Versión estenográfica de la ponencia magistral del senador Alejandro Encinas Rodríguez en el Seminario Seguridad y Justicia: Marcos Estratégicos y Grandes Pendientes, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
PRESENTADOR: Agradecemos las palabras de inauguración que nos ha dirigido el senador Miguel Barbosa Huerta y pasamos ahora a la primer ponencia magistral de este seminario, en esta mañana, en voz del senador Alejandro Encinas Rodríguez.
Muchas gracias.
MANUEL PÉREZ CÁRDENAS: Reitero la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este importante seminario y me agrada, nos estimula a todos y nos compromete mucho la presencia del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta, porque sin duda no solamente con lo que acaba de decirnos de manera tan breve, pero tan profunda, significa el interés por hacer del Senado de la República el foro donde se discutan los temas que afectan la vida de todos y cada uno de los mexicanos sobre el futuro del país y, como ya lo decía él, que prevalezca por sobre todo los puntos de vista en las decisiones legislativas, el interés superior de los mexicanos y las mexicanas.
En buena hora que así sea y creo que este seminario va a contribuir de manera muy importante a ello.
Quisiera me permitieran presentar al senador que no requiere mayor presentación, pero sí de todas maneras, ya que va a ser la función de ponente magistral.
Decirles del senador Alejandro Encinas Rodríguez que él es licenciado en Economía por la UNAM, con especialidad en Desarrollo y Planificación, y en su desarrollo profesional se desempeñó en el área de formación de profesores y como coordinador de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Chapingo.
Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la OEA.
Presidente de la Fundación por el Fortalecimiento de los gobiernos locales y catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM; analista del periódico “El Universal”; director de la revista “La Zurda”; coordinador y autor de diversos libros.
Integrante de la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, ha sido un luchador social de siempre y del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios; primer representante de los trabajadores universitarios ante la Junta federal de Conciliación y Arbitraje.
Ha sido, como todos aquí le conocemos, dirigente político de la izquierda mexicana desde el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista y el Partido de la Revolución Democrática.
Dentro de la función pública ha sido diputado federal en la LIII, la LV y la LXI legislaturas, donde ha presidido diversas comisiones y coordinado la fracción parlamentaria del PRD.
Secretario de Medio Ambiente, Secretario de Desarrollo Económico, Secretario de Gobierno y también jefe de gobierno del Distrito Federal y, como sabemos, actualmente se desempeña como senador de la República por el Estado de México en la LXII Legislatura y quiero agradecerle de manera especial que no haya hecho el favor de actuar en forma inesperada para él, como ponente magistral de este importante seminario.
Bienvenido, señor senador.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes.
Senador Miguel Barbosa, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; senador Armando Ríos Piter, bienvenido, creo que también participa en el seminario; el director del Instituto Belisario Domínguez, Manuel Pérez Cárdenas, gracias por la invitación.
Me formularon apenas hace unas horas, porque lamentablemente y lo digo sinceramente, es una lástima que nuestro amigo Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en nuestro país, no haya participado en esta primera sesión, toda vez que él ha sido una persona que nos ha ayudado mucho, ha colaborado mucho con el Senado de la República, no solamente en los temas vinculados con la protección, la garantía de los derechos humanos, sino en distintos temas, todos vinculados a los derechos humanos y a los derechos de los ciudadanos, tanto en el ámbito de la seguridad pública, hasta en los asuntos de transparencia y rendición de cuentas.
Es difícil sustituirlo, pero quisiera hoy compartir con ustedes una reflexión respecto a los temas ligados justamente a lo que aborda este seminario sobre Seguridad y Justicia: Marcos Estratégicos y Grandes Pendientes, vinculándolo con los temas que ya señalaba el senador Miguel Barbosa, estamos discutiendo en estos momentos en el Senado de la República y que están intrínsecamente vinculados con la Iniciativa que envió el Ejecutivo Federal, que hasta la fecha se le conoce como una Iniciativa en materia de seguridad pública o rediseño de las corporaciones policiales.
Aunque si analizamos con detenimiento la Iniciativa del Ejecutivo Federal, se trata de una Iniciativa que tiene mayores implicaciones, gran trascendencia y que puede impactar de manera significativa más allá de la estrategia en materia de combate a la inseguridad y la definición de las facultades y competencias de las corporaciones policiales y los distintos órdenes de gobierno, al conjunto del sistema político y de nuestro régimen federalista en el país.
Ya que la Iniciativa del Ejecutivo Federal contempla la Reforma a 7 Artículos Constitucionales, que no son artículos menores.
Está, por ejemplo, la Reforma del Artículo 73, en materia de redefinición del régimen de facultades, competencias y concurrencias dentro de los distintos órdenes de gobierno.
O la reforma al artículo ciento (sic) constitucional, que modifica de raíz los temas vinculados con las facultades y competencias de los municipios de la autoridad más cercana con los ciudadanos en nuestro país.
Por supuesto, coincidimos todos en que el tema de la seguridad pública, más ante la emergencia que ve el país, debe de abordarse con mucha responsabilidad, con prontitud porque se requieren reformas de fondo.
Y estas reformas no basta solamente referirse al ámbito del establecimiento de un mando único o de una policía estatal única, sino definir el marco conceptual que debe regir el sistema de seguridad pública en el país, si bien coincidimos en que se necesita profesionalizar a los cuerpos policiacos, homologar sus normas de capacitación, profesionalización, salarios, operación, etcétera, pues también estamos convencidos de que el eje rector de lo que son las políticas de la estrategia de seguridad pública además de combate al crimen, debe ser el respeto de los derechos humanos y modificar el concepto que se tenía tradicionalmente de la seguridad, pues no se trata de la seguridad del Estado, no se trata de la seguridad del gobierno o de las instituciones, se trata de establecer normas claras que regulen y garanticen la seguridad humana, la seguridad de la sociedad, la seguridad de los ciudadanos.
Por eso habría que analizar con detenimiento el conjunto de la reforma y, como lo he señalado ya en otras ocasiones, estas propuestas avanzan en el rediseño de nuestro régimen federalista, el régimen de facultades y competencias y concurrencias de los órdenes de gobierno, con dos factores, con dos ejes muy claros:
Uno: el que avanza en una mayor centralización del poder público y de las facultades en el poder, las facultades de gobierno en el Poder Ejecutivo Federal y por otro lado la propuesta continúa en mayor debilitamiento del municipio, en donde ahora con la reforma al artículo ciento (sic) constitucional, donde se quiere eliminar la responsabilidad del municipio para asumir las tareas de la seguridad pública, pues se le da, desde mi punto de vista, una estocada a uno de los órdenes de gobierno que se ha querido ahora sí que criminalizar, o responsabilizar de la situación de inseguridad y violencia que vive el país cuando en realidad el municipio es víctima del diseño institucional que lamentablemente se ha venido instrumentando y que lo ha venido debilitando y desmantelando permanentemente.
La lógica del municipio libre no existe; si no existe en realidad la autonomía plena de las entidades federativas, basta poner por ejemplo cómo la inmensa mayoría de las entidades federativas, 31 de las 32 entidades federativas dependen fundamentalmente de sus ingresos, de las participaciones federales; estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, dependen hasta en el 97 por ciento de sus ingresos de las participaciones federales.
Solamente el Distrito Federal es la única entidad cuyo nivel de ingresos proviene de sus ingresos propios, ha llegado a tener hasta el 54 por ciento de ingresos propios, actualmente ronda alrededor de 52 por ciento de ingresos propios; las demás entidades dependen en más del 60, 70 por ciento de las participaciones federales. Y esta situación se replica y se profundiza más en el municipio, donde no ha podido desarrollar sus capacidades institucionales para poder cumplir plenamente con su responsabilidad.
Por eso también hay que reconocer que el sistema municipalista en nuestro país se ha agotado, y que lo que se requiere es una reforma de fondo al sistema municipal, dentro de este rediseño del sistema federal, en donde lejos de continuar el proceso de centralización y debilitamiento; habría que hacer un rediseño que le permitiera contar con los instrumentos normativos, legislativos, económicos, fiscales, para su fortalecimiento.
Y lamentablemente, con estas medidas lejos de avanzar en fortalecer a la autoridad municipal, continuará su debilitamiento. Pongo un ejemplo:
En el momento en que se elimine del artículo ciento (sic) constitucional la responsabilidad de los municipios para asumir las tareas de seguridad pública, se va a romper uno de los pilares fundamentales en el ejercicio del gobierno de cualquier autoridad.
Para que una autoridad pueda cumplir puntualmente con sus funciones, debe ejercer las facultades y cumplir plenamente con dos pilares de lo que es la función de gobierno:
El ejercer plenamente el monopolio en hacer cumplir la ley, el monopolio del cumplimiento de la ley
El poder hacer uso del monopolio del uso legítimo de la fuerza pública.
Y ahora vamos a ver cómo van a aplicar el bando de policía y buen gobierno los municipios, donde ya la Policía no sería una función de ellos y sería asumida por una Policía estatal, en donde se pretende que se encarguen desde las tareas de prevención del delito, hasta los asuntos de infracciones administrativas que establecería el bando de buen gobierno municipal.
Y yo no me imagino a una policía estatal asumiendo las tareas para resolver los conflictos de ocupación del área pública, de conflictos de riñas familiares, recogiendo borrachitos en la calle y levantándoles sanciones administrativas; cuando es una tarea que debería competerle estrictamente al ámbito municipal.
Pero esta modificación al régimen federalista no se queda, ni es incluso –creo– la más importante en las iniciativas, no se queda solamente en el municipio; porque hay planteamientos en las iniciativas del Ejecutivo Federal con la que se pretende facultar al Congreso de la Unión para poder legislar en distintas materias, una de ellas, que es muy importante, es la Ley General contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales; como si fuera solamente el ámbito municipal donde hubiera penetrado el crimen organizado.
Si bien lo hemos visto en el caso de Iguala y de Cocula, donde evidentemente hay una corrupción de la Policía municipal con la delincuencia organizada; lo cierto es que los enfrentamientos entre policías federales preventivos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el control del mercado de la droga, compete a autoridades federales.
Las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, las cometieron elementos del Ejército. Y miren que en el caso de muchos de los delitos cometidos de abuso de autoridad, violación de los derechos humanos por fuerzas federales, se trata de policías que han pasado todos los procesos de certificación.
Pero más allá de ello, en esta ley que se pretende promover contra la infiltración del crimen organizado en la autoridad municipal, el Ejecutivo Federal se pretende arrogar dos atribuciones que invaden las competencias, ya no sólo en los municipios sino de los congresos locales.
Uno, el poder solicitar al Senado la disolución de los ayuntamientos cuando existan indicios –cualquier cosa que eso signifique, indicios– de que tienen una penetración de la delincuencia organizada.
Cuando la disolución de la autoridad municipal es una competencia que está establecida con toda claridad en el ámbito de los gobiernos locales, quienes pueden regir sobre su gobierno interior, y la disolución de los ayuntamientos está contemplada en las constituciones de cada entidad de la República cuando se reúnan condiciones establecidas en la propia Constitución local de ingobernabilidad, de corrupción o de descomposición de la autoridad municipal.
Por supuesto nunca se ha utilizado esta figura de disolución en los ayuntamientos para enfrentar problemas del crimen o de corrupción. Yo recuerdo –ya en la época de la transición democrática– cómo la primera y las muy pocas veces que ésta se ha aplicado, disolución que se hizo en el ayuntamiento, fue del ayuntamiento de Juchitán, en Oaxaca en los años 80, cuando una rivalidad política entre la COCEI, una coalición electoral COCEI y PSUM, entró en diferendo con el gobernador del estado y la respuesta del gobierno del estado fue una respuesta política que disolvió al ayuntamiento.
Ahora se quiere arrogar esa facultad al Ejecutivo para, no solamente solicitar la disolución del ayuntamiento sino para poder asumir –y dice textualmente así la iniciativa– “…total o parcialmente las funciones del gobierno municipal”. Y eso significa que no sólo pondría a la autoridad municipal, lo cual también debería ser competencia del congreso local quien nombraría a una autoridad interina para cumplir el término del mandato para el cual fue electo el ayuntamiento para convocar nuevas elecciones, sino que además de imponer a la autoridad municipal, que seguramente sería un comisionado especial, como sucedió en el caso de Michoacán, asumiría todas las funciones del gobierno total o parcialmente.
Yo no me imagino a la Policía Federal Preventiva recogiendo la basura en ningún municipio del país o al Ejército Mexicano encargado de la distribución del agua potable o a la Gendarmería Nacional responsabilizándose del alumbrado público.
Yo creo que hay excesos que deberíamos de analizar con mayor detenimiento.
Pero también hay en estas modificaciones al artículo 73 constitucional, la pretensión de dotar de nuevas facultades al Congreso para legislar en otras materias. Una respecto a las facultades, competencias y concurrencias entre la federación, los estados y los municipios, que implicaría la promulgación de una ley general o una ley federal respecto a las competencias de los distintos órdenes de gobierno, que no es un asunto menor.
¿Por qué? Porque hoy las facultades de competencia y concurrencia de entre los distintos órdenes de gobierno están en el ámbito de la Constitución y cualquier modificación a este régimen implica la aprobación del Congreso de la Unión y del constituyente; del Congreso de la Unión por mayoría calificada y tiene que pasar por el constituyente permanente, por todos los congresos de los estados.
Si eso se transfiere a una ley general, existiría la posibilidad de que el Congreso de la Unión por mayoría simple, sin la participación de los congresos locales, pudiera modificar el régimen federalista en cuanto a las competencias, facultades y concurrencias de los distintos órdenes de gobierno, fortaleciendo indudablemente esta desmedida centralización en la que se ha venido incurriendo en los últimos años en el país.
Habrá incluso, hay planteamiento para publicar las leyes generales y establecer los tipos penales y sanciones respecto a distintas conductas y distribuyendo las competencias para investigación, persecución y sanción de los delitos, en donde las legislaturas locales podrán legislar en materia penal, sólo en aquellas conductas que no estén tipificadas en el ámbito de la ley general.
Y bueno, esta evidentemente es una respuesta para evitar conflictos como el que pudiera presentarse en el caso del Distrito Federal, donde está despenalizado el aborto hasta antes de los 90 días de gestación o ver otro tipo de problemas de carácter local.
En fin, por eso creo que es muy importante entender que esta discusión que estamos dando no es un asunto estrictamente de la estrategia en materia de combate a la inseguridad o rediseño de las corporaciones policiales, sino que está definiéndose el régimen federal en nuestro país.
Paso rápido a un segundo tema.
Esta discusión que se ha venido presentando respecto a la propuesta de mando único y policía estatal única, 32 mandos, 32 policías estatales en todo el país.
Yo lo que quisiera destacar es que creo que existe una gran confusión respecto a cómo se entiende el mando y la policía única. Lo hemos visto en las audiencias que se celebraron aquí, en el Senado, en distintos foros en los que hemos participado, en donde yo identificaría tres posiciones generales respecto al tema.
La primera y efectivamente que exista un mando único depositado en el gobernador de los estados o el jefe del gobierno del Distrito Federal y una policía estatal única que se encargue de todas las tareas de prevención y combate del delito en el ámbito del fuero común, definiendo las facultades y concurrencias, en combinación con la autoridad federal.
Hay otras propuestas, incluso de gobernadores, que avanzan más en la lógica de un sistema de coordinación, donde se mantiene un mando único, manteniendo la existencia de policías municipales, acotadas a funciones muy puntuales, vinculadas con el bando de policía y buen gobierno, donde el mando único podría ser el nombramiento y encargarse de la capacitación, supervisión y desarrollo de las policías municipales.
Y hay una tercera corriente que establece la existencia de un sistema dual o mixto, en donde se reconozcan y haya una diferenciación clara entre los distintos ámbitos del desarrollo de las capacidades institucionales de cada municipio y las características étnicas, socioeconómicas o incluso en los usos y costumbres que existen en muchos municipios del país.
¿Por qué?
Porque es impensable, por ejemplo, que una policía estatal va a poder encargarse de las tareas de seguridad pública en los municipios de usos y costumbres en Oaxaca o en Chiapas o que va a intervenir en los caracoles zapatistas sin la intervención de las autoridades de los pueblos y las comunidades indígenas.
Y creo que esta discusión va a ser la determinante, porque también se debe asumir que en materia del diseño de una estrategia en materia de seguridad pública no puede aplicarse una receta única.
Uno de los grandes errores que se han cometido en los últimos años es tratar de enfrentar a los distintos grupos delictivos y el tipo de delito que cometen, de la misma manera en todo el país, cuando existe una diferencia no solamente regional o cultural sino incluso existen diferencias muy claras entre el tipo de grupo delictivo que opera en cada municipio, estado o región; el tipo de delito que se comete, el modus operandi del mismo y el nivel de penetración territorial que ahí van algunos casos no solamente a que la delincuencia organizada o este tipo de poder fáctico delictivo tenga el control de vastas regiones del territorio del país, sino que también en algunos casos construye una base social de apoyo ante el abandono y la ausencia de la autoridad legítimamente constituida en esa región.
Y en este tema siempre se pone como ejemplo de buen resultado la experiencia del Distrito Federal.
Y yo digo que hay confusión porque siempre se asocia la idea de la experiencia del Distrito Federal con la existencia de un mando único y de una policía única, lo cual no es así.
Para empezar, en el Distrito Federal hay un régimen de excepción donde el responsable de la seguridad pública, el jefe de la seguridad pública en el Distrito Federal es el Presidente de la República, que delega el mando en el Jefe de Gobierno, que de manera conjunta ambos deciden el nombramiento del Secretario de Seguridad Pública. Y el Secretario de Seguridad Pública no tiene a su mando una sola corporación, una policía estatal.
En el caso del Distrito Federal, pues tenemos la existencia de la concurrencia de distintas corporaciones policiales. Está la policía preventiva, la policía auxiliar, la policía bancaria industria, está la policía montada, está el cuerpo de granaderos, está la policía turística. Bueno, hasta una policía náutica tenemos en el Lago de Xochimilco y en los Humedales de Tláhuac.
Y esto tiene una razón de ser, no es un asunto que haya surgido por ocurrencia de alguien, sino eso surgió después de una de las peores experiencias que se ha tenido en los modelos de desarrollo policial en el país, que fue la experiencia del general y doctor Arturo Durazo, que ni era general, ni era doctor, que concentró tal nivel de poder en el control policiaco; desapareció la policía de tránsito y la policía preventiva, ustedes recordarán cómo se fusionó, en donde no solamente se convirtió en un contrapeso político al Regente y a los delegados, sino que acabó administrando al crimen.
Como sucedió también en el Estado de México con el Batallón de Radio Patrullas del Estado de México, que todavía prevaleció hasta los años 80, que se convirtió con un poder enorme, pues en un vaso represor no solamente contra la lucha social, aquel entonces no había una posición consolidada en el Estado de México, pero fue un cuerpo represivo contra quienes invadían predios en la lucha por la vivienda, por ejemplo, o para romper huelgas en los movimientos sindicales de esos años en la zona conurbada, hoy convertida en zona dormitorio, pero fueron las zonas industrias de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, y que fue tal su contrapeso, su fuerza que en lugar de contar peso predominó por encima incluso de la autoridad municipal.
Entonces la experiencia tanto en el país como en todo el mundo ha avanzado más en la lógica de la descentralización de los cuerpos policiales.
Lo dice muy bien Buscaglia: “Policía única, mafia única”. Y ahí está Durazo. Ahí tenemos el ejemplo incuestionable.
Pero un proceso de descentralización con facultades plenamente definidas, con reglas para la creación de un sistema de carrera policial profesional, con mecanismos y estándares de capacitación, evaluación, fiscalización y seguimiento; con estabilidad y permanencia en el empleo de los propios policías. No puede ser que el presidente municipal llegue y cambie cada tres años a todos los policías.
Pero también con mecanismos de control hacia las policías locales y hacia la policía federal, debería ser el resultado final de una reforma de esta naturaleza.
Por eso estoy convencido de que en las discusiones que hemos tenido recientemente, habrá que hacer una diferenciación primero, de los municipios que tengan capacidad o no para asumir las tareas de policía en su territorio. Y en esos casos, establecer mecanismos de coordinación y de convenio, como se ha venido haciendo, en el caso de Morelos; Graco Ramírez, que es uno de los principales promotores del mando único y policía única, lo que tiene son convenios en donde el municipio delega, acepta delegar esa facultad porque no tiene las capacidades institucionales para cumplir con su responsabilidad.
Pero policías, por ejemplo en Monterrey, en el municipio de Los Garza, donde hay niveles hasta de militarización, ahí hay una policía municipal militarizada, evidentemente encontrará muchas resistencias para someterse, disolverse y someterse a un mando estatal.
En esta lógica, por supuesto que además de diferenciar las capacidades institucionales para cumplir con esa función por parte de los municipios, habrá que también diferenciar las formas y prácticas de gobierno local, respetando los usos y costumbres; donde por cierto, en los municipios de usos y costumbres donde existen las guardias comunitarias, es donde existe el menor índice de delitos en el país, y respetar esas formas de organización de autoridades policiales que tienen legitimidad con la comunidad.
Pero también avanzar a nuevas modalidades de organización, por qué no pensar –ya hay experiencias al respecto en el país– en policías de carácter metropolitano; por qué no podemos pensar en una policía de la zona metropolitana del Valle de México, como ya habido experiencias en la zona metropolitana de Guadalajara, para que no exista ese pretexto de que el límite geográfico impide la actuación en la persecución del delito cuando los delincuentes cruzan de una entidad a otra. Que por cierto, es un pretexto muy malo porque ese ya no es impedimento en muchos casos.
Aquí, en el Distrito Federal existen experiencias de mando único en toda la región centro. A mí me correspondió, siendo Jefe de Gobierno, suscribir un convenio con todos los gobernadores de la Región Centro del país, para establecer un mando único regional e irlo alternando periódicamente; actuar por una sola banda, una sola frecuencia de radio, intercambiar la información fundamental, que iba desde el Padrón Vehicular y también el padrón de policías estatales y municipales para poder cruzar, en el caso del Padrón Vehicular, todos los vehículos robados; en el caso de los policías, todos aquellos que fueron sancionados y se incorporaron a otra organización policial; y para actuar en la persecución del delito de manera conjunta, independientemente de las limitaciones jurídico-territoriales de cada orden de gobierno; lo cual tuvo como resultado la disminución más importante que se haya tenido proporcionalmente del delito en el año 2006, no solamente en el Distrito Federal, sino en la región centro del país.
Por eso creo que en esos temas no hay recetas únicas y hay que continuar pensando en cómo ir fortaleciendo las facultades y atribuciones del orden de gobierno más cercano a la gente; porque no va a ser ni al gobernador del estado ni al comisionado de la Policía Federal Preventiva a quien la población le haga los reclamos: la población exige, a la primera autoridad que exige es a la autoridad municipal.
Y en esta lógica de un rediseño del sistema Judicial en el país, sería mucho mejor fortalecer un proceso de centralización a partir de este concepto de la seguridad humana, de la seguridad ciudadana donde la capacitación de desarrollo de los cuerpos policiales se dé, permita enfrentar adecuadamente al crimen, no trasponer o interponer las facultades y competencias de órdenes de gobierno, que cada quién cumpla el suyo; mecanismos de coordinación y colaboración plenamente definidos y recursos económicos para cumplir con sus responsabilidades.
Y,y,icos para cumplir consus responsabilidades. no trasponer o interponer las facultades y competencias de ordenes de gobierno, qu en lugar de estar pensando en medidas que tienen una injerencia en la autonomía de los estados, que viola la autonomía de los estados y continúan debilitando a un municipio con la disolución de poderes o el asunto de atraer total o parcialmente a las facultades del gobierno municipal, al gobierno federal, tomar medidas más puntuales.
Si hay presunción, no indicios, porque los indicios –se lo pregunté a uno de los funcionarios, omito su nombre, en una de las audiencias– le pregunté, ¿por qué los 32 municipios que hoy están intervenidos por la autoridad federal, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, solamente ha sido destituido y detenido el presidente municipal de Iguala, el ex presidente municipal de iguala?
¿Por qué los demás siguen en funciones, si hay indicios –según ustedes– de que tienen vínculos con la delincuencia? “Ah –dice– es que tenemos indicios, tenemos dudas de que se tiene ese nivel de penetración”.
La autoridad y la ley no pueden regirse por indicios, por cuestiones de confianza o por evaluaciones de carácter subjetivo. Si hay evidencias que acrediten la comisión de un delito, hay que actuar contra la autoridad.
¿Y no sería más fácil, en lugar de hacer todo este mazacote de reforma constitucional, eliminar el fuero en todos los órdenes de gobierno, para que quien cometa un delito grave inmediatamente sea detenido y puesto a disposición de la autoridad?
Yo creo que esa sería una medida mucho más eficaz.
Y finalmente, el gran ausente, porque la importancia de esta reforma no es lo que plantea, sino también lo que no propone. El gran ausente en todo este tema del combate a la delincuencia organizada son las reformas al Poder Judicial, al ministerio público, poderes intocados que son la pieza clave de la impunidad y de la corrupción en este país; mientras, como hoy, el 97 por ciento de los delitos cometidos no se sancionen, por mejor estrategia que haya de combate a la inseguridad y por mayores número de detenciones que se hagan de gente que haya cometido algún tipo de delito, seguirán saliendo libres y a seguir actuando en las calles todos aquellos que cometen un delito.
Yo creo que debimos de haber empezado en este esquema de reforma a las instituciones de seguridad pública por la mayor reforma que está pendiente, que es la reforma al poder judicial y al comportamiento de los ministerios públicos y de los jueces, y en donde yo no conozco hasta ahora a ningún juez que se le haya fincado responsabilidad por sus vínculos con la delincuencia organizada; aunque sí conozco a muchos que han liberado a narcotraficantes y a delincuentes, o incluso ni siquiera ellos, los secretarios en ausencia emiten los acuerdos de libertad y la judicatura nunca ha actuado contra estas personas.
Yo creo que esos son los grandes temas que deberíamos estar discutiendo y, como dijo el senador Barbosa, en este periodo de sesiones habrá reforma seguramente con muchas modificaciones.
Les recomiendo un documento del Instituto Belisario Domínguez sobre la figura del Mando Único en la Seguridad Pública, es una parte, pero ojalá y ahora nos hagan el del Poder Judicial.
Por su atención y por este bomberazo, muchísimas gracias.
MANUEL PÉREZ CÁRDENAS: Damos las gracias más cumplidas al senador Alejandro Encinas Rodríguez, por esta presentación tan rica, tan basada en información muy específica, acerca de la construcción democrática institucional, los conceptos de la seguridad pública y el valor de garantizar los derechos humanos dentro de todo este gran tema que es la seguridad y los derechos en nuestro país.
Gracias, senador, de nueva cuenta por habernos hecho esta extraordinariamente rica presentación y por haber aceptado que le moviéramos en el orden de los oradores.
Muchísimas gracias.
El señor presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta, va a tener que retirarse para cumplir con otros compromisos y quisiera agradecerle, en nombre de todos, su presencia aquí.
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