, la forma en la que está concebida la ley y las sanciones contempladas en le misma, han generado un riesgo muy importante, ya que es muy fácil incumplir la ley, como lo comentaré más adelante con mayor detalle, y esto genera contingencias importantes.

Para ponerlo en un contexto más claro, si hubiera una auditoría en este momento, estaríamos en riesgo de tener que entregar las llaves de muchos negocios, y no es porque exista dolo, ni es porque exista ninguna intención de estar al margen de la ley.

Simple y sencillamente que el hecho de haber tenido una omisión, un error o una falta de capacitación, automáticamente nos pone en los considerandos que la propia ley tipifica como infracción.

Infracciones que cuyas multas, como ustedes bien lo saben, aumentadas, repetidas en el número de eventos que en este caso vehículos, una actividad derivada de la venta de un vehículo es un aviso, podemos sacar la cuenta y de ahí la preocupación que señalo de prácticamente tener que entregar las llaves del negocio a la Secretaría de Hacienda o avanzar en caso de infracciones.

Con esto no quiero dejar de lado el compromiso que el gremio de la distribución de automotores ha asumido en la divulgación, la capacitación, la facilitación para nuestros agremiados a efecto de disminuir los riesgos que he señalado y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, tareas en las cuales hemos estado trabajando de forma coordinada y contado con la cooperación de la unidad de inteligencia financiera.

Hemos realizado innumerables sesiones a lo largo y ancho del país, elaborado manuales de capacitación, dispuesto de sistemas informáticos para facilitar la presentación de avisos y una serie de acciones concretas que dan fe de este compromiso.

Por ello, dejamos de expresar, una vez más, que es nuestro sentir que el cumplimiento de la ley, la prevención de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, no está al margen de que se lleve a cabo sin vulnerar la efectividad del mercado, las buenas prácticas comerciales y sobre todo sin que exista una sobrerregulación administrativa, sobrerregulación administrativa que encarece la operación y limita la inversión.

Tan sólo en el marco de la comercialización de vehículos, enumero rápidamente algunas de las disposiciones legales a las cuales estamos sujetos:

Ley del Registro Público Vehicular, Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en materia local, las leyes de tenencia y control vehicular.

Todas ellas con obligaciones de reportes, de avisos, presentación de información, muchas de las veces redundantes.

Los mismos datos repetidos N veces, según sea la autoridad que lo solicita, la ley que nos obliga y obviamente en cada una de ellas una ausencia de sistematización y facilitación para el cumplimiento y la presentación de la información, que agrava el riesgo de error, error humano, a la hora de estar capturando y elaborando reportes; y por lo tanto, genera contingencias ante el riesgo del incumplimiento de las obligaciones y la imposición de posibles sanciones.

Cito un caso muy concreto, que merece la atención de esta Cámara, y es el hecho de que el artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, desde hace muchos años nos da la obligación de informar a la autoridad hacendaria todas las contraprestaciones en efectivo, arriba de 100 mil pesos; situación que posterior a la entrada en vigor de la Ley que nos convoca, hasta el día de hoy prevalece y que no podemos olvidar que es un antecedente directo en la materia, por lo cual solicitamos su revisión para que se proceda a esta actualización y se deje de lado esta obligación, puesto que en nuestra apreciación, lo que dio motivo a esta obligación está plenamente cubierto en la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como se puede apreciar, nuestra actividad está sujeta a un sinnúmero de regulaciones.

Después de las reuniones de trabajo que sostuvimos con los senadores y que, como ya mencioné, dio lugar a la presentación de la iniciativa el pasado 8 de abril; señalábamos que una de las limitantes más serias era el establecimiento estático de los niveles a partir de los cuales se fijan las obligaciones.

Por eso es que suscribimos con beneplácito la iniciativa y esperamos que sea aprobada en cuanto a la consideración que para la fracción VIII del artículo 17 de la Ley que regula la actividad comercial y habitual de vehículos, el incremento de los rangos para la identificación de 3 mil 210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a 3 mil 800 veces.

Esto significa que de los 225 mil pesos del 2015, cifras de este año, estaríamos pasando a un nivel de 266 mil 380 pesos, para que sea considerada actividad vulnerable la comercialización de vehículo; y a partir de ahí la identificación del cliente.

Asimismo, en lo que corresponde al nivel para la presentación de los avisos que la iniciativa propone, pase de 6 mil 420 veces el salario mínimo, a 7 mil 600 veces. Esto es un incremento que nos llevaría de los 450 mil pesos actuales, a 532 mil 760 pesos.

Sin duda alguna, esto será un avance, será una facilitación para la realización de nuestras actividades.

En el mismo término, la modificación que habrá de tener lugar, si se aprueba la iniciativa en sus términos, respecto del artículo 32, las restricciones al manejo del efectivo, que pasarían para el caso de la comercialización de vehículos, de los 3 mil 210 veces el salario mínimo considerado actualmente, a 3 mil 800 veces el salario mínimo.

Sin dejar de reconocer la importancia de esta propuesta, también debemos de señalar que en nuestra apreciación las restricciones al manejo del efectivo, están por demás. La práctica en otros mercados importantes, como es el caso de los Estados Unidos, el mercado para los otros referentes en término del intercambio comercial, también el mayor receptor y generador de operaciones ilícitas, se puede llevar a cabo el pago de cualquier obligación en efectivo sin importar una cantidad, persistiendo la obligación de presentar un aviso.

En el ámbito latinoamericano, mercado más importante Brasil. Igualmente, no hay una restricción para el manejo del efectivo.

Se puede pagar en efectivo y hay una obligación de presentar el aviso correspondiente, y luego entonces será la autoridad responsable quien ejerza sus facultades de fiscalización.

Es decir, no se está dejando en el lado del gobernado la responsabilidad de editar una operación ilícita; simple y sencillamente yo cumplo con mi razón de ser, que es comprar y vender, generar empleo, invertir, y el gobierno debe de cumplir con sus responsabilidades de hacer inteligencia, de fiscalizar, y obviamente de actuar y perseguir el delito con base a la información que se presente de esa operación.

Y esta circunstancia es muy importante si tomamos en cuenta que nuestro país es un país en el cual nos encontramos con bajos niveles de bancarización.

Se ha satanizado el uso del efectivo y no debemos dejar de lado que, cuando menos el 50 por ciento de los municipios con menos de 50 mil habitantes, no tienen acceso a una ventanilla bancaria; y apenas el 27 por ciento de la población adulta tiene acceso al financiamiento formal.

Situación que para los estados del sur-sureste, como es el que tengo el honor de proceder, igual que el senador Yunes, Veracruz, es más que latente la afectación que tienen amplias regiones de nuestra entidad la falta de operaciones de ventanillas bancarias y la correlación que tiene en la actividad comercial, actividad económica, como es la venta de vehículos.

Por lo que hace a la presentación de los avisos, si bien es un avance, lo reitero, el incremento en el monto fijado para lo mismo, también es importante que se pueda contemplar que todas aquellas operaciones que hayan sido efectuadas a través del Sistema Financiero, no sean motivo de la presentación del aviso.

Estamos llenando de datos a una gran base que lo único que está generando es información que no es útil, que es redundante. Pero, insisto, genera un mayor riesgo por omisiones, por errores para quienes estamos considerados como actividades vulnerables.

Sería prudente que en la iniciativa, o más bien en el dictamen de la iniciativa, se tomara en cuenta esta solicitud de, y en la mesa previa fue externado por los otros participantes para que esto facilitara la labor también de la autoridad.

Otro punto que debe de ser tomado en cuenta, en nuestra opinión, es la consideración que hace el artículo 33 de la ley, referente a la obligación de incluir la forma de pago en el documento que formaliza la operación.

Entendemos que la gama tan amplia de actividades que son consideradas vulnerables, dificulta en un momento dado particularizar sobre cada una de las operaciones propias de una actividad.

Sin embargo, esto va en contra de lo que el propio Servicio de Administración Tributaria ha expresado en cuanto al alcance del Comprobante Fiscal Digital.

Como ustedes bien saben, todas las operaciones deben de ser ahora a través de un CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Y, en el caso particular de los vehículos, no hay un vehículo que se venda si no hay de por medio un CFDI.

Para la autoridad tributaria, la factura es meramente el comprobante de una erogación y el soporte para el cumplimiento fiscal y contable. No acredita la propiedad del bien; no es un título de propiedad del vehículo. Ese es el uso que le hemos dado ante la carencia de un Registro Público Vehicular eficiente en el país.

Sin embargo, cuando se factura un vehículo no necesariamente se sabe cuál va a ser la forma de pago. Yo estoy suscribiendo el compromiso, me están dando un anticipo, hay un plazo diferido: 30, 60, 90 días, en el cual puede estar cubierto a través de una transferencia electrónica, de un cheque o una parte en efectivo; pero yo ya emití la factura desde el momento en el que entregué el vehículo y se suscribió el trato.

Luego entonces, en la factura, en el CFDI que ampara la operación global, no está considerado la forma de pago; situación que bajo las consideraciones del Código Fiscal de la Federación, no es obligatorio.

Entonces hay una contradicción que ya está generando problemas, porque hay imposiciones de multa ante la ausencia en la factura de la venta del vehículo, del desglose de la forma de pago.

Situación por demás redundante, porque aquellas operaciones que están sujetas a aviso, que en la lógica bajo la cual se entiende la ley, son las que la autoridad toma como muestra de trabajo o como universo de trabajo para llevar a cabo las acciones de inteligencia financiera; existe la obligación de presentar la información desglosada de la forma de pago.

¿Por qué?

Porque la obligación de presentar el aviso surge en el momento en el que se ha concluido la liquidación de la operación. No es el momento en que yo facturo o entrego el vehículo al cliente, en el que surge la obligación de presentar el aviso; sino hasta en tanto está liquidada, saldada la operación.

Son pequeños detalles muy operativos, pero que quiero tomarme este tiempo para ilustrar a los señores senadores en cuanto a la problemática en la que estamos; y esta pequeña redacción del artículo 33, nos está generando las responsabilidades de conformidad a lo señalado en el artículo 53 y 54 de la propia ley; multas que van de los 2 mil a 10 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. De ahí la magnitud del riesgo y las contingencias a las que estamos sujetos.

Quiero concluir, señalando que la ley en su artículo 19 contempla los métodos alternativos de cumplimiento. Y un tanto cierro con lo que inicié, en cuanto a la redundancia en el cumplimiento de obligaciones a las que está sujeta no nada más la actividad de comercialización de vehículos, sino en general las actividades económicas en México; y que ha dejado el gobierno, hablando en el concepto amplio del gobierno federal, estatales y municipales, en nuestra opinión, de hacer lo que le compete.

¿Qué es lo que tenemos obligación de informar en el aviso cuando se hace la venta de un vehículo y rebasa el límite establecido?

En primer término, los datos de quien realiza la actividad vulnerable, los datos del cliente y los datos del vehículo. Datos del vehículo, que ya están en posesión del gobierno federal en el Registro Público Vehicular, que los fabricantes en el momento en que liberan un vehículo, inscriben en el Registro Público Vehicular, incorporan toda la información del vehículo, incluso el distribuidor al que se le está asignando la comercialización del mismo.

Y en el momento en el que el distribuidor lleva a cabo la comercialización del vehículo, tiene la obligación de proporcionar el aviso de venta, incorporando los datos de a quién se le vendió el vehículo: nombre, domicilio, número de factura, etcétera.

Bueno, ¿por qué no el gobierno federal hace su tarea, dota de recursos suficientes al Registro Público Vehicular y hace que los sistemas se comuniquen y nos disminuyan el riesgo?, porque es información que ya debería de estar disponible únicamente digitando el número de identificación vehicular y con ello, reduciendo los tiempos de operación, los riesgos de equivocación y las omisiones.

En este mismo tenor queremos reiterar que si no es el Registro Público Vehicular, por la incapacidad que ha manifestado después de más de 10 años de operación, el mecanismo idóneo para hacerlo, bueno, el propio SAT, a través de la Iniciativa que se ha venido divulgando en medios de comunicación de contar con un Registro Federal de Vehículos con el enfoque fiscal que homologue y recopile la información de todas las entidades federativas, pues cumpla con este cometido.

Sea cual sea la forma, lo que nosotros necesitamos es facilidad para cumplir con la ley y disminuir los riesgos de omisiones y de contingencias vía multas.

Finalmente reiterarles nuestra disposición para estar aportando información, documentar todos los casos que ustedes consideren necesario y obviamente de reiterarles nuestro reconocimiento por la presentación de la Iniciativa, por la discusión que se está haciendo en Comisiones y esperamos que tenga un resultado exitoso.

Que el Pleno de la Cámara de Senadores apruebe un Dictamen mucho mejor que lo que fue presentada la Iniciativa, que ese es el propósito y que la Colegisladora, antes de que termine este periodo Ordinario de Sesiones, nos dote de las adecuaciones y las modificaciones que requiere la ley.

Muchas gracias.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Le agradecemos mucho al licenciado Rosales sus comentarios.

Y para poder complementar esta parte del sector automotriz, le pediríamos al licenciado Fausto Cuevas, que nos pudiera compartir también sus reflexiones.

LICENCIADO FAUSTO CUEVAS: Gracias.

Buenos días.

En primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en este importante foro.

Evidentemente para nosotros es un tema de gran importancia. Hemos estado siguiendo la evolución, tanto de la ley como de las regulaciones pertinentes, desde antes de que se emitiera la ley.

Nos preocupa el poder cumplir eficazmente con las obligaciones que establece la misma. Y no obstante que somos el mismo segmento, tenemos situaciones un poco distintas.

Nosotros, obviamente sabrán ustedes, somos la industria más importante para la economía del país actualmente, casi generamos el 3 por ciento del PIB.

El año pasado tuvimos un superávit comercial de 49 mil millones de dólares, exportamos más del 80 por ciento de lo que se produce.

Entonces sí somos la misma cadena, pero tenemos una actividad un tanto cuanto diversa.

Nosotros llevamos a cabo principalmente ventas de vehículos al mayoreo a nuestra red de distribuidores autorizados. Son quienes compran la mayor parte de los vehículos que se van a comercializar en el país. Y esto lo hacemos siempre a través del sistema bancario.

Por ende tenemos una diferencia en la operación. Nosotros no llevamos a cabo operaciones en efectivo, todo es a través del sistema bancario.

Entonces no tenemos la complicación, que muy atinadamente ha expuesto Guillermo hace un momento.

Sin embargo, lo que sí nos preocupa es que hemos venido creciendo en el mercado interno en los últimos meses, pero desde nuestro punto de vista el mercado está con un potencial casi del doble de lo que estamos vendiendo actualmente.

Eso generaría una mayor, digamos, actividad económica tanto para los distribuidores como para la industria en su conjunto.

Y por eso suscribimos totalmente el tema de revisar los montos, tanto para los avisos de actividades vulnerables, como para el uso de efectivo en las operaciones.

Nos parece que somos una industria que se ha caracterizado tradicionalmente por operar en el marco de la ley y sí nos preocupa que la actividad de la cadena en su conjunto pueda verse afectada por este costo administrativo generado por una regulación que desde luego es necesaria; pero que no vemos que seamos la actividad precisa en donde pudiera estarse dando este lavado de dinero.

No es claro, como pudiera hacerse, pero sin embargo sí consideramos que los montos debieran ser revisados periódicamente, de las operaciones en efectivo y de las actividades vulnerables.

Estamos seguros de que conjuntamente podemos llegar a algo que sea mucho más efectivo, que sea más ágil. Nuestra relación con la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido muy buena, no obstante que al principio parecía que estábamos siendo realmente cuestionados en la actividad; es decir, los primeros acercamientos fueron algo así como demuéstrame que no estás llevando a cabo este tipo de operaciones.

Entonces, no es el caso, ya la autoridad se dio cuenta de lo que es esta industria, de cómo se genera la cooperación de comercialización, cómo es la relación distribuidor-industria y bueno, por lo tanto, hemos logrado algunos avances importantes.

Sin embargo, si no hay modificaciones al marco legislativo, difícilmente la operación puede ir más allá de lo que ya establece la norma.

Entonces, es ahí donde nos parece que sí debemos promover esta serie de cambios que fueron comentados anteriormente. No estamos nosotros directamente involucrados, pero sí indirectamente nos veríamos afectados si esta situación no se adecua a la realidad.

Creo que yo dejaría hasta ahí nuestros comentarios. Suscribimos totalmente la postura de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y muchas gracias nuevamente, por la invitación.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Le pediría sus comentarios al senador Lavalle Maury, para poder continuar.

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Yo seré breve.

Creo que es indudable e innegable también la importancia estratégica y económica que representa el sector automotriz a nuestro país, en toda la cadena, y definitivamente cualquier afectación o modificación a cualquiera de los eslabones, le afecta a la industria en general.

Entonces, me parece que es, y coincido con el licenciado Cuevas, en los comentarios que hizo usted, ingeniero Rosales, respecto a las áreas de oportunidad, y llamémoslas así, que podemos corregir y sobre todo tomar en cuenta a efecto de que este tipo de leyes, que finalmente atienden a una coyuntura de un problema que se está presentando en el país, pero que en ningún momento buscaría que afecte en lo general a la mayoría de las operaciones que se llevan a cabo, que precisamente son correctas y adecuadas para efecto de buscar a los que no están operando de manera correcta.

Definitivamente tomamos nota de todas las observaciones que hacen, las asumimos como áreas de oportunidad importante y definitivamente tomaremos cartas en el asunto, a efecto de que la operatividad de esta ley no afecte un sector tan importante, como es el de ustedes.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias.

A continuación le pediría al licenciado José Ramón Bordes Abascal, del Servicio de Tarjetas Bancarias American Express...

Bueno, en el orden que los tenía registrados, entonces le pediría a Horacio Rodríguez sus comentarios, y después al licenciado Abascal.

LICENCIADO HORACIO RODRÍGUEZ ANZALDO: Senadora, senadores, compañeros del foro, buenos días.

Mi nombre es Horacio Rodríguez Anzaldo. Yo vengo en representación del licenciado Luis López Morton, de Morton Casa Subastas.

Muchas gracias por esta invitación para presentar nuestra postura en relación con esta importante iniciativa para reformar y adicionar diversas cuestiones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Agradecemos en particular esta oportunidad a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

Morton Casa Subastas abrió sus puertas en 1988, como una galería de antigüedades. En ese mismo año realizamos nuestra primera subasta.

Desde entonces, han pasado por nuestro salón las mejores colecciones de arte y de antigüedades, que ahora están con coleccionistas particulares y en museos de México y el extranjero.

El prestigio adquirido en estos años como casa de subastas, se debe a la integridad, la formalidad y al servicio personal que ofrecemos.

Además, tenemos vínculos con las más famosas e importantes casas de subastas en el extranjero, lo que nos brinda la oportunidad de colocar piezas específicas en mercados internacionales.

Durante estos años, logramos hacer de Morton una casa de subastas reconocida a nivel nacional e internacional, gracias a la capacidad de respuesta de la galería para convertir en efectivo un bien tangible, cubriendo así las necesidades de personas, familias y empresas.

Sin embargo, con la llegada de la Ley Federal para la Prevención y la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en 2013, nuestro negocio se vio impactado en diversas áreas, limitando nuestra funcionalidad, efectividad y productividad y, por lo tanto, afectando nuestras oportunidades de desarrollo y crecimiento.

Primero, quiero mencionar las limitaciones que esta ley nos genera en relación con la venta de joyería, pintura, antigüedades y escultura.

La ley en vigor, nos impone umbrales de precio como montos a reportar, para que a través de ellos se identifique y reporte a los posibles compradores a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.

Si bien dichos umbrales tienen una razón de ser en función del objetivo de detección de recursos de procedencia ilícita, el problema para nosotros estriba en que el monto definido por estos umbrales es muy bajo, lo que hace que prácticamente entre un 30 y un 40 por ciento de nuestras operaciones se agrupen dentro de este grupo.

Estamos de acuerdo con la existencia de los umbrales, pero éstos deben estar más acorde con la realidad comercial de la compra y venta de objetos de arte, joyas y antigüedades que se dan en nuestra industria.

Me permito ponerles un ejemplo:

Si alguno de ustedes va a nuestras subastas y compra un reloj con un precio de salida de 60 mil pesos, la ley nos pide que los identifique como posibles candidatos a ser reportados posteriormente.

Si siguiendo en la subasta, en un segundo lote ustedes adquieren una joya cuyo valor sea de 100 mil pesos, dado que el monto de sus adquisiciones suma alrededor de 160 mil pesos, la ley me obliga a reportarlos; lo cual implica solicitarles a ustedes, compradores en subasta, información de su identificación oficial, comprobante de domicilio, y llenar el formato de identidad que establece la ley.

Toda esta información que les ha sido requerida a ustedes, compradores en subasta, por la adquisición de un reloj y una joya, deben ser reportadas directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.

Como podrán entender, dado que entre el 30 y el 40 por ciento de nuestras operaciones están en este orden de montos, la carga administrativa que esto conlleva, más el efecto de la misma en nuestros clientes, ha mermado los procesos de compra-venta en nuestras subastas.

En concreto, entendemos la necesidad de poner umbrales a la compra-venta de joyas, antigüedades, arte, pintura y escultura, pero los montos de estos umbrales deben ser más altos.

¿Cuánto más? No lo sabemos. Eso es algo que se debe poner a consideración del Senado, haciendo un análisis real y objetivo del mercado.

Segundo. La ley establece que hay que llevar un control acumulado de compras de cada uno de nuestros clientes. Esto implica robustecer nuestros procesos administrativos, incrementar nuestro personal y absorber una mayor carga administrativa, que en estricto sentido no nos corresponde, ya que el objeto de todo esto es detectar compras con recursos de procedencia ilícita, lo cual no es una función de nuestro negocio y, sin embargo, tenemos que absorber los costos que esto implica.

Aunado a esto, en este proceso acumulativo resulta que un comprador tiene que ser reportado si a lo largo de sus compras durante seis meses llega a los umbrales que establece la ley, lo cual implica, como se podrán imaginar, establecer procesos de sedimento prácticamente personalizado de cada comprador, lo cual muchas veces no sólo es imposible sino una gran molestia para nuestros clientes.

Tercero. La ley en vigor, determina que en cada ocasión que se presente una compra tenemos que solicitar al comprador toda la documentación pertinente nuevamente si es que esta compra cae dentro de los umbrales de identificación o reporte. Es decir, desde su identificación hasta el llenado del formato de identidad.

No es válido si en una subasta de un mes atrás este mismo cliente realizó una compra y se llenó la documentación correspondiente.

Si hoy fuera una subasta y este cliente realiza una compra con un monto que alcanza al umbral establecido por la ley, todo el papeleo se debe realizar nuevamente.

Como podrán imaginar, estos factores no sólo han impactado los procesos de compra-venta en México. También han generado que muchos de los compradores y vendedores de arte, joyas y antigüedades prefieran hacer estas operaciones fuera del país; aunado a que muchos de los compradores no quieren proporcionar información personal, ya que temen a que no le den buen uso a la información que están entregando y que va a ser reportada.

Cuarto y último. Todos sabemos que el Sistema de Detección de Recursos de Procedencia Ilícita funciona a nivel mundial, y también sabemos que casas internacionales de subasta operan dentro de este régimen.

¿Cómo lo hacen?

De entrada, los montos a reportar son mucho mayores.

Segundo, involucran al Sistema Financiero del país que corresponda. Es decir, existen prácticas exitosas en otras partes del mundo que permiten controlar los recursos de procedencia ilícita en los procesos de compra-venta de arte, joyería y antigüedades, sin afectar al sector.

Estos esquemas son bien conocidos y creemos que deben ser analizados y considerar si alguno o varios de ellos pueden ayudar a definir de una mejor manera una ley que permita, en pocas palabras, perseguir realmente a los malos y no cargarles la mano y la responsabilidad a quienes trabajamos, pagamos impuestos, generamos empleo y creemos en nuestro país.

Morton Casa de Subastas, tiene 27 años de presencia en México. Somos orgullosamente mexicanos y tenemos la intención de cumplir muchos más años aportando nuestra parte en el desarrollo y consolidación de nuestro país.

Nuestra esperanza y, ¿por qué no decirlo?, también nuestra exigencia, es que las leyes mexicanas nos ayuden a lograrlo y no sean un impedimento y una barrera para el éxito y el crecimiento de nuestra industria y de nuestra empresa.

Gracias a todos.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Muchas gracias. Le agradecemos a quien viene en representación del licenciado López Morton, y le pediría a continuación, si mis compañeros así lo determinan, que el señor vicepresidente de American Express, para asuntos de regulación, nos pueda compartir sus reflexiones.

VICEPRESIDENTE DE AMERICAN EXPRESS: Muchas gracias, honorables senadores y senadoras, participantes en esta mesa de trabajo, señoras y señores:

Agradecerles nuevamente la invitación y, sobre todo, reconocer la labor del Legislativo en esta materia; y, sobre todo, en la apertura hacia la consulta al sector público respecto a los impactos que esta ley ha tenido y así contribuir también a, principalmente en los objetivos establecidos en la ley, a fortalecer el entorno del sistema y de la economía nacional.

En este sentido, resulta importante y coincidimos en evaluar y realizar los ajustes a esta ley. Pero sobre todo atendiendo uno, al entorno actual en la operación de tarjetas de servicio, por lo que a mí representa, de evaluación mutua o realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional el próximo año; el enfoque basado en riesgos, conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional publicados en el 2012, y sobre todo también dada la publicación de esta ley en el 2012 a la experiencia que el sector en eta materia ya ha adquirido.

En ese orden de ideas, es importante también considerar hacia otros sectores, sobre todo regulados bajo el capítulo número tres, lo que son principalmente y a lo que la empresa a la que represento opera; por lo que corresponde a las tarjetas de servicio, hacer un esquema más similar a la emisión de tarjetas emitidas por SOFOMES o entidades financieras, nuevamente reguladas bajo el capítulo número tres.

Coincidimos sobre todo en la necesidad de revisar e incrementar los umbrales de identificación de clientes; también, sobre todo, atendiendo a la décima de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

A la revisión para el fortalecimiento para el sector de las actividades y profesiones no designadas en apego a la vigésima segunda de las recomendaciones también del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Y a simplificar y eficientar los procesos de recorte, orientados al enfoque basado en riesgos también del mismo Grupo de Acción Financiera Internacional y de las guías de supervisión de Basilea.

En este orden de ideas, y también por lo que corresponde a la empresa que represento, nuestra operación es mucho más apegada a las prácticas que una institución financiera o una SOFOM regulada, sobre todo en la emisión de tarjetas.

En este sentido, consideramos que las medidas adoptadas en la propuesta de modificación a esta ley se apegan totalmente a los intereses que nosotros como institución tenemos.

Sin embargo, y a manera también de propuesta, consideramos el llevar a cabo medidas y tener obligaciones adicionales no contempladas actualmente en la propia ley.

Nuevamente esto sobre todo en apego y al interés que la institución tiene para salvaguardar la economía nacional, en intención como se establece en el objetivo de la propia ley.

Nosotros en lo particular nos hemos visto fuertemente impactados y sobre todo por, consideraría yo, una mala práctica en la comunicación que hubo en la publicación de esta ley.

Principalmente, no solamente nosotros y en lo particular en emisión de tarjetas de servicio, hay una baja importante sobre todo en gasto; ha habido una migración sobre todo a otros productos y principalmente al uso de efectivo, contrario a lo que es la inclusión financiera, siendo esto de particular interés para el país.

Nuestra operativa nuevamente refleja más condiciones y sobre todo, como lo comentaba yo, en apego sobre todo también a la experiencia que hemos tenido, más nuestro interés hacia apegarnos y tener obligaciones adicionales no contempladas en la ley, principalmente por lo que se refiere a identificación de personas políticamente expuestas, a la asignación de niveles de riesgo para clientes, a las medidas también de financiamiento antiterrorismo, y a la dictaminación de operaciones, también, por lo que se refiere a operaciones inusuales.

Por esta razón, consideramos que también para coadyuvar a un mejor desempeño y principalmente del sector que, uno, no buscando y sobre todo evitando la movilización de instrumentos financieros como los que nosotros ofrecemos a los clientes, hacer una migración hacia el efectivo y sobre todo buscando también la inclusión financiera.

Coincidimos desde luego en las modificaciones que se proponen. Sin embargo, consideramos que nuevamente por la experiencia en el sector, quedamos un poco cortos.

Sí lo que buscamos desde luego es la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por eso un poco la propuesta de movernos hacia un esquema mucho más apegado al que ya existe en base al capítulo 3 y que hemos de alguna forma adoptado de forma voluntaria algunas medidas ya y que con la colaboración también y reconocida también la función de la Unidad de Información Financiera, hemos también así colaborado.

Resulta también, bajo el esquema y las obligaciones que actualmente la propia ley establece, resulta difícil llevar a cabo el proceso de identificación del cliente una vez que el acto por el cual somos sujetos también del aviso en reportar.

Es decir, a posteriori, independientemente de que nosotros en lo particular llevamos a cabo el proceso de identificación del cliente en el momento que otorgamos la tarjeta.

Es por esto que agradecemos nuevamente la apertura de este órgano legislativo y nos ponemos a su disposición también para atender y colaborar en mejor forma en una ley mucho más robusta y que permita principalmente el fortalecimiento, las medidas y controles, para evitar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Muchas gracias.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Muchas gracias.

De verdad apreciamos mucho los comentarios del licenciado.

Les preguntaría a mis compañeros senadores si tienen algún comentario hasta esta parte de los temas o continuamos.

Estaríamos incorporando a José Ramón Abascal. Perdón.

Al licenciado Alfonso Pérez, de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos, y dejaríamos para la última parte a nuestros compañeros de las distintas instituciones que están involucradas en este apartado de la ley.

LICENCIADO ALFONSO PÉREZ: Muchas gracias.

Buenas tardes a todos.

Yo represento a la asociación, soy presidente de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, representamos a los casinos grandes que hay en el país, estamos hablando de Play City, que es de Televisa; estamos hablando de los casinos Caliente, casinos Jack, los casinos Life.

Hemos seguido con mucho interés desde el inicio de la propuesta de la ley este proceso. Tenemos la ventaja de que nuestras instalaciones están altamente automatizadas; nuestras instalaciones están totalmente sistematizadas, la operación de las tablas de juego está totalmente sistematizada.

Consecuentemente, el sujetarnos a los lineamientos de la ley fue relativamente sencillo.

Quiero compartir con ustedes que estamos presentando aproximadamente, en toda la industria, aproximadamente entre 10 y 12 mil avisos mensuales; por lo que aplaudimos la propuesta de reforma, en donde se van a adecuar los rangos, los límites a estándares internacionales.

Sentimos que esto va a… definitivamente no tenemos ningún problema por sujetarnos, estamos encantados y seguramente vamos a bajar el número de avisos en forma considerable y le vamos a quitar chamba a los señores para analizarla.

Lo estamos haciendo sistemáticamente a través del SAT, estamos conectados en línea y en tiempo real con el SAT, con los sistemas de control de cada una de las tablas que están conectadas con el SAT en línea y en tiempo real.

Nuestro personal está capacitado para sujetarse a los lineamientos y al reglamento de la ley.

Entonces, aplaudimos y agradecemos la propuesta de reforma, que nos sujetamos desde luego a ella y agradecemos la oportunidad que nos dan de comunicarnos con ustedes.

Gracias.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Muchas gracias.

Le damos la bienvenida al senador Ernesto Cordero, promovente de la iniciativa, conocedor del tema y le pediríamos algunos comentarios, senador, antes de continuar con la participación del resto de los funcionarios en el bloque final, que tiene que ver con las unidades de inteligencia financiera de las instituciones, tanto de Hacienda como de la Procuraduría.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: Gracias, senadora.

Voy a ser muy breve, porque el propósito es escucharlos a ustedes.

Nada más mencionarles que esta es para mí una ley muy curiosa, a mí me tocó elaborar el proyecto como Secretario de Hacienda, presentarlo al Congreso y después, por razones que no vale la pena discutir en este Foro, me tocó aprobarla.

Entonces me tocó votarla y siempre, con mis compañeros senadores aquí presentes y algunos más, siempre fue el compromiso de que este es el tipo de leyes que tienen que revisarse de manera cotidiana y de manera frecuente, probablemente cada dos o cada tres años, este tipo de leyes.

Para revisar si la parametrización que se hizo originalmente fue la correcta o no y qué hay que hacer para mantenerla actualizada, y eso es lo que estamos haciendo y estamos cumpliendo con ese compromiso de escucharlos, de generar adecuaciones a lo que se aprobó en su momento; de manera que sea una ley que funcione, que sea una ley que inhiba efectivamente la introducción de dinero de procedencia ilícita a nuestro sistema bancario, financiero y a nuestra economía; pero que esto no inhiba la actividad económica legítima, la inversión y la generación de empleos.

Entonces la verdad lo celebro, muchas gracias por estar aquí y estamos muy atentos a sus planteamientos.

Gracias.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias, senador.

Le pediría a continuación al licenciado Alberto Elías, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos comparta algunas de las reflexiones de lo que ha sido la puesta en vigor desde su publicación, de este ordenamiento; y a partir de ahí las conclusiones que han ido ellos recabando.

Gracias.

LICENCIADO ALBERTO ELÍAS: Muchas gracias, senadora, y muchas gracias a los senadores, a todos los representantes del sector privado y de las actividades vulnerables establecidas en la ley, por sus comentarios.

Como saben, efectivamente, la ley de antilavado, por su nombre muy grande, que así le llamamos, fue publicada en 2012 y entró en vigor en 2013, con algunas excepciones para el cumplimiento de sus obligaciones, como la presentación de avisos, el alta y registro, así como también las restricciones al uso de efectivo, las cuales entraron en vigor el 31 de octubre.

Se estableció por parte de la Secretaría de Hacienda un portal para poder hacer más fácil la parte del registro y alta, y la presentación de los avisos; también con el propósito de poder cumplir, como comentaba José Ramón, con todos los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera.

Esto bajo el entendido de que ya se tenía la experiencia con el sector financiero y no era factible recibir, como en otros países del mundo, este tipo de reportes de actividades vulnerables o actividades y prohibiciones no financieras designadas, o gate keepers, como se denominan en algunos lugares del mundo de manera de papel.

¿Por qué? Porque su procesamiento iba a ser muy complicado, y lo que necesitamos es, contando ya con la infraestructura tanto del SAT como de la Unidad de Inteligencia Financiera, hacer mucho más fácil para todos el proceso de análisis para poder identificar de manera correcta operaciones que pudieran estar ligadas con la introducción de recursos ilícitos a la economía o a nuestro Sistema Financiero y económico.

En ese sentido, se dieron de alta al día de hoy aproximadamente 60 mil personas físicas o morales que han realizado o que realizan actividades vulnerables, y nos están entregando avisos de informes en ceros aproximadamente tres millones al año.

Esto trae consigo un volumen de información que recibe de manera anual la Unidad de Inteligencia Financiera de 18 millones de reportes de avisos, los cuales desde hace mucho tiempo se ha trabajado en la Unidad a partir de los recursos que se utilizan, que principalmente el presupuesto de la Unidad es para sistemas, cuestiones tecnológicas.

Se han podido desarrollar diversos modelos, modelos de riesgo que han permitido establecer rangos para su análisis o mejor análisis en términos de las alertas que hemos desarrollado, tanto para lavado como financiamiento al terrorismo.

Esto ha permitido, a partir de la entrada en vigor, tener un mayor número de denuncias.

Hoy, tenemos en promedio, 2014-2013, y seguramente lo que va a ser terminando este año, un promedio de 85 denuncias por temas de lavado de dinero. Que, si vemos a ejercicios o años anteriores, estamos hablando de un promedio de 35, 40, 45 denuncias.

También es importante que a partir de la información que hemos recibido, la Unidad se ha allegado de mayor información que ha permitido el aseguramiento de mayor número de recursos.

En este año podríamos estar hablando que llevamos aproximadamente un poco menos de dos mil millones de pesos asegurados o bloqueados con la nueva facultad que el Congreso de la Unión otorgó a la Secretaría de Hacienda a través de la Lista de Personas Bloqueadas.

Esto comparados a otros ejercicios, estamos hablando que en 2011, 2012, 2010, hablábamos de 200-300 millones.

¿Esto qué significa? Que ha sido de gran utilidad toda la información que ustedes, como actividades vulnerables, presentan a la Unidad de Inteligencia Financiera a través de la administración, e igual para el sector financiero a través de los diversos órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda.

¿Qué es lo que vemos nosotros?

Es una ley de gran utilidad. Nos permite poder identificar mayores recursos de procedencia ilícita, establecer una mayor red de vínculos de organizaciones criminales que se dedican al lavado de dinero.

Agradecemos al Senado, al Congreso, al Estado mexicano todo este esfuerzo para poder prevenir y combatir de manera eficaz y eficiente este fenómeno delictivo, peo también a estas actividades vulnerables con la información, que si bien al principio hubo problemas en el portal, se fueron trabajando de manera muy fuerte por parte de la Secretaría de Hacienda para resolverlo, y hemos estado tratando de acercarnos a cada uno de estos sectores para tratar de ver cómo facilitar las medidas administrativas que ustedes tienen como carga derivado de esta ley.

Hemos estado en contacto con el sector de vehículos, juegos y apuestas, obviamente tarjetas, sector de fe pública hemos tenido un gran acercamiento; hemos emitido más de mil criterios de interpretación. Todo esto con el ánimo de poder facilitar el cumplimiento de la norma.

El 24 de julio se modificaron las reglas de carácter general, reduciendo cargas administrativas que se platicaron con cada uno de los sectores.

Asimismo, se modificaron los formatos de aviso y de presentación de aviso para hacerlo mucho más eficiente, con menos cargas administrativas.

Nosotros consideramos que la iniciativa presentada por los senadores es un esfuerzo que recoge muchas de las inquietudes de todas las actividades vulnerables; recoge muchas de las interpretaciones que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera en base a las facultades otorgadas por el Congreso, y creemos que es un instrumento que va a tener como consecuencia dos puntos:

Uno. Fortalecer el Sistema de Prevención y Combate al Lavado de Dinero. Pero también creo que lo más importante es facilitar el cumplimiento de la misma y quitarles cargas administrativas; uno, al aumentar montos al establecer o redefinir ciertos conceptos, como la redacción de negocios que no era muy clara, sobre todo en el sector de fe pública; incluir otras actividades financieras derivadas de la reforma financiera de principios del 2014, como son los asesores en inversión, las modificaciones que hubo a la Financiera Nacional.

Así también las del aumento de umbrales de uso de efectivo, que creo que va a permitir mucho la actividad económica de esos tres grandes sectores, en donde se está aumentando el umbral y en fin.

Creo que es mejorable, sí creo que haya otra oportunidad, creo que hay a la mejor redefinir un poco más el tema de la acumulación, que ha sido un tema complejo, de entender, nosotros hemos dado diversas interpretaciones que me gustaría en este foro hacer clara como está la interpretación que está haciendo la Secretaría de Hacienda al debido cumplimiento de lo que es la acumulación.

Supongamos en la parte de joyas, que es un tema que comentaba la gente de la Casa López Morton, ahorita está la identificación a partir, ya haciendo al conversión en pesos, en 52 mil pesos aproximadamente.

Cualquier operación de joyas o relojes inferior a este umbral no tiene ninguna obligación. El primer enunciado del penúltimo párrafo, del artículo 17 de la ley, señala, no me lo sé de memoria, pero dice que los montos inferiores a los señalados en este artículo no van a tener ninguna obligación.

Por lo tanto, en cumplimiento a eso no podríamos interpretar que un reloj de 30 mil pesos tuviera alguna obligación por parte de la persona que está comercializando el mismo.

Hay que decir, no tienen ninguna obligación, no les aplica la ley, solamente a partir de 52 mil. Si llega una persona y compra un reloj de 60 mil pesos, 55 vamos a dar el ejemplo, tendrá exclusivamente la operación de identificación, en base a, no es que exista un formato, tendrán que recabar la información que ustedes deban considerar para poder llenar el formato establecido, que en el caso de una persona física de nacionalidad mexicana, con el IFE será suficiente para poder tener todos los datos que se le piden en el formato.

Si posteriormente, a la semana o al mes compra otro reloj de 55 mil, como el monto acumulado es de 110, todavía no llega al umbral de los 112 mil que es objeto de aviso.

¿Qué tendrán que hacer?

Seguir identificando. Si es la misma persona y ese día tienen, en términos de las reglas de carácter general, un expediente de identificación único de ese cliente, no tendrán que recabar de mayor información a la que ya tienen, en este caso el ejemplo sería el IFE.

Sin posteriormente, a la semana compra un reloj de 30 mil, no tiene que hacer nada, ni acumularlo, ni registrarlo ni tenerlo monitoreado en su operación.

Posteriormente, al tercer mes, compra otro reloj de 55 mil, evidentemente ya pasó del umbral y aviso, tendrán que registrar esa operación, como de ese mismo cliente no tendrán que recabar mayor información que la que tienen, que es el IFE, y posteriormente presentar el aviso, señalando en el formato las diversas operaciones, que en el ejemplo son tres, señalando fechas, tipo de operación y el monto.

Solamente es así como opera la acumulación.

Había muchas dudas, qué sucede con los montos inferiores, tendría que tener una carga administrativa mucho mayor. No se trata de eso, solamente a partir de montos de identificación hacia arriba son los que deben tener un monitoreo.

Lo mismo sucede en la situación de los casinos, en los ya Bingo, como se denomina a estos juegos, imagínense cada tres, cuatro minutos que más o menos es lo que dura el sorteo, tendría que ir recabando a cada uno de ellos su identificación a ver si llegan a acumular el monto.

Eso es lo que nunca quiso el legislador cuando en el Congreso de la Unión, como cámara revisora, la Cámara de Diputados incorporó al dictamen del Senado este párrafo o esta visión de este penúltimo párrafo para establecer la acumulación.

Creo que en el Diario de debates es claro que los montos inferiores no eran objeto de la acumulación., creo que eso suena importante, creo que a la mejor valdría la pena revisar con el Senado la minuta del dictamen, una mejor redacción, para que quedara claro y plasmado este tipo de obligación, que creo que sí es importante, porque genera cargas administrativas derivadas de esta regulación, que a veces en una mala interpretación pueden generar gastos innecesarios a los que debe de tener para poder cumplir adecuadamente la norma.

Estoy muy agradecido por la participación y poder expresar y seguir trabajando con el Senado de la República en esta ley para fortalecerla y coincido totalmente con el senador Cordero, en el sentido que es una norma que se tiene que revisar 2, 3 años, sobre todo para revisar los montos.

Hoy, con la fluctuación del dólar cambia mucho la parte. Tenemos el ejemplo muy claro en el sector financiero, del reporte relevante en efectivo que son de 10 mil dólares, pues en unas cuantas semanas el 20 por ciento se perdió de información o se bajó la carga administrativa, se puede ver de los dos lados. Para la autoridad, nosotros perdemos información; para ustedes es una carga administrativa distinta.

Y también coincido en la parte que hay que empezar a trabajar, en la parte de modelos de riesgo para la debida identificación.

Eso lo único que genera es cambiar un poco el esquema del reporte o del aviso a entidades vulnerables en donde lo tendremos que volver de manera subjetiva, no objetiva en base a ese modelo de riesgo, lo cual trae como consecuencia un mayor riesgo para las actividades vulnerables.

Creo que ese es un tema que conforme vaya evolucionando este régimen para el sector de la economía real, pudiéramos en un futuro avanzar a ese nivel que es efectivamente como lo establece en principio las recomendaciones del GAFI, en la recomendación 22 y 23.

Muchas gracias.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Muchas gracias al licenciado Elías.

Le pediría, en ese mismo orden de ideas, los comentarios a licenciado Gerardo Córdova Bejarano, Director General de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República.

¿No está? Ah, que está atorado en el tráfico. Perdón.

Nos vamos a quedar entonces con el interés de conocer después los comentarios del representante de la PGR. Por supuesto, porque además tienen algo las observaciones en cuestión con nuestra Iniciativa.

No sé si hubiera algún comentario de mis compañeros senadores o alguno de los invitados.

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Primero que nada reconocer el esfuerzo, el interés y el seguimiento que al tema le ha dado la senadora Blanca Alcalá y que evidentemente ya ha puesto el asunto en un punto de la dinámica legislativa que implicará conjuntar los esfuerzos de las comisiones dictaminadoras para poder incorporar lo que aquí hemos escuchado y tratar de darle a esta norma los objetivos que tiene y que nosotros tendremos que cuidar.

Por un lado, sí el de prevenir las posibilidades de lavado de dinero. Parece que es un tema fundamental, es un tema prioritario, pero que esto sin descuidarlo, sin flexibilizarlo, sin que pierda su naturaleza y su propósito, no complique el buen desempeño eficiente en muchas actividades económicas, que también es de nuestro interés.

Entonces estaremos incorporando lo que aquí de manera puntual, muy ilustrativa se vertió, para poder generar este propósito y que de manera puntual el espíritu de la ley pueda traducirse al día a día en las distintas actividades.

Agradecerles en todo lo que vale su tiempo, el interés. Ayuda mucho y nosotros estaremos, en la Comisión de Hacienda, tomando registro para que esto pueda considerarse en la discusión de este Dictamen.

De nueva cuenta agradecer el interés de la senadora y la invitación para poder estar en este foro.

Además, si me lo permites, Blanca, comparto con paisanos muy queridos y muy reconocidos del estado de Veracruz.

Guillermo: además de este tema, que ha sido particularmente propuesto y argumentado de manera brillante aquí y en muchos otros foros, tiene otra agenda que ha significado la posibilidad de que esa actividad en lo particular a los distribuidores de automóviles, pueda mejorarse en nuestro territorio y en todo el país.

Muchas gracias a todos y gracias por la invitación senadora.

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Al contrario.

Gracias a ti Presidente.

Muchas gracias.

Buenas tardes.

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