SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 16 DE ABRIL DE 2015.
PRESIDENCIA DEL SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: (11:45 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro de asistencia se han acreditado 82 ciudadanos Senadores y Senadoras.
En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Se abre la sesión del jueves 16 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de esta Legislatura.
El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:
Una, de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de su participación en la Cumbre Anual WIP, en la ciudad de Adís Abeba, Etiopía, del 23 al 25 de marzo del año en curso.
Una, de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Francisco Búrquez Valenzuela, con el que remiten el informe de su participación en la Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizada los días 25 al 27 de febrero de este año, en París, Francia.
Una, de las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez y María Lucero Saldaña Pérez, con la que remiten el informe de su participación en el 59º Periodo de Sesiones de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en Nueva York, los días 9 al 12 de marzo de este año en curso.
PRESIDENCIA DEL SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la propuesta de nombramiento del ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogable.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, para su análisis y dictamen correspondiente.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con la propuesta de designación del ciudadano Max Alberto Diener Sala, como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para sus efectos correspondientes.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Nada más para hablar sobre nuestra participación, como Presidenta de ParlAmericas, y dar cuenta a esta Soberanía sobre el resultado de la VII Cumbre, y de la cual hicimos la Senadora Blanca Alcalá, por parte del Parlatino, y su servidora por ParlAmericas, un encuentro conexo a la VII Cumbre de Líderes en Panamá.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Adelante, tiene el uso de la palabra.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, con permiso de la Presidencia.
Bueno, nada más dar cuenta, aquí al Senado de la República, que los días 10 y 11 de abril, Panamá hizo honor a su situación geográfica, convocando a la VII Cumbre de las Américas, y la cual se convirtió en una gran celebración, porque contó, por primera vez en una historia reciente, luego de 53 años de ausencia de Cuba, con la presencia, ahora, de Cuba, quien volvió a ocupar su lugar en las grandes deliberaciones del continente.
Asimismo, México a través de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, también dio fe y cuenta de un gran encuentro entre todos los mandatarios para esta Cumbre.
Nosotros los legisladores, a través de los foros que encabezamos, tanto la Senadora Blanca Alcalá, quien está aquí presente, desde aquí le doy mi agradecimiento, mi solidaridad y mi amistad, porque desde hace unos meses planeamos un encuentro de legisladores, tanto del Parlatino, es decir, el Parlamento Latinoamericano, del cual ella es Secretaria General; y su servidora, Marcela Guerra, señor Presidente y Mesa Directiva, que ustedes saben muy bien que presido el organismo ParlAmericas, que contiene a más de 35 países de las Américas y que es un foro especializado para profundizar en las democracias y para abordar problemas de nuestras regiones; para el adelanto y para establecer lazos permanentes de diplomacia parlamentaria, y que le sirven tanto a nuestro país.
Por primera vez en mucho tiempo, también acudieron 34 de los 35 Jefes de Estado y de Gobierno, faltando nada más la Presidenta Bachelet, por situaciones que tiene que ver en su país, de una catástrofe de corte natural.
En efecto, una reunión histórica, en la que igualmente se defendió de manera unánime la soberanía nacional frente al intervencionismo, se respaldaron todos los esfuerzos de paz en la región y se acordaron grandes temas esenciales de una agenda de desarrollo incluyente: Combate a la desigualdad, mejoras a la educación y acceso universal a la salud y protección de los derechos humanos de los migrantes.
Y es en eso precisamente lo que ocurrió en Panamá, no solo en la Cumbre de las Américas con los Jefes de Estado, sino también durante el encuentro parlamentario, del cual acabo de referir, que versó sobre la transparencia legislativa y los órganos conjuntamente del Parlamento Latinoamericano y ParlAmericas, como una reunión paralela a la Cumbre.
Tuvimos la presencia de más de 90 legisladores, debatimos durante todo un día, en la sede del Parlatino, que es una sede espléndida, que después de 50 años, el Parlatino, un organismo que ya tiene una madurez muy concreta, muy sustancial. En ella se efectuó un sólido compromiso con la transparencia legislativa y la rendición de cuentas, que corresponde con el alto grado de desarrollo, gobernanza democrática y participación ciudadana, al que todos aspiramos.
Coincidimos, por tanto, en alentar la apertura de las legislaturas de la región a la colaboración con grupos de la sociedad civil, a fin de mejorar las capacidades de los Parlamentos en la era digital, así como acercar a los gobiernos, nuestros gobiernos, a la gente.
Con gran satisfacción puedo decir que sentamos las bases para desarrollar iniciativas regionales y subregionales, sobre ética y transparencia parlamentaria, que muy pronto se encaminarán en la elaboración de proyectos conjuntos, como leyes marco regionales.
El Senador Encinas tuvo una participación excepcional, y desde aquí lo saludo, con respeto y con cariño, porque al presidir la mesa de ética política, fue para nosotros un referente; puso el nombre de este Senado de la República y de México en alto, poniéndonos de ejemplo, gracias a la Ley de Transparencia que recién acabamos de aprobar, y también en el marco de referencia hacia un Canal del Congreso, que también ha sido referente en las Américas, porque el Canal del Congreso nos permite estar en contacto con nuestro electorado, estar en contacto con la sociedad, con la gente día a día, quienes nos pueden dar seguimiento de todas nuestras actividades parlamentarias.
En esta discusión de alto nivel, contamos con la presencia también del Secretario General Electo de la Organización de los Estados Americanos, y Senador uruguayo, el doctor Luis Almagro; con el Diputado panameño y Presidente del Parlatino, Elías Castillo; con el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Rob Nicholson; y con el Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, el Diputado Adolfo Balderrama.
Durante el encuentro, subrayé que con los miembros legislativos de nuestros países, somos directamente responsables de la promoción y del desarrollo de gobiernos democráticos.
También, gracias a la intervención de Blanca Alcalá, Senadora y amiga, quien estuvo de responsable, que gracias a ella pudimos concretar este encuentro.
Pudimos también establecer un memorándum de entendimiento entre el Parlamento Latinoamericano y ParlAmericas, siendo las principales cláusulas la de intercambiar información y documentación en el Marco de la Cooperación en actividades conjuntas; cooperar con los medios a nuestro alcance para concretar proyectos que se relacionen con nuestros países; mantenernos recíprocamente informados sobre programas de cooperación para el desarrollo y la integración de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe; coordinar la realización y promover la participación mutua de reuniones y eventos, talleres, identificando e impulsando conjuntamente la formulación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y actividades específicas en los campos de interés común en nuestros países; intercambiar, también, información sobre métodos de trabajo, funcionamientos y buenas prácticas; y realizar todo tipo de tareas que contribuyan al logro de los objetivos institucionales en pro del desarrollo y la integración de la parte Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe.
Este fue el memorándum de entendimiento.
Al final de nuestro debate, de las dos grandes mesas de transparencia, como de ética política, emitimos una resolución para la acción de los Parlamentarios de las Américas, congregados en ocasión de la VII Cumbre de las Américas, a la cual le voy a pedir a mi amiga Blanca Alcalá que haga cuenta de eso, porque fue siempre un resolutivo, fue un documento muy importante que fue votado por todos los parlamentarios asistentes.
Es para mí un orgullo, señor Presidente, compañeras y compañeros, estar dando cuenta de todo esto y estar colaborando siempre en pro de México y en pro de este Senado de la República.
Es cuanto. Enhorabuena.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.
Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.
La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, señor Presidente. Estimadas amigas y amigos:
Quiero recapitular sobre algunos de los temas que mi amiga y compañera, la Senadora Marcela Guerra, ha hecho referencia hace unos minutos, en virtud de la importancia que representó la VII Cumbre de las Américas, histórica por la presencia de todos los países ahí congregados, pero de manera particular por la presencia de Cuba, después de varias cumbres de ausencia, derivado de las tensiones que existían en el continente al respecto.
Y segundo, por supuesto, por el abordaje de los temas que en esa ocasión fueron abordados por los Jefes de Estado y los Presidentes; temas que, sin duda, son coincidentes con la agenda de nuestro país en aspectos como educación, en temas como salud, en temas como medio ambiente, como participación ciudadana, de la que tuvimos la oportunidad una serie de legisladores, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, de poder presenciar y de poder saberlo.
Como aquí se ha señalado por parte de los parlamentarios, tuvimos a bien convocar, de manera paralela, a un encuentro de parlamentarios que dio oportunidad a la asistencia de más de 90 de 100 legisladores de todo el Continente Americano, en torno a un tema fundamental, como es el caso de la transparencia, hablando de los parlamentos abiertos, hablando de la rendición de cuentas, y que nos permitió, efectivamente, no solamente compartir experiencias y legislación, sino, sobre todo, de cara al futuro, de cara al presente, del que somos protagonistas, poder asumir nuevamente compromisos con lo que implican este tipo de situaciones.
Sería incompleto el informe que estamos compartiendo esta mañana sin reconocer, de manera pública, la participación que en el caso del Congreso de la Unión de nuestro país se viene realizando en todo este tipo de foros.
De manera particular, también además de reconocer la sinergia que con la Senadora Guerra se ha podido hacer a través de estos foros, en el caso de ParlAmericas y en el caso del Parlatino, quien encabeza también la delegación por parte de México, es la Senadora Mariana Gómez del Campo, en su carácter de vicepresidenta de la delegación, y que nos ha permitido que en cada uno de estos espacios la participación sea plural de cada uno de los legisladores, tanto de Diputados como de Senadores.
Se ha señalado, aquí también, la participación importante del Senador Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática, en torno a un tema recientemente aprobado por esta Soberanía, como es el caso, precisamente, de transparencia.
Sin duda, México mostró que va a la vanguardia en esto y en otros aspectos, y tuvimos la oportunidad de, inclusive, que se hiciera entrega de toda la documentación que formó parte de este debate al Secretario General electo de la Organización de Estados Americanos, al doctor Luis Almagro, para que definitivamente este marco contextual, en el que México viene legislando, sea también referente en las leyes marco que en toda la región se están realizando.
La delegación, presidida en este caso por la Senadora Gómez del Campo, contó también con una nutrida participación de otros compañeros legisladores, como fue el caso de la Senadora Martha Palafox, del Partido del Trabajo; del Senador Alejandro Tello y de los representantes de la Cámara de Diputados, al tratarse el Foro del Parlatino, de un foro en el que participan tanto Diputados como Senadores, empezando, en este caso, por el Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos.
Concluiría, señoras y señores, simplemente dando cuenta que la diplomacia parlamentaria ha quedado de manifiesto que es un complemento a las relaciones internacionales que los países vienen realizando y que, hoy más que nunca, sea a través de los foros, sea a través de las reuniones bilaterales, debemos dejar acreditado la participación activa, seria y propositiva de los legisladores en favor de nuestro país, en favor del continente y en favor de los temas que aquejan al mundo.
Cada día es mucho más sensible pensar que todos vivimos en un mismo planeta y somos responsables de muchos de los temas que aquí ocurren.
Le pido agradecer a todos los participantes y acreditar, nuevamente, que desde el Foro del Parlamento Latinoamericano estamos buscando que estos temas sean abordados con la seriedad y con la urgencia que requieren los tiempos que nos demandan.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senadora Blanca Alcalá Ruiz.
A continuación, y para el mismo efecto, tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Mariana Gómez del Campo.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo también celebro el que hayamos podido tener este encuentro entre ParlAmericas y el Parlamento Latinoamericano, este encuentro con la Senadora Marcela Guerra, con la Senadora Blanca Alcalá. Aprovechar también las posiciones que tenemos como parlamentarios mexicanos en estos dos foros.
Efectivamente, el tema que nos llevó a reunirnos, aprovechando la VII Cumbre de las Américas, fue el tema de la transparencia legislativa.
México, con todas las reformas que hemos aquí impulsado, y que lo expuso de manera muy atinada el Senador Alejandro Encinas, México ha tenido avances muy importantes, y el compromiso fue también que pensemos en una ley marco a impulsar en toda América Latina.
Tuvimos la oportunidad de firmar este memorándum de entendimiento, yo espero que hagamos muchas más cosas de la mano.
Y aprovechando también el espacio, es importante decir que en el marco de esta VII Cumbre de las Américas, el tema fue el encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y de Cuba; fue un hecho histórico, por todo lo que ustedes ya saben, y fue un hecho histórico porque, además, somos, al final del día, dos países amigos, hermanos, que todo esto provocó esta Cumbre de Las Américas, que inicie una nueva relación tanto de acercamiento como de diálogo.
Y yo quisiera destacar que, dentro de esta Cumbre de las Américas, un tema que me pareció muy importante fue el espacio de algunos otros ex mandatarios para hablar sobre lo que ocurre en Venezuela.
Y lo digo de esta forma, porque se hizo un llamado muy importante, que tiene que ver con democracia, con respeto a derechos políticos, a derechos humanos de diferentes personajes que desafortunadamente hoy han sido encarcelados en Venezuela.
Y este pronunciamiento que hicieron algunos ex mandatarios, pues deja claro que la democracia no es encarcelar a disidentes políticos.
Y yo quisiera decir, también, que espero que en algún momento nuestro país tenga un papel mucho más activo, no nada más desde el ámbito legislativo, para hacer la misma solicitud que hizo ayer el congreso chileno, para pedir que salgan de la cárcel los disidentes políticos que hoy, desafortunadamente, pues han sido encarcelados en Venezuela, y no se respetan sus derechos humanos; y, bueno, de democracia ya ni hablamos.
Me gustaría, también, el poder ver en México, un papel mucho más activo en la región, impulsar temas y ser cabeza en la región, creo que es lo que debiéramos estar tratando de hacer entre todos de la mano con la Cancillería.
Sería todo.
Gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.
Para los mismos efectos, sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá.
La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Solamente para agregar a lo que aquí ya se ha señalado, que me parece que México, con beneplácito, debemos de observar la declaración de Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, había sido un tema tratado en muy distintas ocasiones por los legisladores, y creo que era relevante el no omitirlo en esta intervención.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora.
Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Déjeme decirle que nada más este comunicado fue porque es reciente lo que ha pasado y decidimos así bien hacerlo las oradoras que ya tomamos el uso de la palabra, pero informarle, señor Presidente, que vamos a dar informe en tiempo y forma a este Senado de la República, en breves días.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Mesa Directiva las felicita y los felicita a todos ustedes, gracias por brindar esta información al Pleno.
Y para los mismos efectos, se le concede el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, agradecer a nuestras compañeras Senadoras Blanca Alcalá, a nuestra compañera Guerra y a Mariana Gómez del Campo, la deferencia que han tenido con mi participación en el Parlatino, en el tema de avances en materia de transparencia legislativa.
Creo que este es un trabajo colectivo que hemos construido a lo largo de toda esta Legislatura, pues desde el primer día, sin lugar a dudas, hemos avanzado en una discusión que nos ha permitido consensar reformas constitucionales y leyes reglamentarias importantes.
Sin embargo, quisiera yo destacar dos aspectos en lo fundamental.
Uno, el que ya han señalado mis propias compañeras Senadoras, la importancia de esta Cumbre de las Américas en la ciudad de Panamá, donde la República de Cuba se incorpora, por primera vez, a este tipo de encuentros, y que han traído consigo la posibilidad de un rencuentro en el diálogo entre los distintos países de América Latina, independientemente de las diferencias profundas que en existen en esos momentos con países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, en su relación con los Estados Unidos, en donde estoy convencido que México debe ser un interlocutor y un facilitador en el encuentro de estas repúblicas para poder recuperar esta aspiración bolivariana a la integración latinoamericana.
Y reconocer que el retiro de la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte del gobierno de Estados Unidos a Cuba, es un paso que coadyuvará en el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que indudablemente todavía necesitará un proceso de mayor maduración.
Y el segundo tema tiene que ver con esta reunión entre Parlatino y ParlAmericas, estoy convencido de que una de las conclusiones a las que podemos arribar es que necesitamos definir una política no sólo de diplomacia parlamentaria, sino una política de definición clara de objetivos y metas de nuestra participación en este tipo de foros multilaterales en el que participan legisladores de todo el Continente.
Y creo que un buen paso puede darse derivado del encuentro que se tuvo con el nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos, con Luis Almagro, es uruguayo, en donde él mismo propuso la posibilidad de generar una ley marco en materia de transparencia.
Nosotros acompañamos esa iniciativa, creo que ahora que se avecina la renovación del órgano directivo del Parlatino en el mes de mayo, uno de los temas que deberíamos de considerar es la importancia de fortalecer los avances en distintos temas que en todo el continente se vienen dando, todos los tengo vinculados con transparencia.
Lo que hemos logrado en materia de cambio climático, establecer en las propias páginas del Parlatino y de los distintos congresos, micro sitios que permitan la comunicación entre los distintos congresos e indudablemente eso ayudaría a mejorar nuestra participación, y espero que en los próximos meses fijemos metas y objetivos para que, en el marco de la pluralidad que caracteriza a las delegaciones que participamos en estos eventos, vayamos con políticas, lineamientos, objetivos claros, para poder rendir mejores cuentas aquí en el Senado de la República.
Y mi reconocimiento a Marcela Guerra, a Blanca Alcalá, a Mariana Gómez del Campo, por este acompañamiento y el desempeño durante la celebración de la reunión del Parlatino.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.
Felicidades a todas y todos los Senadores que han expuesto sus opiniones sobre este tema que es tan importante para la región de Latinoamérica.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, ellos asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República. Sean ustedes bienvenidos.
(Aplausos)
Esta Presidencia también da las más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Escuela Comercial del Valle de México, invitados por el señor Senador Armando Neyra Chávez, asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República. Sean ustedes bienvenidos.
(Aplausos)
Honorable Asamblea: Recibimos un oficio suscrito por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el Secretario de Gobernación y por la Procuradora General de la República, con el que se solicitan al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1º de agosto del año 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
De acuerdo a lo que establece el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, este ordenamiento entrará en vigor a nivel federal gradualmente, en los términos previstos en la declaratoria que emita el Congreso de la Unión.
En consecuencia, señoras y señores Senadores, les solicito ponerse de pie, si son tan amables.
Igual a nuestros distinguidos visitantes les solicitamos ponerse de pie.
(Todos de pie)
En cumplimiento a lo que dispone el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Senadores, como integrante del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, emite la siguiente declaratoria.
“El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del día 1º de agosto del año 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.”
Remítase a la Cámara de los Diputados para los efectos de lo que dispone el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Favor de tomar asiento.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron de la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de Decreto.
Uno, por el que se reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Y otro por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnense a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Arturo Zamora Jiménez: Asimismo, la Colegisladora nos remitió un oficio por el que informa de los movimientos de Consejeros del Poder Legislativo por parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un Acuerdo de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General con el nombramiento de la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena como titular de la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea se da por enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió una comunicación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por la que hace diversos planteamientos en materia laboral, relativa a la Reforma Política del Distrito Federal.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera.
Compañeras y compañeros Senadores: Les informo que la Mesa Directiva acordó retirar del Orden del Día el escrutinio de las aprobaciones recibidas de los congresos estatales a la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. Hasta la fecha solamente hemos recibido 18 votos, y se prefiere acumular un mayor número de aprobaciones para cumplimentar la declaratoria correspondiente.
En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Fayad Meneses.
En tanto, esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert, quienes asisten también con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.
Sean ustedes bienvenidos.
Adelante señor Senador, hasta por diez minutos.
El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:
Vengo a esta tribuna con la intención de presentarles a todas y a todos ustedes una iniciativa con proyecto de Decreto para expedir una nueva ley general.
Y como la mayoría sabe, si pretendemos en este país expedir una ley de carácter general, habría que apegarse a lo que señala el artículo 73 de la Constitución, y hay una premisa fundamental, porque sobre el tema que vengo a platicar con ustedes, que es fundamentalmente un tema de derecho humanos, de protección de derechos humanos, y particularmente en el tema de desaparición forzada de personas, el imperativo categórico es que les encomiendo revisen, y a las comisiones dictaminen, a la brevedad que les sea posible, las iniciativas que han presentado varias compañeras y compañeros Senadores, a las que me uno, a las que me he sumado con compañeros de otros grupos parlamentarios, como es el caso de otra iniciativa que hoy mismo, por cuerda separada de ésta, vamos a presentar ante ustedes, Senadoras y Senadores como Angélica de la Peña, Gabriela Cuevas, Alejandro Encinas y un servidor, respecto de un tema que me parece quizá uno de los más relevantes en la agenda internacional de México, y el más importante en México en este momento.
Yo no sé si coincidan conmigo, pero el 26 de septiembre de 2014 marca un parteaguas en la historia de este país: la desaparición de 43 jóvenes normalistas rurales por parte de las autoridades municipales del ayuntamiento de Iguala, en el estado de Guerrero, ha puesto a reflexionar a todos en el país, y a pensar a todos en este Congreso, que resulta fundamental atender de manera precisa, inmediata, las debilidades del Estado mexicano.
Y sin haber hecho ejercicios de extrema rapidez, habiendo escuchado a la sociedad, habiendo escuchado a víctimas, habiendo trabajado en conjunto con quienes tienen que ver en este tema, tomamos la decisión de presentar esta importante iniciativa de reforma.
Hay que reformar, y ayer lo decía yo públicamente, vamos a reformar, estoy seguro porque conozco la voluntad de todas y todos ustedes, vamos a reformar el artículo 73 constitucional, para abrir la posibilidad de las facultades que tiene este Congreso de poder legislar en materia de leyes generales sobre la desaparición forzada de personas; estoy seguro que lo podemos lograr, que hay consenso, y vamos a invitarlos a que aceleremos y apresuremos una decisión que es muy importante para México y los mexicanos.
Les pido que lo analicen a la luz de ver junto con el tema de las desapariciones forzadas, aquellas conductas que se han incluido en tratados internacionales que obligan al Estado mexicano, que nos obligan a tipificar ciertas conductas como delitos.
Quiero señalarles que en estas iniciativas que hoy presentamos, queremos que se establezcan como mínimo tipos penales y sanciones, los supuestos de conexidad, atracción, delegación y coordinación y distribución de competencias para su investigación, para la persecución, para la sanción, pero que se tome en cuenta aquello de lo que México ha sido parte y está obligado en el Derecho Internacional.
Es por ello que anticipándome a la reforma del artículo 73, y pensando en que los grupos parlamentarios han presentado ya diversas iniciativas que tienen que ver con el tema, en el PRI pensamos lo mismo, y por eso hoy impulsamos esta posibilidad de expedir el Decreto de Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.
Muchas cosas nos animaron en el camino, después de lo que he dicho, el fortalecimiento institucional, sin duda, pero una que debe ser muy importante para todas y para todos, tenemos que, de la experiencia que vivimos, hacer lo necesario para prevenir que nunca más vuelva a ocurrir, y para que, de ocurrir, reciba el procedimiento y la sanción necesaria y sea enfrentado el tema con claridad, y tenemos que dar esa claridad de la ley y para eso estamos aquí.
Hay que dejar establecidos todos los preceptos y protocolos que tengan que ver con el tema, en una ley que necesariamente debe ser de carácter general; los derechos humanos no son competencia de un orden de gobierno o de otro, no son un tema federal, o no son un tema estatal o no son un tema municipal, son de orden general, por eso hay que abrir la puerta con la reforma a la Constitución, que les pido a todas y a todos que aprobemos, y que aprobemos pronto, antes de que termine este periodo ordinario.
Y habrá que definir con claridad, y para eso la ley, para eso esta Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, habrá que definir con claridad ¿qué entendemos por desaparición forzada?
Ya se han dicho muchas cosas, conocemos la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y creo que nosotros debemos de tener muy presente que al que arreste o detenga o traslade contra su voluntad a las personas, y que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma, ya sea por los agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados, por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, sin su autorización o su consentimiento, y que luego se nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas, o a reconocer que éstas están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley, estará cometiendo un delito grave, que es la desaparición forzada de personas.
Es un tema delicado, importante, y que en ningún momento hemos soslayado. Como todas y ustedes saben, fue público, los expertos, los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidieron reunirse con algunas comisiones aquí en el Senado de la República.
Se reunieron con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y se reunieron con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.
Y si pudiera hacer yo un resumen y rescatar los muchos temas que tratamos y en los que debe de haber gran sensibilidad desde este órgano colegiado, es que nos hacían una pregunta para la que afortunadamente teníamos respuesta.
La pregunta era: ¿Cuándo van a legislar en materia de desaparición forzada de personas? Porque a juicio de los especialistas, es uno de los temas más relevantes para el fortalecimiento institucional para este país.
Y la respuesta de quienes estábamos ahí era, a estos especialistas en materia de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana, estamos listos. Están las iniciativas presentadas de diversos Senadores de diversos grupos parlamentarios, a la cual se suma hoy esta, y seguramente en los próximos días otra general por parte de mi grupo parlamentario, y conocemos de otros esfuerzos de apuntes que se están realizando, y sabemos que el gobierno de la República está haciendo un esfuerzo en el mismo sentido para que todas esas ideas y todas esas iniciativas puedan conjuntarse en una sola, que se llame: Gran Reforma en Materia de Derechos Humanos, Gran Reforman en Materia de Desaparición Forzada de Personas, para que en México, el 26 de septiembre del 2014 no vuelva a ocurrir, y para que si algo parecido ocurre exista una fortaleza institucional para combatir todo lo que a todos nos indigna.
Espero que cuente con su respaldo y apoyo, y que se sume a las iniciativas que se han presentado en esta materia.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Luis Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal de Metrología y Normalización.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.
El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Gracias, muy amable, señor Presidente. Honorable Asamblea; estimadas compañeras y compañeros Senadores.
El día de hoy concurro a esta tribuna a nombre de diversos y diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para someter a consideración del Pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos ordenamientos jurídicos en materia de reciprocidad internacional ambiental.
El cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable constituyen una asignatura pendiente que preocupa y ocupa a todos los países. México no es la excepción, por ello hemos optado por sumarnos a los esfuerzos internacionales, suscribiendo importantes tratados, reflejando los compromisos adquiridos en el marco jurídico nacional y emitiendo normas mexicanas que permitan garantizar estándares en materia ambiental.
A pesar de ello, la sustentabilidad ambiental continúa siendo uno de los principales retos que enfrenta nuestro país, principalmente en materia del desarrollo de nuestras actividades económicas y productivas.
Sin duda, se ha hecho un gran esfuerzo para emitir un marco regulatorio que promueva e incentive el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable en estas áreas, a pesar de no estar obligados por el Protocolo de Kioto a reducir las emisiones de bióxido de carbono, en razón de ser considerados un país en vías de desarrollo.
Se ha legislado a favor de generar incentivos para que las diversas industrias, así como los productos que de ella deriven, no emitan contaminantes en la atmósfera.
Sin embargo, hasta ahora dichas disposiciones medioambientalistas nacionales no han previsto exigir su cumplimiento a los productos que se importan de otros países y que ingresan al mercado mexicano para la actividad productiva nacional.
Esto ha reducido el avance que en materia de cuidado al medio ambiente se puede lograr al imponer obligaciones a nuestro sector industrial, que genera la mayor cantidad de emisiones de carbono y que no se han sumado a compromisos internacionales en la materia.
Por ello, la iniciativa que hoy presentamos pretende establecer con base en principio de reciprocidad internacional en materia ambiental, que los productos que ingresen al territorio nacional y no cumplan con los mismos estándares ambientales para la comercialización de productos manufacturados en el país, reciban un trato distinto a las importaciones que sí cumplen con las normas oficiales mexicanas, que para el caso expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La propuesta consiste en que la autorización para la importación de productos manufacturados que provengan de países que no tengan regulaciones equivalentes a los tratados o convenios internacionales en materia ambiental, no pueda otorgarse si no cumplen con los estándares nacionales ambientales de normas oficiales mexicanas correspondientes, esto es con el fin de que con la sustentabilidad ambiental pueda convertirse efectivamente en un eje transversal de las políticas públicas y se puedan implementar las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente del sector productivo, sean compatibles con la protección del medio ambiente.
México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental; sin embargo, prever la reciprocidad internacional ambiental en el marco de la competitividad de los sectores productivos y del desarrollo social, pueden constituir un paso más al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador. Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y de Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social, en materia de denuncia popular.
Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora Lorena Cuéllar.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.
El artículo 1o. de nuestra Constitución establece la obligación de nuestras autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, por tanto, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las relaciones que se lleven a cabo a los mismos.
Esto se complementa gracias al derecho de petición ciudadana, establecido en los artículos 8 y la fracción V del artículo 35 de nuestra Carta Magna, y su naturaleza colectiva plasmada en el artículo 9.
Este respaldo constitucional es clave para el desarrollo de la figura de la denuncia popular presente en algunos esquemas institucionales para actividades específicas; pero que tiene varias aristas pendientes de legislar y desarrollar para garantizar este derecho de nuestros ciudadanos, ya que, si bien existen avances en su implementación, se trata de un instrumento al que debe dotársele de mayores alcances y sobre todo de poder coercitivo, a razón de la falta de credibilidad que hoy tienen nuestros ciudadanos hacia nuestras autoridades e instituciones.
Todo programa social es una herramienta que coadyuva a garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos; esto convierte a la denuncia popular en un poderoso aliado para el involucramiento de la sociedad en las actividades de control que favorecen la democratización de nuestras instituciones, promueve la transparencia y el apego a la legalidad en su operación y ejecución de atribuciones.
El capítulo VII del Título Cuarto de la Ley General de Desarrollo Social, plantea este tema señalando que toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en dicha norma o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.
Gracias a esto, en la mayoría de reglas de operación de los programas sociales, se contempla este recurso, para que los beneficiaros dispongan de un medio para acceder a la justicia, en caso de ser necesario por algún abuso, omisión o cualquier situación que pudiese presentarse en su perjuicio y que atente contra sus derechos sociales.
La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer esta figura en la ley sectorial, tanto en la instancia encargada de dar vista a la denuncia, como en su forma, plazo y accesibilidad, contemplando medios electrónicos bajo los cuales puede presentarse, facilitando su contenido y presentación, otorgando al ciudadano un concepto asequible, y de mayor claridad sobre su uso, aplicación, plazos y lugares para su presentación.
En este sentido, se considera que la instancia que debe tomar conocimiento de la denuncia es la Comisión Nacional de Desarrollo Social, toda vez que, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, es la instancia donde se coordinan programas, acciones e inversiones para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, en concurrencia con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, o en concertación con los sectores social y privado.
Por otra parte, la pauta para reformar el artículo 68, donde se establecen las condiciones necesarias para presentar una denuncia popular, nace de la notable visión obsoleta de limitar un medio escrito, esto debe actualizarse en una época donde son ampliamente utilizados distintos medios electrónicos. Frente a esta situación, fomentar el uso de las nuevas tecnologías favorece la comunicación ciudadana con la institución de manera precisa, rápida y directa.
De igual manera, debe tomarse en consideración que, de acuerdo con el INEGI, nuestro país cuenta con más de 6.9 millones de personas que hablan alguna lengua indígena, lo que puede implicar dos supuestos: primero, que algunas de estas personas no sepan escribir; y el segundo, que pudieran querer hacer su denuncia en alguna lengua o dialecto.
En un México que tiene la meta de construir políticas públicas, programas e instituciones incluyentes, el respeto a la pluralidad que convive en nuestro territorio es un paso obligado para su integración, donde se cuidan sus intereses, y protegen sus derechos humanos, evitando a toda costa la discriminación en los programas y acciones en materia de desarrollo social.
Siendo que el desarrollo social implica la participación proactiva de los beneficiarios de los programas sociales, y no la recepción pasiva de servicios prestados por organismos públicos, es indispensable garantizar que los medios de vinculación entre la autoridad y la persona receptora, sean accesibles, sin costo y tengan un trámite y atención oportuna por parte de todos los involucrados.
Ahora bien, tomando en cuenta que la denuncia popular es un recurso sumamente efectivo si es implementado correctamente, y considerando la experiencia internacional por parte delas acciones que desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el anonimato se permite al generar una denuncia, e incluso es opcional dejar datos de contacto por parte de la persona que proporciona la información, y solo es necesario establecer datos más precisos que incluyan nombre y dirección cuando se reportan alegatos de hostigamiento, acoso y abuso de autoridad.
Sin embargo, el marco jurídico vigente establece como requisito de validez el señalar nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante, siendo esta una característica que podría inhibir el ejercicio y acción de denuncia por miedo a represalias de algún tipo, violencia en su contra o cualquier otra hipótesis que genere o implique algún riesgo para el afectado.
Por lo tanto, al pretender reforzar y mejorar la redacción legislativa, es necesario eliminar esta parte que compromete al beneficiario a ser plenamente identificado, poniéndolo en una evidente situación de desventaja, cuando es él, quien está quejándose ante la autoridad involucrada.
El PNUD también hace notar que los medios que establece para presentar el recurso, incluyen formularios electrónicos, llamadas telefónicas, fax, correo electrónico y correo convencional, mientras que en nuestro país, como hemos señalado, sólo reconoce el medio escrito.
Además, considerando al Seminario Internacional Candados y Derechos: Protección de Programas Sociales y Construcción de Ciudadanía que formo parte del Proyecto de Protección de Programas Sociales Federales del PNUD, la denuncia popular contribuye al blindaje de los diversos programas sociales ante las eventualidades que pueden presentarse con fines electorales y que se propician aún más durante los procesos de elecciones en todo el país y durante múltiples fechas, siendo así, un recurso que permite que las instituciones y sus programas operen en un marco de legalidad y transparencia, los recursos de los que disponen.
Igualmente, permite a la ciudadanía estar protegida contra los abusos, condiciones, restricciones o limitantes que pueden darse con el fin de favorecer a un partido o candidato en particular.
No podemos permitir que en nuestro país continúe dándose un tratamiento segmentado de la población y aunque se hacen grandes esfuerzos en este aspecto, aún no se resuelve el tema de la exigibilidad de los derechos sociales.
Considerando otro ejemplo como referencia, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL), en México el acceso a la seguridad social es el derecho social más rezagado dentro de los que cuentan para medir los niveles de pobreza, pues 61.2% de la población carece del mismo, por lo tanto, en algún momento de sus vidas, más de la mitad de la población, serán acreedores y beneficiarios de algún programa social por lo que debe fortalecerse y preparar toda una serie de mecanismos institucionales para garantizar su accesibilidad y eficiencia operativa de sus recursos.
La idea de mejorar la denuncia popular como la conocemos hasta ahora, tiene como finalidad esencial permitir y hacer exigible el derecho que tiene nuestra población con sus derechos sociales, mismos que el Estado tiene el deber de atender y subsanar ante la brecha de exclusión social que padece nuestra sociedad.
Asimismo, es un valor agregado el impedir o en cierto punto reducir, actos que merman en gran sentido los fines puros de los programas sociales como son los actos de corrupción por parte de las autoridades involucradas.
En síntesis, con esta Iniciativa se aporta a la democratización institucional para que las personas ejerzan sus derechos sin caer en provocaciones, disturbios o agresiones y además se respeta su integridad, atendiendo la necesidad de ser escuchados cuando se les cause alguna condición que violente sus derechos.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Cuéllar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la tribuna el señor Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de fertilizantes y abonos orgánicos.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.
El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, Presidente.
En medio de la crisis ambiental que vive el mundo de la destrucción de ecosistemas, debido al crecimiento de la economía, la erosión y la falta de productividad de la tierra por el abuso de fertilizantes químicos, es necesario repensar el modelo de agricultura y ganadería mundial e impulsar mecanismos alternativos de cultivo a fin de proteger la tierra, cuidar el medio ambiente y garantizar un mejor futuro a las próximas generaciones.
El modelo de agricultura convencional adoptado a nivel internacional desde la década de los 50s, se fundamenta en un sistema de producción de alta eficiencia dependiente de un alto uso de insumos sintéticos, donde el manejo monocultivista se justifica como una herramienta fundamental para lograr la mayor eficiencia del proceso productivo.
Sin embargo, este sistema de producción ha mostrado serios problemas de sostenibilidad en veinte o treinta años de uso intensivo en zonas algodoneras en Centroamérica, bananeras al sur de Costa Rica, como ejemplos, y de haber ocasionado no solo la destrucción de los recursos naturales y del paisaje, pero sobre todo la desaparición de pequeños productores en algunas regiones.
En este sentido, el Codex Alimentarius, o código alimentario, organismo internacional de referencia para consumidores, productores y elaboradores de alimentos, (quien ha elaborado estándares, códigos de prácticas y otras recomendaciones relativas a los alimentos con reconocimiento internacional), define a la agricultura orgánica como un sistema holístico de producción que promueve y mejora la salud del agro ecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo, tomando en cuenta que condiciones regionales requieren de sistemas adaptados a las condiciones locales.
Dicho organismo ha señalado que un sistema de producción orgánico debe entre otras cosas: mejorar la diversidad biológico del sistema; aumentar la actividad biológica del suelo; mantener la fertilidad del suelo a largo plazo y reciclar desechos de origen animal o vegetal para devolver los nutrientes al sistema, minimizando el uso de fuentes no renovables; promover el uso saludable del agua, el suelo, y el aire, así como minimizar todas las formas de contaminación que pueden resultar de la producción agrícola.
El uso de abonos y fertilizantes orgánicos, por ejemplo, se ha usado desde tiempos remotos y la influencia que esto ha tenido sobre la fertilidad de los suelos, se ha demostrado.
Sin embargo, durante la denominada revolución verde en México, a principios de la década de los 40, comenzó la proliferación de la práctica general de aplicar fertilizantes químicos de nitrógeno, fósforo y otros componentes, marginando a los abonos orgánicos a pesar de que fue la fase de la agricultura por siglos.
Este cambio en la actualidad, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), está propiciando que el suelo sufra de un agotamiento acelerado de materia orgánica y de un desbalance nutrimental, y que al transcurrir el tiempo pierda su fertilidad y capacidad productiva. Todo esto ha conducido al surgimiento de problemas medio ambientales y al deterioro de los recursos naturales.
En este sentido, la FAO ha señalado que la agricultura orgánica o el uso de fertilizantes y abonos orgánicos están abocados y comprometidos a la conservación y al aumento de la biodiversidad dentro de los sistemas agrícolas.
De esta manera, se puede asegurar que debido a los efectos positivos que los abonos y fertilizantes orgánicos causan sobre el suelo, estos deberían ser imprescindibles en el uso y manejo de este recurso para mejorar y mantener su componente orgánico, sus características de una entidad viviente, su fertilidad física, química y biológica y en consecuencia su productividad, teniendo en ello un suelo más sano.
En México, el 7 de febrero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Productos Orgánicos, la cual, de acuerdo a su artículo 1o., tiene, entre otros objetivos, el de “promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación y certificación de productos producidos orgánicamente”.
La regulación que busca establecer este ordenamiento, implica un gran avance para el cuidado de la biodiversidad y el suelo y, en consecuencia, la generación de productos de mayor calidad, lo que representa un beneficio para la alimentación y la salud de las familias mexicanas.
Los estudios respecto de las ventajas del uso de fertilizante y abonos orgánicos, no dejan lugar a dudas que estos deben de ser considerados como la opción más viable y más encaminada a la sustentabilidad y sostenibilidad del suelo, ya que se ha demostrado que con su uso hay un aumento en la producción y se obtienen productos agrícolas de mayor calidad nutritiva.
Debido a ello, resulta indispensable que la SAGARPA tenga como una de sus atribuciones fomentar entre los pequeños y grandes agricultores el uso de fertilizantes y abonos orgánicos.
El objeto de esta modificación no es pretender expandir el cultivo de productos con características orgánicas, sino que en la producción de cualquier producto agrícola se utilicen fertilizantes y abonos que ocasionen un menor impacto ambiental, esto a través de la disminución del daño al suelo, al agua y al aire, quienes reciben las sustancias dañinas que contiene los fertilizantes y abonos tradicionales, componentes químicos.
En este sentido, algunas entidades han llevado a cabo esfuerzos para dar impulso al uso de fertilizantes y abonos orgánicos.
Por mencionar algunos ejemplos, en Michoacán, en el año 2012 se entregaron alrededor de mil litros de biofertilizante, beneficiando a poco más de 400 productores agrícolas; en este mismo año, en Puebla, el gobierno del estado hizo entrega de más de 43 toneladas de fertilizantes orgánicos a productores de aguacate; en 2013, el gobierno del Morelos dio apoyo a productores de Huecahuaxco, Jumiltepec y Ocuituco, haciendo entrega de 2 mil 770 bultos de fertilizante orgánico; mientras que en el 2014, el municipio de Parácuaro y la SAGARPA hicieron entrega de fertilizantes orgánicos a cerca de 100 productores.
Es decir, existe voluntad para brindar fertilizantes y abonos orgánicos a los grandes y pequeños productores agrícolas, pero es necesario ampliar el margen de acción de las autoridades para dar un mayor impulso.
Ahora bien, para que las políticas de promoción de uso de fertilizantes y abonos orgánicos tenga una mayor eficacia, es necesario acompañarlos de incentivos y estímulos fiscales para que los fabricantes de estos productos, así como los pequeños y grandes productores agrícolas, se vean incentivados a generarlos y utilizarlos respectivamente, para lo cual es necesario brindar algún tipo de ventaja que estimule estas actividades.
En este sentido, se propone una modificación al artículo 2o.-A de la Ley del impuesto al Valor Agregado, a fin de establecer que los fertilizantes y abonos orgánicos sean calculados bajo una tasa cero por ciento.
El objeto de esta modificación es que a través de la enajenación en tasa cero de fertilizantes y abonos orgánicos, se incentive el uso en pequeños y grandes agricultores, esto a través de disminuir su costo y reducir con ello el impacto al medio ambiente por el uso de dichas sustancias.
Sin embargo, es necesario extender el marco de estímulos fiscales para que los productores de fertilizantes y abonos orgánicos busquen participar en mayor medida en el mercado, mediante la disminución de costos, además de que los insumos utilizados en la elaboración cuenten con excepción fiscal para abaratar la producción, de tal manera que sean competitivos frente a los productos químicos tradicionales.
Asimismo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben de intensificar la promoción sobre el uso de fertilizantes y abonos orgánicos, entre los pequeños y grandes productores agrícolas, mediante programas de entrega de este tipo de producto, a bien de subsidiar su costo y hacer atractiva su utilización.
El problema del daño al medio ambiente debe ser una prioridad para el Estado mexicano, preservar los recursos naturales y disminuir el impacto generado sobre ellos, a consecuencia de solventar las necesidades de las personas, como lo es la alimentación.
Es una obligación que debe recibir respuesta urgente y eficaz. La crisis ambiental requiere de acciones urgentes encaminadas a reducir los efectos de dicho fenómeno; es necesario que estas acciones sean en los diferentes ámbitos, desde la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, hasta la disminución de sustancias que tienen un fuerte impacto en los ecosistemas, con el objeto de proteger y preservar nuestro medio ambiente y su naturaleza.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador. Túrnese a la Cámara de los Senadores.
En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI; y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 ter y 29 Quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura
Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, que contiene punto de Acuerdo sobre el Día Nacional de la Familia y el Día Internacional de la Familia.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, este punto de Acuerdo se somete a discusión del Pleno.
En ese orden de ideas, ha solicitado el uso de la palabra la distinguida Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en favor del presente dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora.
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:
El tema de familia es un tema muy importante, es un tema sensible, es un tema que nos compete a todas las y los ciudadanos, como legisladores, tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El dictamen que hoy se pone a consideración pretende dar realce, por un lado, a la conmemoración del “Día Nacional de la Familia”, la cual fue instaurada por Decreto Presidencial, a iniciativa de la sociedad y con la participación del gobierno federal, desde el año 2006, para celebrar el primer domingo de marzo de cada año.
El principal objetivo de esta celebración es transmitir los valores representativos, como la sana convivencia, el respeto, la solidaridad, el apoyo moral y los valores dentro de una familia; involucrando al mayor número de sectores posibles; teniendo como finalidad generar mayor conciencia de la trascendencia social de lo que representa la familia mexicana.
Edificar una cultura favorable hacia ella e impulsar la capacidad de las instituciones para la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender los problemas relacionados con este tema y poder lograr una integración familiar.
Lo anterior, bajo el mandato constitucional del artículo 4o., que establece que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Por lo que respecta al ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Diversos estudios demuestran que la familia es el tema social de mayor preocupación e interés en la sociedad mexicana. Un ejemplo de ello es la Encuesta Mundial de Valores, aplicada en el 2008, que dicha encuesta demuestra que la familia es el tema más importante para la vida de las personas entrevistadas; la familia es muy importante para el 90.1 por ciento de los entrevistados, porcentaje bastante mayor al arrojado en los demás temas evaluados.
Otra cifra que es de suma importancia, es arrojada por el INEGI, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la mayor porción de hogares en México es de tipo familiar, el 90.5 por ciento.
Asimismo, refiere a la conmemoración del Día Internacional de la Familia, el cual fue proclamado en la Organización de las Naciones Unidas, el 15 de mayo de cada año, día que ha inspirado una serie de actos de sensibilización, considerado un día que nos ofrece una oportunidad para poner en relieve los distintos ámbitos de interés para las familias.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afecten a este importante núcleo de la sociedad.
Cabe hacer mención, que actualmente nuestro país sufre un cambio profundo en las estructuras familiares. Existen distintos modelos de convivencia familiar, que surgen como consecuencia de algunos cambios sociodemográficos.
De ahí que resulta propicia la ocasión para fomentar el valor de la familia como núcleo de la sociedad, por lo que resulta necesario que las instituciones gubernamentales de carácter social, se involucren en la celebración de las conmemoraciones del Día de la Familia, con el fin de fomentar y fortalecer su importancia en nuestra sociedad.
Es indispensable fortalecer las acciones institucionales a favor de la familia. Ello requiere del compromiso de los tres órdenes de gobierno para articular estrategias orientadas a reducir y armonizar los factores que le afectan.
Es por ello que con el presente dictamen, se propone exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, a través de las instancias correspondientes, lleven a cabo actividades conmemorativas al Día Nacional e Internacional de la Familia.
Por lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, les pido su voto a favor del presente dictamen, por el valor de la familia.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.
Se pregunta a la Asamblea si algún otro Senador o Senadora desea hacer uso de la palabra en este tema.
No habiendo más oradores, esta Presidencia solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Comuníquese.
Esta Presidencia saluda a un grupo de personas provenientes del municipio de Teoloyucan, Estado de México, invitados por la Senadora Laura Rojas Hernández, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo en esta Asamblea.
Sean ustedes bienvenidos.
(Aplausos)
Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Vivienda, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a generar acciones propensas a respetar y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, este tema está a discusión.
Se pregunta a la Asamblea si hay oradores sobre el mismo.
En ese sentido, solicito a la Secretaría pregunte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado. Comuníquese.
Pasamos ahora a la discusión de 10 dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que contienen puntos de Acuerdo.
Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé cuenta con estos temas.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a las materias de los dictámenes.
Uno, sobre las personas de talla pequeña.
Otro, que exhorta publicitar y dar seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.
Otro, que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las modificaciones para armonizar su legislación civil con los tratados internacionales, en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.
Uno más, que exhorta a informar sobre el estado que guarda el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Otro, que exhorta a realizar un registro de las instituciones donde se brinde asistencia a las personas adultas mayores.
Otro, que exhorta a instrumentar acciones en favor del bienestar de las personas adultas mayores.
Uno más, que exhorta a informar sobre los albergues, orfanatorios, casas-cuna o casas-hogar, que se encuentran en territorio nacional.
Otro, que exhorta a modificar las Reglas de Operación del Programa “Pensión para Adultos Mayores”.
Uno más, que exhorta a fortalecer la promoción de los diferentes programas y políticas públicas que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Y otro, que exhorta a fortalecer los programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país.
Son todos, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Informo a la Asamblea que estos dictámenes están a discusión.
Ha solicitado el uso de la palabra la Senadora Mayela Quiroga Tamez, para referirse a los dictámenes en cuestión.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Mayela Quiroga Tamez.
La Senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez: Gracias. Con su permiso, compañero Presidente. Compañeros Senadores:
A nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, me permito, en mi intervención, fundamentar 3 dictámenes con punto de Acuerdo, en materia de derecho de personas con discapacidad.
Con la presentación de estos dictámenes, la comisión ratifica su compromiso de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
Si bien se reconocen los esfuerzos institucionales, realizados en los diversos ámbitos de la función pública, es necesario continuar trabajando para seguir fortaleciendo las acciones e instrumentos de política pública, como son los censos de población y, por supuesto, dar seguimiento a los compromisos derivados de la ratificación de instrumentos internacionales en materia sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En nuestro país existe un importante número no cuantificado de personas que presentan acondroplasia, situación que les genera una serie de problemas, como la discriminación.
Es considerada como una discapacidad por la Organización Mundial de la Salud, un trastorno genético que afecta el crecimiento óseo.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, no cuenta, hoy en día, con un padrón de personas que vivan con acondroplasia en México, por lo que resulta la necesidad de contar con un censo que permita conocer en qué condiciones estamos y cuántas personas tienen este problema de discapacidad.
Por su parte, durante el primer Foro Nacional de Personas de Talla Pequeña, organizado por las organizaciones de la sociedad civil, se dio a conocer que existen entre 10 mil y 15 mil mexicanos con este trastorno.
La falta de certidumbre en el número de personas de talla pequeña que habitan en nuestro país, hace que se dificulte conocer la realidad de vulnerabilidad que enfrentan, así como estar en condiciones de diseñar también las estrategias y mecanismos necesarios para impulsar su desarrollo y atender de manera debida su inclusión en nuestra sociedad.
En tal virtud, el primer dictamen se propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente al Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de realizar las gestiones necesarias, a fin de que en el próximo censo de población se diseñen los indicadores necesarios que permitan conocer los datos más precisos sobre las personas de talla pequeña, con el objeto de que las distintas dependencias gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, promuevan dentro de sus políticas públicas y participen y promuevan también en la integración social de las personas.
El segundo dictamen que se presenta señala que los días 16 y 17 de septiembre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad llevó a cabo una sesión, la 145 y 146, en que examinó el informe inicial de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A partir de este examen, el Comité emitió una serie de observaciones y recomendaciones a nuestro país, para que avance el cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ante este hecho, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno de la República en la materia, así como por el Poder Legislativo; pero también la necesidad de fortalecer la creación, el desarrollo e impulso de las políticas tendientes a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y en el respeto pleno de sus derechos.
En este contexto, se requiere que reconozcamos las recomendaciones y, sobre todo, acatar las señaladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y trabajemos en su cumplimiento con el firme propósito de promover y proteger los derechos de 7.7 millones de personas que viven con discapacidad en nuestro país.
Por lo expuesto, se propone exhortar, respetuosamente, a la Federación y a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, a publicitar y darle puntual seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el Marco del informe inicial de México, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Finalmente, como tercer dictamen, cabe recordar que el juicio de interdicción es un procedimiento por medio del cual se protege legalmente a las personas afectadas por alguna incapacidad, a través de la figura de un tutor, que representa legalmente sus intereses, así como la figura de un curador, quien es el encargado de vigilar el desempeño del tutor; sin embargo, es necesario señalar que en la mayoría de las entidades federativas, la interdicción se interpreta como una declaración genérica, cerrada y aplicable por igual para todo tipo de discapacidad, sin tomar en cuenta las diferencias que existe entre cada una de ellas.
Considerando que las inconsistencias en la armonización de los códigos civiles y en los códigos de procedimientos civiles, de cada uno de los estados con los tratados internacionales, se tienen que radicar en dichos códigos y, sobre todo, que se refiere a las personas con discapacidad con un término internacionalmente aceptado, como lo es el que maneja la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así, la discapacidad no puede ser entendida como una carencia, sino como un límite o restricción a la aptitud del ejercicio, no puede prevenir una falta de aptitud legal o una falta de madurez para exigir, sobre todo, un derecho y poder proteger las obligaciones y cumplirlas.
Ejemplo de esta falta de armonización referida, se da en las legislaciones civiles de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Tabasco, que señalan que tienen incapacidad legal los mayores de edad y, sobre todo, también indicar estos señalamientos hacia los estados.
Por lo tanto, el juicio de interdicción es considerado como un ajuste razonable, relacionado con el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como la personalidad jurídica, el respeto a la dignidad, con independencia de cualquier diversidad funcional: la igualdad, la libertad personal, la inclusión social, la no discriminación y la accesibilidad universal en actividades económicas, políticas, sociales y culturales.
Por lo anteriormente, les solicito, en este punto de Acuerdo que se propone, exhortar respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que realicen las modificaciones legales pertinentes con el objeto de armonizar su legislación civil con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos de las personas con discapacidad.
Les pido su voto a favor de estos tres dictámenes.
Muchísimas gracias, compañero Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar también los dictámenes correspondientes.
Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora Flores Escalera.
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, querido Presidente. Muy buenas tardes, estimadas Senadoras y Senadores.
Efectivamente, quiero pedir su atención y, sobre todo, su respaldo porque en este momento quiero, en mi intervención, fundamentar siete dictámenes con puntos de Acuerdo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y que, por supuesto, a partir de ello estaríamos solicitando su respaldo en cada uno de ellos, son siete dictámenes de los que estaré hablando en su fundamentación; cinco en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores; uno en materia de derechos de las personas con discapacidad; y uno más de derechos de niñas, niños y adolescentes.
El 25 de julio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.
Esta legislación busca regular, principalmente, la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM.
Sin embargo, el día de hoy no se cuenta con el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que vendría a sumar a favor de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, y con ello perfeccionar los alcances de los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios que se deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional bajo la coordinación del INAPAM.
En virtud de ello, se propone exhortar respetuosamente a este instituto para informar a esta Cámara de Senadores sobre el estado que guarda el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Para efectos del segundo dictamen, es preciso señalar que de acuerdo con la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derecho de las Personas Adultas Mayores, se establece que el INAPAM tiene, entre otras, la atribución de promover que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día, o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con metas para su desarrollo humano integral.
En la actualidad, no se cuenta con un registro de Centros de Atención a Personas Adultas Mayores; y lo más cercano al padrón, lo da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI.
Por otro lado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, dio a conocer que en el año 2010 había 744 establecimientos con una población de 17 mil 938 adultos mayores.
En este sentido, se considera necesario exhortar respetuosamente al INAPAM para que en coordinación con las dependencias homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como con las autoridades competentes, realice un registro de todas las instituciones, casas-hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención públicos y privados, donde se brinde asistencia a las personas adultas mayores con el objeto de tener certidumbre del número y la forma en que estas instituciones prestan sus servicios y operan en nuestro país.
Como tercer dictamen, es importante señalar que en el año 2014, la base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990, debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor.
En este sentido, se observa que la participación relativa de adultos mayores se aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7 por ciento, y se espera que en el 2050 se incremente al 21.5 por ciento.
De acuerdo con cifras del INEGI, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más, fue de 33.7 por ciento, y de este porcentaje la mayoría labora por cuenta propia, el 50.5 por ciento; mientras que 4.9 son trabajadores sin pago.
Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos, 35.5 por ciento, es subordinada y remunerada, y la mitad de estos no reciben prestaciones, el 49.2 por ciento.
Se tiene conocimiento que la discriminación y marginación hacia las personas adultas mayores tiene diversos factores como el cultural, social y económico; sin embargo, existe uno que puede ser de mayor importancia para incrementar y motivar muchas de las acciones y actitudes de exclusión, y es el estereotipo de la desvaloración de las personas por llegar a cierta edad, atribuyéndoles características negativas como improductividad, ineficiencia y las propias enfermedades.
Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente al INAPAM, al DIF y al CONAPRED, a instrumentar e impulsar acciones a favor del bienestar de las personas adultas mayores en nuestro país, así como fomentar y sensibilizar a la sociedad sobre una cultura de prevención y eliminación de la discriminación hacia las personas adultas mayores.
Dentro de las consideraciones del cuarto dictamen, se señala que en abril de 2015, dentro del marco de la Semana de Seguridad Social en el Senado de la República, el Director General del ISSSTE hizo público el compromiso de que dicho instituto eliminaría el pase de vigencia de derechos, el cual obligaba a los jubilados y pensionados a acudir dos veces por año a las oficinas administrativas a comprobar que están vivos y así poder seguir cobrando sus pensiones.
El 29 de abril de ese año, la Junta Directiva del ISSSTE, con el respaldo unánime de las representaciones sindicales, aprobó la cancelación del pase de vigencia presencial para cerca de un millón de jubilados y pensionados del instituto.
En el Acuerdo aprobado se eliminó el pase de vigencia presencial y se instruyó a la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, a llevar a cabo las acciones necesarias para la verificación del estatus de los pensionados y jubilados, sin que estos tuvieran que presentarse en las instalaciones del instituto.
Por lo anteriormente señalado, se propone exhortar, entonces, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de modificar las reglas de operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, mejor conocido como 65 y Más, a fin de que el modo de efectuar la comprobación de supervivencia de las y los beneficiarios de dicho programa se realice a través de diferentes medios, buscando con ello facilitar la comprobación de supervivencia para las personas adultas mayores beneficiarias del programa.
Estimado Presidente, quiero pedirle un poquito más de tiempo, ya estoy por terminar, estoy agrupando, como dije, siete dictámenes, y le pediría, también, porque estoy omitiendo algunos párrafos, que me haga el gran favor de poner íntegra mi participación en el Diario de los Debates. Gracias.
Como quinto dictamen, es necesario señalar que a nivel mundial se vive un proceso único e irreversible de transición demográfica, el cual trae como resultado poblaciones más envejecidas en todos los países.
Por un lado, los índices de fertilidad van a la baja, mientras que la proporción de personas de 60 años o más se duplicará, esperando que para el año 2050 esta población alcance los 2,000 millones de personas.
Aunado a lo anterior, se espera que en la mayoría de los países el número de personas de más de 80 años se duplique hasta alcanzar los casi 400 millones.
Según datos del INEGI, en el año 2013 en México, la población de personas mayores de 60 años superaba los 10.9 millones de habitantes, lo que representa alrededor del 9 por ciento de la población total de nuestro país.
Durante el segundo trimestre de 2013, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más, fue de 33.8 por ciento.
Por su parte, en 2011 la morbilidad hospitalaria más alta en el grupo de adultos mayores fue por diabetes mellitus ubicándose en la población de 75 a 79 años.
En 2012, el déficit visual fue el principal síndrome geriátrico en la población adulta mayor, ya que 47 de cada 100 lo presentaron.
En virtud de lo anterior, atendiendo las barreras que viven las personas adultas mayores se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social para que, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, fortalezcan y difundan con mayor amplitud los programas políticas públicas y estrategias destinadas a mejorar la calidad de vidas de las personas adultas mayores en nuestro país.
Asimismo, a la Secretaría de Salud, así como a sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que promuevan la especialidad de geriatría en las universidades públicas del país.
Como fundamento al sexto dictamen, el 15 de julio de 2014, elementos de la Policía Federal rescataron cerca de 500 personas, la mayoría menores de edad, quienes presuntamente estaban privados de su libertad en una casa-hogar ubicada en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán, la casa-hogar era conocida como La Gran Familia.
A la luz de los acontecimientos sucedidos en la casa-hogar La Gran familia el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades mexicanas a colocar en el centro de la agenda nacional la revisión de los procesos de institucionalización y cuidado de niñas y niños e instó a elaborar un sistema de registro de albergues y casas de cuidado que han sido privadas de su medio familiar.
Por su parte, el 4 de diciembre del 2014, como todos sabemos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley que tuvo su origen en una propuesta del Ejecutivo Federal y cuya aprobación implicó un importante esfuerzo y una gran responsabilidad del Honorable Congreso de la Unión.
En la nueva legislación se desarrolla un único capítulo sobre los centros de asistencia social que señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados del cuidado parental o familiar atendidos en dichos centros.
En este tenor, consideramos necesario conocer la situación en la que éstos viven y se desarrollan en los diferentes albergues, orfanatorios, casas-cuna y casas-hogar con el objeto de proteger sus derechos.
Es por ello que proponemos aprobar el presente dictamen con el objeto de exhortar respetuosamente a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional DIF y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en coordinación con sus homólogas estatales, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los albergues, orfanatorios, casas-cuna o casas-hogar que se encuentran en territorio nacional y a realizar operativos de vigilancia de manera permanente con el objeto de salvaguardar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que vivan en ellos.
Finalmente, como séptimo dictamen, tenemos que de acuerdo con la ONU en todas las regiones del mundo las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso al mercado de trabajo y existe una brecha considerable entre la condiciones de trabajo y tendencias del empleo de las personas con y sin discapacidad.
Según el informe del INEGI, las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, la sociedad y el Estado mexicano han realizado esfuerzos para promover y mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en materia laboral.
Ejemplo de ello es que en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 11, se establece una serie de acciones que deberán llevar a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promover el derecho al trabajo y al empleo de las personas con discapacidad, entre las que destacan la prohibición de la discriminación laboral por esa condición, el diseño de políticas públicas para la inclusión laboral y la elaboración e instrumentación de un programa nacional de trabajo.
Ante ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha implementado el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-18, que comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo, entre otras.
Sin embargo, es necesario que continuemos potenciando este tema y todas las acciones a favor las personas con discapacidad por lo que se exhorta respetuosamente al CONADIS para fortalecer la promoción de los diferentes programas y políticas públicas que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Asimismo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que fomente y coordine con sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal la elaboración de programas encaminados a generar empleo para las personas con discapacidad en el país.
Esto es a grandes rasgos la fundamentación de estos siete dictámenes, estimadas compañeras, estimados compañeros, gracias por su atención, pero particularmente estoy segura que también nos darán su respaldo.
Muchas gracias, señor Presidente, por la consideración del tiempo.
Es cuanto.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senadora.
Ahora tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para referirse igualmente a los dictámenes que están a discusión.
Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senador Lorena Cuéllar Cisneros.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:
Hago uso de esta tribuna para manifestar mi apoyo a las propuestas que se nos están poniendo a consideración, y que contribuyen sustancialmente a mejorar las condiciones de vida de grupos y colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
De manera muy especial quiero referirme al tema de adultos mayores, ya que son varias las propuestas que se nos están poniendo a consideración.
Una de ellas exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que informe el estado del Reglamento de la actual Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que hasta la fecha no se ha expedido. Avanzar en el instrumento es clave para reconocer y proteger los derechos de nuestros adultos mayores y fortalecerá las políticas a favor de este grupo dándoles un mayor respaldo.
Otro es un exhorto para que ese mismo instituto lleve a cabo un registro de albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención donde se brinde asistencia a personas adultas mayores.
Se incluye también una propuesta en donde se busca que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación implementen acciones que se encaminen a una sociedad en donde no se discrimine a las personas adultas mayores.
También tenemos un exhorto a la SEDESOL para modificar las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores, con la intención de que se adecue la forma de comprobar la supervivencia de las y los beneficiarios y, sobre todo, que se aproveche el Internet, que es una herramienta pues ahora muy accesible para muchas personas.
Esto me parece muy importante ya que brindará certeza a la operación del programa brindándoles comodidad a las personas adultas mayores que en ocasiones tienen problemas de accesibilidad, que les dificultan asistir a un módulo.
Por último, me refiero al punto que tiene como objetivo, por un lado, exhortar a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social para que fortalezcan y difundan programas, políticas públicas y estrategias a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país.
Y en segundo lugar, exhorta a la Secretaría de Salud, así como a sus homólogas estatales y del Distrito Federal para que promuevan la especialidad de geriatría en las universidades públicas del país.
Es un hecho que no contamos con suficientes especialistas en esta rama, y ante el crecimiento de la población de adultos mayores es fundamental que las universidades públicas respondan a través de la creación de espacios educativos que promuevan la especialización de médicos que puedan atender apropiadamente a las personas adultas mayores.
Estas propuestas son, de fondo, un llamado a la importante tarea sociodemográfica que tenemos que enfrentar como sociedad a causa del cambio que estamos viviendo en la estructura poblacional. En este sentido, como país tenemos una amplia agenda en este tema.
De acuerdo con el INEGI, 9 de cada cien mexicanos son personas mayores de 60 años, de 1990 al 2012 la población de niños y jóvenes del país se redujo, mientras que la de adultos mayores pasó del 6.2 por ciento al 9.3 por ciento, y se calcula que para el 2050 llegue al 21.5 por ciento.
La tasa de participación económica de este sector indica que apenas la tercera parte lleva acabo alguna actividad, situación que es por demás importante, puesto que de acuerdo al CONEVAL, el 43 por ciento de los adultos mayores se encuentran en pobreza multidimensional.
La encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México 2012 señala que entre los principales problemas de funcionalidad de los adultos mayores de 60 años y más se encuentran las dificultades para vestirse, para caminar, acostarse, levantarse, seguidas de aquellas para usar el sanitario, bañarse y comer.
Las enfermedades hospitalarias más altas de este sector son por diabetes mellitus y se ubica muy particularmente en la población de 75 a 79 años. El artículo 1o. de nuestra Constitución prohíbe la discriminación por condición de edad, y en ese sentido la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, garantiza el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores a la no discriminación, a una vida libre de violencia, a la protección contra la explotación, el derecho a la salud, a tener una familia, a la educación, al trabajo, a ser sujetos de programas de asistencia social y al acceso a servicios de condiciones preferentes.
Con todo esto pueden visualizarse una serie de desafíos que exigen soluciones inmediatas para ayudar a solventar no solo la sobrevivencia, sino que incidan efectivamente para que los adultos mayores sean autosuficientes y cuenten con un nivel de vida que les garantice su bienestar y desarrollo humano.
Con las propuestas que están poniéndose a su consideración damos un paso muy importante, a prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad, y la problemática que enfrentan poniendo como objetivo garantizar un sistema que respete sus derechos humanos y donde puedan seguir asumiendo funciones sociales desde su condición de adultos mayores.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.
Para finalizar, tiene el uso de la tribuna la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, para referirse al dictamen sobre personas de talla pequeña.
Tiene usted el uso de la palabra, señora Senadora.
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Con su permiso, señor Presidente.
Hoy vengo con un punto de Acuerdo importante que a veces pasa omiso, y más cuando no tenemos que ver en el tema, pero es importante empezar a visibilizarlos.
Nosotros empezamos, digo nosotros porque es un esfuerzo de varias Senadoras visibilizándolos pidiendo un día en el que se les pudiera reconocer y donde pudiéramos hacer una reflexión, cuántas personas hay, qué es lo que hay que hacer por ellas, los de talla pequeña, pero también después vimos una problemática todavía mucho más fuerte.
Resulta de que ellos no son sujetos de apoyos porque no son considerados discapacitados, porque pueden tocar, pueden caminar, pueden ver, pueden hablar, pero qué con la estatura. Pareciera pequeño el problema como se les denomina a ellos, pero no, va mucho más allá. Poniéndonos una muestra, poniéndonos un sillón enorme y decía, trata de subirte, trata de pedir un taxi, de subir a un camión, y vas a ver lo difícil que es cuando tienes una estatura pequeña.
Entonces, aquí se trata de poderlos visibilizar y para poder trabajar políticas públicas que vayan a favor de ellos, había que saber cuántos hay en este país, en qué zonas se encuentran, y resulta que no hay un estudio que lo diga.
En el 2004, cuando INEGI hace un esfuerzo por ver cuántas personas discapacitadas hay en las casas, se hace pero no se toma en cuenta la acondroplasia, o conocido esto como personas de talla baja o estatura pequeña, y eso nos imposibilita el poder visibilizarlos, el poder decir son tantos en el país y se encuentran en tal o cual lado.
Entonces, yo de verdad me encuentro demasiado sensible con este tema, quizá por eso hemos venido abanderándolo porque un día tocó una persona a mi oficina de talla normal y me hablaba de este problema, y yo decía, pues sí está bien pero se me hacía raro que él lo dijera con tanta pasión, con tanta sensibilidad, si tenía una estatura normal.
Después me dijo que su hijo tenía ese padecimiento, que no encontraba las razones, y su esposa también tenía una estatura normal, pero que todos estamos sujetos a todo este tipo de situaciones, y que él soñaba, que él deseaba, que él quería poner un granito de arena para que su hijo pasara las mejores cosas en su vida y que no fuese una limitante su estatura; que él no fuese causa de problemas de discriminación, como ya los veía, porque muchos de ellos no solamente la pena es moral, porque hay una discriminación, porque son pequeños.
Hay una discriminación y, por supuesto, hay un poco acceso a las labores de casa, pero a veces se juntan dos cosas en una misma persona. La pena de no tener solvencia económica y la pena de tener una discapacidad, y ahí es donde la pena se hace más grande, se hace un vacío más fuerte.
Entonces, yo de verdad reconocerle a la comisión el esfuerzo que viene haciendo, y aquí la petición es decirle a INEGI, decirle a la Secretaría de Hacienda, decirles que pongan su esfuerzo en este trabajo que ya van a realizar, a hacer el conteo, para que también sean consideradas las personas con la acondroplasia o con talla pequeña, para que podamos visibilizar el problema en el país, podamos saber cuántas personas hay y, por supuesto, a partir de ahí hacer nuestro trabajo, que es hacer políticas públicas a favor de estas personas.
Que no nada más son ellos, vuelvo a recordar que no solamente son ellos, son todas las familias y que hay familias que no salen a trabajan y si ellos no pueden trabajar no pueden tener sustento, y así se vuelve un círculo vicioso donde no solamente las personas con este padecimiento tienen la problemática, se vuelve un problema social, se vuelve un problema amplio.
Entonces esa es la petición con este punto de Acuerdo que trae consigo varios trabajos, el trabajo de reconocer un día para poderlos visibilizar, para poder hacer reflexiones de qué hemos hecho a favor de las personas de talla pequeña, también el que sean considerados como unas personas que tienen discapacidad para que sean sujetos a apoyos y la base es lo que estamos pidiendo ahora en este punto de Acuerdo, la base es poder conocer cuántas personas existen en este país con este padecimiento, con esta problemática, para que a partir del problema podamos encontrar ahora la solución juntos y existan políticas a favor de ellos.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Comuníquense.
Tenemos la discusión de once dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contienen puntos de Acuerdo.
Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos correspondientes.
La Secretaria Senadora Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta con la lectura de los dictámenes.
Uno. En torno a la protección de la vaquita marina.
Otro, que exhorta a fortalecer el Programa de Acción para la Conservación de la especie manatí en el sistema lagunar de Catazajá.
Uno más, que exhorta a realizar un inventario en las áreas consideradas como bienes nacionales ubicadas en la poligonal de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche.
Otro, sobre centros de acopio de árboles de navidad en la temporada navideña 2015-2016.
Uno más, por el que se solicitan diversas acciones en materia de cambio climático.
Otro, que exhorta a informar sobre el Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático.
Uno, sobre la tala y extracción ilegal de madera en municipios del estado de Michoacán.
Otro, que exhorta a continuar implementando acciones de restauración en los sitios de manglar.
Uno más, que exhorta a fortalecer las acciones conducentes a efecto de lograr el rescate integral de la Laguna de las Salinas.
Otro, que exhorta a informar sobre el impacto que la ampliación de la carretera No. 186, Villahermosa-Escárcega, ha ocasionado en la población del Mono Saraguato Negro.
Uno más, que exhorta a informar el estado en que se encuentra el proceso de elaboración de la norma oficial mexicana que establece los elementos y procedimientos para formular los planes de manejo de residuos peligrosos.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Están a discusión. En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.
La Secretaria Senadora Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Comuníquense.
Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en materia de unidades de vinculación en transferencia de conocimiento.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente.
Tiene usted el uso de la palabra.
El Senador Alejandro Tello Cristerna: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente.
Vengo a esta tribuna, a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a presentar ante ustedes el presente dictamen que espero y encuentren de conformidad, y nos favorezcan con su aprobación.
En las últimas décadas, los países más desarrollados y las principales economías emergentes han puesto especial atención al desarrollo de políticas públicas y legislación para la creación y expansión de empresas de base tecnológica, así como para el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación entre el sector productivo y la academia.
En Europa, en Estados Unidos, en Japón y en otras naciones, son muchas las universidades y los centros de investigación en los que los investigadores son académicos, pero también son empresarios. Esto se ha traducido en un incremento de sus capacidades productivas y en su competitividad.
En México, dado el marco legal vigente, esto es impensable y sumamente complicado, pues existen una serie de obstáculos y vacíos legales que impiden el desarrollo de estas alianzas.
Es por ello que el día de hoy queremos darle buenas noticias a nuestro aparato científico nacional, pues gracias a las reformas que estaremos aprobando, si ustedes así lo designan, facilitaremos, desde la ley, que investigadores, científicos y tecnólogos puedan trabajar en proyectos conjuntos con la iniciativa privada.
La propuesta contenida en la minuta, materia de este dictamen, tiene como objeto impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de nuestro país, al incentivar el establecimiento de instancias de gestión para la transferencia de tecnología y vinculación con la industria en todas las instituciones de investigación, centros públicos de investigación y en las entidades de la Administración Pública Federal que desarrollan ciencia y tecnología; así como eliminar el impedimento legal que tienen los investigadores, en tanto son considerados como servidores públicos para vincularse con el sector privado, mediante la conformación de alianzas estratégicas.
Para ello, se propone establecer diversas reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El dictamen que estamos poniendo a su consideración, contiene una serie de cambios a la minuta recibida por nuestra Colegisladora, debo destacar que los mismos se han elaborado con la intención de enriquecer las propuestas enviadas.
El objetivo es aprovechar la oportunidad de este proceso legislativo para introducir algunos elementos que le den mayor contundencia y flexibilicen su aplicación.
Los cambios propuestos son resultado de un diálogo amplio y plural con actores de los sectores público y privado; asimismo, se han consensuado y analizado de manera detallada por los Senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
En este sentido, quiero agradecer a los Senadores: Juan Carlos Romero Hicks, Mario Delgado, Francisco de Paula Búrquez, Víctor Salinas; y a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera: Raúl Gracia, Enrique Burgos, Miguel Ángel Chico y Zoé Robledo, su disposición para trabajar en este dictamen.
Dentro de las muchas bondades de esta nueva legislación, destacaré las siguientes:
Primero. Bajo esquema de transparencia y rendición de cuentas, se permite a los investigadores de universidades, centros públicos de investigación y entidades de la Administración Pública Federal que desarrollen actividades científicas y tecnológicas, así como vincularse como en sector privado y beneficiarse de las invenciones que desarrollen de manera conjunta, así como estar en la posibilidad de ser accionistas de empresas y obtener las regalías derivadas de proyectos conjuntos con el sector productivo.
Se permite a los investigadores y científicos de nuestro país, incorporarse en proyectos con la industria, mediante asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación o redes de innovación, entre otras figuras.
Los investigadores podrán obtener compensaciones complementarias a su sueldo por concepto de regalías de las invenciones que desarrollen.
Se elimina el posible conflicto de intereses, dada su condición de servidores públicos, pero se establecen mecanismos para dar transparencia y claridad para evitar un uso no adecuado de recursos e infraestructura pública.
Finalmente, se establece la obligación legal para que todos los órganos de gobierno de instituciones que desarrollan actividades científicas y tecnológicas, expidan lineamientos que permitan otorgar a sus investigadores, académicos y personal especializado hasta el 70 por ciento de las regalías que generen sus investigaciones.
Asimismo, se mandata la creación de unidades de transferencia tecnológica para que instituciones de educación, centros de investigación y entidades puedan vincular su desarrollo con las demandas de la industria.
Con este dictamen, el Senado refrenda su compromiso de impulsar las capacidades tecnológicas y de innovación de nuestro país.
Hoy, las comunidades científicas, gubernamentales y empresariales deben juntas asumir un papel activo y posicionar a la ciencia, la tecnología y a la innovación como ejes para nuestro desarrollo económico y bienestar social.
México se encuentra en un momento de enormes retos en el que estamos obligados a actuar con responsabilidad, aprovechar las oportunidades que nos brinda el conocimiento, y continuar en una etapa de recuperación para lograr un país más productivo, más competitivo y próspero.
Esperando contar con su anuencia, quedo de ustedes.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracia, Senador Tello Cristerna.
Está a discusión, y para estos efectos, tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer sus argumentos en favor del dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores:
La persona que nos regaló el invento de la luz, mediante el electromagnetismo, Michael Faraday, en la segunda mitad del siglo antepasado, en alguna ocasión estaba presentando el resultado de sus inventos, y cuenta la anécdota de que uno de los ministros del gobierno británico le preguntó: ¿Y esto para qué sirve?
Y su respuesta fue monumentalmente persuasiva. Hoy no tiene una aplicación, sin embargo, le puedo garantizar que en los próximos 20 años ustedes van a recolectar impuestos de este invento. Así funciona el mundo de la ciencia. Hay mundos de ciencia libre y de ciencia dirigida.
Yo hoy, lo que la Comisión de Ciencia y Tecnología quiere corregir es una lamentable situación actual.
El modelo de ciencia que tenemos nos pone que el 95 por ciento de los doctores en ciencias trabajan en las universidades, muy pocos en la industria, y muy pocos en el gobierno.
En los países más desarrollados, el 70 por ciento de los doctores en ciencias, trabajan en la industria, y hoy en México tenemos varios retos por corregir, no solamente el modelo académico, sino también el modelo del empleo que se diseñó para otra época.
Primero.- ¿Cómo traducir el conocimiento en realidad? Y a eso se le llama innovación. Pensar en lo que nadie ha pensado.
Segundo.- En la eliminación de barreras jurídicas, administrativas o de cualquier naturaleza que no están facilitando la vinculación, que en algunos casos no podríamos hablar ni siquiera de divorcio, porque no ha habido matrimonio. Necesitamos una mayor interacción entre el mundo de la empresa y el mundo académico y el gubernamental.
De manera tal, que en sentido más amplio, hoy en día la universidad es una prolongación de la empresa, y la empresa es una prolongación de la universidad.
Y el tercer aspecto tiene que ver con generar mejores políticas para que esa vinculación pueda tener unas realidades diferentes.
Hay países que ya han legislado al respecto de lo que hoy estamos presentando. Hay un caso vecino, 1980, por 2 Senadores de la Unión Americana: los Senadores Bayh y Dole, que presentaron una legislación que potenció, de manera superlativa, todo el mundo de las regalías, las patentes y las fundaciones de las empresas. En México no podemos presumir todavía eso.
Recogiendo ese diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Modificar la Ley de Ciencia y Tecnología y modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ya el señor presidente de la comisión, don Alejandro Tello, ha dado cuenta. Se pretende reformar el artículo 40 Bis y 51 del primer ordenamiento; y el artículo 8o. del segundo, que acabo de mencionar.
Lo que queremos es crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento y quitar las barreras, por supuesto, generando toda la transparencia necesaria, porque hoy en día un servidor público que trabaje en un centro de investigación puede ser sancionado por hacer trabajo de emprendedurismo.
Necesitamos que los investigadores tengan 2 vocaciones: la del misionero y la del fenicio, sin perder el régimen de la transparencia.
Quiero felicitar a todos los miembros de la comisión, al mundo académico que nos acompañó en este proceso, a la Cámara de Diputados que nos entregó una versión preliminar que hoy estamos perfeccionando, y sobre todo porque en este mundo de aproximaciones necesitamos estar al día y a la vanguardia.
Y hoy, en Ciencia y Tecnología e Innovación, lo que las personas merecen son resultados, resultados y más resultados.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.
Ahora tiene el uso de la palabra el señor Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos a favor del dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, Senador Mario Delgado Carrillo.
El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Con su venia, compañeros y compañeras.
Sin duda que es una reforma muy importante la que se pretende aprobar el día de hoy, porque cambia el concepto de investigación que ha existido en nuestro país durante muchos años.
Tenemos un rezago muy importante en materia de innovación en nuestro país, en parte es una de las explicaciones de por qué nuestro país no alcanza las tasas de desarrollo económico necesarias para sacar a la mayoría de la población de la pobreza.
Hay una desvinculación absoluta entre lo que pasa en los centros de investigación y el sector formal de la economía.
Sin embargo, si vemos a lo largo del mundo, ¿cuáles son las economías que están teniendo éxito? Pues son aquellas economías que se vinculan a la educación, que se vinculan a la investigación y a la innovación. El gran motor de la economía en el mundo es la innovación.
Sin embargo, esta innovación, ¿cuál es el papel del Estado en la innovación? Debe incentivar la investigación científica y tecnológica; el gobierno debe dar el paso inicial para el desarrollo de investigaciones. Pero lo que hacemos en México es que haya un obstáculo para que no haya vinculación entre la investigación, una vez que se tenga el resultado de esa investigación, la patente y el potencial comercial de estas patentes.
Entonces, no existe el incentivo económico en México hacia el registro de patentes y el posterior nacimiento de nuevas empresas y nuevas industrias. Está completamente desvinculado.
Lo que hace esta reforma, justamente, es eso: quitar esa barrera, ordenar la posibilidad que tengan los investigadores de beneficiarse del resultado de una investigación de una patente para que entonces sí este incentivo se genere en un motor que detone la investigación y la innovación en nuestro país.
Algo que no ocurre en México es, como ocurre, por ejemplo, en Israel o en Finlandia. Dentro de las propias universidades están los fondos de inversión que se dedican a financiar el desarrollo de patentes o investigaciones en determinado sector, y toman el riesgo, estos fondos de inversión, de estar patrocinando investigaciones hasta que se tiene una patente.
Una vez que se obtiene una patente y esta es exitosa, entonces, se distribuyen las ganancias para la universidad, para el investigador y para quien está haciendo el financiamiento. Esto en México no ocurre.
El financiamiento de las universidades y la concepción que se tiene sobre el financiamiento de universidades es exclusivamente el presupuesto. Cuando el potencial económico que tienen las universidades en sus centros de investigación y desarrollo es tremendo, si esas investigaciones se vinculan al sector productivo.
Lo que va a hacer esta reforma es eso: para que rompamos, pues, las pocas patentes que tenemos en México.
Déjenme darles los datos que tenemos. Según los datos oficiales, por ejemplo, en la Universidad de Tel-Aviv, en Israel, tiene 29 mil alumnos, presenta 120 patentes por año, de las cuales logra aprobar unas 30 a nivel local y 15 en Estados Unidos.
La universidad es socia fundadora de 15 compañías de tecnologías de las más importantes en el mundo, y cuenta con su propia empresa de protección y comercialización de las invenciones de sus profesores y alumnos.
De acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para compararlo con la universidad mejor ranqueada en toda América Latina, es la UNAM, esta, por ejemplo, tuvo, tiene una patente registrada al año, contra una universidad mucho más pequeña, la de Tel-Aviv, que tiene cerca de 120 por año, y es que hay un esquema distinto, completamente distinto del financiamiento de las investigaciones.
También. ¿Qué está pasando en nuestro país? La fuga de cerebros.
Según la OCDE, en 2011, de los 11.2 millones de inmigrantes, 867 mil cuentan con estudios de licenciatura y posgrado.
Según el CONACYT, el año pasado fueron 130 mil los científicos que abandonaron México en busca de mejores oportunidades.
Sí, los científicos mexicanos, al no existir las condiciones adecuadas, se están yendo hacia otras partes del mundo.
El número de patentes registradas en México, en el IMPI, por mexicanos, es apenas del 7 por ciento.
Entonces, pues nuestra economía no va a cambiar si seguimos con esta tendencia. La mayoría de las patentes que se otorgan en México, son para extranjeros.
También tenemos pues una insuficiente inversión en materia de ciencia y tecnología, este gobierno se fijó la meta de llegar a uno por ciento del PIB. Sin embargo, en los pre-criterios de política económica para 2016, lo que vemos es que hay un ajuste hacia la baja en los fondos para ciencia y tecnología, aunque recientemente al entregar los Premios de Ciencia y Tecnología, se ha dicho que no se van a disminuir estos recursos.
Aunque se cumplieran esas metas de inversión, es insuficiente. Tenemos que atraer mayor inversión, mayor cantidad de recursos al área de innovación, ciencia y tecnología.
Y ésta es una fórmula que se está plateando. Para ello, aquí habrá que tener mucho cuidado que los funcionarios públicos que puedan participar en esto, pues sean los investigadores. Creo que la parte que se debe cuidar muy, con mucha cautela, que se debe de cuidar con lupa, es que este eliminación de conflicto de interés que se está planteando para servidores públicos, sea exclusivamente para los investigadores; para aquellos que desempeñen labores de investigación en los centros de investigación pública en nuestro país.
Creo que es un cambio de paradigma, en la forma de cómo se abordar el financiamiento a la investigación científica en nuestro país. Me parece que es una reforma muy importante, que puede ayudar a detonar la investigación científica en nuestro país y que puede ayudar también, a detonar el número de patentes que registramos como país. Y, por lo tanto, a empezar a cambiar los motores de nuestra economía.
Los incentivos a la innovación, a la ciencia, que es lo que está moviendo a las economías exitosas en el mundo.
Me parece que la fórmula que se está plateando va a tener un impacto relevante, y va a tener, va a lograr esta vinculación entre sector público y sector privado que actualmente no ocurre.
Sin duda alguna, también, que esta reforma va a ayudar a que indirectamente todos aquellos centros de investigación y desarrollo científico en el país, los institutos tecnológicos que hace poco estuvieron aquí, tengan mayores posibilidades de financiamiento y también tengan los incentivos para actualizar de manera permanente, a partir de lo que está pasando en el resto del mundo, con el conocimiento en actualizar perfiles, en actualizar materias, en actualizar áreas de investigación científica y tecnológica en nuestro país.
Entonces, pues nada más, creo que es una reforma que tiene que ser aprobada por este Pleno.
Los invito a que votemos a favor. Y pues con muchas esperanzas que esta reforma cambie la realidad en muchas universidades, centros de investigación y, al final del día, en las oportunidades que se tienen para muchos jóvenes mexicanos.
Muchas gracias.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado Carrillo.
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer uso de la palabra sobre asunto.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:
Sin duda que este tema es muy importante, porque plantea la posibilidad histórica de que por fin los centros de investigación de nuestro país se vinculen con la iniciativa privada.
Que eso es un paso que debió de darse desde que nacieron los centros de investigación. Nosotros hemos sostenido que las universidades del pueblo, las universidades públicas, que no se vinculan con la solución de los problemas del pueblo, pues son universidades que no tienen razón de ser. Porque se convierten en un invernadero, en donde solo hay autoconsumo y no hay una situación de difusión, de los logros científicos, tecnológicos e innovación que tienen en sus lugares, en donde están desarrollándose este tipo de acciones.
Nos preocupa, nos preocupa que a pesar de que conocemos adelantos espectaculares en el mundo, México no destaque. Y no destaca por razones que son obvias.
Ningún gobierno, desde que se dio la institucionalización de este país, ha puesto en el centro del debate la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos fundamentales para generar el desarrollo del país.
Eso ha generado que seamos un país dependiente, hablando de ciencia y tecnología. A nuestros cerebros, a nuestros genios, a nuestros talentos que han desarrollado por motu proprio la ciencia y la tecnología, el gobierno no los atiende, no los desarrolla y menos les da la oportunidad de que toda esa situación que han desarrollado le sirva al país. Es dramático.
México destina el .4 por ciento del Producto Interno Bruto a investigación científica y tecnológica, frente a países como Suecia, que aplican el 3.8 por ciento.
Es imposible que en estas condiciones se pueda tener un desarrollo científico y tecnológico, si no se le invierten recursos económicos suficientes.
En el Plan Nacional de Desarrollo, a mí me parece una extraordinaria aspiración del Presidente, pero no solo de sueños vive el hombre, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, se tienen que hacer acciones concretas y se tiene que reflejar a un presupuesto que alcancemos el uno por ciento, cuando menos, si países como Suecia tienen el 3.8 por ciento de su producto interno bruto, aplicado a la investigación, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación.
¿Qué dice el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018? Que se desprende del objetivo 3.5 del Plan Nacional de Desarrollo. Hacer desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico social y sostenible.
Bueno, como un deseo es extraordinario. Como una ilusión es extraordinaria. Pero después de la crisis económica que estamos viendo en México, después de los recortes presupuestales, revisemos cuáles son las áreas afectadas y vamos a llegar a la conclusión, de que una de las áreas afectadas, las principales, pues son las que tienen que ver con educación, con ciencia, con tecnología, con investigación.
Imagínense dos patentes al año por millar de habitantes; frente a 271 de Finlandia, por ejemplo.
Es decir, ¿qué estamos produciendo comparados con otros países? Cuestiones verdaderamente pírricas.
Somos el último lugar en personal ocupado en área de ciencia y tecnología de los países que integran la OCDE.
Y hoy sale una nota a nivel nacional, que a los Senadores de la República nos tiene que preocupar, 50 por ciento de las escuelas tienen carencias, cuando el propio Banco Mundial señala que en una economía el conocimiento, las actividades productivas se basan en la creación de bienes y servicios de alto valor agregado y su funcionamiento, y se basa de manera predominante en la producción, distribución y uso intensivo del conocimiento en la información.
La mano de obra educada, calificada, es uno de los aspectos centrales que señala el Banco Mundial que tienen que desarrollarse, y que debemos de contar con una población bien educada y calificada, y eso es esencial para la creación, adquisición, diseminación y utilización efectiva del conocimiento.
50 por ciento de nuestras escuelas con carencias y se exige educación de calidad, así no se puede.
Coincidimos, por supuesto, con la reforma, la hemos leído a puntualidad. Por supuesto que estamos de acuerdo y vamos a votarla a favor.
Yo insisto, ¿el Senado de la República está dando los pasos necesarios?, ¿qué es un paso necesario? Pues que le soltemos las amarras a los centros de investigación y que les digamos que se pueden vincular con la iniciativa privada para generar desarrollo científico, tecnológico y de innovación.
Ese es el trabajo del Senado, ¿cuál es el trabajo del Ejecutivo? Pues ponerle el recurso económico suficiente al Presupuesto Nacional para que, cuando menos, cumpla su objetivo.
No el de nosotros. El de nosotros seguirá siendo el 8 por ciento para la educación y un porcentaje, cuando menos, del 3 por ciento para la investigación, para la ciencia y la tecnología.
El porcentaje del Presidente es del 1 por ciento, y ojalá ese amor a la ciencia, a la tecnología y a la innovación se refleje en el Presupuesto del 2016, y que México pueda decirle al mundo: “Ya le entramos, 1 por ciento del PIB, de nuestro país, destinado al desarrollo del país para que los mexicanos vivan mejor”.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.
(Se recoge la votación nominal)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, de acuerdo al registro en el sistema electrónico, se tiene un total de 70 votos a favor.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.
A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de cambio climático y protección al medio ambiente.
Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está a discusión el proyecto de Decreto.
En virtud de que no hay oradores registrados, informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que la discusión en lo general y en lo particular se llevará a cabo en un solo acto.
No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento.
(Se recoge la votación nominal)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico, se registran un total de 72 votos a favor.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo señalado en el artículo 72 constitucional.
A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 35; y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia del uso de la firma electrónica avanzada.
A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato dicho dictamen.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.
Para la discusión en lo general, informo a la Asamblea que la Senadora María Elena Barrera Tapia, presidenta de la comisión, habrá de hacer uso de la palabra para fundamentar dicho dictamen.
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.
Con el presente dictamen que se pone a su consideración, se propone incluir en la Ley del INFONAVIT los medios electrónicos como mecanismos de comunicación que surtan los mismos efectos legales de los documentos con firma autógrafa y, con ello, aprovechar los instrumentos con los que hoy se cuenta a fin de hacer más eficiente la labor del instituto en beneficio, por supuesto, de los acreditados, de los derechohabientes y, por supuesto, también de los patrones.
Esta reforma permitirá la utilización de dichos medios para el cumplimiento de su objeto y de igual modo reconocerle el carácter de autoridad certificadora.
Para ello, se planea reformar los artículos 29, fracción VI; y 35, primer párrafo; y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la finalidad de incorporar, como ya lo he mencionado, el uso de los medios electrónicos en los trámites ante el INFONAVIT.
De esta manera va a beneficiarse tanto la labor de las autoridades del instituto y también se ofrecerán algunas opciones, y sobre todo la viabilidad a los derechohabientes y que pueda haber mayor eficiencia.
La ventaja de respaldar esta propuesta radica en propiciar la agilización de gestión de procesos, el ahorro de insumos, de gastos administrativos e inclusive el uso de papel, el impulso de documentos electrónicos confiables e íntegros, que además que gracias a la firma electrónica tengan la misma función y garantía del documento físico y la firma autógrafa.
Asimismo, se garantiza que los patrones realicen en tiempo y forma la aportación del 5 por ciento sobre el salario de sus trabajadores a fin de constituir el saldo de la subcuenta de vivienda de los trabajadores y de esta misma manera emprender acciones prácticas que permitan una atención eficaz y además una interacción más activa, dinámica, transparente de los contribuyentes con el instituto.
Otra ventaja de este proyecto es que permite también al instituto alinearse a la firma electrónica avanzada y, al mismo tiempo, ponerse a la vanguardia tecnológica con las mismas facultades que tiene el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como facilitar el intercambio de información de manera ágil entre instituciones.
Con la reforma planteada, las aportaciones podrán también ser consultadas por los trabajadores y podrán identificar lo que en realidad se está aportando a su subcuenta de vivienda por parte del patrón.
El uso de nuevas tecnologías como los medios electrónicos en el mediano y largo plazo permitirá al instituto obtener grandes ahorros para destinarse en otras funciones de carácter social.
Finalmente, compañeras y compañeros Senadores, les pido respaldemos esta reforma que, sin duda, mejorará los mecanismos de atención de la institución, su interacción con otros organismos con los patrones, con los derechohabientes y, por supuesto, con la sociedad a la cual sirve.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora María Elena Barrera Tapia.
En consecuencia, iniciamos la discusión en lo general.
Para ello, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
La Senadora Angélica Araujo Lara: Gracias, Senador Presidente. Muchas gracias, amigas y amigos, compañeros Senadores.
A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, primero hacemos un reconocimiento por supuesto a nuestro compañero Pablo Escudero, promoverte de esta modificación en esta iniciativa de ley que hoy ponemos a su consideración y que solicitamos a todos y cada uno de ustedes sean generosos al momento de aprobar la presente iniciativa de reformas a la ley del INFONAVIT.
Esta iniciativa que habla de digitalizar la firma de cada uno de los patrones es sumamente valiosa e importante, toda vez que dentro de este gran marco que siempre se ha pensado y se ha hablado de tener una ventanilla única digital en la cual pudieran todos hacer los trámites de las diferentes instancias, de las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal y de los organismos independientes, como es el caso del INFONAVIT, con esto damos un paso más toda vez que los patrones pueden hacer sus aportaciones y van a poder hacer sus aportaciones usando las tecnologías, usando los medios digitales para hacer sus comprobaciones ante el INFONAVIT, con esta nueva firma que de manera digital proponemos que se autorice a través de esta reforma de ley.
En el seno de la comisión estuvimos hablando de las bondades y de las ventajas que tendrá en los ahorros, por supuesto, para los patrones, y en el mejor servicio que brindará en este caso el INFONAVIT a un sector muy importante como son los sectores empresariales que hacen las aportaciones, porque les permitirá hacer sus pagos más ágiles, les permitirá hacer sus trámites más ágiles, les permitirá hacer consultas en línea, y con esto pues, por supuesto, ahorrarse los traslados, las implicaciones que tienen de estar acudiendo de manera directa y personal ante las instalaciones del instituto.
Y de igual manera, lo señaló hace un momento la presidenta de la comisión en el sustento que hizo de la iniciativa, pues bueno, también por supuesto con esto tendremos oportunidad de revisar y de valorar las aportaciones que se hacen y los usuarios del INFONAVIT podrán estar muy al tanto de los pagos puntuales, con lo cual, como todos sabemos, podemos garantizar que tengan la puntuación en tiempo y forma que es la que les permite tramitar su crédito a todos los usuarios del INFONAVIT.
Sabemos que cuando no se hace una aportación a tiempo se interrumpen las cotizaciones y con esto a veces no se tiene los puntos mínimos que se necesitan para tramitar un crédito, y con esto pues el trabajador va a poder consultar de manera directa y en línea, y ver que se esté cumpliendo en tiempo y forma y, por lo tanto, ayudar a tramitar su crédito.
Son muchas las bondades que tiene la firma electrónica, por supuesto cada vez más, aquí hicimos una reforma en telecomunicaciones, cada vez más hay sitios en los cuales poder consultar inclusive de manera gratuita los servicios de Internet, entonces, pues bueno esto va a de la mano, como les decía, con todo lo que tiene que ver con que pudiéramos llegar realmente al ideal de tener una ventanilla única digital donde podamos hacer todos nuestros trámites, todos los trámites que se operan hoy día en el ámbito del Ejecutivo Federal.
Por último, decirles que hay instituciones, aquí lo han señalado, como es el IMSS, como es el SAT, como son diferentes instituciones que ya tienen este beneficio, y con lo cual estandarizan sus procedimientos y vamos a estandarizar al INFONAVIT en la normatividad de sus trámites y de sus servicios.
También, por supuesto, les vamos a dar seguimiento al impulso, que como les decía, de las tecnologías de la información, creo que es un sello distintivo de este nuestro Senado, y sobre todo pues aprovechar las ventajas y las bondades que con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones aprobamos todos y cada uno de nosotros de los Senadores que aquí estamos.
Por todo lo anterior, lo reitero, les pedimos, a nombre de nuestro grupo parlamentario, el voto a favor de esta iniciativa de reformas a la Ley del INFONAVIT.
Muchas gracias, es cuanto.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica Araujo Lara.
En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.
(Se recoge la votación nominal)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron 72 votos a favor y cero en contra.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI, y 35, primer párrafo, y se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se remite este proyecto a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 6 de abril cada año como Día del Deporte, la Actividad y Salud Física.
Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.
Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo cual está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Informo a la Asamblea que el Senador Carlos Alberto Fuentes Salas envió a esta Directiva su intervención sobre este tema, por lo cual pido a la Secretaría Parlamentaria que se inserte en el Diario de los Debates.
No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.
(Se recoge la votación nominal)
Informo a la Asamblea que los Senadores Lilia Guadalupe Merodio y Daniel Ávila, hicieron llegar a esta Directiva las intervenciones sobre este dictamen que estamos votando, por lo cual pido a la Secretaría Parlamentaria que se inserten de manera íntegra en el Diario de los Debates.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron un total de 72 votos a favor y cero en contra.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año, como el “Día del Deporte, la Actividad y la Salud Física”. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 389 de la Ley General de Salud, sobre la expedición de certificado para personas con discapacidad.
Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura del dictamen.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la segunda lectura, Senador Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.
Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.
La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.
En términos de la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para cualquier sujeto de características similares como la edad, el género, el peso, la estatura, entre otras.
Sin embargo, se ha avanzado sobre la visión de esta definición, evolucionando de manera que la diferencia en el funcionamiento de sus capacidades ya no se ve como una limitante.
Los derechos de las personas con discapacidad se han venido plasmando en diversos instrumentos internacionales. Prueba de ello es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece en su artículo 3o. el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones y la independencia de las personas.
La no discriminación, la participación y, sobre todo, la inclusión plena y efectiva en las sociedad, así como la igualdad de oportunidades y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad.
En este sentido, países como México se han adherido a este pensamiento demostrando actualmente en la Carta Magna, que establece en su artículo 1o., la prohibición de toda prohibición de toda discriminación motivada, entre otras, por las discapacidades.
Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene por objeto fortalecer lo establecido en nuestra Constitución.
Por otra parte, hay que señalar que la Organización Mundial de la Salud destaca que todas las personas del mundo que pueden llegar a enfrentar, en algún momento de su vida, alguna discapacidad y estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo cual demuestra que nadie está exento de ello y, por ende, se debe generar mayor conciencia al respecto.
Conforme a ello, estadísticas del INEGI destacan datos nacionales que revelan que de la población afectada por alguna discapacidad que asciende a más de 5 millones, 51.4 por ciento son personas adultas mayores con alguna dificultad básica, seguida de los adultos con 33.7 por ciento, los jóvenes representan el 7.6 por ciento de las personas con discapacidad y las niñas y niños el 7.3 por ciento.
Aunado a lo anterior, cifras de dicha ficha estadística revelan por tipos y causas de discapacidad, que los problemas para caminar son el tipo de discapacidad de mayor presencia con el 57.5 por ciento, seguido de las dificultades para ver con 32.5 por ciento, dificultades para oír en 16.6 por ciento, para hablar o comunicarse en 8.6 por ciento, mentales con 8.1 por ciento, dificultades para atender el cuidado personal con 7.9 por ciento y dificultades para poner atención con el 6.5 por ciento.
Por lo anterior, observamos que debemos avanzar y reforzar las acciones y estrategias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Por otra parte, hay que señalar que en la Convención de sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en su primer artículo, establece que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan ciertas deficiencias al interactuar, y que por ende, puedan impedir su inclusión en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
En dicha Convención se establece que los Estados parte se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma.
Por otra parte, se resalta que la Norma Oficial Mexicana para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, plasma en su numeral 1.3, que toda persona con discapacidad que lo solicite, se le deberá expedir un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional, en el que se anoten como mínimos datos generales, así como el grado de discapacidad a través de una institución del sector salud.
Sabemos bien que en nuestro país existen derechos y beneficios a los que pueden acceder las personas con algún tipo de discapacidad.
Ello enfocado a las diversas discapacidades que se puedan presentar, ya sean desde el nacimiento, por enfermedad, por causa de accidente o por edad avanzada.
Sin embargo, para adherirse a éstos, deben de acreditar dicha condición.
Por ende, el presente dictamen pretende que se expida un certificado de discapacidad, documento que será público y conforme a la Ley General de Salud, lo cual traerá un reconocimiento administrativo de la discapacidad, y con ello, ir erradicando las barreras sociales a las que se enfrentan las personas con discapacidad.
Esto implica que con este certificado tendrán los beneficios médicos, laborales y de inclusión en programas, así como los demás que marcan nuestros ordenamientos jurídicos, y muy importante, evitar abusos de las personas que no tengan alguna discapacidad, pero que presuman que son personas con discapacidad.
Por lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, es que pido su voto a favor de este dictamen el cual únicamente pretende proporcionar mayor acceso a derechos y beneficios a las personas con discapacidad, ello con miras a equiparar oportunidades.
Es cuanto, señor Presidente.
PRESIDENCIA DEL SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias por tu participación, Maki.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprecio su atención, querido Presidente, con su permiso. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.
El motivo de estar aquí es justamente para hablar a favor del dictamen que estamos discutiendo, este dictamen que reforma el artículo 389 de la Ley General de Salud, en materia de certificación para personas con discapacidad.
Y en ese sentido, les quiero comentar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento con una dimensión explícita que reafirma que las personas con discapacidad deben gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales que han sido consagrados en la Constitución Política del os Estados Unidos Mexicanos.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 10o. que: “El sector salud expedirá a las personas con discapacidad, un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional”.
Por su parte, el 14 de septiembre de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, la cual señala, “que a toda persona con discapacidad que lo solicite, se le deberá de expedir el certificado señalado”.
Aunado a lo anterior, es necesario que en la ley general se establezca expresamente que es una obligación del sector expedir dicho certificado, con lo cual, no sólo se fortalecerá una política pública existente, sino que se le dotará de una continuidad en el tiempo y afinará la transversalidad de las acciones contenidas en el marco jurídico nacional a favor de los 7.7 millones de personas con discapacidad que hay en México.
Lo anterior, además de armonizar el marco jurídico nacional, tiene su relevancia debido a que en nuestro país se han diseñado programas a los cuales pueden tener acceso las personas con discapacidad.
Sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para obtener ese tipo de beneficios es presentar algún documento que acredite la discapacidad, que también servirá para evitar que personas que no viven con esta condición pretendan acceder a ellos, con lo que se dará un mayor control por parte del estado y un registro más preciso sobre el número de personas y tipo de discapacidad.
Senadoras y Senadores: Por lo anteriormente expuesto, en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, a través del cual se está proponiendo establecer en la Ley General de Salud, como un fin sanitario, la expedición de certificados de reconocimiento y calificación de la discapacidad.
Por su atención, pero sobre todo por su respaldo, muchísimas gracias, compañeras y compañeros.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Hilda Esthela Flores Escalera.
En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger el sentido del apoyo o no a este dictamen, en lo general y en lo particular. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.
(Se recoge la votación nominal)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron un total de 75 votos a favor y cero en contra.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V, recorriendo el contenido actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Pasamos a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.
En México, en los últimos 2 sexenios, la atención prenatal se incrementó de 64.4 por ciento, en 2000; 65.2, en 2006, hasta llegar a 74.4, en 2012.
El embarazo de las adolescentes y de las mujeres que se encuentran al final de su período reproductivo, es particularmente de alto riesgo.
De esta forma, la razón de mortalidad materna en las mujeres menores de 20 años, es de 59.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.
Aunado a lo anterior, entre las primeras cinco causas de mortalidad materna que representan 88.3 por ciento del total de estas defunciones, están las defunciones obstétricas indirectas, con 31.9 por ciento; seguida de las enfermedades hipertensivas del embarazo, edema, hipostenuria, con 20.4 por ciento; hemorragia del embarazo, parto y puerperio, con 19 por ciento; otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto, con 11.2 por ciento; y las ocurridas a consecuencia de un aborto, con 5.8 por ciento.
En México, los programas de planificación familiar han permitido que parte de la población tenga acceso a medios para limitar o espaciar su descendencia acorde a sus preferencias, a partir de la implementación de estrategias de planificación familiar desde hace 35 años.
No obstante, la planificación familiar requiere de promoción y acceso a los métodos anticonceptivos adecuados para las mujeres y parejas, esto es esencial apoyando la autonomía y bienestar de las mujeres en beneficio de su salud sexual y reproductiva.
Al respecto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas destaca derechos en la materia, entre los cuales destaco el derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación, que incluye la elección voluntaria de conyugue, formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el esparcimiento de los propios hijos, y el derecho de tener acceso a información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria.
Esta opción voluntaria y el derecho de formar una familia, de acuerdo a una planeación, involucra tanto a la madre, al padre de familia, como hijas e hijos, para que gocen de mejor desarrollo familiar; ya que la planeación implica, entre otras cosas, la certeza de brindar económica, emocional y socialmente lo necesario para el desarrollo de los bebés y física y mentalmente la madurez de los padres, para decidir crear una familia.
De otra forma, la ausencia de información sobre el tema genera embarazos no deseados a edades tempranas; riesgos tanto para la madre como para el bebé, y consecuencias como truncar los estudios, tanto de la madre como del padre, incertidumbre económica, entre otros aspectos.
Por ello, estas comisiones dictaminadoras coinciden en la necesidad de reforzar la ley en materia de planificación familiar con la finalidad de reducir, a la brevedad posible, la tendencia de incremento de los embarazos en adolescentes; ya que la edad que comprende este periodo de vida no es la adecuada para procrear, toda vez que el cuerpo humano no se encuentra ni física ni mentalmente preparado para esta situación, además de ser una de las primeras razones por las cuales hay un importante número de muerte materna.
Esto se toma en cuenta, la capacidad de decidir, evitar, poner en riesgo la salud de las mujeres menores de edad, adolescentes y de edad avanzada, que presenten un alto riesgo de muerte materna. De igual forma, al disminuir la tasa de embarazos no deseados se disminuye la necesidad de someterse a abortos, médicamente necesarios para peligrosos.
Pero además de la difusión de la planificación familiar, es importante garantizar que estos, los servicios, estén ampliamente disponibles y sean de fácil acceso, por medios de agentes de salud capacitados para toda persona sexualmente activa, particularmente los adolescentes.
La reforma propuesta en el presente dictamen, tiene la finalidad de brindar la información oportuna y a toda persona sexualmente activa, para que adopten el mejor método de planificación familiar, de acuerdo a sus necesidades e historial clínico; toda vez que los riesgos no solo son no embarazos no deseados, sino contagio de enfermedades de transmisión sexual y en ocasiones el uso indebido de pastillas anticonceptivas, que puedan derivar en problemas como embolia pulmonar, trombosis e infartos, por la falta de los estudios necesarios para elegir el método de anticoncepción adecuado a su edad.
Es por lo anterior, Senadoras y Senadores, que pido su apoyo para votar a favor de este dictamen, con el cual no solamente se promueve disminuir la mortalidad materno-infantil y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, sino que se promueve una atención de calidad a todas las personas que lo necesiten, para recomendar el método de planificación familiar más adecuado para las personas, de acuerdo a sus características en salud.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.
Me han solicitado el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y el Senador Salvador López Brito.
En uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
El Senador Fernando Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, había una lista.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senador Fidel Demédicis.
Ofrezco una disculpa, la Senadora que tenía registrada, antes del que está en uso de la palabra, es la Senadora Anabel Acosta Islas.
Le pido una disculpa, para ofrecerle el turno, una vez que concluya el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
Quien también me acaba de pedir la palabra, es el Senador Fernando Mayans, que intervendrá en tribuna una vez que concluya la lista anunciada.
Adelante, Senador Demédicis.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.
El tema que estamos discutiendo, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, sin duda que es un tema de altísima relevancia.
Porque las cifras que tenemos en México, que ya las dijo la Senadora Maki, son verdaderamente espeluznantes. Es decir, es inaceptable que conociendo estos datos, en México no se atiendan problemas que pueden prevenir el embarazo de niñas y adolescentes.
El 59.3 por ciento de defunciones, por cada 100 mil nacidos vivos, es un porcentaje que nos tiene que llamar la atención. A menor edad en el embarazo, hay mayor riesgo de la pérdida de la salud y hasta de la vida de la madre.
En ese sentido, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, este Senado de la República tiene que fijar una posición clara, contundente, precisa, que ponga en el centro del debate los derechos de todos, para todos.
Todavía existen corrientes que, a partir de su visión religiosa la mayoría de ellos, consideran que este tema no tiene que pasar por el tema de si se debe permitir o no los embarazos no deseados.
El tema del aborto es un asunto que todavía algunos les da escozor y vienen aquí a desgarrarse las vestiduras; pero conociendo estas cifras, es verdaderamente preocupante.
Como educador, como abuelo de dos hermosas niñas que hoy la vida me ha regalado para que las disfrute, en la edad que ya tengo, por supuesto que tengo que estar a favor de este dictamen que plantea que debe haber prescripción del método anticonceptivo adecuado para las niñas y las adolescentes, que se encuentren con ese problema.
Cuando discutimos la reforma educativa, fuimos insistentes en que esa reforma no planteaba, jamás lo planteó y por eso dijimos que era un Frankenstein. ¿Cuál era el perfil del egresado que deseábamos obtener?
Se ha tratado esa reforma desde la visión de si corrige o no el problema de la violencia en México. Y la respuesta es que no. Lo que genera es una molestia muy grande del magisterio nacional, que hoy ve conculcados sus derechos laborales, sus derechos humanos.
Hemos preguntado si esta reforma se fijó como objetivo, que el egresado del Sistema Educativo Nacional, tuviera una concepción clara, precisa, contundente sobre los métodos de cómo prevenir los embarazos y que las niñas y adolescentes de este país, tuvieran esa conciencia, a partir de participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ser parte del hecho educativo.
Por supuesto que esa reforma educativa, jamás se planteó eso, porque los intereses eran otros.
Por eso seguiremos insistiendo, en que si queremos un perfil del egresado del Sistema Educativo Nacional, que sea algo como lo que señalaba el maestro Jaime Torres Bodet, en el Ciudadano del Porvenir. Bueno, pues entonces tenemos que modificar la currícula, tanto del educador como del educando.
Tenemos que especificar en las materias, cuáles son los contenidos temáticos precisos, para que el niño, la niña, el adolescentes abreve de ellos y entonces vaya generando una conciencia y vaya generando un perfil, que cuando el egresado salga del Sistema Educativo Nacional, esté vacunado contra los embarazos no deseados, si son por ignorancia. Hay otros embarazos, como el de violaciones, que también se pueden corregir desde el Sistema Educativo Nacional, y se los digo con plena conciencia como educador, porque la conducta de la sociedad es producto del fracaso educativo en México.
De las causas, también, que se señalan como causas de los embarazos de niñas y adolescentes está el de maestros poco preparados.
Cuando discutimos la reforma educativa, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, también les dijimos que no era conveniente que compañeros maestros, que no son producto del Sistema Normalista Nacional, se incorporaran solamente porque pasaban un examen al Sistema de Educación Básica del país. Y hoy tenemos en el Sistema de Educación Básica del país a ingenieros, abogados y otras profesiones, no es que sean indignas, no son ad hoc para impartir clases en la educación básica porque carecen de una parte elemental, el conocimiento pedagógico, la psicología del niños y del adolescente, entre otros.
Ese es el problema, por eso la educación puede aportar poco en este momento para corregir este problema de los embarazos en niñas y adolescentes. Pero qué bueno que hoy se está planteando esta reforma al artículo 69 de la Ley General de Salud, porque cuando se den estas situaciones, en donde alguna niña o un adolescente tenga dudas, bueno, que vaya a los centros de Salud y le prescriban los anticonceptivos para que no tenga este tipo de problemas y no sea parte de las estadísticas, en donde muchas niñas y adolescentes mueren, producto de la temprana edad a la que se embarazan.
Felicidades a la proponente y a la Comisión de Salud, y a la comisión legislativa respectiva, por haber aprobado este artículo 68 y la reforma que hemos comentado.
A favor.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.
En uso de la palabra la Senadora Anabel Acosta Islas.
La Senadora Anabel Acosta Islas: Con la venia, señor Presidente. Muy buenas tardes. Honorable Asamblea:
A nivel mundial, los programas de planificación familiar han demostrado un efecto positivo en la reducción de la tasa de crecimiento de la población, la mortalidad materna e infantil y la mejoría en la calidad de vida de la población.
En un sistema de salud descentralizado, en el que participan instituciones y niveles de gobierno, es necesario contar con directrices y acciones coordinadas que permitan que los esfuerzos que se realizan, para todos los actores involucrados, estén alineados con las metas comprometidas a nivel nacional.
En México, en la última década, si bien la tasa de natalidad ha disminuido, se ha incrementado el número de embarazos entre adolescentes, los cuales, en muchos casos, son de alto riesgo para la vida de las madres jóvenes.
La razón de la mortalidad materna en las mujeres menores de 20 años es de 60 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, cifra relativamente alta.
La edad comprendida en la adolescencia, no es la adecuada para procrear, toda vez que el cuerpo humano no se encuentra ni física ni mentalmente preparado para esta situación, además de ser una de las primeras razones por las cuales hay un importante número de muerte materna.
Si bien los programas de planificación familiar han permitido que la población conozca que existen medios para prevenir, limitar o espaciar el número de hijos, hoy en día aún existen importantes rezagos, sobre todo en adolescentes y en personas que habitan las zonas marginadas, rurales e indígenas.
El presente dictamen tiene como objetivo fortalecer la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar, con especial énfasis en reducir, en el corto plazo, la tendencia creciente de los embarazos en adolescentes.
Los servicios de planificación familiar deben estar disponibles y ser de fácil acceso a través de agentes de salud capacitados.
El Programa Nacional de Planificación Familiar establece, como uno de sus objetivos específicos, proporcionar servicios de planificación familiar y anticoncepción de calidad con una amplia oferta de métodos anticonceptivos modernos y suficientes para que hombres y mujeres puedan decidir libremente y responsablemente sobre el método anticonceptivo que mejor cumpla sus expectativas.
Para lograr estos objetivos, es fundamental que los servicios de planificación familiar comprendan la prescripción de un método anticonceptivo adecuado, con base en el historial clínico de las personas.
En el grupo parlamentario del PRI estamos seguros que con esta reforma lograremos un mayor y mejor uso de los métodos anticonceptivos existentes, y contribuiremos a disminuir el número de embarazos no deseados, principalmente entre los adolescentes y en personas que habitan las zonas marginadas, rurales e indígenas.
Por su atención, muchas gracias.
PRESIDENCIA DEL SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Anabel Acosta Islas.
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen.
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con la venia del Presidente.
Bueno, vamos a redundar aquí sobre el dictamen, el tema de la planificación familiar como parte de la Comisión de Salud, aunque hemos tenido Secretarios de Salud que están en contra del condón, de la píldora postcoital, del día siguiente, “que lleguen los hijos que Dios mande”, como si estuviéramos en el siglo XVIII.
Pero, bueno, afortunadamente el Poder Legislativo, en esas ocasiones, se ha impuesto y hemos insistido en impulsar los métodos de planificación familiar, porque, hay que decirlo, en la época de estos Secretarios de Salud, que venían del Partido Acción Nacional, pues la tasa de natalidad se nos fue a las nubes, y pues obviamente los costos que contrae esto en educación y en todos los problemas de desempleo que hay, pues no podemos ser ya demasiados mexicanos, y además sin las oportunidades que el Estado mexicano deja de ofrecer a los que nacemos en este país.
Como dije, el tema de hoy que nos ocupa con este dictamen de la comisión, relativo a la planificación familiar, nos obliga a referirnos también a los niveles de pobreza y de marginación social que registra el país.
Entendemos el propósito que se busca con este tipo de dictámenes, que contribuyen en cierta medida a prevenir, inhibir problemáticas que surgen en sociedades, en las que no se fortalecen las acciones de planificación familiar y de concepción, con lo que es, por ejemplo, la deserción escolar con embarazos de adolescentes, y nos remite a la falta de cultura, a la falta de educación y a la falta de oportunidades.
Como no tienen otra cosa que hacer los jóvenes, los que ni estudian ni trabajan, pues qué otra cosa pueden hacer, que andar pensando en esto.
Las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y otras situaciones adversas a la salud materna en niñas y mujeres adolescentes puede evitarse si existe una verdadera política de Estado que haga frente, no sólo a la tendencia de incremento de embarazos en adolescentes, sino también que consolide la educación sexual en todos los niveles educativos y en ámbitos de la vida social.
Hoy en día, nos indica la Tercera Encuesta de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas de Educación Media Superior 2013, elaborada por la Secretaría de Educación Pública, precisamente, que 20 por ciento de los adolescentes encuestados tuvieron su primera relación sexual entre los 12 y los 14 años; mientras que otro 22.5 por ciento lo hizo a los 15. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad.
Se estima que en México 7 de cada 10 jóvenes menores de 20 años, en estado de gravidez, viven en la pobreza.
A nadie le es ajeno saber que hay un estrecho vínculo entre la deserción escolar y el embarazo adolescente, por lo que en América Latina existen tasas muy elevadas en comparación con otras naciones y regiones del mundo.
En Estados Unidos, por ejemplo, el promedio es de 35 por cada mil adolescentes; y en Suiza de cuatro por cada mil; mientras que en Brasil es de 75 por cada mil menores.
Nuestro país presenta una incidencia mayor que en Argentina, Chile, Perú y Uruguay, y tienen una media de 60 a 56 casos por cada mil adolescentes.
Compañeras y compañeros Senadores: El Congreso de la Unión ha realizado importantes cambios legislativos en esta materia, pero no tiene y debe profundizar en reformas que coordinen los esfuerzos conjuntos con el Poder Ejecutivo para abatir también los altos índices de rezago social.
Se tiene que hacer un profundo análisis sobre los pendientes por alcanzar en este 2015, las metas trazadas es el objetivo del desarrollo del milenio dentro de lo que destaca el disminuir los niveles de pobreza y mejorar la salud materna.
Lo anterior, incluso, da pauta para que este Senado de la República requiera al Poder Ejecutivo Federal a que informe respecto a los avances logrados durante la presente administración concretamente sobre estos dos objetivos fundamentales.
Hay que subrayar que al establecerse las metas de reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes, y lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva, destaca una de las recomendaciones del proyecto del milenio, dirigida a los gobiernos de países en desarrollo, a fin de que preparen y ejecuten estrategias de reducción de la pobreza mediante procesos transparentes y amplios en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
El pueblo de México quiere y debe conocer qué logros se tienen al respecto.
Esta Cámara, como representación del Pacto Federal, tiene que estar atenta sobre el cumplimiento de estas recomendaciones para garantizar el derecho constitucional de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos.
Es necesario ir perfeccionando la ley para que se establezcan con precisión los instrumentos y condiciones para facilitar a los ciudadanos la toma de decisiones reproductivas y el uso de métodos anticonceptivos.
Es por ello que apoyamos el presente dictamen reconociendo que esta reforma es positiva, pero no suficiente para atender las necesidades del sector social más dinámica y con enorme potencial para el desarrollo nacional, como es el de los jóvenes.
Necesitamos revertir la situación por la que atraviesan dramáticamente más de 7 millones de ellos, que no tienen condiciones para cubrir sus expectativas de estudio ni de trabajo; en general, un proyecto de vida basado en el disfrute y ejercicio de sus derechos más elementales, como el de la salud y la educación.
En eso tiene que concentrarse su acción el Poder Legislativo, sin dejar de demandar al Poder Ejecutivo lo que su ámbito de responsabilidad y atribuciones le corresponden.
Por su atención, gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans Canabal.
A continuación, para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras Senadores.
Muy breve.
Esta aparentemente modificación, esta reforma, es sencilla, consiste en hacer una adición a la fracción II del artículo 68 para agregar: “así como la prescripción del método anticonceptivo adecuado, con base en su historial clínico”.
Esto aparentemente es una adición sencilla, pero sí muy importante para precisamente seleccionar el tipo de método anticonceptivo de planificación familiar de acuerdo con la paciente que se va a atender.
Este, como en prácticamente todos los temas de salud humano, lo ideal, lo necesario, es ponderar, es priorizar el tema de la prevención.
Y en este caso a qué va enfocado, desde luego a la prevención del embarazo no deseado y las consecuencias que ello tiene, como son consecuencias biológicas, psicológicas, sociales, laborales, escolares, familiares, que tienen su punto más importante precisamente en lo que ya se ha comentado aquí: el embarazo en las adolescentes.
Este tema de la prevención es lo que en el grupo parlamentario de Acción Nacional queremos ponderar, no ya causada la situación, causado el problema, tomar actitudes drásticas; sino siempre ir en el tema de la prevención qué es lo mejor para la salud y para las políticas públicas que se implementen en este tema.
La planificación familiar y la anticoncepción constituyen una base fundamental de la salud reproductiva, dado sus potenciales beneficios sociales y, desde luego, en el mismo tema de la salud.
Dichos beneficios incluyen desde la reducción de la pobreza, la mortalidad materno-infantil, hasta una mejora en la calidad de vida, lo que se traduce en mayores y mejores oportunidades de educación, de empleo y la inserción más igualitaria, sobre todo de las mujeres en la sociedad.
Específicamente hablando de lo que consiste esta adición, que es seleccionar y prescribir el método anticonceptivo adecuado con base en el historial clínico de cada paciente, a lo que nos lleva es a que la recomendación que hacemos desde la Comisión de Salud, y en el carácter de nosotros como médicos, es que siempre se atiendan, y es la recomendación a toda la mujer, que se atiendan por personal profesional con entrenamiento eficiente para administrar el método anticonceptivo.
Les recomiendo no automedicarse, no acudir con personal que no está preparado para ello, no acudir al uso indiscriminado de la píldora del día siguiente que repercute también en fallas, complicaciones y malos resultados.
La recomendación, creo en este tema y en todos, que para evitar malos resultados, siempre acudan ya sea desde la niñez, la adolescencia o la mujer en su vida adulta, acudan a un personal profesional para que aquel método que van administrar, ya sea un dispositivo intrauterino o la administración de hormonales y otros métodos, sea, uno, la que requiere específicamente la mujer, porque no es lo mismo una mujer adolescente joven a una mujer mayor, y en ello consiste también, y de acuerdo a antecedentes propios, enfermedades patológicos o no patológicos, constituye la selección adecuada del método anticonceptivo, por lo tanto, pues en el grupo parlamentario de Acción Nacional vamos a favor y, desde luego, ponderando sobre todo el tema de la prevención en salud, y desde luego también en salud reproductiva.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Salvador López Brito.
Agotada la lista de oradores, háganse los avisos, perdón, sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra Castillo.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Una pequeña reflexión, he escuchado con mucho interés a los oradores que han pasado a la tribuna, y creo que, bueno, el secundar este dictamen es de vital importancia para todos; sin embargo, no debemos de hacer de lado ni quitar el dedo del renglón, aunque no sea nuestra facultad el de destinar presupuesto específico para este asunto de evitar o más bien prevenir los embarazos tempranos, es decir, los embarazos entre las adolescentes.
Creo que independientemente de toda la letra de la ley que es nuestra tarea fundamental, si no se dedican presupuestos específicos en los cuales, por supuesto, no tenemos esa facultad, porque es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero eso no nos exime de que podemos hacer exhortos debidos para que se abra una partida para este asunto.
Muchas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Marcela Guerra Castillo, por su comentario.
Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.
(Se recoge la votación nominal)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron un total de 78 votos a favor y cero en contra.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley General de Salud, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.
Pido a las señoras Senadores y Senadores que no nos retiremos del recinto en virtud de que llevaremos a cabo una votación más en este instante, sería la última votación, les pido por favor que permanezcamos.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.
Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.
Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.
(Se recoge la votación nominal)
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron un total de 77 votos a favor y cero en contra.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez cumplido el proceso legislativo previsto en el mismo, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 de constitucional.
Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite legislativo.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por el Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, el dictamen está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Queda de primera lectura el dictamen del cual hemos hecho mención.
Daremos turno a la iniciativa que suscriben los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Gabriela Cuevas Barrón, Omar Fayad Meneses, Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19, 29 y 73 fracción XXI constitucional.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones de la sociedad civil y de personas que la suscriben.
La relación de los nombres de los firmantes, viene señalada como Anexo 1 del proyecto de Decreto. Se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con la rectificación y ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión del día de hoy.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta.
Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras, que se presentara el 24 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte; de Asuntos Fronterizos Sur; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Y a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 11 de noviembre de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos descritos por la Secretaría.
Les informo ahora que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán directamente a las comisiones que correspondan.
Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el próximo martes 21 de abril a las 11:00 horas.
(Se levantó la sesión a las 16:03 horas)
