SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 3 DE MARZO DE 2015.
PRESIDENCIA DEL SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 93 ciudadanas y ciudadanos Senadores.
En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del martes 3 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.
El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo levantando la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo levantando la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Honorable Asamblea: A partir de las licencias que el Senado autorizó a la Senadora Arely Gómez González y al Senador Francisco Domínguez Servién, esta Mesa Directiva convocó a las ciudadanas María Hilaria Domínguez Arvizu y Sonia Rocha Acosta, quienes se encuentran en el salón contiguo.
Por esta razón, solicito a las y los Senadores Margarita Flores Sánchez, Marcela Torres Peimbert, Ana Gabriel Guevara, Manuel Cota Jiménez y a Diva Hadamira Gastélum, las inviten a pasar a este salón de sesiones y las acompañen durante el acto de su protesta.
(La comisión cumple)
Esta Presidencia saluda a estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis, del estado de Sinaloa, invitados por el Senador Aarón Irízar López. Bienvenidas y bienvenidos.
(Aplausos)
También saludamos a las y los alumnos de la preparatoria Simón Bolívar, del municipio de Atlixco, en Puebla, invitados por el Senador Miguel Barbosa Huerta. Bienvenidos, en su nombre.
(Aplausos)
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se solicita a las y los presentes ponerse de pie.
(Todos de pie)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Les pedimos atender la sesión, si son tan amables, señores Senadores.
Ciudadanas María Hilaria Domínguez Arvizu y Sonia Rocha Acosta: “¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadoras de la República que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”
La CC. María Hilaria Domínguez Arvizu y Sonia Rocha Acosta: ¡Sí protesto!
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande.
¡Felicidades, señoras Senadoras!
Les solicito pasen a ocupar el escaño que les ha sido asignado, a fin de que se incorporen inmediatamente a nuestros trabajos.
(Aplausos)
Esta Presidencia saluda, también, a los familiares y amigos de las Senadoras María Hilaria Domínguez Arvizu y Sonia Rocha Acosta. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
(Aplausos)
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se recibió una comunicación de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite los informes de sus participaciones en:
La Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, celebrada los días 13 y 14 de febrero de 2014, en Nuevo Vallarta, Nayarit.
El Seminario de la Unión Interparlamentaria sobre el Tratado de Comercio de Armas, realizado de 3 al 5 de noviembre de 2014, en Londres, Inglaterra.
La Mesa Redonda Panamericana Parlamentaria, paralela a la Tercera Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, organizada por la Unión Interparlamentaria, Parlamentarios por la no Proliferación Nuclear y el Desarme y el Parlamento Austriaco, que se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2014, en Viena, Austria.
Se recibió también una comunicación de la Comisión de Protección Civil, con la que remite su segundo informe de actividades y su plan de trabajo para el tercer año de ejercicio de LXII Legislatura.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Compañeras y compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que el pasado viernes 27 de febrero, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que informa que el Presidente de la República designó a la ciudadana Arely Gómez González, como Procuradora General de la República, y solicita someter a la aprobación del Senado la ratificación del nombramiento correspondiente.
El expediente de ese asunto se turnó directamente, ese mismo día, a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictamen correspondiente, como lo permite el artículo 176 del Reglamento del Senado.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con nombramiento expedido a favor de la ciudadana María de los Ángeles Arriola Aguirre, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Ghana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Gambia, Liberia y Sierra Leona.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-diciembre de 2014.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de enero de 2015; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2015.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos.
Informo a la Asamblea que también el pasado viernes 27 de febrero, recibimos de la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Este proyecto se turnó de forma directa, ese mismo día, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, como lo permite el artículo 176 del Reglamento del Senado.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: La Cámara de Diputados devolvió los expedientes de los asuntos que ahora describiré, desechados para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional:
El proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Turismo, que fuera aprobado en el Senado el 4 de noviembre de 2014.
El proyecto de Decreto para reformar y adicionar un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, que se aprobó en el Senado el 4 de diciembre del año pasado.
Y el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Turismo, que se aprobara en la Cámara de Senadores también el 4 de diciembre pasado.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Túrnense dichos expedientes a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: También de la Colegisladora, se recibió un oficio por el que informa la elección del Diputado Sergio Augusto Chan Lugo como Secretario de la Mesa Directiva, para cumplir el periodo comprendido del 26 de febrero del año en curso y hasta la conclusión del tercer año de ejercicio de la actual Legislatura.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.
En el apartado de iniciativas, tiene la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.
Me permito presentar ante ustedes la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
En virtud de que nuestra sociedad está cambiando en sus formas, en sus familias, es importante que también las leyes sean adecuadas a estas nuevas realidades.
La totalidad de las tareas que se realizan sobre el cuidado de las hijas y los hijos desde el momento en que nacen pueden y deben ser llevadas a cabo por ambos padres.
Los roles tradicionales se han modificado, ya no es posible identificar sólo a los hombres como proveedores exclusivos y a las mujeres como responsables únicas de las tareas domésticas. Las mujeres se han incorporado paulatinamente al mercado laboral por los niveles educativos alcanzados, y porque un solo salario resulta insuficiente para cubrir las necesidades de las familias.
La dinámica poblacional habla de la existencia de más de 70% de hogares nucleares que se han desplazado a la tradicional familia extensa, en la que varias mujeres compartían las responsabilidades domésticas, incluyendo el cuidado de las y los niños. Hoy mujeres y hombres deben ser cada vez más conscientes de que si ambos son proveedores económicos, de igual forma ambos deben asumir la corresponsabilidad del ámbito y las tareas domésticas.
Otro fenómeno que incide en la transformación del entorno doméstico es que los hombres hoy están viviendo la reconfiguración del contenido y rol de género relativo a la masculinidad, no sin resistencias. Están en proceso de cambio los estereotipos que habían modelado un tipo de hombre alejado del ámbito privado, que eludía las responsabilidades domésticas y que se asumía ajeno al mundo de los afectos y a los cuidados de las y los otros.
Los nuevos modelos de masculinidad transforman el papel del hombre como pareja y la vivencia de su paternidad. Afortunadamente, una parte de los hombres hoy está reclamando su derecho al mundo de los afectos, de los cuidados, de lo doméstico; quieren vivir una masculinidad y también una paternidad de otra forma, lejos de un modelo de padre proveedor único, ausente, lejano o incluso violento.
Muchos hombres no desean ser ajenos al proceso de embarazo, parto y cuidados de hijas e hijos. Es así como la paternidad como función social se está resignificando.
Como legisladores sabemos que estos cambios culturales deben ser acompañados y acelerados desde la ley. Hemos avanzado sin duda.
Con las importantes modificaciones en nuestra Constitución, vivimos y entendemos mejor los derechos humanos, ello ha permitido progresar, como nunca, en materias relativas a la igualdad de género y a los derechos de la niñez, ambos aspectos pilares de la iniciativa que presento.
No solamente estoy hablando de un derecho del hombre trabajador, sino también el derecho de la niñez, el derecho de las hijas y los hijos, a tener ambos padres en los momentos más cruciales del nacimiento y el desarrollo de su personalidad, por supuesto, del cuidado de su salud; pero también el derecho que tienen muchas mujeres a que puedan también ser acompañadas, respaldadas y que haya esa conciliación entre la vida pública y privada.
En materia de igualdad de género, diversos ordenamientos, tanto en el plano internacional como nacional, han destacado la necesidad de impulsar medidas para igualar la presencia y responsabilidad de mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluyendo el doméstico, como la CEDAW, como la OIT, en donde ahí se habla de conceptos relevantes, como de corresponsabilidad y conciliación.
La Convención sobre los Derechos de los Niños también mandata reconocer el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño y la niña.
En el caso de México, es muy reciente la reforma laboral que permitió incluir que se incluyera el derecho, negado históricamente para los hombres, del disfrute y la responsabilidad de la paternidad en los primeros días de nacidos. Y es así que en el 2012, se incluyó en la ley un permiso de paternidad de 5 días para el hombre trabajador por el nacimiento de sus hijos, incluyendo en los casos de adopción, con el fin de que se responsabilice y se compartan las tareas y cuidados de las y los hijos.
La licencia de paternidad consiste, a diferencia de un permiso, en un periodo de tiempo que se concede al hombre trabajador a partir del nacimiento de su hija o hijo para atender a esa recién o recién nacido, y que también lo refiere la Organización Internacional del Trabajo.
Varios son los propósitos que de manera simultánea pueden cumplir este derecho, como son: que se consolida la igualdad de género, se abandona ya la única visión de que las responsables son las mujeres, entonces se habla de corresponsabilidad familiar, fortalece a la familia y constituye un modelo diferente de paternidad, pero sobre todo a la niñez.
De acuerdo con la OIT, 78 países contemplan la licencia de paternidad en su legislación: 21% otorgan menos de una semana; 15% entre 7 y 10 días; 8% otorgan de 11 a 15 días. Además 5 países conceden licencias más amplias, como son: Finlandia, 54 días laborables; Islandia y Eslovenia con 90 días consecutivos; Lituania, 30 días; Portugal, 20 días.
Entre los países que integran la OCDE, el 44% otorgan 10 días o más con este permiso de paternidad.
En México existen experiencias anteriores a la reforma laboral del 2012, algunas instituciones públicas, del sector académico e incluso instituciones también privadas, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el INMUJERES, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Secretaría de Desarrollo Social.
Las licencias de paternidad deben de acompañar las licencias de maternidad para que estas tengan también carácter obligatorio. La Organización Internacional del Trabajo explica que cuando las licencias son exclusivamente otorgadas a la trabajadora, sin considerar a los padres, resultan desiguales, por eso fomentar y promover los estereotipos acerca de que las mujeres son las únicas responsables de lo doméstico está reproduciendo las desigualdades y las injusticias, y propician que sigan existiendo las discriminaciones laborales hacia las mujeres, para el acceso, ascenso, permanencia.
A pesar de que no existen, por parte de organismos internacionales, las experiencias tanto locales como en otros países, es que los lapsos de tiempo concebidos tienden a incrementarse.
Esta reforma se orienta a que los padres se den cuenta que cuidar hijas e hijos no solo es un deber, sino es un derecho, y para muchos, espero, también un placer.
Por todo lo anterior, someto a su consideración, y espero contar con el amplio apoyo de mis compañeras Senadoras, especialmente, y también de mis compañeros Senadores, la iniciativa mediante la que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132, y se adiciona el Título Quinto Ter y el artículo 180 Bis de la Ley Federal del Trabajo, en la que se establece que a partir del nacimiento, o en su caso Decreto de custodia provisional o definitiva del menor en adopción, se otorgue al trabajador licencia de paternidad obligatoria de 15 días laborales, y esto significa con goce de sueldo íntegro; y hasta 15 días laborales adicionales a petición del trabajador sin goce de sueldo, que puedan ser utilizados dentro de los tres meses siguientes, todo ello sin afectar antigüedad, puesto ocupado y otros derechos del trabajador.
La iniciativa regula la forma en que se hará efectiva, así como los casos especiales en los que se prevé una extensión hasta de cinco días no acumulables, en casos de parto múltiple, cuando esté también en riesgo la vida de la o del recién nacido o la madre, así como los casos que esperamos sean cada vez más excepcionales en los que ella llegue a fallecer.
En suma, esta iniciativa se orienta a fortalecer un modelo de paternidad responsable, y como parte integral del concepto de ciudadanía, se trata de construir una paternidad voluntaria afectiva, responsable, respetuosa de los derechos de la niñez y de las relaciones cada vez más simétricas que debe haber entre las parejas.
Por su atención y respaldo, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame, Senadora. Senadora Lisbeth Hernández.
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Solicitarle a la Senadora Lucero Saldaña si me permite adherirme a su iniciativa y felicitarla por el tema.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Senadora Lorena Hernández.
Senadora Lorena Cuéllar.
La Senadora Lorena Cuellar Cisneros: (Desde su escaño) De la misma manera, si me permite sumarme.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se acepta. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Becas.
Adelante, Senador.
El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, compañero Presidente.
Vengo a esta tribuna, a nombre propio y del Senador Benjamín Robles, a presentar esta iniciativa.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:
Una gran catástrofe de nuestro país son las inmensas brechas de desigualdad que son causa y origen de muchos de nuestros grandes males nacionales.
Lamentablemente, el Sistema Educativo Nacional que tenemos tiende a perpetuar la desigualdad en vez de contribuir a combatirla.
Hoy las oportunidades de acceso y permanencia en la educación están prácticamente canceladas si se es pobre, si se es indígena, e incluso si es niña o adolescente en una comunidad o en una colonia de la periferia de cualquier ciudad.
La educación es por excelencia el instrumento de los pueblos para cambiar su realidad, para elevar sus condiciones de vida, es condición para que exista una sociedad más libre, para que exista una sociedad más justa.
Hoy el país está pagando un precio demasiado alto por no asumir en serio el compromiso con el derecho a la educación, una de las conquistas históricas más importantes del pueblo mexicano, un derecho que es universal, pero solo en el papel o en los discursos oficiales, porque la realidad contrasta de manera dramática.
Para que se cumpla el derecho a la educación se requieren cambios de fondo, uno de ellos es que es inaplazable emprender una reforma profunda y auténtica del Sistema Educativo Nacional, una reforma humanista, democrática, que sea incluyente y respetuosa de los derechos de todas y de todos.
México destina tan solo una tercer parte del total del presupuesto por alumno que destinan los países desarrollados. Habría que invertir mucho más porque no hay asunto más crucial para el futuro.
Hay que cambiar las políticas educativas, entre otras cosas, para hacernos cargo de esa tragedia que implica que millones de niñas y de niños, adolescentes y jóvenes mexicanos se vean forzados a abandonar los estudios para ser condenados a un futuro de exclusión y de miseria.
Debemos ser sensibles ante la frustración de quienes no pueden continuar sus estudios porque no tienen recursos para útiles escolares, para el pasaje o para la comida. Debemos entender que, a todos ellos, el Estado mexicano les ha dado la espalda, que no es culpa de las familias, sino de un modelo económico que es profundamente injusto, que desprecia los valores humanos y que se olvida de la justicia social.
Alcanzar niveles medios o altos de educación hoy es privilegio de unos cuantos. Más del 60 por ciento de nuestros adolescentes no concluyen el bachillerato, año con año tenemos decenas de excluidos de las universidades públicas.
De cada cien niños que ingresan a la primaria solo 21 egresan de la universidad. El Estado mexicano tiene obligaciones irrenunciables que derivan de la Constitución y de los Tratados Internacionales.
Hay un deber constitucional ineludible, que es garantizar la igualdad en el acceso a la educación, y para ello debemos remover cualquier obstáculo de naturaleza socioeconómica que dificulte o impida el ejercicio de este derecho fundamental.
En México son ya muchas generaciones las que se han sacrificado, a quienes se les ha dicho que habrá crecimiento, que habrá más recursos, y entonces sí podrán estudiar y aspirar a mejores condiciones.
Los recursos para invertir en becas crecen, pero son insuficientes porque el destino nos alcanzó, el país sigue estancando los beneficios y nunca llegan, hay miles y miles de nuestros jóvenes arriesgando la vida en el extranjero, porque vieron canceladas las esperanzas de salir adelante en sus comunidades, en su patria.
Sabemos que existen causas y factores estructurales que deben ser atendidos, pero un principio básico, que el Senado debe asumir como una decisión histórica, es que ninguna persona más quede excluida del Sistema Educativo por razones socioeconómicas, ello es perfectamente posible, con voluntad política, con responsabilidad y, sobre todo, con un compromiso profundo con los más pobres, con los oprimidos, con aquellos a quienes las instituciones les hemos fallado.
Está demostrado que el factor económico sí es una causa determinante en México para la deserción y el abandono escolar. Por ello las becas son un instrumento esencial para hacer realidad el derecho universal a la educación, que es una conquista histórica cancelada en los hechos por visiones conservadoras, no por falta de recursos.
La Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de su propuesta de reforma al Sistema Educativo Nacional, ha resaltado la necesidad de crear un verdadero Sistema Nacional de Becas Educativas, desde el nivel básico hasta el superior. Dicha propuesta ilustra y sirve como marco de referencia a esta presente iniciativa.
Este sistema es indispensable para disminuir la deserción escolar, mejorar la permanencia y favorecer la eficiencia terminal de los alumnos. Una propuesta de avanzada, progresista y con enorme sentido humano, con ello podemos rescatar el futuro, porque no bastan los programas selectivos que consideran a los más pobres, pero no atacan el problema de raíz, que es la desigualdad.
La oferta de hoy es insuficiente frente a las grandes necesidades y desafíos que enfrenta el país en materia educativa, también hay resultados decepcionantes, deficientes, en el diseño de los programas, desarticulación.
Los becarios viven siempre en la incertidumbre, porque las becas se consideran dádivas y no un derecho de los alumnos, que no debe estar sujeto a condicionamiento alguno. Eso es uno de tantos aspectos que deben cambiar.
Es así que proponemos crear el Sistema Nacional de Becas que permitiría alinear y ordenar todos los esfuerzos del Estado mexicano para remontar los rezagos y reducir las desigualdades en el acceso y permanencia dentro del sistema educativo.
Es posible articular los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, de las diversas instituciones educativas y de la sociedad, para establecer una política con visión de largo plazo que incremente de manera sostenida el número de becas hasta alcanzar la cobertura universal en las escuelas públicas, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria escolarizada, de educación especial e indígena.
La constitución y operación del sistema favorecería el establecimiento de mecanismos más eficientes, de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito federal y local.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha demostrado que es posible aplicar una estrategia gradual para incrementar de manera firme y sostenida la cobertura de los programas de becas educativas en todos los niveles educativos, teniendo como meta alcanzar la cobertura universal en la matrícula educativa registrada en escuelas públicas en un lapso de diez años.
Solamente con el subsidio a la educación privada, que hoy se otorga, alcanzaría para cumplir con este objetivo, hay que rectificar el camino, compañeras y compañeros, hay que pensar en grande y apuntalar un país con justicia, con dignidad y oportunidades de educación garantizadas para todas y para todos.
Ese México está muy cerca o muy lejos, depende de nosotros.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de Decreto que reforma el artículo 185 de la Ley General de Salud.
Adelante, estimado Senador.
El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Muy buenos días, compañeras Senadoras, compañeros Senadores.
Los jóvenes no sólo son parte del futuro del país, son todo el futuro de nuestra Nación, y en algún momento, en sus manos recaerá la responsabilidad de mejorarla de manera pacífica, progresiva y para bien.
Sin embargo, para conseguirlo deberán ser generaciones sanas y lograr mejorar las condiciones que ahora nuestra generación pretende heredarles.
No obstante, un factor que afecta lasciva y masivamente a nuestros jóvenes son las adicciones, la más dañina, por tratarse de una droga adictiva, con despreciables consecuencias por sí mismas, y tratarse de una droga de inicio y precursora de otras más graves, como lo es el consumo de alcohol.
El alcohol mata a más adolescentes que todas las otras drogas combinadas, es uno de los tres factores principales de causas de muerte entre jóvenes de 15 y 24 años: accidentes, homicidios y suicidios.
Los jóvenes que beben son 7.5 veces más propensos a utilizar otras drogas ilegales y 50 veces más propensos a utilizar cocaína, que los que nunca beben.
Una encuesta demostró que el 32 por ciento de las personas mayores de 12 años que bebían en exceso, también consumían drogas ilegales; además, al menos un 25 por ciento de los mexicanos entre 12 y 60 años de edad, consumen alcohol al grado de incurrir en patrones de grave peligro.
Por ejemplo, prácticamente el 40 por ciento de los crímenes violentos ocurren bajo los efectos del alcohol.
Así, la adicción incontenida y temprana en el alcohol, constituye un factor de decadencia de nuestras futuras generaciones, pero aún si consideramos que es precursora de otras que se pueden agravar sus condiciones.
Por ello, si queremos heredar un mundo mejor a nuestros jóvenes, debemos atender de manera atenuada y acentuada la puerta madre de las adicciones y sus consecuencias, esto es: el alcohol.
Actualmente una prioridad en los programas preventivos lo constituye la fase educativa, en la cual, tanto la legislación en la materia como la relativa a la salud, comprenden programas para la prevención de adicciones.
No obstante, aún no podemos echar campanas al vuelo, debemos acentuar las acciones y no podemos quedarnos en la fase de programa, sino que debe pertenecer a la estructura formativa, educacional de nuestros jóvenes, esto es, que la prevención y educación contra el alcoholismo sean un aparto especial en su formación y en la educación básica.
Tan esto es indispensable que duele, en verdad, enterarse de sucesos noticiosos, como el de la semana pasada, en el que en esencia informó lo siguiente:
“Ciudad de México, 20 de febrero.
Un niño de aproximadamente 6 años llegó a un kinder, en Matamoros, con aparente estado de ebriedad, por lo que de inmediato las autoridades del mismo lo trasladaron al hospital.
El menor había bebido entre 6 y 10 cervezas, por lo que los médicos que lo atendieron lo reportaron con una evidente congestión alcohólica.
Testigos señalan que el menor se desvaneció instantes antes de ingresar al colegio y de ahí que las autoridades del plantel se percataran de que venía en estado de ebriedad.”
Es de tomar en cuenta que la formación y enseñanza de los menores normalmente se da en el hogar y en la escuela, ésta última en la que la autoridad puede incidir de manera mucho más amplia y directa, por lo que precisamente las aulas constituyen un elemento invaluable para fomentar en las nuevas generaciones la cultura de la prevención de adicciones, particularmente la más peligrosa y precursora de otras drogas más dañinas.
Por ello, la propuesta en concreto consiste en una iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue.
“Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:
I. (…)
II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva.
Las Secretarías de Educación y de Salud, deberán coordinarse a efecto de que en los programas de estudio de educación básica, se implementen asignaciones especialmente destinadas a la prevención del consumo de alcohol, bajo la consideración de que se trata de la droga de inicio que permite el acceso a otro tipo de sustancias dañinas para la salud intelectual y física de la juventud mexicana.
Dado en el salón de sesiones del Honorable Senado de la República, al día de la fecha.”
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Jesús Casillas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, compañero Presidente. Compañeras, compañeros Senadores:
Seguramente coincidirán conmigo que la defensa del municipio debe ser una tarea constante y también una tarea impostergable.
Todos los esfuerzos encaminados a fortalecer este nivel de gobierno, inclusive, creo tendrían que ser abanderados y asumidos por todas las fuerzas políticas y por todos los actores políticos de nuestro país, pero lamentablemente esta visión no es compartida por todos.
Tristemente, el municipio en México, compañeras, compañeros, adolece por ser un elemento reducido en el contexto histórico constitucional y legal, y la consecuente debilidad institucional del municipio se enmarca en un sistema federal con tendencias centralizadoras que ha dado al traste con el pleno desarrollo de este nivel de gobierno, lo que sin duda nos sitúa como una nación donde la brecha de desigualdad es alarmante.
En tal sentido, es claro que nuestro marco jurídico no permite hoy en día a los municipios ejercer por sí mismos la soberanía popular y, por lo tanto, están incapacitados para ampliar sus competencias.
El presente proyecto que someto a la consideración de ustedes, pretende, compañeras y compañeros, ser una herramienta normativa que se sume a los múltiples esfuerzos realizados por los que pensamos, hoy en día, que es infranqueable la lucha para fortalecer esta primigenia de gobierno y que es sin lugar a dudas el lugar donde se encuentran aglutinadas las personas que más carecen de oportunidades para alcanzar el mínimo nivel de vida digna.
Así pues, compañeras y compañeros, nuestra regulación reconoce hoy en día al municipio como la base de la organización política y administrativa de todas las entidades que conforman la Federación, empero, las limitaciones jurídicas han dejado, reitero, al municipio mexicano en una especie de rezago institucional, lo que ha puesto en tela de juicio su jerarquía natural, su jerarquía política, social y económica frente a otros niveles de gobierno.
De esta forma, insisto, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental proponer mecanismos jurisdiccionales que permitan garantizar a los municipios su autonomía fiscal.
Si logramos dotar al municipio de los medios jurisdiccionales, no sólo abonaremos en la tutela efectiva de sus atributos, de sus facultades y derechos en materia de coordinación fiscal, sino que también estaremos dando un paso firme en aras del fortalecimiento del federalismo en nuestro país.
La responsabilidad, compañeras y compañeros, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es clara en cuanto a resolver las controversias entre los municipios y los demás órdenes de gobierno, mediante la controversia constitucional, convirtiéndose así en una especie de tribunal constitucional.
Y la propuesta fundamental de nuestra iniciativa está centrada en la oportunidad constitucional y en la oportunidad legal de los municipios para acudir precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a buscar la regularidad jurídica de la nación y la garantía de su autonomía fiscal en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.
De esta manera, el párrafo tercero del artículo 10-B de la Ley de Coordinación Fiscal, como lo expresaba al inicio el Senador Presidente, que es el que estamos proponiendo su modificación, estipula la inconformidad de cualquier entidad federativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la declaratoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que realice acerca de la violación en la suspensión de cobro de ciertos derechos.
En este orden de ideas, nuestra proposición, compañeras y compañeros, se concentra en contemplar en dicho texto, y para el mismo caso también, al municipio.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta Soberanía el presente proyecto de Decreto, que he de agradecerle al Senador Presidente me obsequie para que, hoy aparece en la Gaceta Oficial, aparezca también de manera íntegra en el Diario de los Debates, para mayor revisión de las Senadoras y de los Senadores aquí presentes.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Benjamín Robles. Se inscribe de manera íntegra en el Diario de los Debates, como usted lo ha solicitado, y se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional.
La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.
El día de hoy acudo a esta tribuna para hablar por aquellas personas que son víctimas de la violencia, y hay quien, ni siquiera nuestra Constitución, considera una terminología básica.
Y son las miles de personas, miles de familias que se encuentran en una situación de desplazamiento interno forzoso.
Son aquellas familias que se quedan en nuestro país, pero que dejan sus hogares, que dejan sus comunidades porque se ven amenazados por desastres naturales o por la violencia.
Y bajo este supuesto se encuentran muchos de los estados de nuestro país.
A veces pensamos que los saldos de la violencia son las muertes, es la migración, son las personas que se encuentran desaparecidas y que claramente han sido víctimas de un proceso de violencia en nuestro país.
Pero parece que los grandes fantasmas en nuestra legislación, en las políticas públicas e incluso en nuestra narrativa, en cómo nombrarlos, son aquellas personas que son internamente desplazadas y de manera forzosa a nuestro país.
¿A qué se refiere ser una persona internamente desplazada?
Se refiere, primero, a que hay una causa forzosa que está motivando este desplazamiento, es decir, a que no viene derivada de la voluntad o de la decisión de las personas.
Y en segundo lugar, a que se mueven estas personas o estas familias dentro del territorio nacional, es decir, que no han decidido emigrar hacia los Estados Unidos o a algún otro país buscando ser refugiados.
En México tenemos mucho miedo de hablar de personas internamente desplazadas o de desplazamientos forzosos; y hay miedo porque en muchos casos este término se asocia a situaciones de guerra o de conflictos armados dentro de un país.
La realidad es que sí tenemos conflictos que han alcanzado tal nivel de violencia que son equiparables a aquellos países que presentan un conflicto armado, un conflicto bélico al interior de sus fronteras.
Y en esta situación se encuentran, según algunos estudios, entre 170 mil y 250 mil personas en nuestro país.
Es un tema que afecta a distintos estados, principalmente a aquellos que han sido agobiados por desastres naturales o que viven los estragos de la violencia.
Una persona o una familia internamente y forzosamente desplazada está en un extremo grado de vulnerabilidad.
Como ni siquiera está legislado a nivel nacional, lo tienen únicamente legislado 2 de nuestras 32 entidades, pues no se sabe a dónde puedan acudir, no hay un pleno reconocimiento de esta situación y mucho menos existe un plan de atención para ellos.
Se vuelve muy importante atender esta problemática. Hablar de estas cifras de entre 170 mil y 250 mil personas es meramente una aproximación, porque como ni siquiera tenemos la existencia del concepto en nuestra legislación nacional, tampoco hay mediciones, tampoco hay claridad de quiénes están en estas circunstancias.
Hoy, compañeras y compañeros, presento esta iniciativa para modificar nuestra Constitución y para autorizar, para permitirnos como Congreso de la Unión generar una ley general en esta materia, que nos permita hacer de este problema un problema visible; que podamos medir, y muy importante, que podamos atender y también castigar a quienes están forzando a estas familias a dejar sus comunidades, sus hogares, sus escuelas.
Esta iniciativa puede permitirnos hacer una legislación que atienda lo mucho que se ha destruido el tejido social en nuestro país. Si realmente está en el interés de todos volver a unificar a México, tenemos que empezar por aceptar la realidad, la realidad se ha impuesto a los ojos de todos, aunque se quiera ocultar, ahí está la realidad y aparece de una u otra forma.
Hoy ya vamos atrasados en atender esta problemática, no nos atrasemos ni un día más; ojalá, compañeras y compañeros, podamos sumar voluntades para hacer de esta legislación, un paso importante por estas más de 250 mil personas.
Es cuanto.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas.
Senadora Angélica de la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Por favor, le quiero consultar, si me permite, a la Senadora Gabriela Cuevas, sumarme a su iniciativa.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Lo ha aceptado.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.
En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes:
Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá.
Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Debido a que se encuentran publicados en la gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y el artículo 73 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para actualizar el marco normativo a fin de integrar a la Secretaría de Desarrollo Social en políticas para la juventud.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión. En virtud de no haber oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por cinto minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
(Se recoge la votación electrónica)
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema de votación, se emitieron 83 votos a favor y cero en contra.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Queda aprobado el proyecto de Decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 3 Bis y 9, fracción XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y el artículo 73, primer párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Pasamos ahora a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para fortalecer la coordinación interinstitucional de acciones dirigidas a la atención a los jóvenes.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación
(Se recoge la votación nominal)
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 71 votos a favor y cero en contra.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Tenemos ahora la discusión de 3 dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora.
Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día, en consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.
Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.
Están a discusión los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos:
El relativo al proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, recibido en el Senado el 21 de abril de 2014.
Y otro sobre proyecto de Decreto que reformaba la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, recibido el 12 de febrero de 2014.
Tenemos también el dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, recibido el 23 de septiembre de 2013.
Son todos los dictámenes, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, están a discusión. Por no haber reservas de dictámenes, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación nominal de los 3 dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto remitidos por la Cámara de Diputados.
(Se recoge la votación nominal)
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 76 votos a favor y cero en contra.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, quedan desechados los siguientes proyectos de Decreto.
El que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
El que reformaba la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura, Física y Deporte.
Y el que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.
Tenemos ahora la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, que contienen puntos de Acuerdo.
Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos de cada uno.
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al primer dictamen.
Único.- El H. Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar a esta Soberanía sobre los programas y acciones que está ejecutando en la Península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas; y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que fortalezca las medidas implementadas para preservar y fortalecer la cultura maya.
Doy lectura a los resolutivos del segundo dictamen.
Único.- El H. Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que en las Reglas de Operación de alguna de las modalidades del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras aprobadas para el ejercicio fiscal 2015, se considere implementar estancias infantiles en los campos agrícolas, en apoyo a las madres trabajadoras indígenas; y se incluya entre sus prestadores de servicios, a personas que hablen las lenguas indígenas que predominen en esas comunidades.
Doy lectura a los resolutivos del tercer dictamen.
Único.- EL H. Senado de la República exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a que, observando las recomendaciones de su Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas, considere el número de comunidades indígenas y la población indígena infantil delos Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla; y en el desarrollo de sus actividades, haga posible, con pertinencia, la igualdad de oportunidades para que accedan al sistema educativo nacional.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, están a discusión.
Tiene el uso de la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar los dictámenes.
El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:
La Comisión de Asuntos Indígenas pone a su consideración tres proyectos de dictamen, que aprobamos en nuestra última reunión ordinaria.
En ellos se refleja el interés que compartimos con ustedes, por generar, a través de puntos de Acuerdo dirigidos a dependencias y entidades, mayor atención y mejores condiciones de servicios para combatir la pobreza en la que viven los pueblos indígenas y sus comunidades.
Primer proyecto. Se emite en virtud de la proposición presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del estado de Quintana Roo. Se sustenta en la innegable afirmación que la cultura maya conlleva una historia representativa del México prehispánico, cuyas expresiones y riqueza se han difundido en todo el mundo.
Su importancia, desde diversos puntos de vista, señaló la Senadora Beristain, hacen necesaria una estrategia para incrementar la promoción turística y la preservación de esta cultura.
La comisión coincidió con la proponente, pues la cultura maya tiene un reconocimiento internacional tanto por la profundidad de sus conocimientos y su contenido antropológico, como por su atractivo turístico, incluso recordarán que a fines del año pasado, a propuesta del Senador Fernando Mayans, se aprobó el proyecto de Decreto que declara el 21 de diciembre de cada año como “Día Nacional de la Cultura Maya”.
Considerando estos planteamientos, el proyecto de dictamen que se somete a su consideración exhorta a la CDI para que informe sobre los programas y acciones que se están ejecutando en la Península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas; y además exhorta a la CONACULTA a que fortalezca las medidas implementadas para preservar y fortalecer la cultura maya.
El segundo proyecto, la proposición que me permití presentar y que dio pauta al proyecto, hace referencia al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, corresponde al presente año y es operado por SEDESOL.
Se propone que esta Secretaría considere implementar estancias infantiles en los campos agrícolas para apoyar a las madres trabajadoras indígenas, y que se incluya entre las personas que presten servicios, a las que hablen las lenguas indígenas que predominen en esas comunidades.
Es preocupante la cuestión laboral en las comunidades rurales indígenas donde ha aumentado el número de mujeres jornaleras en los últimos años. Se calcula que el total de población jornalera agrícola es del 42.6%, y ellas son mujeres, y de cada 100 jornaleras migrantes; 77% tienen menos de 29 años; 28% no saben leer ni escribir; y 40% pertenece a un grupo étnico.
El trabajo que realizan las mujeres en los campos agrícolas es muy variado y también se desempeñan en cada una de las fases de la cadena productiva. Algunas actividades, como la selección y el empaque, se efectúan con 80%, y en ocasión hasta el 100% de majo de obra femenina.
Se expone, además, que las trabajadoras agrícolas, las niñas y niños, quienes enfrentan una situación aún más difícil, ya que en principio las mujeres llevan el quehacer doméstico, que por nuestros patrones de cultura machista se les asigna, y el del campo, siendo ellas quienes realizan las labores pesadas, como la pizca, sólo por poner un ejemplo.
Además, no cuentan con incapacidad por gravidez ni con servicios médicos durante el embarazo, viéndose forzadas a trabajar hasta el último día de la gestión y regresar al trabajo inmediatamente después del parto. Esto es lo que están sufriendo hoy las mujeres campesinas, y es por ello esta demanda.
En el campo no hay incapacidades de 45 días.
Las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles las define como un espacio dedicado al cuidado y atención infantil, operado por una persona que funge como responsable. Esta persona se encuentra capacitada por el DIF Nacional y la SEDESOL, cada instancia infantil afiliada a la red cuenta con asistentes de acuerdo al número de niñas y niños que se atienden, este programa tiene diversas modalidades, por ejemplo, la que se destina para el apoyo a madres trabajadoras y padres solos.
Se propone que el Senado exhorte a SEDESOL para que en las reglas de operación de algunas de las modalidades de este Programa de Estancias Infantiles se considere implementar estancias infantiles en los campos agrícolas, donde hoy el abandono es total, principalmente hacia las madres trabajadoras de los pueblos originarios, y de una manera especial se incluya entre los prestadores de servicios, lógicamente, a las personas que hablen las lenguas indígenas que predominan en esas comunidades.
El tercer proyecto, este es el último proyecto donde el Senado exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, a fin de que haga posible la igualdad de oportunidades para que más comunidades indígenas y su población infantil de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla, accedan al Sistema Educativo Nacional.
Sabemos todos aquí que CONAFE es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo objeto es allegarse de recursos económicos y técnicos para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país.
Uno de sus proyectos, el denominado Plan de Pueblos Indígenas, se destina a la reducción de la desigualdad de las oportunidades educativas, contempla tres estrategias: Fortalecimiento comunitario, asesoría pedagógica y educación inicial.
Fortalecimiento Comunitario para la Educación es una estrategia orientada a incrementar la participación de los padres de familia en asuntos de la escuela, en el trabajo del docente y en el aprovechamiento escolar de sus hijos.
La asesoría pedagógica itinerante consiste en una intervención pedagógica orientada a mejorar el aprendizaje de las niñas y niños en situación de rezago escolar de las escuelas rurales comunitarias de primaria del CONAFE.
La estrategia de educación inicial se dirige a brindar orientación y apoyo a mujeres embarazadas, padres de familia y personas que participan en el cuidado y la crianza de niñas, niños menores de 4 años de edad en comunidades rurales e indígenas con alta marginación.
Las dos primeras estrategias, de fortalecimiento comunitario y de asesoría pedagógica itinerante, tienen como población objetivo la que habita en los 405 municipios incorporados en el Programa de Cruzada Nacional contra el Hambre.
En este sentido, la comisión advirtió en un comparativo de números de localidades indígenas por entidad federativa los siguientes datos: tiene 6 mil 677 localidades indígenas que corresponden a un 25.4%, esto es Chiapas; Guerrero tiene 2 mil 596 localidades y equivale a un 9.9%; Oaxaca 2 mil 700 localidades, que equivale al 10.3%; Veracruz 2 mil 810.7; el Estado de México mil 200, que es un 4.6%; y Puebla 617, equivalente al 2.3%.
Si consideramos que la totalidad de localidades indígenas es de 26 mil, la suma de localidades de estas 6 entidades corresponde a 16 mil 400 localidades indígenas que representan un porcentaje de 63.2% del total en el país.
Por otra parte, si atendemos el número de municipios focalizados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, se aprecia lo siguiente: Chiapas 55, Guerrero 51, Estado de México 32, Oaxaca 133, Puebla 14, Veracruz 33, hace un total de 318 en relación a los 405 municipios.
Por ello, la comisión decidió hacer un extensivo planteamiento y propone que el Senado exhorte al CONAFE, a fin de que siga las recomendaciones de su proyecto para la reducción de la desigualdad de las oportunidades educativas, y en este sentido, considere el número de comunidades indígenas y la población indígena infantil de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla, y en el desarrollo de sus actividades haga posible, con pertinencia, la igualdad de oportunidades para que accedan al Sistema Educativo Nacional.
Compañeras, compañeros: El contenido íntegro de los dictámenes está a su disposición en la Gaceta y en sus tableros, fueron aprobados por unanimidad de quienes integramos la Comisión de Asuntos Indígenas, buscar como miembros de este cuerpo colegiado, pero nos inspira coadyuvar el mejorar las condiciones de vida, educación y trabajo de las poblaciones indígenas de México.
Confiamos en su apoyo y en el voto aprobatorio del Pleno.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Pérez Magaña.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse también a los tres dictámenes.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:
Vengo hoy a argumentar en los tres puntos de Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas: Uno, que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Social, como ya oyeron, para la instrumentación de un Programa de Instancias Infantiles; otro, que tiene que ver con el CONAFE para que considere a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla, y desarrollen mecanismos que hagan posible la igualdad de oportunidades; y un tercero, dirigido a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que informe sobre los programas y acciones que realiza en la Península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, y también al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que incremente las medidas diseñadas para preservar y fortalecer la cultura maya.
En la medición de la pobreza que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que conocemos como el CONEVAL, informa que el 93.9 por ciento, más de 9 de cada 10 indígenas del país, tiene carencias en al menos uno de los seis derechos sociales que se evalúan: Alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad social y servicios básicos.
El 70.9 por ciento tenía al menos una carencia y son pobres por ingreso, es decir, su ingreso no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas y el 64.2 tiene tres carencias o más, es decir, viven en situación considerada de pobreza extrema.
Hay otras cifras que ilustran la desigualdad de nuestros pueblos indígenas, el índice de analfabetismo en la población hablante de una lengua indígena es de 27 por ciento, casi cinco veces y media más que el de la población hispanohablante.
Dos de cada tres niños de entre 6 y 14 años de edad que no están en la escuela, son indígenas. De los indígenas que tuvieron la oportunidad de asistir a una escuela, el promedio de escolaridad es de 5.1 años, el resultado es que el 50 por ciento sólo terminó la escuela primaria contra el 6 por ciento de los hispanohablantes.
Ni hablar de los grados escolares superiores, el porcentaje disminuye, aunque no existen datos estadísticos confiables sobre escolaridad superior en población de habla indígena.
Es relevante citar el informe sobre desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas de 2014, en el que reitera la preocupación por la vulnerabilidad de las minorías étnicas que tienen acceso limitado a los sistemas de justicia y a los servicios del Estado.
Según este informe, los pueblos indígenas representan el 5 por ciento de la población mundial, pero en México, de acuerdo al censo más reciente, es un porcentaje mayor, que es del 14.9 por ciento, casi el triple que se considera el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y en efecto, como lo señala el informe, son quien tienen que enfrentarse a mayores obstáculos para ejercer sus derechos o para reclamar la protección de las instituciones del Estado.
Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Jornaleros que la Secretaría de Desarrollo Social realizó en 2009, encontró que había poco más de dos millones 40 mil personas dedicadas a actividades agrícolas por jornal, aunque los datos pueden haber variado, la encuesta señala que el 40 por ciento de los jornaleros eran de origen indígena y que había crecido el número de jornaleros
El 42.5 por ciento de los jornaleros encuestados eran mujeres. Sabemos que el trabajo agrícola se ha feminizado, y podemos inferir que estas cifras han cambiado en los más de cinco años que han transcurrido desde que se realizó la encuesta.
Así pues, las familias crecen en los campamentos anexos a los campos de cultivo, en los que elaboran sus progenitores, no hay servicios médicos, no hay atención a las madres, ni a los recién nacidos, las madres se deben reintegrar en cuanto pueden a la labor de la cosecha, muchas veces con el crío en el rebozo o dejándolo al cuidado de sus hermanos mayores, o de otros niños del grupo laboral, ya que no hay escuela para los niños mayores y adolescentes.
Esta situación nos da una idea de la necesidad de atender a este numeroso contingente de trabajadores, que ya vemos que es casi la mitad hombres y mitad mujeres, y que hay que preocuparnos por los niños y las niñas, que no aparecen en la encuesta, pero que están ahí con grandes necesidades y sin voz.
Por eso la pertinencia del punto de Acuerdo que hoy se presenta y que seguramente van a aprobar ustedes, donde se exhorta, como lo señala en el punto de Acuerdo, que el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, cuenta con un presupuesto de 228 millones 451 mil 533 pesos, destinados al desarrollo integral de los pueblos indígenas.
Entonces, las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles no contemplan a las mujeres jornaleras agrícolas ni a sus hijos, por eso consideramos que debemos exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que incluya en las reglas de operación del programa, la atención a estas familias.
En el segundo punto, se refiere a oportunidades educativas y exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo a que haga posible la igualdad de oportunidades para que niños y jóvenes indígenas accedan al Sistema Educativo Nacional.
Ya ilustramos con las encuestas y con las cifras de la deserción escolar y la gran desigualdad que existe entre población indígena y niños hispanohablantes, por eso el punto de Acuerdo se enfoca a una acción incluyente que se enmarca, son tres asuntos compañeros, así que no me voy a apurar, que se enmarca en el objeto del CONAFE, de atender la educación inicial en las comunidades en las que no existen instalaciones escolares, y que brindar asesoría pedagógica a quienes se encargan de la educación de los menores.
El dictamen de este punto de Acuerdo establece que las necesidades planteadas por el proponente son similares a seis estados de la República: Chipas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Estado de México y Puebla.
Los de mayor número de localidades, como lo explicó aquí el Senador Eviel Pérez Magaña, que de seguro ni oyeron, y por ello la comisión incluyó estos estados en el exhorto.
Y el tercer punto, que se refiere al pueblo maya, a su cultura, a su historia y la obligación del Estado de proteger su herencia cultural, que es patrimonio de todos los mexicanos.
Los mayas de Yucatán son el segundo pueblo indígena de México, en términos numéricos, y son los herederos de una deslumbrante cultura de la América Precolombina, la península ocupa un sitio privilegiado entre las regiones con presencia indígena por su riqueza humana y cultural.
La división política de la región en tres estados no divide la matriz cultural común, antigua y fuertemente arraigada en la población.
La cultura maya se extiende en algunas áreas de Chiapas, y fuera de las fronteras nacionales hacia Centroamérica, constituyendo uno de los núcleos indígenas de mayor peso cualitativo del México contemporáneo.
La lengua maya fue la lengua oficial en el estado, en la segunda mitad del siglo XIX, actualmente es hablada por los nativos peninsulares y por una gran parte de la población mestiza, que la utiliza como elemento de integración en sus relaciones sociales.
En las zonas agrícolas maiceras hay un gran porcentaje de población hablante maya. La cultura maya es una riqueza heredada por las actuales generaciones, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, tiene la obligación de proteger esa riqueza cultura, que es una cultura viva y vigente.
Por eso apoyamos en la Comisión de Asuntos Indígenas la iniciativa de la Senadora Beristain, y reiteramos hoy aquí el apoyo al punto de Acuerdo para proteger la cultura maya.
Es cuanto, compañeros. Muchas gracias por su atención.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Pedraza.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al dictamen sobre estancias infantiles.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Compañeras y compañeros legisladores:
Quiero manifestar mi voto a favor del presente dictamen, puesto que me parece acertado llevar a cabo el presente exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social, para que una parte de los recursos que tiene disponibles los utilice para atender a una de las poblaciones más vulnerables, como son las mujeres jornaleras agrícolas.
Este sector de la población en nuestro país son trabajadoras y trabajadores temporales del campo, que se encargan de la siembra, la cosecha y la recolección.
Muchas mujeres ya no tienen tierra propia, por lo que alquilan su mano de obra para trabajar por temporadas, muchas veces acompañadas de sus familias. Los hijos e hijas de las jornaleras son un grupo especialmente vulnerable.
Las cifras de la UNICEF muestran que un 44 por ciento de los hogares de jornaleros contaban con al menos un niño o una niña trabajador, además un 44 por ciento de las familias jornaleras, en las que está presente el trabajo infantil, son indígenas.
Por eso es importante que podamos enfrentar el reto de incorporar a los hijos e hijas de jornaleros agrícolas a los servicios de educación inicial y asegurar que se mantengan en la escuela hasta complementar el ciclo básico.
Debido a la precariedad en las condiciones de empleo de las mujeres jornaleras, la población de niñas y niños, hijos de indígenas jornaleras, se encuentra en clara desventaja en los logros de salud y educación.
Las mujeres jornaleras viajan con sus hijos e hijas, las niñas y los niños de 8 y 10 años ya participan, desgraciadamente, en la cosecha, ¿y qué pasa con los más pequeños? A los lactantes sus madres los cargan sobre su espalda, y los pequeños de 2 o 3 años se quedan junto a las milpas esperando a sus madres o a sus familiares, esperan por horas en condiciones insalubres que los exponen a la insolación, a la deshidratación y a los más desafortunados escenarios de enfermedades gastrointestinales.
De acuerdo con el Informe del Programa Naciones Unidas para el sobre Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México, del gasto en educación, el 10 por ciento de la población indígena con menor índice de desarrollo humano, recibe la menor proporción, 5.7 por ciento, en contraste, el déficit con mayor índice de desarrollo humano recibe el 11.3 por ciento, es decir, de forma absurda a la población más desfavorecida se le da menos.
Es por ello urgente que se diseñen políticas encaminadas a elevar los niveles de bienestar alrededor de 5 millones de trabajadores jornaleros y sus familias, cuya actividad, siendo de las más productivas, es la peor pagada.
Las condiciones de empleo de la agricultura son sumamente difíciles y precarias, con niveles mínimos o sin ningún tipo de protección en lo referente a estabilidad laboral, remuneraciones o seguridad social.
Es definitivamente acertado el planteamiento de que las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadores se implementen en centros de cuidado infantil en los campos agrícolas, lo anterior porque esta propuesta busque incorporar a los hijos e hijas de jornaleros agrícolas a espacios en donde reciban cuidados apropiados a su edad, en condiciones de seguridad y atendiendo a su diversidad cultural. De esta manera, las próximas generaciones tendrán acceso a mejores niveles de vida y de bienestar.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse también al dictamen sobre Estancias Infantiles
El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.
Quiero felicitar a uno de los proponentes de los dictámenes en discusión, al Senador Eviel, es un punto de Acuerdo que me hubiera gustado se profundizara más en el estudio, en el análisis, porque se trata de un derecho que debió de haberse observado desde hace mucho tiempo: el de los jornaleros.
Todo mundo, en este país, sabe las condiciones en las que se encuentra el campo de México, todo mundo sabe, los propios especialistas consideran que las actividades de recolección, de empaque y otras que se realizan en el campo, llega, en ocasiones, a niveles de explotación, y quienes llevan estas tareas particularmente, en cada uno de los campos agrícolas, es precisamente la mujer, y es una mujer que lleva consigo la responsabilidad de la manutención de dos, tres, cuatro o cinco hijos, y que luego se hace acompañar de ellos para poder desarrollar sus actividades.
Por ello, me parece que obliga a que no lo dejemos solamente en un exhorto, en una invitación a considerar que sean tomadas en cuenta estas mujeres para el establecimiento de una estancia infantil o para que pudieran ser consideradas en un derecho, en un beneficio, que proporciona el propio gobierno federal a través de SEDESOL, me parece que hay necesidad de llevarlo al acompañamiento de nuestra ley laboral para que pueda tener un marco regulatorio obligatorio, para quienes administran o llevan el trabajo en los campos agrícolas.
Las características de la sociedad contemporánea, la dinámica económica y laboral, así como los cambios en la organización y constitución de la familia, han generado nuevas necesidades dentro de la sociedad para su organización y funcionamiento, obligando a dejar prácticas sociales tradicionales, asignando nuevos roles de género y redistribuyendo las funciones al interior de la familia.
Dentro de estos cambios organizacionales de la sociedad, se encuentra la incorporación de la mujer a la actividad económica, situación que ha llevado a las familias a una nueva forma de organización, dentro de la cual se encuentra el cuidado y la atención de las hijas y los hijos durante el tiempo de las jornadas laborales de las madres y de los padres.
Frente a este nuevo escenario y en medio de las nuevas corrientes filosóficas y pedagógicas, es que surgieron las guarderías en Europa a inicios del siglo XIX, mientras que en México fue a mediados del siglo pasado que se constituyeron los primeros centros de atención para niños, conocidos como estancias infantiles o guarderías.
Sin embargo, es hasta el año 2007 cuando el gobierno federal da un impulso importante para la conformación de una red de estancias infantiles en apoyo principalmente a madres trabajadoras, beneficiando a miles de familias, sólo que del 2007 a la fecha han sido excluidas de este beneficio, de estos programas, justamente quienes más lo necesitan, que son las madres de los campos agrícolas.
En los últimos años, este programa ha tenido un incremento considerable de la población infantil que atiende, lo que representa un avance del mismo; sin embargo, independientemente de la dinámica global, también es el reflejo de la situación económica por la que atraviesa nuestro país, ya que para los hogares mexicanos no es suficiente un ingreso para satisfacer las necesidades básicas de todos los integrantes de la familia.
En este sentido, esta dinámica económica que inició en las grandes ciudades se ha ido extendiendo hacia las provincias y pequeñas comunidades de todo el país, situación que ha hecho necesario a exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a considerar dentro del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y ampliar esta oferta a los campos agrícolas en apoyo a las madres indígenas y a las trabajadoras jornaleras.
Está claro que es una necesidad para estas comunidades donde la mujer ahora se ha incorporado en mayor grado en actividades económicas, y por lo tanto, ahí también debe de atenderse, pero también refleja las grandes carestías económicas que priva en todo el país.
Los sectores del campo e indígenas, por tradición, siempre han quedado marginados de los beneficios de muchos programas gubernamentales.
En este sentido exhorta a la SEDESOL a brindar en los campos agrícolas el servicio de estancias infantiles, se debe reconocer como derecho de la mujer indígena, pero sobre todo, el mayor esfuerzo debe estar en que estas estancias brinden sus servicios en la lengua materna de las comunidades.
Lo anterior en virtud de que los niños que son atendidos en estos centros de cuidado están en pleno proceso de conformación de identidad personal y de sentido de pertenencia con sus comunidades, sus costumbres y tradiciones.
Por ello, resulta fundamental mantener y practicar la lengua materna. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social debe atender el llamado que esta Cámara de Senadores hace y considerar en las reglas de operación de alguna de las modalidades del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, aprobado en el ejercicio fiscal de 2015.
Ojalá y que la comisión pudiera intensificar su trabajo, vaya a un ejercicio de reflexión y de evaluación y podamos llevarlo a un marco legal que haga obligatorio este derecho de atención a las madres jornaleras y a las madres indígenas.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Monreal Ávila.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse también al dictamen sobre el Consejo Nacional de Fomento Educativo y las comunidades indígenas.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:
Hablar del tema indígena es hablar de un enorme rezago que tiene este país en materia de pobreza, en materia de violación de derechos fundamentales de estas comunidades originarias de nuestro país.
En 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de la Primera Declaración de la Selva Lacandona, desnuda ante el mundo las condiciones infames en que viven los indígenas de México.
Quiero recordarles solamente el primer párrafo de esta declaración con la intención de que el Senado mexicano reflexione si el ¡ya basta! de las comunidades indígenas chiapanecas puede decirse que ha concluido, o este ¡ya basta! plantea otro tipo de acciones para hacerse escuchar.
“Hoy decimos ¡basta al pueblo de México!, hermanos mexicanos; somos producto de 500 años de lucha, primero contra la esclavitud en la Guerra de Independencia contra España, encabezada por los Insurgentes; después, por evitar ser aturdidos por el expansionismo norteamericano; luego, por promulgar nuestra Constitución y expulsar al imperio francés de nuestros suelos; después la dictadura porfirista nos negó la aplicación de justas Leyes de Reforma, y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.”
Es importante, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, que reflexionemos sobre la primera declaración de la selva lacandona, sobre todo cuando tratamos asuntos que tienen que ver con las comunidades indígenas. Se está planteando un punto de Acuerdo en donde se exhorta al Consejo Nacional de Fomento Educativo para que haga posible la igualdad de oportunidades para acceder al Sistema Educativo Nacional en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla.
Exhortos van, exhortos vienen; discursos van, discursos vienen, pero hay una realidad que es concreta, uno sólo de los aspectos planteados en esta Declaración de la Selva Lacandona, y en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, por supuesto que no se han cumplido.
Acabamos de hacer un recorrido por el estado de Chiapas y vemos que los niños indígenas en lugar de estar en la escuela, efectivamente como lo vino a exponer aquí un Senador, antes de su servidor, van cargando la leña para acercar algo de dinero para la alimentación de la familia.
Están en los cortes de caña desde los cuatro años, esas son las condiciones en que viven los niños indígenas de México, con las condiciones más altas de analfabetismo, con las condiciones más infames de pobreza alimentaria.
Por eso cuando discutimos la Reforma Educativa, señalamos que esa reforma iba a fracasar e iba a fracasar porque no estaba analizando cuáles eran las cuestiones necesarias para que lo que incluimos en el artículo 3o. constitucional como calidad educativa, se cumpliera.
Yo les pregunto, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, si será suficiente un exhorto al CONAFE, revisemos cuáles son las funciones y las facultades del CONAFE, a ver si basta con un exhorto para que genere la igualdad de oportunidades para que los niños de estas comunidades accedan en condiciones de igualdad al Sistema Educativo Nacional, revisémoslo, y vamos a llegar a la conclusión de que este exhorto, igual que muchos, vamos a votarlo a favor, pero este exhorto igual que muchos no tienen mucho sentido porque no se plantea lo elemental.
Hemos insistido en que no va a haber educación de calidad si no se mejora la infraestructura educativa. Hemos insistido en que no va a haber educación de calidad si no se garantiza la alimentación para los niños más desprotegidos.
Cuando analizamos el Informe del ciudadano Presidente, del año pasado, y hablamos de las escuelas de tiempo completo, ¿cuál es el compromiso del Presidente Peña Nieto con respecto a los niños de este país para garantizarles alimentación?
Tres millones de niños, dice Peña Nieto que es su compromiso, cuando el Sistema Educativo Nacional tiene más de 26 millones de niños, y de esos 26 millones de niños, 9 o 10 tienen pobreza alimentaria.
Imposible educación de calidad en esas condiciones, por eso este exhorto al CONAFE, está bien que se haga, pero tenemos que aprovechar para decirle al ciudadano Presidente, para decirle a su gobierno, que el ya basta de 1994, puede darse otra vez en cualquier momento, porque las condiciones en que viven los indígenas de México son condiciones inhumanas y son condiciones infames.
Y les queremos dejar claro que mientras exista injusticia social en este país, el pueblo no tendrá garantizada la paz.
A favor del punto de Acuerdo.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para referirse al dictamen sobre comunidades mayas.
Aprovecho para saludar a Jorge Carrera, Delegado del INAH en Chihuahua; al señor Martín Chávez y a la señora Cleorinda Palma, representantes de la etnia rarámuri y representantes de la música regional.
Ellos forman parte de las actividades que se están llevando aquí en el Senado, en la exposición de arte y cultura popular de Chihuahua, que ha organizado la Senadora Lilia Merodio Reza.
¡Bienvenidas, bienvenidos!
(Aplausos)
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes, Senadoras, Senadores.
El día de hoy discutimos un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, el cual es de suma trascendencia para los quintanarroenses, y aún más para los mayas de toda la Península de Yucatán.
Es de suma importancia para mí, resaltar la gran valía de la cultura maya para nuestro país e inclusive para otras naciones, como por ejemplo Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador.
La cultura maya es una cultura viva, la cual podemos apreciar día a día en las comunidades de Quintana Roo. Es tanta su importancia que existe una agrupación mundial de nombre: “Organización Mundo Maya”, en donde nuestro país ocupará la Presidencia de dicha organización este año, a través de la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Massieu.
Cabe destacar que esta Organización Mundo Maya, surgió en 1992, con la intención de propiciar la promoción turística y el desarrollo sustentable del patrimonio cultural e intangible del quinteto de países que agrupan el mundo maya.
Y en el mismo sentido, la SECTUR ha dado a conocer que buscará impulsar esta ancestral cultura como multidestino, además, pues irá a impulsar la ruta maya establecida en 1988, involucrando a los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, y por parte de los países: Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Es decir, que la cultura maya, gracias a su gran legado, puede generar un fomento significativo para el turismo, no sólo en nuestro país, sino en otros más.
Recordemos que mediante un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, en el tema del Senado, el 15 de diciembre del 2014, se aprobó el proyecto de Decreto por el cual el Honorable Congreso de la Unión declaró el día 21 de diciembre de cada año como “Día Nacional de la Cultura Maya”.
De tal manera, que debemos celebrar los hechos antes mencionados, sin embargo, hay que reconocer que no se está impulsando lo suficiente a los ciudadanos mayas.
En el presente dictamen, se propone exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a informar a esta Soberanía, sobre los programas y acciones que está ejecutando en la Península de Yucatán, en apoyo a estas comunidades mayas, y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que fortalezca las medidas implementadas, para preservar y fortalecer la cultura maya, porque sin el apoyo de la CDI, estamos dejando olvidados a los ciudadanos mayas.
Como mencioné anteriormente, es una cultura viva y no podemos dejar de atender sus necesidades tan particulares, debemos conocer en su totalidad los programas y acciones que ejecuta, con la finalidad de analizarlos y proponer mejoras en su contenido.
Por otro lado, impulsar la cultura maya implica la construcción de una estrategia integral, en donde todas las autoridades pertinentes participen, en este caso el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que fortalezca las medidas implementadas para preservar y fortalecer la cultura maya.
Estamos frente a un dictamen que busca apoyar a nuestros hermanos mayas, propiciándoles una igualdad de oportunidades, donde se busca apoyar directamente a las personas, a su cultura, la cual también es nuestra.
La cultura maya ya nos da muchos beneficios a todo el país y a los grandes empresarios, pero es momento de generar una redistribución a las comunidades mayas.
Es por ello que desde el Partido de la Revolución Democrática, y como Senadora del estado de Quintana Roo, me pronuncio a favor del presente dictamen, porque es frecuente encontrarnos en el camino, en nuestros recorridos, a muchas personas que están siendo excluidas de todos estos programas, para atención a la comunidad maya.
Entonces nosotros nos preguntamos: ¿Dónde van a pagar los recursos que estas organizaciones manejan para el fomento y para el apoyo del desarrollo de estos pueblos mayas? Porque caminamos y caminamos, y sólo nos encontramos una serie de necesidades y de personas haciendo peticiones, porque no tienen atención por parte de estas organizaciones, a las cuales hoy les pedimos nos informen: ¿De qué manera distribuyen su presupuesto? ¿A qué grupos concretamente están apoyando? Porque, por ejemplo, en Playa del Carmen, el sacerdote maya Luis Nah, nos ha hecho, de manera muy precisa, señalamientos de cómo a los principales grupos que están haciendo que la cultura maya siga viva, no se les está apoyando con ningún tipo de presupuesto público.
Entonces, basta ya de usar a los mayas como un discurso más, como parte de la demagogia, hay que atenderlos, y saber: ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de apoyo se les está dando? Porque tal pareciera que sólo es parte de un discurso el presupuesto que existe para estas comunidades.
Gracias.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Beristain.
Por último, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para referirse a todos los dictámenes.
La Senadora Mónica Arriola Gordillo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:
Estos tres dictámenes tienen un factor en común, que ubican como beneficiarios a uno de los sectores que más urge de nuestras acciones.
Las comunidades indígenas sufren de los mayores rezagos en todos los ámbitos de la vida nacional: el económico, educativo, tecnológico y así consecuentemente.
La integración de las comunidades a la sociedad es uno de los mayores retos que enfrenta históricamente nuestro país.
Las medidas que hemos impulsado desde este Senado, han sido muchas y de diferente profundidad; sin embargo, el problema continúa agraviando a este sector.
Como sabrán, el estado de Chiapas es uno de los que cuenta con mayor número de población indígena en México, ya que aproximadamente el 30 por ciento de la población es indígena y la mayoría se ubica en la Selva Lacandona y en Los Altos.
Asumo como indispensable que esta Honorable Asamblea, exhorte al organismo de la Administración Pública Federal, encargado de manejar recursos complementarios, económicos, técnicos, nacionales o extranjeros, para su aplicación al mejor desarrollo de la educación en este país, para que considere a las comunidades indígenas y a la población indígena infantil, de distintos estados, entre ellos Chiapas, y en esta consideración se haga todo lo necesario para que genere total igualdad de oportunidades en el acceso de las comunidades al Sistema Educativo Nacional, considerando principalmente las recomendaciones de los padres de familia, que consisten en el incremento de los recursos destinados a las escuelas de la comunidad.
Este organismo debe contemplar las condiciones de marginación y aislamiento de las comunidades para generar las herramientas y estímulos necesarios que propicien la inclusión de las comunidades a la educación, y por lo tanto, el impulso a la integración social de las mismas, objetivo principal por el que deben velar los gobiernos en los distintos niveles.
La integración social, la conservación de las particularidades internas de las comunidades, de su lenguaje, de su historia, de su costumbre y tradiciones, únicamente puede ser conquistada a través de la inclusión social y total a esta sociedad, con pleno respeto y observancia a su derecho de autonomía.
El único mecanismo que permite, precisamente, que la inclusión y la autonomía se ejerzan de manera armónica, es la educación.
Asimismo, y continuando con una serie de acciones que pretenden mejorar las condiciones de vida en las que viven las comunidades, especialmente en los estados que cuentan con un mayor porcentaje de población indígena, la Comisión de Asuntos Indígenas acierta en solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en su programa de estancias infantiles para madres trabajadoras se implementen dichas estancias en campos agrícolas donde, como sabemos, se localicen principalmente las madres indígenas.
Si no constituimos las instituciones necesarias que ofrezcan a las comunidades, y en este caso a las madres trabajadoras de las comunidades, las posibilidades suficientes de servicios y programas sociales indispensables, como permitir el cuidado de sus hijos cerca de sus lugares de labores y la ubicación accesible de dichas instituciones, dejaríamos a este sector en un total estado de vulnerabilidad.
Los pueblos autóctonos nos dieron todo lo que somos. Ellos iniciaron la historia en la que hoy vivimos. La correspondencia a su esfuerzo y a su sacrificio, no es sólo una obligación constitucional, sino un compromiso moral y humano.
Velar por el bienestar de estas comunidades representa para mí una de las más altas prioridades de la agenda legislativa.
Es por todo esto, que aplaudo su acompañamiento en los presentes dictámenes para exhortar a distintos organismos de la Administración Pública Federal a ejercer sus atribuciones, sus recursos y todo su esfuerzo en corresponderles a las personas que nos dieron su vida y su historia.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Mónica Arriola.
En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobados los acuerdos, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los acuerdos. Comuníquense.
Compañeras y compañeros: Les voy a rogar presten atención al siguiente tema.
Compañeras y compañeros: Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de Acuerdo relativo a la ratificación del nombramiento de la titular de la Procuraduría General de la República.
Vamos a explicar el procedimiento. La acción que nos corresponde cumplir es la de ratificar en los términos del artículo 76 constitucional en su fracción II, que se mantiene en vigor en tanto no se concluya con la autonomía de la Fiscalía General de la República y su declaratoria respectiva.
Debemos recordar, compañeras y compañeros, que el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto publicado el 10 de febrero de 2014, señala que el nuevo procedimiento para el nombramiento de Fiscal General de la República, no entrará en vigor sino hasta que se cumpla con la emisión de la respectiva normatividad que da autonomía a la Fiscalía General de la República.
En consecuencia, informo a la Asamblea que el dictamen con el nombramiento del titular de la Procuraduría General de la República, lo despacharemos bajo el procedimiento de ratificación en términos del artículo 76 constitucional, fracción II.
Debido a que se encuentra publicado en la gaceta del Senado de este día, solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen.
ACUERDO
Primero.- La ciudadana Arely Gómez González cumple con los requisitos desarrollados en las consideraciones de este dictamen y, por lo tanto, se ratifica la decisión del Presidente de la República de nombrarla Procuradora General de la República.
Segundo.- En un plazo no mayor a 90 días hábiles, la Procuradora General de la República deberá presentar ante la Comisión de Justicia el programa de trabajo de dicha institución.
Tercero.- Remítase este dictamen al Presidente de la Mesa Directiva para su consideración en sesión del Pleno del Senado de la República.
Cuarto.- Ordénese la publicación de este dictamen en la Gaceta del Senado de la República.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Está a discusión el dictamen.
Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
El Senador Roberto Gil Zuarth: Con el permiso de la Presidencia. Señoras Senadoras; señores Senadores:
A nombre de la Comisión de Justicia, y en el encargo de Presidente, me corresponde fundamentar el dictamen que hoy presentamos a consideración.
Hace unos días, el Senado de la República recibió la propuesta por parte del Ejecutivo Federal del nombramiento de la señora Arely Gómez González, como titular de la Procuraduría General de la República.
En términos del texto vigente, ese nombramiento debe ser ratificado por el Senado de la República, por una mayoría simple de sus integrantes, como una suerte de ratificación de un mandato de procurar justicia en nuestro país.
Después de su comparecencia ante el Pleno de la Comisión de Justicia, hemos analizado el perfil de la licenciada Arely Gómez González, su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, su trayectoria en el Poder Ejecutivo, en la cual desempeñó la función de Subprocuradora de Atención a Delitos Electorales, y también su paso por el Poder Legislativo en este Senado de la República, en la que asumió tareas de impulso de la agenda de transparencia, rendición de cuentas, justicia, seguridad, y un destacado impulso a los asuntos jurídicos que corresponden a este Senado.
La Comisión de Justicia ha concluido proponer a este Pleno la ratificación de la licenciada Arely Gómez González, como titular de la Procuraduría General de la República, lo hacemos conscientes de su trayectoria, de su experiencia, de su capacidad de trabajo, de su responsabilidad en el servicio público, de su honestidad y también del compromiso que ha hecho ante las señoras Senadoras y los señores Senadores de desempeñar la función que hoy le encomendamos con diligencia ejemplar, con sentido de bien y con todo el empeño que corresponde a una patriota.
La Procuraduría General de la República se encuentra en estado de transición. Hace unos meses el Poder de Revisor de la Constitución aprobó una importantísima reforma constitucional para dotar de autonomía a la Procuraduría General de la República y convertirla en Fiscalía General de la Nación.
Concluye un largo proceso, un largo proceso en el cual se ha pretendido que la procuración de justicia quede al margen, quede a salvo de los intereses políticos.
Que el ejercicio de la acción penal no responda a otro propósito o a otra intención que la consignación de un conjunto de hechos delictivos, la prueba de esa, a la responsabilidad y el pago ante la sociedad de la responsabilidad individual por la comisión de esos delitos.
Desde aquel momento en el que Poder Revisor de la Constitución determinó que el Senado de la República participara en la ratificación del Procurador General de la República, estaba marcada esa tendencia hacia la independencia de la procuración de justicia, con respeto a los poderes públicos y especialmente con respeto al Ejecutivo Federal.
Después de muchos años, hemos logrado consolidar la autonomía del Ministerio Público, en un nuevo órgano, la Fiscalía General de la Nación, que entre otras características, además de la autonomía constitucional, será electa a impulso del Senado de la República, su titular; será inamovible y tendrá las garantías constitucionales de imparcialidad en el ejercicio de esa función.
Pero el día de hoy no estamos nombrando al titular de la Fiscalía General de la Nación. Seguimos, como lo dijo el Presidente de la Mesa Directiva al presentar este punto, bajo el régimen previo a la reforma política.
Estamos nombrando al titular de la Procuraduría General de la República, bajo el viejo régimen. El régimen, en el cual el titular del Ejecutivo hace la propuesta de nombramiento; el Senado de la República hace la ratificación. No existe inamovilidad en el cargo y el cargo es de libre remoción por el Ejecutivo Federal.
Para concretar la transición a la Fiscalía General de la Nación, se requieren dos actos jurídicos, independientes y plenamente diferenciables entre sí. Por un lado, la expedición de las leyes reglamentarias de la nueva autonomía de la Fiscalía; y por el otro lado, la declaratoria, por parte del Congreso de la Unión, de la entrada en vigor de la autonomía constitucional.
No hay, y así lo razona el dictamen, razón constitucional o legal para asumir que la actual Procuraduría, su titular, habrá de convertirse de manera automática en Fiscal General de la Nación.
Esa conversión será a consecuencia, será desenlace de dos procesos políticos parlamentarios, absolutamente distintos al acto de ratificación, que hoy habremos de concluir.
Será un proceso de negociación política para configurar la Fiscalía General que merece nuestro país; pero también será un proceso político de negociación política, para encontrar al mejor o a la mejor titular de la nueva Fiscalía General de la Nación.
Hoy, el Senado de la República da un voto de confianza y así lo propone el dictamen, a la licenciada Arely Gómez González; pero también, el Senado de la República es deferente frente a la propuesta del Ejecutivo Federal, como en muchas otras ocasiones, este Senado de la República no le niega al Presidente de la República absolutamente ninguna decisión, que lleve a fortalecer las instituciones de procuración de justicia, de seguridad y de administración de justicia.
No solamente hemos sido partícipes; no solamente hemos avalado parlamentariamente las propuestas que ha enviado en la materia, sino que también hemos sido impulsores de medidas de reformas de políticas públicas en esa materia.
Fue el Senado de la República quien impulsó la reforma constitucional para generar un solo marco normativo de procedimientos penales.
Fue el Senado de la República quien aprobó, como Cámara de Origen, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en materia penal.
Es el Senado quien se ha constituido como Cámara de Origen para discutir la Ley de Ejecución Penal.
Hemos dado el nombramiento de ayer, el del licenciado Murillo Karam. Y daremos hoy el nombramiento de la licenciada Arely Gómez González, porque México no se merece una obstrucción parlamentaria ciega o una obstrucción parlamentaria acrítica, en la circunstancia que vive nuestra nación y, sobre todo, en la ausencia de credibilidad de las instituciones de nuestro país.
Tiene la señora Arely Gómez González un enorme reto, demostrar independencia, demostrar capacidad, demostrar lealtad a la República.
Tiene la señora Arely Gómez González frente a sí, quizá el mayor reto de su vida.
Quienes la conocemos, porque ha sido compañera, porque ha sido amiga, sabemos que pondrá el mayor de sus esfuerzos para cometer el objetivo que hoy recibe de su país, para cometer el mandato que recibe de los Poderes de la Unión.
Sabemos de su trayectoria, sabemos de su experiencia, sabemos de su bonhomía, sabemos de su capacidad de trabajo y también sabemos de su intención de bien.
Esa fue la razón por la cual el dictamen se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia; y esa es la razón por la cual la Comisión de Justicia, que me honro en presidir, pide a ustedes el respaldo a la licenciada Arely Gómez González, como la futura Procuradora General de la República.
El mandato está claro, México necesita instituciones fuertes, creíbles y con legitimidad.
Ahí está el mandato, ahí está la misión y ahí también estará el juicio que dará la historia no solamente a la Senadora Arely Gómez González, sino también al Presidente Enrique Peña Nieto.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Gil Zuarth.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II de este Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de cinco minutos cada uno.
En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Mónica Arriola Gordillo, hasta por cinco minutos.
La Senadora Mónica Arriola Gordillo: Honorable Asamblea:
A solo unos días que se manifestó en este recinto, el aprecio y reconocimiento a quien fuera nuestra compañera y amiga en este Senado de la República, hoy tenemos la tarea de discutir el dictamen de la Comisión de Justicia, en el que se aprueba la propuesta del Ejecutivo para su ratificación como Procuradora General de la República.
De sus méritos y trayectoria es mucho lo que se puede decir, pues acreditan cada uno de sus cargos y responsabilidades, una conducta y desempeño caracterizadas por la honestidad, eficiencia y compromisos con las instituciones y el estado de derecho.
Ese fue su hilo conductor en las tareas y funciones que le tocó cumplir en estos poco más de dos años, en la elaboración y discusión de proyectos tan importantes como la reforma política, la reforma en materia de transparencia y lo concerniente al Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo por citar algunos pocos.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia, ha expuesto en líneas muy generales su intención de iniciar la transformación de una institución, que en muchos momentos ha sido cuestionada en su actuar y en su eficiencia.
Sin duda, el desafío no es menor. Son dos los grandes problemas que tiene a nuestro país sumido en la desconfianza: La debilidad del estado de derecho y la corrupción.
Hacer de México una nación en la que impere el estado de derecho, la impartición de justicia eficaz y oportuna y el respeto a los derechos humanos, constituyen algunos de los mayores retos para quienes nos desempeñamos dentro de los Poderes de la República.
Sin embargo, corresponde a la Procuraduría General de la República y a la futura Fiscalía General, la función de garantizar la procuración de justicia, con el debido proceso y respeto a la legalidad; el poner fin a la impunidad y el constituirse como una institución que esté más allá de las pugnas entre intereses; que responda sólo a ser efectivo el cumplimiento de la ley.
Ha sido un largo camino para iniciar la construcción de una Fiscalía autónoma. De contar, por fin, con una institución garante de la procuración de justicia, que se guíe solo por la ley.
Y corresponderá a usted, a una mujer íntegra y comprometida con el estado de derecho, sentar bases sólidas para que la transformación de nuestro sistema de procuración de justicia sea una realidad para todos los mexicanos y mexicanas.
La confianza que tanto necesitamos se logra con hechos; con acciones que den certidumbre al ciudadano de la calle, al empresario, al inversionista, al comerciante, a las mujeres.
Que todos los sectores tengan certeza que sus derechos están bajo el resguardo de una institución fuerte, transparente y que tiene una sola pauta: la ley.
Votaré a favor de la ratificación de la ciudadana Arely Gómez González como Procuradora General de la República, porque tengo la certeza de que revertirá con su trabajo y compromiso la debilidad institucional y pérdida de credibilidad de la Procuraduría.
México necesita organismos fuertes. Arely Gómez, una mujer, una jurista, una servidora pública, con su trayectoria y prestigio, representa la posibilidad de éxito para la institución en este difícil porvenir.
Son tiempos de gran agitación y necesidad; son momentos en los que la mirada de todos está puesta en las grandes decisiones políticas, todo está preparado para que ocurra la gran victoria o el gran desastre.
El país está en vilo, está expectante de obtener justicia, está ávido de culminar las crisis que mantienen atestados los noticiarios de violencia y desánimo. México quiere y merece a una persona que sepa gestionar la aplicación de justicia en forma impecable, convincente, verdadera. Por el bien de cada mexicano y del país, que así sea.
Mi confianza y apoyo a la ciudadana Arely Gómez y mi voto a favor del dictamen, por el cual se le ratificará como Procuradora General de la República.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Arriola.
Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.
Un comentario previo. Cuando se analiza a personalidades para ubicar los encargos públicos de trascendencia no estamos descalificando a personas, sino analizando política ante lo que debemos de hacer. Esa es nuestra responsabilidad.
El grupo parlamentario del PT votará en contra de la ratificación de Arely Gómez como Procuradora General de la República. Nuestras razones son las siguientes:
Arely no puede ser una Procuradora imparcial porque es designada para garantizar la impunidad de Peña y los intereses de Televisa, que son los mismos. No se debe olvidar que Peña llegó al poder gracias a Televisa, y que se mantiene en él gracias al manejo permanente que realiza Televisa liquidando el derecho a la información de todos los mexicanos.
Sin Televisa, Peña no sería nada, y Arely y Medina Mora jamás pretenderían alcanzar los niveles públicos a los que Peña Nieto los propulsa hoy. Arely estará comprometida indefectiblemente con esos intereses porque es consecuencia del contubernio directo e indirecto de Peña con Televisa.
Hoy, más que nunca, que vivimos en un país en crisis, con instituciones que no despiertan la confianza social, particularmente la Procuraduría, como lo ha reconocido el propio Presidente Peña Nieto, se requiere que el titular de la futura Fiscalía, hoy el titular de la Procuraduría, sea independiente por encima de toda sospecha de los partidos, del Ejecutivo y de Televisa.
Arely no debe ser Procuradora porque su hermano es el vicepresidente de Televisa, con el más alto nivel de influencia, en uno de los poderes fácticos, dominantes e invasivos del país. Hay que decirle a Leopoldo Gómez, hermano de Arely, que los méritos importan en democracia más que la sangre, tiene razón, siempre y cuando no lo prohíba la ley, y siempre y cuando las televisoras no desplieguen de manera permanente el poder político desmedido que tienen en México.
Arely Gómez no tendrá nunca las condiciones de imparcialidad para realizar una investigación que afecte a la oligarquía económica y mediática que representa Televisa o sus intereses.
Arely representa una visión conservadora del derecho. El Procurador debería ser un personaje que representara concepciones alternativas, sociales e igualitarias del derecho; Arely tiene fuertes nexos con grupos tradicionalistas y conservadores, como lo ha documentado Jesús Silva-Herzog Márquez.
Arely no puede ser Procuradora, porque en lugar de ser presentada por el Ejecutivo, a su cargo y sus razones, fue destapada por Televisa, tal y como lo ha documentado el periodista Jenaro Villamil.
Ese simple hecho prueba que Televisa se impone y se adelanta al propio gobierno sin recato alguno. Como Senadora, Arely se excusó de presidir la Comisión Especial de Oceanografía, para la cual había sido nombrada, por tener parentesco, por afinidad en cuarto grado, con el señor Martín Díaz Álvarez, tal como ella lo dijo.
Ahora tiene relación de parentesco por consanguinidad en segundo grado con el vicepresidente de Televisa, es su hermano, y no se excusa para ser titular de la Procuraduría General de la República.
Las fracciones XI y XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señalan: “Que cuando pueda afectarse el desempeño imparcial por la existencia de intereses personales, familiares o de negocios, el servidor público debe excusarse”. ¿Por qué no se excusa Arely ante este evidente conflicto de intereses familiares?
Votar en contra de la designación de Arely como Procuradora General de la República es votar en contra de la extensión y desdoblamiento del poder de Televisa en las instituciones políticas del país, que influye y penetra en todos los ámbitos del poder.
Arely no debe ser Procuradora, porque este tipo de designaciones deben ser deliberadas socialmente, no ha existido deliberación social suficiente sobre esa designación. El pueblo de México desconoce los vínculos de Arely con los poderes fácticos del país.
Finalmente, Arely no debe ser Procuradora, porque considero que no realizará las investigaciones conocidas, como Ayotzinapa y Tlatlaya, bajo las condiciones de imparcialidad, exhaustividad y plenitud que se requieren.
Los vínculos de Arely con el poder presidencial, con Televisa y con la derecha de este país, lo impedirán.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Bartlett.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia.
La Procuraduría General de la República y próxima Fiscalía General es más que una policía, es pieza clave en la consolidación de un estado de derecho y un sistema de justicia eficiente y eficaz.
Es una institución fundamental para hacer efectivo el acceso a la justicia, un eslabón esencial para mantener la confianza de la ciudadanía y consolidar la gobernabilidad.
La maestra Arely Gómez González expuso ante la Comisión de Justicia su programa de trabajo, en el que destaca tres aspectos: la profesionalización y capacitación constante del personal; la transparencia y protección de datos personales, y el apego a la ley y protección de los derechos humanos.
En estas tres líneas de acción se integran no sólo los retos de la Procuraduría General de la República, sino también los retos que enfrenta la sociedad mexicana en su conjunto, como lo son la rendición de cuenta, la legalidad y el respeto a la dignidad de la persona.
Es de suma trascendencia y totalmente acertado que la maestra Arely Gómez González haya mencionado como primordial la profesionalización constante del personal de la Procuraduría.
La necesidad de la profesionalización del trabajo de los ministerios públicos deriva de las responsabilidades más alta que ostentan, ser representantes de la sociedad y deben llevar a cabo esta tarea de manera totalmente comprometida con la sociedad.
La sociedad y las instancias involucradas con la procuración de justicia deben actuar conjuntamente y eso sólo es posible si la sociedad encuentra en sus autoridades a verdaderos profesionales ajustados da la legalidad, libres de corrupción y apegados a la transparencia.
Como lo destacamos en la discusión en la Comisión de Justicia, en el Partido Verde reconocemos que el Presidente de la República haya propuesto para este cargo de tan importante responsabilidad, a una ciudadana del perfil de la maestra Arely Gómez, una mujer de leyes, una mujer comprometida con su país, respetuosa y conocedora de la transparencia y que sabe bien que el eje de nuestro sistema de impartición de justicia es el respeto a los derechos humanos, es una mujer íntegra, y para mis compañeras y compañeros de la bancada del Partido Verde, no vamos a permitir que se le venga a descalificar simplemente por un parentesco y de un supuesto conflicto de intereses, que hay que decirlo muy claro, no los tiene.
Diferimos y somos congruentes, porque no un día venimos a darle alabanzas y en menos de una semana a desdecirnos y a ser contradictorios a nuestros dichos en este mismo Pleno.
El Sistema de Impartición de Justicia en nuestro país está en plena transformación, y la maestra Gómez González ha sido constructora de estos cambios desde el ámbito legislativo, ahora será encargada de implementar esas modificaciones a una realidad que lo requiere y lo demanda, nadie mejor que ella para desempeñar esta alta responsabilidad con humanismo y con firmeza.
El Partido Verde manifiesta su voto a favor del presente dictamen, estamos convencidos que la ciudadana Arely Gómez coadyuvará a fortalecer la institucionalidad en el Sistema de Impartición de Justicia, con su característico actual, discreto, eficiente y eficaz.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, compañeros.
(Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Puente Salas.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.
El día de hoy estamos a punto de votar un dictamen que presenta la Comisión de Justicia, relacionada con el nombramiento de la ciudadana Arely Gómez González, como titular de la Procuraduría General de la República.
México enfrenta graves problemas de inseguridad, violencia, criminalidad, corrupción e impunidad que nos obliga a poner ciertamente toda la atención sobre la decisión que vamos a tomar, no solamente por su relevancia, sino también por los retos que tiene que enfrentar quien esté al frente de la Procuraduría General de la República.
No se puede, por lo tanto, ocultar los retos que enfrenta esta dependencia que ciertamente está cuestionada públicamente y esa es una percepción ciudadana que es muy difícil ocultar.
Sabemos que el Procurador saliente deja pendientes importantes, destaco, por su relevancia, por supuesto las investigaciones de los acontecimientos de Iguala, la desaparición forzada de 43 normalista de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, así como el caso del Albergue la Gran Familia y su fundadora directora conocida como Mamá Rosa, en Zamora, Michoacán, solamente por mencionar algunos de los asuntos importantes.
Es necesario que desde la Procuraduría General de la República se concrete la armonización de la reforma en materia de derechos humanos de julio de 2011, para concretar la profesionalización, la formación de todos los ministerios públicos y personal de la Procuraduría para que pueda sentirse el cambio, sobre todo me refiero en la materia de derechos humanos, en esta Procuraduría y que empiece a revertir esta mala imagen que tiene.
Es necesario concretar también el banco sobre datos de las víctimas, hay una parte importante que corresponde la PGR, y esta esquizofrenia que de repente vemos en las instancias gubernamentales nos parece realmente preocupante.
Es necesario también que entendamos que la Procuraduría General de la República, insisto, en esta percepción ciudadana, es que se atraviesa por una crisis de credibilidad que deriva en un sentimiento colectivo de que persiste impunidad no solo por la falta de consignación debida a los delincuentes, sino también por la falta de mecanismos que reparen integralmente el daño a las víctimas y las coloque como el eje fundamental de la procuración de justicia.
En el grupo parlamentario del PRD, por supuesto que hemos discutidos todas estas cuestiones y estamos convencidos de que de nada servirá un cambio en la titularidad de la PGR, si prevalecen los grandes conflictos de intereses y de corrupción que han salido a la luz pública, que contribuyen al deterioro del estado de derecho y hacen nugatoria la justicia; no es, por lo tanto, un asunto menor.
Sabemos que está implícito que quien asuma la titularidad de la PGR hoy, iniciará la transición hacia la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, que no va junto con pegado, también hay que aclararlo; sin embargo, no podemos dejar de observar que se trata de un ministerio público que transitará a no tener ninguna atadura política ni administrativa, que no esté atada a ninguna autoridad pública, ni tampoco a ninguna autoridad administrativa para que pueda encabezar el cambio hacia un nuevo modelo de justicia acusatorio y oral.
Hemos dirimido en el grupo parlamentario votar a favor del dictamen de la Comisión de Justicia, por lo tanto, aun cuando tenemos algunos pendientes y algunos cuestionamientos respecto de lo que se ha hecho público de la personalidad de Arely Gómez, no podemos dejar de observar que se trata de una compañera con la que tuvimos una relación de trabajo y siempre dirimimos nuestras diferencias con cordialidad y con mucho respeto.
Deseamos hoy poner no la personalidad como el asunto fundamental, sino lo que tenemos que definir y poner como primer orden, y que es buscar que por el bien de México la Senadora hoy con licencia, que fue nuestra colega en el Senado de la República, pueda hacer bien su tarea, no la encontrará fácil, asume una responsabilidad muy compleja, en una situación muy complicada, que tiene que tomar medidas realmente trascendentales en la Constitución, en la formación de sus equipos, tiene que atender, por cierto, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, desde el Senado de la República no debe quedar lugar a dudas de que seremos el contrapeso real para verificar que el cumplimiento del deber que asumirá Arely Gómez, en unos próximos minutos, sea realmente el que estamos esperando.
Le deseamos lo mejor a Arely, por el bien de la Nación.
Y a todos ustedes, por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora.
A continuación, tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al presente dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.
El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente.
Vengo a esta tribuna en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para razonar el voto a favor del dictamen que nos presenta hoy la Comisión de Justicia, por el cual se ratifica a la señora Arely Gómez González, como Procuradora General de la República.
Hace apenas algunos días, en este Senado, varias compañeras y compañeros Senadores, alababan, reconocían públicamente el trabajo de Arely Gómez, los integrantes del grupo parlamentario del PAN reconocemos su trayectoria, su honorabilidad, mantenemos y sostenemos lo que aquí varios compañeros de nuestra bancada expresaron de ella, sin embargo, también decimos que nadie se confunda, lo hicimos y lo dijimos en un contexto donde se daba licencia a nuestra compañera Senadora, y hoy el contexto es otro.
Estamos en la discusión de un dictamen que le propone como Procuradora General de la República, y el discurso necesariamente es otro, no a su persona, no a lo que de ella y su trayectoria hemos señalado, pero sí de lo que esperamos en este nombramiento.
Y el día de hoy dejamos en claro que el PAN viene a votar a favor de Arely Gómez González como Procuradora General de la República, no venimos a votar ni avalar el nombramiento de una Fiscalía General de la República, ni avalar el paso en automático de la Procuraduría a la Fiscalía, no es ese el tema que nos ocupa el día de hoy.
Y para ello y mayor claridad, permítanme citar parte del dictamen que la propia Comisión de Justicia señaló en sus consideraciones, cito textualmente:
Consideraciones.
“Primero.- El 10 de febrero del 2014, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicado el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Político-Electoral, que entre otros preceptos, reformó el apartado A, artículo 102 constitucional, mediante dicha modificación se reorganiza al Ministerio Público en una Fiscalía General de la República y se le define como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios.
Sin embargo, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio de dicho Decreto, para que las adiciones, reformas y derogaciones que se realizan al artículo 102, apartado A de la Constitución, entren en vigor, se requiere la verificación de dos actos jurídicos, autónomos y diferenciados, a saber:
Uno.- La expedición de las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones, es decir, la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Y dos.- La declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.
En este sentido, en tanto ninguna de las dos condiciones antes descritas se han cumplido, el régimen de designación y ratificación del Titular de la Procuraduría General de la República vigente, es aquel previo a la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, mismo en el que se le concede al titular del Poder Ejecutivo Federal dos facultades: la de realizar la designación sujeta a ratificación del Senado, acto que estamos llevando el día de hoy en este momento, y el de remover libremente al Procurador designado”.
Hasta aquí la cita.
Hecha la aclaración, expresamos por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, que la nueva titular de la Procuraduría General de la República tiene una misión difícil de atender, casos que ya se comentaron aquí, como el de Ayotzinapa, entre otros, y que no quedaron resueltos y habrá que darle un puntual seguimiento.
Otros enormes retos tendrá: ser el preámbulo de esta transformación de la PGR y dar paso a la nueva institución que será la Fiscalía General de la República.
Un reto más, la eficiente implementación de los nuevos sistemas: el acusatorio y el de oralidad, en lo que a su responsabilidad y competencia correspondan.
Otro reto, el respeto y la defensa a los derechos humanos.
Pero quizá el mayor de los retos es el de regresarle a la ciudadanía la confianza en esa institución, de darle credibilidad y prestigio que mucha falta le hace a la PGR.
Un reclamo prioritario que tenemos hacia las instituciones por parte de la sociedad es la confianza en ellas mismas.
El Índice de Percepción de Corrupción que emite el INEGI para el 2014, señala que autoridades como son la de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, arroja que el 52.7 por ciento de la población mayor de 18 años, considera que estas instituciones son corruptas, por lo que es de vital importancia que la población vuelva a creer en las instituciones, y esto es quizá el principal reto que asumirá la señora Arely Gómez González.
Doña Arely tiene la delicada misión de devolverle la confianza a la institución y a la titularidad del Ministerio Público, cuya imagen quedó deteriorada con frases desafortunadas y por la falta de eficiencia del anterior titular.
Sin embargo, la responsabilidad no es toda de la Procuraduría, el principal responsable es el Presidente Peña Nieto, es el principal responsable de terminar con el ambiente de desconfianza que se vive en México, provocado principalmente por él, por temas como la “Casa Blanca”, provocado por sus decisiones erróneas, por sus políticas equivocadas y por la negación a reconocer que su gobierno va mal.
Señoras y señores Senadores: Los integrantes del grupo parlamentario del PAN votaremos a favor del dictamen por el que se ratifica la designación de nuestra ex colega Arely Gómez González, pero nuestro voto no es un cheque en blanco, queremos dejar en claro que seguimos de cerca la labor que habrá de llevar en la Procuraduría, y si es necesario cuestionaremos la actuación, porque México no puede darse el lujo de tolerar instituciones sin rumbo y sin resultados.
Doña Arely Gómez González hoy tiene la confianza del grupo parlamentario del PAN, pero no basta, deberá de ganarse la confianza de la sociedad mexicana, hay que regresarle la confianza a México y el prestigio a sus instituciones.
De ser electa doña Arely, no pierda la sensibilidad, la capacidad de escuchar otras visiones, la autocrítica y la sencillez que le conocimos como Senadora.
El PAN le da su voto a favor el día de hoy, los resultados serán su responsabilidad.
¡Suerte, mucha suerte, por el bien de la Nación mexicana!
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.
A continuación, en el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.
El Ombudsman de México ha resumido recientemente la gravedad de la situación en la que nos encontramos, al decir que el país vive una verdadera crisis de estado de derecho.
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hablado de una crisis de valores, de derechos humanos, de la crispación social que existe en varias regiones y de lamentables expresiones sociales de hartazgo, inconformidad, sufrimiento, miedo e indignación.
La crisis tiene en el centro un legado que se expresa en violencia e inseguridad y que ha llegado al punto de que porciones de nuestro territorio estén bajo el control del crimen organizado.
Otro signo ominoso de la crisis es el deterioro de la legitimidad de los procesos electorales causado por la violencia sistemática de las disposiciones legales, por la inequidad, el dispendio y la manipulación del sufragio.
El regreso del clientelismo, el aumento de la pobreza y la extrema desigualdad, la exigencia de un contexto de, más bien, la insistencia de un contexto de crecimiento estancado y de un modelo económico agotado son el telón de fondo de una arraigada subcultura de la ilegalidad, la corrupción y la impunidad que socava el imperio de un estado democrático.
El desencanto ciudadano y el descrédito de las instituciones aumentará si continúa la tergiversación de la ley por razones políticas; si nuestro aparato de justicia sigue marcado por el trato discriminatorio y desigual.
El gran pendiente de la PGR es, sin duda, el caso Iguala; lejos de una verdad histórica tenemos una investigación inconclusa y una institución que ha recibido un serio daño por el afán de ganar el caso en términos mediáticos como lo señaló Amnistía Internacional.
En este contexto acudimos al relevo en la titularidad de la Procuraduría General de la República, una de las instituciones que en los tiempos recientes ha sido duramente cuestionada por amplios sectores sociales, así como por la opinión pública nacional e internacional.
Ocupar la titularidad de la PGR en estas condiciones es todo un reto; la Senadora con licencia, Arely Gómez, ha sido propuesta por el Ejecutivo Federal para encabezar esta institución y enfrentar este enorme desafío que se expresa en una crisis de operatividad, de credibilidad y de eficacia.
La maestra Arely Gómez ha demostrado ser una persona con experiencia, con capacidad y profesionalismo, en ella hemos encontrado una legisladora sensible a las voces divergentes, una Senadora incluyente y dispuesta al acuerdo y al debate.
En este tiempo que compartimos el trabajo legislativo, ella se ganó el respeto, el cariño y el reconocimiento de nosotros.
Esperamos que bajo su gestión se den pasos para terminar con la politización de la justicia, y lograr la reconstrucción de la credibilidad de una institución fundamental del estado.
Nada deseamos más, que tenga éxito al frente de la PGR, que se estabilice el país y podamos vivir en paz.
Se requiere de una Procuraduría General de la República con verdadera autonomía y con credibilidad, se necesita una procuración de justicia independiente del juego de los intereses políticos y de las venganzas del poder.
México demanda un cambio profundo en la estrategia gubernamental para garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad, y confiamos en que la maestra Arely Gómez contribuya con el profesionalismo que la ha caracterizado hasta ahora a alcanzar estos objetivos.
Esperamos que el relevo contribuya a recomponer el tejido social que es un imperativo a la par del combate a la corrupción y a la colusión entre autoridades y criminales. Se requiere de gente profesional, pero sobre todo, gente íntegra, honesta, con principios que no se corrompa, que no se someta a los poderes fácticos, ni ceda a presiones del crimen organizado.
Los pendientes en la PGR en esta nueva etapa son demasiados: 28,000 desaparecidos; asesinatos de periodistas; el narcotráfico; el caso Tlatlaya; Iguala; delitos electorales; feminicidios, una larga lista de heridas que sangran y lastiman profundamente a este país.
Nuestro voto será a favor de la ratificación de la maestra Arely Gómez como nueva Procuradora General de la República.
Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo esfuerzo que le toca encabezar, la procuración de justicia y poner fin a la impunidad es lo que esperamos de ella.
Sólo la justicia y el fin de la impunidad podrán sacar a México de la crisis generalizada por la que atraviesa.
Enhorabuena, maestra Arely Gómez González como nueva Procuradora General de la República, en cuanto sea ratificada por el voto de dos terceras partes de este Senado.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora.
A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para motivar su voto.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.
El Senador Javier Corral Jurado: Decía esta mañana en el grupo parlamentario del PAN, que estas intervenciones pues son muy embarazosas, son de las que realmente uno nunca quisiera tener que pronunciar.
Pero quiero hacerlo con respeto y con franqueza, como bien lo decía el Senador Bartlett, no se trata aquí de venir a hacer cuestionamientos de carácter personal.
No debemos de sacrificar la franqueza por la falsa cortesía, no debemos evitar decir las cosas por el riesgo de incomodar susceptibilidades o afectos personales, no se puede pensar así cuando lo que está en medio es la República misma.
Entiendo y respeto a quienes aquí se han expresado para apoyar a la Senadora Arely Gómez. Desde el jueves pasado quedó acreditado que entre los Senadores de las distintas bancadas, ella tiene un respeto y tiene un reconocimiento.
Yo no hablé en esa sesión, pero no tendría ningún inconveniente en sumarme a varias de las cosas que en efecto se dijeron de ella, sobre todo su don de gente; sobre todo su amabilidad; tiene un buen estilo para relacionarse con los demás, yo la vi trabajar en las comisiones y es una persona metódica, tiene capacidad de trabajo; diríamos que tiene buen talante, y creo, sinceramente, que es una persona dispuesta a escuchar, ese es un buen dato.
Pero dicho todo esto, lo digo con toda franqueza, todo ello junto no es suficiente para poder votar a favor de esta ratificación, porque hoy por hoy son otras cualidades, además de esas, las que se necesitan en un nombramiento como el de la Procuradora General de la República.
Tiene que ver fundamentalmente con el tema de la independencia política, de la autonomía personal que requiere un cargo como el de la Procuradora General de la República.
En la actual crisis que vive México, que no es una crisis de percepción como Peña Nieto la ha descrito en el Reino Unido, una declaración con la que pretende sincerarse al reconocer que su gobierno está plagado de desconfianza, de que atraviesa el país un momento de enorme incredulidad.
Porque ese discurso es hueco, si el Presidente de la República fuera consecuente con ese discurso no estaría proponiendo hoy a la Senadora Gómez ni mucho menos a Eduardo Medina Mora para la Corte.
En realidad estaría privilegiando en estas candidaturas, en estos cargos a personalidades con mayores atributos de independencia política y de autonomía personal.
Porque la crisis de México no es de percepción, es una crisis de corrupción política, porque es una crisis de legitimidad, porque están enlodados los más altos niveles del poder político en México, es una crisis de corrupción política, que parte desde la Presidencia de la República y corroe a muchas vertientes del sistema político mexicano, y atraviesa a varios Secretarios de Estado.
Ahí están, todavía a estas alturas, las inexplicables casas: la casa blanca, la segunda casa de las Lomas, la casa de Ixtapan de la Sal, la casa de Malinalco.
El problema de México, la crisis de México, es una crisis de corrupción política, de conflictos de intereses, de inseguridad, de violencia, es una crisis de derechos humanos.
Por eso, lo quiero decir con todo respeto, y sé que me está escuchando la ciudadana Arely, ella puede tener muy buen trato, y de ella yo sólo recibí atenciones y respeto, yo siempre, en el trato con ella recibí una interlocución de mucho nivel, de mucho respeto. Pero yo creo que hoy no le sirve al país un perfil tan vinculado a Peña Nieto, tan vinculado al PRI.
Miren, ya tuvimos una experiencia, una mala experiencia. Yo aquí voté el nombramiento del Licenciado Murillo Karam. Murillo Karam, qué es Murillo Karam, con sus tablas, con su experiencia, con su cultura jurídica y política, con ciertos niveles de autonomía personal, Murillo Karam no pudo sobreponerse al sistema, no pudo cortarse el cordón umbilical que le ata con su partido, tan es así, que el personaje de más peso político del Gabinete de Peña ha tenido que ser relevado de la Procuraduría General de la República, y ese es el mayor relevo del gabinete que hoy se ha realizado. Ese es el cambio más importante.
No le sirve al país, en este momento, reforzar esa línea de afinidad partidista, de afinidad política, porque lo que está en la base del pacto de impunidad es el sistema de tapaderas, es el régimen de complicidades, es este cubrirle a los del mismo partido sus asuntos.
Cuándo abrió la PGR, en este tiempo, investigaciones por el tema de la casa blanca de Peña Nieto o la de Videgaray, que es un escándalo. El verdadero escándalo es el de Luis Videgaray, con la casa de Malinalco, declaró en 7 millones y medio de pesos el valor de esa casa, en boletín de prensa, y no se ha iniciado una sola investigación, una casa que se reportó, en su momento, a la Contraloría, con un valor de casi 2 millones de dólares y se vendió a Grupo HIGA en casi 3 millones de dólares, la compró el Secretario de Hacienda en 7 millones y medio.
¿Cuándo se abrió una investigación?
Ese es el problema real que tenemos.
Con todo afecto, y realmente abrumado, por tener que hacer este deslinde, yo no puedo por ahora acompañar la ratificación de la ciudadana Arely Gómez, esperaría, incluso, que ella pudiera tomar de mi intervención un acicate, a lo mejor le puede servir, para decirle, que yo esperaría que ella se echara para adelante, que ella pudiera separar su filia política partidista grupal del deber patriótico, que en este momento reclama México, de combate a la corrupción y a la impunidad.
Digo todo esto, compañeras y compañeros, y con esto termino, porque mi preocupación de este perfil está exponenciado, lo digo abiertamente, por el alcance que tiene la reforma constitucional que creó la figura de la Fiscalía General de la Nación, porque todos sabemos que ese nombramiento de Procuradora puede convertirse automáticamente en Fiscal General de la Nación, que dure 9 años, e incluso, que ni siquiera se le aplique el proceso de remoción, previsto en la Constitución para el Fiscal General.
Se ha dicho aquí, con razón, que hay dos requisitos previos: la Ley Reglamentaria que requieren o que necesitan las reformas constitucionales; y la declaratoria del Congreso para la vigencia de la Fiscalía General.
Yo les pregunto:
¿Qué no van a sacar la legislación secundaria?
¿Qué no van a declarar vigente la Fiscalía General?
Pues ni modo que no vayamos a concretar una de las mayores reformas constitucionales que hicimos, de organizar el Ministerio Público a partir de una Fiscalía General.
En este Senado, desde hace mucho tiempo, la oposición no tiene mayoría. No nos hagamos, no es cierto. El PRI tiene mayoría en este Senado, en muchos temas lo sacan, según el tema, consiguen unos votitos del PAN o unos votitos del PRD, o incluso del PT, pero ya la oposición en este Senado no tiene mayoría. Eso no es cierto.
Entonces, una Fiscalía General en un perfil tan vinculado y tan estrecho al Presidente de la República, creo que entraña una traición, entrañaría llevarse a cabo una traición a la Fiscalía General de la Nación autónoma.
¿Dónde se concreta la autonomía de una Institución, de una entidad, de una figura? Pues en los perfiles con mayor independencia política.
Por eso mi voto no la acompañará esta tarde, lo digo con toda claridad, lo hago fundamentalmente para acreditar mi posición.
Respeto a los demás que lo hagan, como le dije a Arely Gómez el día que pidió licencia, cuando aquí dijeron que iba de Subprocuradora, porque no les dijeron tampoco la verdad, por supuesto que no les dijeron que iba de Procuradora y probable Fiscal General, si hubieran dicho todo, yo creo que incluso habría habido más intemperancia.
Pero como se lo dije a ella, le deseo éxito. Yo estaré muy pendiente de su actuación, además ella sabe que es la función del Senado, y de un Senador de la República.
Por su atención, muchas gracias, compañeros.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador.
A continuación tendrá el uso de la palabra el señor Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, y el Senador Ernesto Gándara Camou cerrará esta ronda de intervenciones.
En tanto, le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del 6º semestre del Colegio de Bachilleres, del estado de Hidalgo, del municipio de Francisco I. Madero, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses. Asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.
¡Sean ustedes bienvenidos!
(Aplausos)
Tiene el usted el uso de la palabra Senador Robles Montoya.
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:
Debemos acostumbrarnos, de verdad lo creo, debemos acostumbrarnos a mencionar, en la misma oración, las palabras transparencia y Procuraduría. Y ese es el reto. Creo que ese es el gran reto, que la Procuraduría General de la República, se convierte en el puntual de una nueva época de transparencia y también de rendición de cuentas, lo cual, ciertamente, en estos tiempos se encuentra en México, desde mi punto de vista, en fase de alumbramiento.
Y asocio estos dos temas, compañeras y compañeros, en este debate que se da aquí en el Senado, porque a mi entender, no reconocen separación sustancial.
Para mí, si hoy el pueblo de México se manifiesta, es porque más bien quiere saber, quiere estar informado, quiere respeto, exige respeto, y sin duda, que el grupo de actividades que encabezan esta exigencia, también a mi parecer, son las relacionadas con la procuración de justicia.
Sí, me refiero a saber los detalles, los fundamentos, los motivos por los cuales se emprenden averiguaciones, detenciones, operativos; informarse también de las condiciones en que estos se efectúan, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista jurídico.
Se respetados, porque ya se entiende que un crimen, compañeras y compañeros, o un delito cometido contra una persona equivale a un crimen y un delito contra la sociedad completa, en tanto, por supuesto se afecta la convivencia y los valores anhelados por la generalidad.
Y por eso digo: “Y ser respetados”, y también, y además porque la procuraduría requiere tratarnos a todos como ciudadanos adultos, es decir, contarnos la verdad, solamente la verdad.
Por eso yo celebro que la licenciada Arely Gómez haya incluido en su propuesta de trabajo, como ayer lo expuso, como el primer eje precisamente a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Lo celebro, porque confió, compañeras y compañeros, confío en sus intenciones, y por eso, de alguna manera creo que eso denota que está escuchando ella el clamor de la gente en las calles, el clamor que escuchamos todos en los medios de comunicación.
En momentos como estos, compañeras y compañeros, creo que es válido decir: que quien habrá de ser ratificada por este Senado en la tarea de Procurador, tiene una responsabilidad por sobre todas las demás, es trabajar para la gente, y eso, insisto, se hace escuchando, escuchando a la gente, pero también acompañándola, y esa también es la razón por la que en breve la propia procuraduría tendrá que dejar de depender políticamente, como aquí ya se ha expuesto, del Ejecutivo.
Esa es la razón por la que estamos trabajando, compañeras y compañeros, para dotarla de plena autonomía y de ninguna mácula de influencia externa o de sospecha sexenal.
La futura Fiscalía, hoy Procuraduría, deberá ser construida sobre la base de la transparencia, la escucha de la gente, y añado un tercer factor: la confianza.
Y yo, compañeras y compañeros, yo doy un voto de confianza, como antes dije, en la trayectoria y en función del profesionalismo y las intenciones de Arely Gómez porque, igual que ustedes, pude conocerla a lo largo de estos más de 2 años.
Y lo he dicho, porque este factor, compañeras y compañeros, creo que también es determinante para que ella o cualquier otro personaje pudiese asumir las tareas de la Procuraduría General, pues ninguna o ningún titular podría sólo con la tarea, sino que se requiere del concurso del resto de los ciudadanos.
Por lo tanto, insisto, Senador Presidente, un reto de la nueva Procuradora será ganarse la confianza de la gente con actos firmes, con actos probados, con acciones congruentes.
Hace ya algunos años, Alejandro Martí le decía a ciertos funcionarios federales: “Si no pueden, renuncien”. Y creo, compañeras y compañeros, que esas palabras siguen resonando en la sociedad mexicana, aunque quizás ahora en términos diferentes.
Hoy creo que la exigencia es: que la clase política, los nuevos y los viejos funcionarios comprendan que se está construyendo un México distinto, y que los primeros que deben cambiar somos precisamente los políticos, porque la gente, amigas y amigos; compañeros legisladores, la gente ya no está dispuesta a aceptar imposiciones, aceptar mentiras, manotazos, corrupción, deslices; los ciudadanos ya tenemos formas distintas de estar comunicados, y también tenemos nuevos métodos de exigencia igual, o quizás más poderosos que los antiguos factores de presión reconocidos por la teoría clásica.
Es decir, compañeras y compañeros, el: “Si no pueden, renuncien”, se ha transformado en un: “Si no cambian, váyanse”.
Este es el clamor y este es el momento de asumirlo con toda claridad en ideas, en palabras y en acciones.
Las instituciones, compañeras y compañeros, se están construyendo ya sobre otras bases.
Este México nuestro ya no es el México del Siglo XX, y ni siquiera es igual al de la primera alternancia federal.
Este México, Senadoras y Senadores, ya aprendió a actuar con independencia y responsabilidad, y está tomando el arma de la participación en sus manos.
Por eso, y en suma, Senador Presidente, el reto de la renovada Procuraduría General de la República, está en la transparencia y en la confianza social.
El Senado, los poderes en general, los partidos, la sociedad civil tenemos la oportunidad de cooperar como para idear los mejores argumentos y los mejores mecanismos que aseguren la confianza de unos a otros; y también tenemos la oportunidad de vigilar esta nueva procuraduría, como ninguna otra en la historia, y esto es algo de lo más positivo que nos puede pasar como persona y como país.
De este tamaño es el desafío institucional que hoy se presenta. Que la república lo afronte, sin duda, con pasión, y que la futura titular lo haga lo mejor posible para bien de México.
Mis mejores deseos de éxito para la compañera Arely Gómez.
Es cuanto, Senador Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En tanto, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes de la Red Jóvenes del estado de Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.
Son ustedes bienvenidos.
(Aplausos)
Tiene usted el uso de la palabra distinguido Senador Ernesto Gándara Camou.
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias. Con su venia, ciudadano Presidente. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:
Como bien sabemos, esta Cámara, en sus facultades constitucionales, está sometiendo en este caso la aprobación, en este Pleno, de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo Federal, para desempeñar el cargo del nombramiento del titular de la Procuraduría General de la República.
Una de las tareas trascendentes para el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, de nuestra democracia, descansa sobre el pilar de la procuración de la justicia.
De ahí, compañeras y compañeros, esta alta responsabilidad y profesionalismo que debe caracterizar a quien ejerza este importante servicio a la república.
El trabajo desempeñado por la hoy Senadora con licencia, Arely Gómez, a lo largo de 30 meses en esta Legislatura, es la mejor prueba de su capacidad y compromiso, no solamente en los temas de justicia en el marco de la seguridad pública y la seguridad nacional, sino también fortaleciendo un estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos.
Hay un trabajo responsable, con conocimiento del derecho basado en la racionalidad y en la ponderación que demanda el complejo ejercicio de la justicia.
Por eso nuestro grupo parlamentario del PRI apoya decididamente la ratificación de Arely Gómez para este cargo tan importante.
Sabemos que hay por delante un camino muy complejo.
Sabemos de la importancia que tiene, en estos tiempos del Siglo XXI, una responsabilidad de ese nivel.
Los asuntos del ministerio público de la federación requieren, en todo momento, la satisfacción del interés y del bien común.
Cuidar que la actuación de cada uno de los servidores públicos en la PGR se rija por principios de certeza, legalidad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y, desde luego, respeto a los derechos humanos.
Déjenme decirles, compañeras y compañeros, que hemos estado analizando, cada uno de nosotros con plena responsabilidad, la ratificación, en este caso, de la propuesta del Ejecutivo Federal.
Quiero traer a la memoria y al recuerdo dos hechos que se han dado recientemente en esta Cámara.
El pasado jueves 26 de febrero cuando la entonces compañera Senadora Gómez, solicitaba licencia, hubo un reconocimiento, sin precedentes, de todos los coordinadores y de muchos Senadores, de todas las fracciones parlamentarias.
Se le reconoció, naturalmente su compañerismo, su calidad humana, su posición como dama que lo es y, desde luego también, su imparcialidad y su capacidad de concertación y de diálogo, que tuvo en su carácter de Senadora y en las comisiones que este Pleno le otorgó.
Hubo un reconocimiento, sin precedentes, por todos los coordinadores y por todos los que hicieron uso de la palabra.
Después, el día de ayer, también quisiera informar a detalle, la reunión de la Comisión de Justicia, en la que los integrantes y otros más Senadores y Senadoras que asistieron, hicieron también no solamente un reconocimiento, sino además se votó el dictamen por unanimidad de todos los ahí presentes.
Y además reconocimos en la exposición de la Senadora Arely Gómez, su congruencia entre el decir y el hacer; su actualidad en la vida jurídica, social y política de México; la congruencia entre el decir y el hacer.
Una mujer que no es mesiánica, una mujer que no presenta nunca ironías, una mujer que es intachable en su vida pública y que lo ha sido y estoy seguro y estamos seguros que lo seguirá haciendo. Una mujer que merece todo nuestro respeto porque se lo ha ganado y, desde luego, una mujer que va a representar dignamente a esa gran institución de la República, como es la Procuraduría General.
Yo estoy seguro y si quisiera resaltar, el respeto a todas y cada una de las Senadoras y Senadores que estamos aquí.
Aquí, compañeras y compañeros, no tenemos mayoría, nadie; pero sí tenemos capacidad para concertar; sí tenemos capacidad para acordar; sí tenemos capacidad para debatir y para disentir y eso implica el cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional y de nuestro valor ético como ciudadanos que somos y representantes de los estados de la Federación.
Aquí el grupo parlamentario del PRI, está convencido de las capacidades profesionales de Arely Gómez, porque la conocemos. Y cierto, también, la tenemos aprecio y afecto; pero nunca, en ningún momento votaríamos por una situación de afecto y respeto; pero siempre vamos a apoyar las capacidades, los requisitos y, sobre todo, la confianza que tenemos en Arely Gómez, en que si en su gran trayectoria de décadas, a pesar de su juventud, ha hecho un gran trabajo profesional desde abajo. Y, desde luego, hoy estamos más que convencidos, que México ya cambió. Que alguien que ocupe esa titularidad, va a actuar con imparcialidad y, desde luego, con congruencia, como lo ha hecho toda su vida.
No tiene Arely, porque cambiar. Y nosotros entendemos muy bien, que México ya cambió y que ahí, en esta responsabilidad constitucional, vamos a ratificar, el grupo parlamentario y estoy seguro, como se ha escuchado aquí de otros compañeros de otras fracciones la ratificación de la compañera Arely Gómez.
Muchas gracias, por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Gándara.
Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal y háganse los avisos correspondientes para que se abra el sistema.
(Se recoge la votación nominal)
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: Se emitieron 106 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo.
(Aplausos)
En consecuencia, bajo la previsión que impone el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma constitucional, en materia política, publicado el 10 de febrero de año 2014, y con fundamento en el artículo 76 constitucional, en su fracción II, el Senado de la República ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor de la ciudadana Arely Gómez González, como Procuradora General de la República. Comuníquese.
En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Arely Gómez González, por lo que solicito a las y los Senadores: Ernesto Gándara Camou, María del Pilar Ortega Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Jorge Aréchiga Ávila, Martha Palafox Gutiérrez y Eviel Pérez Magaña, sean tan amables en invitarla a pasar al interior de este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su toma de protesta.
(La comisión cumple)
La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Favor de ponerse de pie.
(Todos de pie)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Ciudadana Arely Gómez González: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Procuradora General de la República, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
La C. Arely Gómez González: ¡Sí, protesto!
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.
¡Felicidades, señora Arely Gómez González!
A nombre del Senado de la República, la Mesa Directiva le desea éxito en su encargo.
(Aplausos)
Solicito a la comisión designada acompañe a la señora Procuradora cuando desee retirarse de este salón.
Honorable Asamblea, la Mesa Directiva acordó emitir un acuerdo para lamentar la muerte de otro compatriota en los Estados Unidos de América, el señor Javier Canepa Díaz, asesinado por un oficial de la Policía de Santa Ana, Condado de Orange, en el estado de California.
Solicito a la Secretaría dé lectura del acuerdo correspondiente.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a los resolutivos del Acuerdo.
Primero.- Los Senadores de la República condenamos enérgicamente los hechos suscitados el viernes 27 de febrero en la ciudad de Santa Ana, Condado de Orange, estado de California, en que autoridades policíacas dieron muerte al mexicano Ernesto Javier Canepa Díaz, y nos pronunciamos nuevamente en contra del uso de la violencia excesiva e innecesaria externando una amplia protesta por el uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de todo tipo de autoridad que tiene a su cargo el orden y la seguridad de las personas.
Segundo.- El Senado de la República solicita a la Cancillería mexicana realice las acciones pertinentes ante las autoridades competentes del Condado de Orange, estado de California, para que practiquen todas las investigaciones conducentes a esclarecer la responsabilidad penal en que hayan incurrido los agentes policiacos implicados en el incidente e implementen las medidas necesarias para evitar que en casos futuros se siga haciendo uso indiscriminado e indignante de medios de prevención delictiva que sean desproporcionados y desmedidos en perjuicio de la integridad y vida de las personas.
Tercero.- Se solicita a la Cancillería mexicana que, a través del Consulado de México acreditado en la ciudad de Santa Ana, estado de California, otorgue los apoyos necesarios a los familiares de Ernesto Javier Canepa Díaz, y en beneficio de estos gestione ante las autoridades competentes las acciones y/o medidas tendientes a procurar y obtener la reparación del daño con motivo de la privación de la vida de nuestro connacional.
Cuarto.- El Senado de la República determina que el grupo de trabajo, conformado el pasado 17 de febrero para dar seguimiento a la muerte del mexicano Antonio Zambrano Montes, en el Estado de Washington, incorpore también el caso de la muerte del connacional Ernesto Javier Canepa Díaz en el programa que diseñó para atender los casos anteriores.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.
Por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.
Compañeros Senadores y Senadoras, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán directamente a comisiones.
Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente que tendrá verificativo el próximo jueves 5 de marzo a las 11:00 horas.
(Se levantó la sesión a las 15:33 horas)
