(Primera parte)
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, particularmente a este Foro, que tiene que ver con temas que son de una prioridad que el Estado Mexicano tiene que discutir.
El Senado de la República, además desde otros aspectos y en otras materias, tenemos un tiempo discutiendo algunos temas que están relacionados finalmente con el gran tema, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, la seguridad pública y los derechos humanos.
Recordemos que tenemos todavía a discusión, en su segunda lectura, la ley que reglamenta el artículo 29 constitucional, artículo que junto con el artículo 33 de la Constitución, fueron reformados el 10 de junio de 2011; forman parte de estos 11 artículos reformados para definir con puntualidad en el capítulo primero del primer título de la Constitución, el tema de derechos humanos y garantías.
El tema que nos trae el día de hoy es una primera discusión, sobre todo quiero destacar que no es un tema que podamos agotar el día de hoy. Por su complejidad, nos tiene que llevar a seguir discutiendo no solamente en el ámbito legislativo, incluso no solamente con quienes hoy nos acompañan en este Conversatorio; sino tenemos que emprender una discusión nacional.
Estamos obligados como país a discutir los temas que derivan con el comportamiento de las Fuerzas Armadas, que realizan tareas que le competen al ámbito civil. Es muy importante ubicar con precisión que el tema que nos une el día de hoy, está relacionado con los acontecimientos del 30 de junio del año pasado, del 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
No es, como ustedes saben, un tema menor. Hay una gran cantidad de obstáculos para poder conocer con toda pertinencia la verdad de lo que aconteció en aquella noche, en aquella madrugada; y que finalmente dio como resultado que 21 personas de uno de los dos bandos, prácticamente todas las del otro bando, hubieran perdido la vida.
Efectivos del Batallón 102 de Infantería de la Sedena, estuvieron –por decirlo de alguna manera coloquial– involucrados en esta trifulca, que al principio se nos quiso informar como un enfrentamiento entre los malos y entre las Fuerzas Armadas; y finalmente supimos que dos mujeres se encontraban presas en el Penal de Nayarit, de Tepic, y una persona no se sabía dónde estaba, hasta que finalmente aparece.
La conocemos por su nombre anónimo, como Julia, y después de una entrevista que da a una revista, conocemos otra cosa totalmente distinta a lo que aconteció esa noche del 30 de junio.
Los efectivos de la Sedena habían dicho que tuvieron un enfrentamiento y la Policía Ministerial, la procuración de justicia del Estado de México, que por la modificación que en un trabajo muy importante que realizamos distintas organizaciones no gubernamentales, junto con el Congreso, reformamos el Código de Justicia Militar, más allá del artículo 157, lo recordarán; desde entonces inscribimos que cuando estuviera involucrada una persona civil en eventos donde participaba el Ejército o la Naval, simple y sencillamente tenían estas tropas la obligación de hacer una cadena de custodia para que entrara la autoridad civil a verificar y a iniciar todo el proceso de investigación.
Hay, por lo tanto, alrededor de los cuestionamientos de las situaciones que no conocemos debidamente en estos acontecimientos del 30 de junio de 2014, que no han quedado claros.
Pero ahora estamos frente a un problema que resulta todavía mucho más complicado, y en ese sentido es que el día de hoy tenemos la presencia de cuatro especialistas que, junto con el senador Luis Humberto Fernández y yo, vamos a tener este Conversatorio.
¿Qué es lo que aconteció?
Bueno, yo voy a, para iniciar el programa, simplemente conviene recordar lo que dice la Constitución. Por ejemplo, el artículo 89 de la Constitución, en su fracción VI, dice –relacionado con las facultades y obligaciones del Presidente– que podrá preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente –o sea, el ejército, de la armada y de la fuerza aérea– para la seguridad interior y defensa exterior de la federación. Bueno, eso dice el artículo 189.
Pero el artículo 129 de la Constitución establece textual: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de las tropas”. Este es el marco fundamental de nuestra Constitución.
Hay tres tesis importantes –yo las voy a referir más adelante– de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –por cierto, de la novena época– donde ciertamente definen las tres tesis, una consecuente de la otra, de que las autoridades de los ámbitos gubernamentales, sea el Presidente de la República o las autoridades que gobiernan las entidades federativas, pueden solicitar que las fuerzas armadas realicen trabajos que competen a la autoridad civil.
Bueno, para abrir, simplemente para abrir la discusión, voy a pedirles una primera intervención de esta mesa, de este Conversatorio, una intervención de cinco minutos y posteriormente hay que abrir la discusión porque me parece que ustedes tienen mucho qué decirnos y nosotros tenemos muchas cuestiones también que preguntarles.
Comenzamos con Mario Patrón Sánchez.
Mario es el Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”. Bueno, tiene mucho que decirnos, porque hoy justamente este Centro de Derechos Humanos, esta organización de defensa de los derechos humanos ha puesto nuevamente en la palestra la discusión de lo que aconteció en Tlatlaya el 30 de junio de 2014.
Por favor, Mario, si eres tan amable.
MARIO PATRÓN SÁNCHEZ: Muy buenas tardes a todas y a todos.
Agradecer previamente a la senadora Angélica de la Peña, como Presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos que nos haya convocado.
Dice bien ella, en recientes fechas el Centro Pro presentó su informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”.
Me parece que en este contexto la presentación del informe es sumamente enriquecedor que estemos aquí en el Senado, porque si algo ha ganado este informe es la construcción de debate público.
Más allá de si estamos de acuerdo o no los distintos actores, nos parece que el tema de la seguridad tiene que ser puesto a discusión de la sociedad y de la opinión pública.
Nosotros dimos a conocer dos documentos oficiales: Una orden general de operación y otra orden de relevo de mando y designación de mando, como documentos oficiales que la propia Secretaría de la Defensa no ha negado su autenticidad.
Es importante hacer relevancia que es una organización de la sociedad civil quien da a conocer ese documento, luego de que la propia Secretaría de la Defensa negó la información al Grupo Plural Parlamentario que investigó el caso Tlatlaya, e incluso negó la información a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que en su recomendación 51 del año pasado advierte también que no les fueron proporcionados todos los documentos que integran el expediente.
Lo que nosotros advertimos es una orden compleja, con distintas disposiciones, pero que llamó mucho nuestra atención la fracción séptima de esta orden que establece la instrucción a los elementos de tropa para que actúen de manera masiva en la oscuridad, a fin de abatir delincuentes.
Nosotros no decimos en el informe que abatir tenga como sinónimo, en términos de diccionario, matar o ejecutar y tampoco decimos que esta orden o esta instrucción sea la única instrucción en la complejidad de todos los documentos, pero si no hacemos un análisis de cómo en términos militares y castrenses cuál es el significante que se le da a la palabra abatir y no tenemos duda que se ha utilizado sistemáticamente para referirse a personas privadas de la vida o a personas muertas.
Por eso es que creemos que la orden es un incentivo para cometer graves violaciones a derechos humanos.
Tampoco dejamos de decir en este informe, en estas líneas, que en la propia orden se establecen prescripciones de derechos humanos, pero que se establecen en dos anexos y lo que consideramos es que en el mejor de los casos son contradictorios y se le da mucho más peso a la instrucción número siete, que establece justo abatir y que comparar esa instrucción a la luz de la propia materialidad de los hechos, pues nos parece que indudablemente se tendría que investigar la cadena de mando vinculada con quienes emitieron este informe.
Nosotros no estamos fincando responsabilidad a ningún militar, a ningún secretario, a ningún general. Lo que estamos diciendo es que se tiene que investigar la responsabilidad institucional por el riesgo que puede significar este tipo de órdenes.
Más aún, planteamos la preocupación de que este tipo de órdenes puedan estar emitidas de manera sistemática. Por eso es que no es cualquier cosa que el día de hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté notificando a la Sedena que tienen que nulificar o modificar, revocar o modificar, son los dos términos que usan, las ordenes que utilicen este término de abatir.
Lo que está en entredicho es justo la relación civil-militar, desde nuestra perspectiva y lo que pone en entredicho también es el paradigma de seguridad al que ha apostado nuestro país, mencionamos mucho desde el gobierno de Calderón.
A nadie se nos olvida la guerra contra el crimen organizado, pero en realidad estamos viviendo prácticamente dos décadas de presencia del Ejército en las calles y en tareas de seguridad pública, vinculadas a distintas estrategias con el crimen organizado.
Entonces, si hacemos un antecedente tendremos que decir, por ejemplo, dentro de otras cosas, que de los únicos seis casos que en México ha llegado la Corte Interamericana, cuatro se refieren al ejército y a violaciones graves de derechos humanos: torturas, desapariciones.
Entonces, no es un debate nuevo, aunque ahora, a la luz de Tlatlaya nos da un componente sí nuevo, que es contar con documentos oficiales que pueden inferir que hay órdenes institucionales que son verdaderos incentivos para violar derechos humanos.
Y por eso es justo que el eje central de este informe es que en Tlatlaya aún tenemos justicia inacabada y todavía de alguna manea está la verdad soslayada, porque no tenemos una explicación en torno a los hechos que nos permita entender por qué una patrulla militar, por lo menos de acuerdo a lo que nos dice la CNDH, procedió a ejecutar de 12 a 15 personas que ya estaban bajo su disposición, que ya estaban rendidas.
Termino este punto de partida en este tiempo que nos da la senadora, leyendo un párrafo del informe que en marzo de 2004 presenta el relator Christof Heyns, relator sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, luego de visitar nuestro país.
Él vino en abril y mayo del 2014 y un año después saca su informe y, ojo, todavía no habían sucedido los hechos ni de Tlatlaya ni de Ayotzinapa, pero él ya preveía los riesgos de la apuesta de un paradigma de seguridad de corte militarizado.
Y rápidamente, son tres líneas: el relator especial observa además que es bien sabido que en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales, les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público.
El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de la fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación en enjuiciamiento y sólo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar pérdidas de vidas humanas.
El relator advierte que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se ve expuesta a toda una serie de atropellos.
Es lo que nos decía desde un año antes. Este mismo relator es el que ya emitió un comunicado vinculado con este informe y dice que desde su perspectiva abatir es tanto que pedir a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley, a que salgan a las calles a matar criminales.
Desde la experiencia de este experto y de las Naciones Unidas no queda duda y por lo tanto es que solicita que esta nueva evidencia que hemos dado a conocer sea evaluada y sea investigada a fondo.
Entonces, resumiendo, nos parece que Tlatlaya puede ser una oportunidad, una oportunidad de enriquecimiento en debate, una oportunidad de enriquecimiento en términos de verdad, justicia y reparación y una oportunidad que nos explique cuáles son las medidas de cambio que se tienen que instrumentar para asegurar que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Eso sería, senadora, como primer saque.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Como primer saque. Muy bien. Gracias.
Necesitamos continuar la discusión respecto a la diferencia de la seguridad nacional, la seguridad pública y también el nuevo concepto de seguridad humana.
En ese sentido hay acervo importante desde las organizaciones, particularmente me parece que lo que ha hecho INSYDE –el Instituto para la Seguridad y la Democracia-, cuyo Director Ejecutivo, Ernesto López Portillo Vargas tomará la palabra y simplemente para hacer esta pequeña introducción, Ernesto, para tu intervención, por favor, en este primer bloque.
ERNESTO LÓPEZ PORTILLO VARGAS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA: Senadora, muchas gracias.
Buenas tardes a todas y a todos.
Primero, agradezco mucho esta oportunidad y reitero lo que INSYDE ya dijo públicamente.
Hacemos nuestro el informe del Centro Pro Juárez; hacemos nuestras todas las exigencias que el mismo incluye y compartimos este llamado, que Mario mencionó al final, a construir de esta tragedia, construir una oportunidad.
Las tragedias pueden ser una oportunidad. O pueden no ser una oportunidad. Las tragedias pueden pasar a la historia, como si no hubiera pasado nada, y las tragedias pueden pasar a la historia precisamente como una palanca para cambiar la propia historia.
Déjenme leerles un par de líneas; un poquito más de un par de líneas y después les voy a decir cuándo se publicó esto:
“Un soldado defiende la seguridad exterior e interior del estado de los enemigos del mismo.
“En consecuencia, su objetivo es destruir al enemigo. Para eso es formado.
“Un policía no tiene enemigos. Su función es actuar en el marco del Estado de Derecho, previniendo el delito y las faltas a las normas gubernativas o reprimiéndolas en el estricto marco de la ley.
“El soldado no reconoce más derecho que el de guerra, por lo que el parámetro de respeto a los derechos humanos no es privilegiado.
“El empleo de las fuerzas armadas en la seguridad pública, es una condición que puede favorecer el vulneramiento de los derechos humanos.
“Un policía profesional, en cambio, está formado para respetar y hacer respetar los derechos humanos, así como las libertades públicas.
“El soldado no tiene técnicas de policía de orden público y de control de multitudes, por lo que es peligroso que desarrollen estas tareas.
“El policía profesional está formado con conocimientos técnicos y habilidades necesarias para garantizar el orden público, sin lastimar a los que atentan contra él mismo”.
Este libro, fue publicado en 1994.
Dos autores y un servidor, tenemos 21 años diciendo que las Fuerzas Armadas no sean utilizadas para las funciones de seguridad pública.
El Estado Mexicano se colocó en una trampa, lo hemos estado diciendo en estos días, no es algo menor, que eso es una trampa de corte estructural. La trama es así, es muy sencillo: hay una decisión de Estado que impide profesionalizar a la Policía.
En un monitoreo reciente sólo dos unidades de Asuntos Internos de las Policías Estatales realizan funciones de supervisión, dos en el país.
Hay una decisión de Estado que impide profesionalizar a la Policía. El 60, 70, 80 por ciento –depende de qué policía hablemos– de los ciudadanos, confía poco o nada en la Policía. Esa es la primera parte de la fórmula, de la trampa.
La segunda parte de la fórmula es la autorización que el Estado Mexicano le dio a las Fuerzas Armadas para realizar funciones de seguridad pública. La trampa se consolidó con la acción de inconstitucionalidad 1/96, en donde la Corte decidió que las Fuerzas Armadas podían hacer funciones de seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles.
A partir de ese momento, las propias Fuerzas Armadas construyeron, consolidaron su discurso para realizar estas funciones; a la vez que aun siendo creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hace 20 años, no se logre la profesionalización homologada de la Policía en el país.
Estamos, pues, ante una trampa. Tlatlaya es un síntoma de una vieja enfermedad; Tlatlaya es un terrible síntoma, es un síntoma extremo de una enfermedad que no es nueva.
Nosotros creemos que estamos muy tarde en la discusión y creemos que ahora Tlatlaya es también una oportunidad para el Senado, senadora, senador; nosotros creemos que el Senado no puede hoy quedarse callado, nosotros esperamos que del Senado surjan exhortos concretos para que las autoridades competentes hagan su trabajo ante una masacre como la de Tlatlaya.
Se acaba de publicar un texto en Nexos, un segundo estudio sobre el índice de letalidad de Fuerzas Armadas y Policía Federal. Sólo les voy a dar un dato, para que sepamos de qué estamos hablando:
El índice de letalidad, que es la relación entre muertos y heridos en enfrentamientos, el índice de letalidad a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional creció 9 veces entre 2007 y 2012.
El índice de letalidad de la Policía Federal, creció 7 veces entre 2008 y 2013.
Dicen los autores del texto que un índice aceptado de letalidad, mundialmente, es 1 a 1. Nosotros tenemos ejemplos, según este estudio, que colocan por ejemplo en el caso de Zacatecas, por poner un ejemplo, un índice de letalidad de 58 civiles muertos en enfrentamientos contra un civil herido.
Entonces, este debate no tiene que ver solamente con abstracciones, normas y políticas públicas; estamos hablando de pérdida de vidas humanas. Pero no podemos dejar de mirar el asunto estructural histórico y este es un espacio, senadora, senador, amigos, es un espacio especialmente propicio para recordarle al país que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no produce lo que hoy ofreció: No tenemos policías profesionales homologadas en el país.
Aquí está hoy atorada una propuesta del Presidente. Está atorada una propuesta de crear policías únicas estatales.
Nosotros a nivel, desde que incide en un espacio que tuvimos la oportunidad de compartir aquí, nos pronunciamos por un modelo distinto.
Más allá de lo que nosotros podamos decir, está parada esa reforma, como están paradas las reformas institucionales que nos darían policías profesionales.
¿Por qué hay una orden de operación en Tlatlaya?
¿Por qué sale el ejército a buscar delincuentes?
¿Por qué hay más de 35 mil militares haciendo funciones de este tipo?
Porque no las está haciendo la autoridad policial y porque el Sistema Penal también está colapsado.
Por ahí lo dejo para empezar. Esto es un problema de corte estructural.
Si nos perdemos en el árbol y no vemos el bosque, entonces repetimos el error de perder el contexto que está en la raíz de lo que hoy estamos viendo: esta terrible tragedia de Tlatlaya.
Muchas gracias.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, Ernesto.
Bueno, ciertamente no es un tema nuevo. Es un tema que se ha discutido desde hace mucho tiempo.
La primera discusión importante que avizoraba el riesgo de militarizar a las policías se da –yo recuerdo– en la época de Cedillo, cuando se constituye una sola, se integran distintos cuerpos, los integran en la Policía Federal Preventiva, y ciertamente observamos que el camino trazado era hacia la militarización.
Grandes presupuestos, grandes convenios, transformaciones ad hoc que permitieran la constitución de estos policías, pero, a final de cuentas –como también nos lo recuerda Ernesto– decenas de miles de soldados hoy están realizando, soldados y marinos están realizando tareas que le corresponden a la autoridad civil. No es un tema nuevo.
José Antonio Guevara Bermúdez, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tiene una gran experiencia en ese sentido. No es un tema nuevo tampoco en esta Comisión en el Senado, ni tampoco lo que hemos visto contigo.
Por favor, tienes la palabra
JOSÉ ANTONIO GUEVARA BERMÚDEZ: Bueno, pues muchas gracias, senadora, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con usted, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y con mis colegas de las organizaciones de la sociedad civil, reflexiones en torno al trágico evento de Tlatlaya y los impactos que tiene en diversos aspectos de la seguridad pública, la seguridad interior, la impunidad y el Estado de Derecho.
Antes de pasar a los tres puntitos que a mí me gustaría desarrollar en esta primera intervención, debo de hacer un reconocimiento también al trabajo del Centro de Derechos “Miguel Agustín Pro Juárez”. Es muy importante este informe que nos presentan, la información que revela y las recomendaciones que hace, que creo que debieran ser parte de la agenda, no solamente del Ejecutivo Federal para atender las cuestiones relacionadas con la justicia, la verdad y las reparaciones sino del Senado de la República para poder enfrentar lo que es un problema que, en mi opinión, es un problema mucho más amplio.
He dicho en diversas ocasiones que el evento de Tlatlaya no es un hecho aislado. Se enmarca en una política deliberada –en mi opinión– de abatir personas sin entrar a la discusión de la definición del término por el diccionario o de la forma que se le quiera llamar.
Desde la presidencia del ex presidente Felipe Calderón, cuando declara la guerra al narcotráfico él se refiere en múltiples ocasiones a que será “una guerra sin cuartel a la delincuencia organizada”; señala que la batalla sería larga, que sería costosa económicamente y que se perderían muchas vidas humanas.
Durante aquella administración se acuñaron eufemismos como “el inhabilitado” o “el abatido” refiriéndose claramente a la privación de la vida de personas e integrantes o presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
El propio presidente Peña Nieto, en su segundo informe de gobierno, señala que se neutralizaron a 84 objetivos relevantes de la delincuencia organizada, de los cuales 13 fueron abatidos y 71 capturados, por lo cual yo creo que no hay manera que podamos interpretar la palabra abatir de una manera distinta al sentido del propio informe del presidente Peña Nieto.
Decimos que no es un hecho aislado, porque entre el primero de diciembre del 2006 y el 31 de diciembre de 2014, la CNDH ha emitido 53 recomendaciones por privación arbitraria de la vida, para no entrar, repito, a las discusiones terminológicas de ejecuciones extrajudiciales, abatimiento, etcétera, de las cuales 42 fueron dirigidas a la Sedena y a la Semar.
La Sedena y la Semar han reportado por solicitudes de acceso a la información, que ellos se han involucrado en 3 mil 665 enfrentamientos con organizaciones criminales y han perdido la vida en esos enfrentamientos 4 mil 363 civiles.
En la solicitud de información a la Sedena ellos alegan que en todos los casos se trata que repelieron agresiones de la delincuencia organizada y en términos reales no tenemos conocimiento de los reportes de uso de la fuerza que debieran transparentar para estar ciertos de que eso ha sucedido.
Entonces, tenemos un universo muy amplio de víctimas, tenemos un universo muy amplio de casos no esclarecidos y nosotros creemos que en todos estos casos, por lo menos en los que ha participado la CNDH en su documentación, ha habido una política deliberada, número uno, de criminalizar a las víctimas en los documentos oficiales, por lo menos de los casos que, repito, están en la CNDH.
Y nosotros representamos a dos de esas ejecuciones, el caso de Jorge Parral Ramadán, que es una víctima de una ejecución extrajudicial en el estado de Nuevo León, en el año 2010, y la ejecución de Jethro Ramssés Sánchez en el estado de Morelos, en el año 2009.
En estos dos casos los documentos oficiales señalan que habían abatido a miembros de la delincuencia organizada. Con la investigación de la CNDH y obviamente el compromiso y la entrega de los familiares para establecer los hechos, se ha visto que eran personas inocentes en los dos casos, no tenían ningún vínculo con la delincuencia organizada y que fueron ejecutados extrajudicialmente.
El segundo aspecto de lo que para nosotros constituye parte de una política deliberada de abatir, criminalizar, es que no hay investigaciones imparciales independientes y no hay personas purgando condena por estos crímenes cometidos por las instituciones que debieran resguardar nuestra seguridad pública.
Finalmente creo que en todo caso un debate sano sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas debe estar logado hacia uno de los principios que el propio relator de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales señaló, que es el principio de legalidad: todo uso de la fuerza tiene que estar previsto en una ley en la cual se deben de establecer los parámetros de actuación, a partir de los cuales se pueda hacer uso de la fuerza letal, ya que esa es una salvaguarda para el derecho a la vida.
En el caso de la participación de militares en tareas de seguridad pública, ellos no se ajustan a la legislación ordinaria emitida por parte de las autoridades civiles, es decir, la legislación que regiría a la policía federal ni tampoco se rigen por las reglas ni las leyes del derecho de la guerra.
Entonces, estamos en un escenario muy difícil, en donde no hay legislación que les obligue o donde ellos se sientan obligados, a partir de la cual podamos medir su actuación.
Y lo que digo con esto no quiere decir que estemos pidiendo que haya una legislación que regule la actuación del ejército en tareas de seguridad pública, como ya lo dimos con la intervención de Ernesto, no están entrenados y no parece que quieran ser entrenados para hacer tareas de seguridad pública.
La solución es establecer cuanto antes, como ya se ha dicho, un plan de salida del ejército, un plan del ejército de regreso a sus cuarteles.
Y yo creo que el Senado ahí puede hacer una contribución muy importante.
También creo que sería muy importante que el Senado pueda ayudar al Estado Mexicano a combatir la impunidad.
No creo y no creemos que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia tengan la capacidad ni la voluntad para poder llevar a juicio el enorme número de casos de ejecuciones extrajudiciales, privaciones arbitrarias de la vida, homicidios, asesinatos, como se les quiera llamar, por servidores públicos en el uso indebido de sus funciones.
Creo personalmente que es muy importante que se busquen alternativas de cooperación internacional.
Por ejemplo, la Corte Penal Internacional es una alternativa, alternativas como pensar en lo que ha hecho Guatemala, en una comisión para combatir la impunidad.
Pensar en alternativas que en otras latitudes han tenido resultados medianamente aceptables como por ejemplo cámaras especiales con participación de jueces y fiscales internacionales para poder ayudar a las instituciones mexicanas a llevar a juicio.
Es un abanico muy amplio de posibilidades y creo que es una muy buena oportunidad para empezar una discusión sobre qué es lo que puede hacer México para combatir la impunidad porque no es posible que ninguno de estos casos tenga a personas sancionadas por este tipo de abusos.
Yo lo dejaría aquí para poder continuar con la discusión.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien. Muchas gracias.
Ahora, México, por desgracia, en la globalidad y en la revisión internacional, no está ubicado de manera que nos enorgullezca.
Al contrario, creo que debemos todos preocuparnos por la ubicación de México como un país en donde todos los relatores siguen el cumplimiento de distintos preceptos de tratados internacionales que hemos aprobado por nuestra parte, pues no ha sido una muy buena revisión de México en su comportamiento para el cumplimiento de estos tratados en materia de derechos humanos.
¿Cuál es la observancia que desde Amnistía Internacional tienen de México?
Bueno, por favor, a Perseo Quiroz, que es su Director Ejecutivo, le corresponde participar en este conversatorio.
Por favor Perseo, si eres tan amable.
PERSEO QUIROZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO: Muchas gracias senadora. Senador.
Buenas tardes a todas y a todos.
Primero, agradecerles que estén retomando esta discusión. En esta discusión hacía falta la voz del Senado.
Creo que todavía sigue haciendo falta una voz todavía más fuerte y contundente respecto a este tema del Senado de la República y estoy seguro que ustedes empujarán y liderarán el tema dentro del Senado de la República.
Quiero empezar recordando un caso de hace ya más de 5 años, que sucedió justamente en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, donde dos estudiantes, Jorge y Javier, fueron abatidos por miembros del Ejército Mexicano mientras estos estudiantes tomaban, o corrían, hacían deporte en la madrugada.
La primera reacción de las autoridades fue decir que estos dos estudiantes estaban relacionados con la delincuencia organizada y no fue sino posteriormente a que los familiares, a que organizaciones de derechos humanos, a que el propio rector del Tec de Monterrey salieron a desmentir esta versión, que nos enteramos que en realidad Jorge y Javier eran estudiantes de postgrados de alto rendimiento, que perdieron la vida a manos de fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley.
Con esto lo que quiero decir es que este debate, como ya hemos dicho, no es un debate nuevo. Es un debate que lleva muchos años y que es hora de empezarlo a tomar en serio.
Pero creo que también me gustaría marcar de qué sí se trata este debate, pero también de qué no se trata este debate, porque de repente creo que puede, el debate, parecer, o pareciera ser que nos estamos enmarcando en un falso debate.
Por ahí algunos opinólogos podrán decirlo.
A ver, este debate no se trata de atacar al Ejército, no se trata de atacar al Ejército. Tampoco se trata de pedirle al Estado que no ejerza su función de brindar seguridad a la ciudadanía, tampoco se trata de eso. Todo lo contrario: queremos que se brinde mayor seguridad a la ciudadanía.
Tampoco se tratan este debate de no reconocer que la gente que está metida en estas tareas de seguridad, también enfrenta una situación grave de riesgo, en donde la delincuencia organizada también ha tenido actos muy violentos.
Pero en fin, este debate no se trata de juzgar si el Ejército o si los soldados son héroes o villanos, ese no es el debate que deberíamos estar dando. Si queremos llevar el debate para ese punto, nos estamos equivocando.
¿De qué sí se trata este debate?
Este debate se trata de saber cuál es la mejor política de seguridad para un Estado, como el Estado Mexicano. Este debate se trata de saber si una política de mano dura, en donde no se respetan los derechos humanos, en donde no hay pesos y contrapesos, es efectiva para brindar mayor seguridad a la población en general.
Este debate se trata, pues, de saber cómo salimos de este bache de crisis de derechos humanos, de crisis de Estado de Derecho y de crisis de seguridad, de la mejor manera posible.
Y en este sentido, creo que los datos que ya nos han brindado tanto José como Ernesto y el informe que brinda el Centro Pro, y que muy valientemente da la testigo Julia; nos dan muchas luces que lo que estamos haciendo no ha dado resultados.
Si tener al Ejército en las calles fuera la solución, creo que en estos momentos veríamos menores índices de delincuencia, los cuales no los hay; veríamos mayores índices de seguridad, los cuales no los hay; y veríamos también menor impunidad, lo cual tampoco no lo hay.
Ahora, cuando nosotros en este sentido pedimos verdad, justicia y reparación, no se trata de enfocarnos solamente a que el Ejército o los miembros de las Fuerzas Armadas sean chivos expiatorios, de ninguna manera; lo que estamos pidiendo es que en todos y cada uno de los casos en donde haya habido una violación a derechos humanos por alguna fuerza encargada de hacer cumplir la ley, incluidas las Fuerzas Armadas, haya verdad, justicia y reparación.
Y lo que estamos viendo es que, lamentablemente, no lo hay, y como en el caso de Jorge y Javier, donde a más de cinco años todavía la PGR no ha avanzado o no ha consignado a nadie en la investigación, cuando entendemos que la investigación está ya muy avanzada; tampoco en otros casos, como el de Tlatlaya, vemos que haya una investigación seria por parte de las autoridades encargadas de hacer procuración de justicia.
Ahí me quedo en esta primera ronda.
****** (SIGUE SEGUNDA PARTE) ******
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