Ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, bienvenido al Senado de la República, Senadora Cristina Díaz, Senador Omar Fayad, senadoras y senadores integrantes de las Comisiones.
La seguridad pública es parte esencial de todo proceso histórico social de cualquier país, pero tiene una especial relevancia en el caso de un México contemporáneo. La libertad para vivir sin temor, como una de las cuatro libertades esenciales que Franklin Roosevelt mencionó en 1941, ha sido verdaderamente cuestionada por nuestra sociedad y seriamente amenazada por la criminalidad.
Es común escuchar a la gente expresarse sobre la seguridad de nuestro país de manera resumida, en una sola frase: “Los tiempos no son como antes”. En este contexto y de acuerdo con el tercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI para el pasado mes de marzo de 2014 y en términos de delincuencia, 72.4 por ciento de la población de 18 años y más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
En comparación con el resultado del mes de diciembre de 2013, que fue del 68 por ciento, implica un incremento de 4.4 puntos porcentuales.
A partir de esos datos, debemos de tomar consciencia sobre la profunda significación que le dan las y los mexicanos a esta expresión, para redoblar esfuerzos y recuperar la seguridad perdida. Sabemos que el concepto de seguridad contempla una serie de responsabilidades, obligaciones y tareas que competen al Estado, dentro de las cuales están principalmente la de garantizar la certidumbre de las personas, su patrimonio y la observancia del Estado de Derecho.
Cuando una persona pierde la libertad de vivir sin temor, temor a la extorsión, temor al secuestro, temor a la violencia, temor a la criminalidad generalizada; se pierde la humanidad solidaria que requiere la cohesión social de nuestro pueblo para salir adelante. Es un hecho que el entorno social y la complicidad del fenómeno delictivo, nos ha obligado a buscar nuevos enfoques sobre la atención del problema.
Sólo de esta manera se logrará modificar la orientación, el diseño y la implementación de nuevas y más eficientes políticas públicas, que cumplan con el mandato constitucional de garantizar la seguridad de las personas.
Estas políticas se deben conducir para asegurar su exitosa implementación, con alternativas pragmáticas y operativas que permitan una ejecución eficaz de las soluciones a los problemas que enfrentamos, de una manera innovadora, incluyente y acorde a la realidad específica de cada región, territorio o entidad federativa.
La labor que se ha llevado a cabo hace ya más de cien días en distintas regiones de las entidades federativas, en las que se vive una situación atípica de inseguridad, sin duda son de reconocerse.
Aunado a lo anterior, estamos obligados a observar de manera total el territorio de la República, a efecto de adoptar las medidas que han sido exitosas para su aplicación contextual en todo el país.
La política criminal, en esencia, como fue anunciado por el Gobierno Federal se dirige por buen camino, al replantearla de manera más humana y menos estadística.
Sin embargo, existen todavía un todo en todo el territorio nacional, la formación y en algunos casos la consolidación de grupos de personas que han tomado la justicia en sus propias manos.
La regularización, institucionalidad y respeto al Estado de Derecho, exige que el Estado se encargue de garantizar los objetivos que perciben estos grupos y no así estos mismos, actuando siempre apegados a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.
En el arco de lo expuesto y principalmente en defensa de la libertad esencial de todas y todos los mexicanos a una vida sin temor en que es que me gustaría abundar en temas que exigen una especial prevención.
Uno de estos casos surge con mayor énfasis a raíz de la detención realizada por la procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, de varios integrantes de bandas vinculadas con la criminalidad en Centroamérica.
Inclusive el día de hoy se habla de un envío importante de armas por parte de grupos del crimen organizado mexicano a estas organizaciones.
Como senadora por Chiapas, considero indispensable la implantación de estrategias que contemplen combatir la disputa de las bandas criminales locales en el Estado y paralelamente detener de manera expedita el flujo de integrantes de bandas criminales centroamericanas a la entidad.
Asimismo y en un contexto doloroso donde se han exteriorizado una gran cantidad de casos de delitos cometidos contra migrantes.
Debemos dar estrict6o seguimiento al progreso logrado para desarticular y erradicar las bandas criminales dedicadas al tráfico de personas, especialmente de migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y el Ecuador.
Para concluir, debo destacar que existe un importante flujo de jornaleros indígenas en el país que transitan de sus entidades a otros estados de la República en busca de condiciones dignas de vida, los cuales lamentablemente son propensos a la captación y afectación de los grupos criminales.
Es por esto que se torna imprescindible la creación de políticas dirigidas precisamente a garantizar la seguridad de nuestros indígenas jornaleros.
Por último, señor Secretario, agradecer su puntual exposición y el trabajo realizado a su cargo en este tiempo que usted tiene al frente y también a todos sus colaboradores.
Por su atención muchas gracias.
SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias senadora Mónica Arriola. Le cedemos, hasta por 5 minutos, el uso de la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Sí, claro; no hay ningún problema. Hará uso de la palabra el senador Manuel Bartlett, por su Grupo Parlamentario.
SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Bienvenido señor Secretario al Senado de la República, y la importante exposición que usted ha hecho en las Comisiones respectivas.
Yo haría unas preguntas muy breves, esperando respetuosamente sus respuestas:
Uno. Es preocupante que se hayan dado tres leyes, aunque la última está un poco todavía en confusión, tres leyes que amenazan por su contenido a la libre manifestación.
Un asunto que se vio con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, creo que es Quintana Roo, Chiapas, Puebla, en donde se habla ya de la utilización de armas de fuego cuando es necesario. Esto es preocupante porque regresaríamos a muchos años atrás.
Hace ya años se proscribió incluso de las armas de fuego en el control de manifestaciones y de orden público, al grado de que se estableció este protocolo de verificar que las policías no fueran armadas a atender este tipo de problemas.
Regresar a la idea de que las manifestaciones se controlan con armas, con armas de fuego incluso se ha dicho, sería un grave error; error ya no solamente desde punto de vista político, sino un gran error desde el punto de vista práctico, porque no es el camino ni resuelve ese problema; estas leyes preocupan porque dan la impresión de que representan una línea, se parecen estas tres, aunque la última en Puebla parece ser que no publicaron la parte respectiva.
Un segundo tema, señor Secretario, que tiene que ver también con seguridad, que son los casinos, durante muchos años estuvieron prohibidos totalmente; ahora, después de una experiencia negativa en los años 20’s y la Ley General de Juegos y Sorteos, no permite el tipo de casinos y este tipo de juegos. Sin embargo, en un momento dado la Secretaría de Gobernación a través de un reglamento de reformar la Ley a través de un Reglamento, dio origen a este fenómeno, absolutamente nocivo para la sociedad mexicana; un reglamento que inclusive verificó la Suprema Corte de Justicia, y su aprobación, en tanto que si estaba o no en el marco de la ley que reglamentaba, con votaciones en contra de la Suprema Corte de Justicia, en donde se señaló que era un grave peligro de lavado de dinero y de darle cobijo a quienes lo organizaron.
Sé que están los medios de comunicación, están atacando el problema; sin embargo, nada más se percibe que se ataca a un grupo y eso tiene que ser, pienso yo, una política general que ha creado en el país una patología contraria a los intereses de la sociedad que siempre se había evitado. Hay responsabilidades de funcionarios que desaparecen, y nada más aparece el más visible, que es el rey de los casinos o no sé cómo le ponen.
Pero el problema es nacional, y sí le preguntaría sí esto se ve como eso, como un problema nacional que requiere una revisión completa de todo. Se habla ya de una ley de casinos que habría que ver si conviene esa ley y no más bien regresar a un sistema con limitación en los juegos, que han generado, de veras –y usted lo sabe–, severos problemas en las familias, en las mujeres de hogar, que gastan su dinero; y además la economía y las finanzas del crimen organizado y el lavado de dinero, como lo dijo la Suprema Corte de Justicia cuando se discutió este tema.
Desgraciadamente se aprobó ese reglamento, pero pienso, y ese es uno de los comentarios, esto requiere una política completa y que además, los funcionarios de Gobernación que estuvieron metidos en esto, han desaparecido.
Uno de los grandes problemas que tenemos, es que se focaliza en determinada gente el problema, y quedan impunes los funcionarios que impulsaron este método, que aun con el gravamento, estuvo mal veteado, se fueron mucho más allá que un permiso que habla del derecho a quién sabe cuántos casinos.
Un tercer punto, señor Secretario, la Gendarmería. Es un término que vino de Francia, algún presidente por ahí fue a Paris y se encontró a la Gendarmería, y le encantó y se trajo la palabra, la Gendarmería son los gendarmes que conocimos desde siempre.
Cual status, ya están hablando de su establecimiento, ¿Qué legislación se le va a aplicar? ¿En dónde se ubica en este panorama de las diversas corporaciones de seguridad?, es un tema que al menos yo no lo tengo claro.
Hace usted en su presentación, una serie de planteamientos de lo que han hecho en materia de prevención social, y muchos hemos estado señalando que precisamente es lo que ha faltado; qué bueno que lo tiene usted en su proyecto y en sus actividades, porque no es que lo tiene combatible exclusivamente para la Policía, la prevención, aquí vimos sus planteamientos.
El grave problema que tenemos y que tiene usted, es el modelo económico; su modelo económico que se ha venido aplicando a ultranza sin ninguna limitación por las áreas económicas del gobierno.
Es una vieja tensión que se da en los gabinetes, entre el área financiera y el área política. Es una tensión que debe mantenerse, porque las soluciones estrictamente tecnocráticas no benefician a la política.
El Secretario de Gobernación tiene que luchar permanentemente por equilibrar esa tensión, el dominio del área financiera que abarca casi todas las actividades del país en esta nueva filosofía no es bueno, porque se toman decisiones tecnocráticas que son contrarias a la política.
Ahí es donde considero que tiene que haber esa atención, poner la cual se defienda la idea política, el área social, el área económica social frente a la rigidez y la aplicación de los cartabones neoliberales, porque crean esa situación que da origen a una desigualdad creciente, a una concentración en la riqueza, a un gran empobrecimiento; es preciso atacar, más allá de hologramas de lucha contra la pobreza, sino con equilibrios entre la política económica y la política social.
¿No sé cómo vea usted esto que le planteo?
Y, finalmente, la cuestión de seguridad pública que está vinculado a lo anterior, requeriría y debe seguir demandando ese aspecto social y político indispensable para atacarla. Mientras exista esta desigualdad creciente por el modelo económico que se aplica todos los días, su labor está muy complicada, señor Secretario; muy, muy complicada.
Muchas gracias por su atención.
SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, Senador Manuel Bartlett.
Ahora voy a dar el uso de la palabra por lo que respecta al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, al Senador Carlos Alberto Puente, para su intervención.
Permítanme aclararles que esta es la ronda de posicionamientos de los partidos por eso es que no estoy dándole la palabra al Secretario en este momento para responder cuestionamientos; pero a lo mejor en sus respuestas, un poco más adelante, él tendrá oportunidad seguramente de poder salir adelante con varios de los temas que en los posicionamientos les plantee.
Tiene la palabra el Senador Puente.
SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muchas gracias. Con la venia de las presidencias de las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública, primero que nada, quiero darle la más cordial bienvenida a este Senado de la República al señor Secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Asimismo, darle la bienvenida a todos los funcionarios y colaboradores que le acompañan este día a este Senado de la República.
A continuación, me voy a permitir dar lectura al posicionamiento que es de todas las senadoras y los senadores del Partido Verde Ecologista de México, representadores en este Senado de la República.
Para nuestro partido, para el Partido Verde, tenemos claro que el problema de violencia generado por el crimen organizado en México, es resultado de un largo proceso de deterioro que no se va a resolver en un plazo inmediato.
Desde nuestra perspectiva, la inseguridad en México proviene de una multiplicidad de factores estructurales, entre los que destacan la falta de oportunidades y desarrollo que ha llevado a muchos jóvenes a ver en el crimen una alternativa de vida.
El proceso de debilitamiento del Estado, sobre todo en el orden municipal, en el que en los últimos años facilitó que nuevos actores y grupos delincuenciales emergieran en franco recto a la autoridad. Con nuestra posición geográfica y una amplia frontera con el mercado de drogas más grande del mundo, donde la demanda hace de su tráfico un negocio muy redituable para las bandas criminales.
Y, aunado a ello, la falta de coordinación y trabajo conjunto entre los órdenes de gobierno; así como la competencia en vez de la colaboración entre autoridades, dificultaron también los resultados en dicha materia.
En este marco, valoramos el esfuerzo que el Gobierno de la República lleva a cabo para devolver la tranquilidad y la seguridad a todas y todos los mexicanos; no sin poner el acento en lo mucho que falta para que en cada hogar, en cada calle, en cada negocio, reine la seguridad y la paz.
Pero si bien hay retos pendientes, consideramos que los pasos que este Gobierno está dando en materia de seguridad y procuración de justicia, va por buen camino. Y digo que va por buen camino porque, como usted lo ha señalado recientemente en su exposición, en su diseño de implementación de la política de seguridad, responde a un diagnóstico informado y lo hace desde una visión integral con la participación de la sociedad.
Más aún, porque a diferencia del pasado, no se diseñó una estrategia de manera unilateral, sin debate y poco transparente; sino como parte de una política de Estado que se construye desde el diálogo y el consenso entre los tres órdenes de Gobierno y los Poderes de la Unión y la sociedad.
Reitero nuestro compromiso como partido político con este esfuerzo, muestra de ello es que desde sus fracciones parlamentarias hemos apoyado y formado parte del proceso de seguimiento y evaluación de la política de seguridad y procuración de justicia. Y lo hacemos así, porque esta es una tarea conjunta, donde todos –gobiernos y partidos, empresarios y ciudadanos– debemos asumir responsabilidades y participar.
En particular, destaco lo que consideramos los componentes más importantes de la política de seguridad y procuración de justicia, aquellos donde hay un claro contraste que marca un antes y un después en esta política fundamental.
En primer lugar, consideramos un gran acierto que la política contenga un fuerte elemento de prevención, dirigido sobre todo a los jóvenes. Y aquí, me permito poner un acento en este tema destinado hacia los jóvenes, como presidente de la Comisión de Juventud de este Senado de la República.
Dicha agenda de los jóvenes, ha sido históricamente una agenda también de mi partido; y hoy reconocemos que el esfuerzo del Gobierno en materia de prevención se dirige al fomento de mejores oportunidades de desarrollo.
En segundo lugar, y desde la experiencia de un partido que cumple responsabilidades de Gobierno en instancias locales, es de subrayar que el que hoy se privilegie la coordinación y el trabajo conjunto entre los diferentes órdenes de gobierno.
Estamos convencidos de que la construcción de confianza es condición necesaria para la cooperación entre autoridades, y nos parece que el esfuerzo en esta materia está dando resultados.
En el caso de Michoacán, por ejemplo, donde ya no se trata de repartir culpas, evadir responsabilidades y posponer soluciones en áreas de beneficios electorales; por el contrario, después de más de una década de letargo gubernamental que mantuvo a la población en vilo, hoy se están dando resultados con acciones concretas, como las que nos está informando el día de hoy.
La impunidad de delincuentes y autoridades coludidas, empieza a dejar de ser la moneda corriente en la entidad; y por fin se están construyendo las condiciones de tranquilidad que permitan la prosperidad que los michoacanos merecen.
Por último, señalo la importante labor que se está realizando en materia de capacitación y depuración de los cuerpos policiacos. Ello ha quedado de manifiesto no sólo en sus labores de seguridad pública, sino como también nos lo informaba aquí, en el mayor apego a los derechos humanos con los que han actuado; lo mismo contra el crimen, que en la contención de manifestaciones públicas de protesta.
Y aquí dejo en claro que hemos aprobado leyes que de ningún modo criminalizan la protesta social; por el contrario, permiten conciliar los derechos de terceros al libre tránsito, al tiempo que garantizan la libertad de expresión y de manifestación.
Subrayando el tema de las corporaciones, reitero que debemos seguir trabajando juntos en el fortalecimiento de las policías locales y, en particular, de las municipales; que son unas de las principales debilidades que tenemos en el esquema nacional de seguridad.
Reconocemos el impulso que se está dando al mando único, aunque también sabemos que es de competencia local, pero apreciamos el esfuerzo que al respecto hace el Gobierno Federal.
Señor Secretario, compañeras y compañeros legisladores:
Reconociendo los aciertos considero necesario redoblar esfuerzos para recuperar cada vez más la tranquilidad que los mexicanos demandamos y merecemos.
Como legisladores y como ciudadanos nos preocupa y nos ocupa este tema. Por eso seguiremos siendo vigilantes permanentes y acuciosos de las acciones y resultados en seguridad y procuración de justicia.
Seguiremos coadyuvando ahí donde se lleven a cabo las acciones correctas y señalando aquellas que deban modificarse o presenten deficiencias, garantizando la actuación del Gobierno y las fuerzas de seguridad, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.
Por su atención, muchas gracias. Es cuánto Presidente.
SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias senador Puente. Ahora toca el turno para su posicionamiento, al Partido de la Revolución Democrática, y lo hará el senador Manuel Camacho Solís.
SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Buenas tardes. Sea usted y sus colaboradores bienvenidos, señor Secretario. Escuché con atención su informe. Quiero referirme a un tema doloroso y peligroso:
En el mapa de libertades que publica Freedom Kaus, para 2013, México ya dejó de ser un país libre y actualmente es considerado un país parcialmente libre.
Un país libre es aquel donde hay un amplio espectro de competencia política abierta, un clima de respeto a las libertades civiles, libertad e independencia de la prensa.
Los países parcialmente libres tienen restricciones en derechos civiles y políticos, hay corrupción e impunidad generalizada, un estado de derecho débil y altos niveles de violencia.
¿Por qué hemos caído tanto? En democracia, se nos compara con Honduras; en libertades, estamos entre los 7 países con mayor impunidad respecto a los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, sólo mejor que Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Afganistán y Tailandia, con el agravante de que Colombia ha mejorado y nosotros nos hemos deteriorado.
El deterioro de las libertades es un problema de ética política grave, pero también un foco rojo que anuncia ingobernabilidad. Donde hay prensa libre y donde se puede hacer con seguridad la defensa de los derechos humanos, no habrá ingobernabilidad. En ningún país con prensa libre ha habido una revolución.
En los últimos 12 años, hasta junio de 2013, según los datos de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión, se han registrado 95 homicidios que en su inmensa mayoría, según la Comisión de Derechos Humanos, permanecen impunes.
Aunque fue aprobada la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que estableció un mecanismo de protección, su puesta en marcha ha sido deficiente, al grado de que este año ya renunció su Consejo Consultivo.
Las causas de la violencia e intimidación de los periodistas son diversas. Una parte importante de los casos está ligada a acciones del crimen organizado, pero otra parte equivalente es por corrupción, es por violación de derechos humanos y asuntos políticos.
Entiendo que resolver el problema es muy complejo, pero lo peor sería quedarnos donde estamos. Es decir, con una fiscalía y una ley insuficientes, con procesos de degradación social y política que siguen un curso y con nuevos riesgos que podrían agravar la situación, incluso desestabilizar la democracia.
Las presiones a las que han estado sometidos algunos de los periodistas y medios de mayor prestigio debieran alertar.
Por ejemplo, el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, de “Proceso”, el 28 de abril de 2012, en Xalapa, continúa impune. Qué impide ir al fondo.
Nos preocupan hechos que han ocurrido en los últimos meses, como por ejemplo, las acciones de intimidación en contra de la periodista Carmen Aristegui. Estamos ante asuntos políticos cruciales que son, señor Secretario, de su responsabilidad directa; los espacios de libertad y autonomía son clausurados, ¿Qué alternativa tendrán los ciudadanos, los medios, la oposición política y social, los obispos, las ONGs de derechos humanos y las autoridades honestas para defender las libertades y preservar el orden constitucional?
Más allá de la necesaria revisión y fortalecimiento de la Fiscalía y del mecanismo de protección, desde el Senado, respetuosamente le proponemos que el Presidente de la República haga una definición política de fondo a favor de la libertad, y que ésta vaya acompañada de cinco acciones consecuentes. ¿Cuáles?
Uno: que el Presidente de la República comunique a todas las autoridades políticas del país, su decisión de dar seguimiento a los casos en curso, proceder en contra de cualquier acción contraria al libre ejercicio de los periodistas y defensores de los derechos humanos, y la determinación de su Gobierno de utilizar su autoridad contra cualquier responsable político que dé cabida o protección a estas acciones.
Dos: que el Gobierno aclare un caso, uno, para sentar precedente. Ahí está el caso de Regina, para que, si hay alguna responsabilidad política, ésta sea sancionada y si no, que quede esclarecido el caso.
Tres: que el asunto de Carmen Aristegui y cualquier otro en circunstancias semejantes, no se tome a la ligera. Defender los espacios de libertad, hoy es crucial para la democracia mexicana y para la estabilidad política.
Cuatro: que el Gobierno cumpla con su compromiso contenido en la reforma constitucional de Telecom para fortalecer la competencia, mejorar los contenidos, mantener abierto el internet, no criminalizar la protesta social y regular a fondo la publicidad gubernamental, conforme al compromiso que hizo el propio Presidente de la República.
Cinco: que se acepte por parte del PRI en el Senado, la creación de un comité asesor externo de expertos e instancias especializadas en la defensa de las libertades y los derechos humanos, para dar seguimiento a los compromisos que haga el Ejecutivo a favor de la libertad.
Ciudadano Secretario, respetuosamente le pregunto, ¿qué impide que haya una respuesta política a la altura del problema, de parte del Presidente de la República, los legisladores, los procuradores, los gobernadores, los responsables de la seguridad y la justicia?
No hay que perder tiempo, si en el caso de la Reforma Energética los Congresos locales la aprobaron en horas, con la misma urgencia y contundencia se deben atender estos riesgos de la política interna. Hay que contener los impulsos cortesanos y autoritarios, nada más eficaz para ello que asegurar la libertad.
Muchas gracias.
SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, señor Senador Manuel Camacho.
Tiene ahora el uso de la palabra, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nuestro compañero y Senador Héctor Larios Córdova, hasta por cinco minutos.
SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias presidente, bienvenido señor Secretario.
Cuando se modificó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para concentrar en la Secretaría de Gobernación la coordinación de los esfuerzos por la seguridad; se estableció esta comparecencia semestral. Tengo la convicción de que cada vez este ejercicio se compara más a una cultura de respeto a la ley y una conciencia de los mexicanos, de lo importante que es esto para todos nosotros.
Las tácticas y decisiones temporales, queda claro que por eficacia deben de ser secretas, pero la estrategia y la situación real debe de ser siempre pública.
El Grupo Parlamentario del PAN, ratifica una vez más nuestra disposición a colaborar con el Gobierno en todo lo que signifique mejorar la seguridad de nuestro país. Nuestra colaboración ha sido y seguirá siendo en el apoyo a todas las iniciativas y nombramientos que tengan que ver con el tema.
Hemos colaborado también no politizando el tema de seguridad, no creemos que sea conveniente politizarlo, como lo ha hecho ahora nuestro compañero del Partido Verde; no lo hemos hecho en toda esta Administración, pese a que es frecuente también escuchar a funcionarios culpar a la pasada Administración, como si no fuera un problema de décadas.
Colaboramos no generando la expectativa de que tendremos éxito de un momento a otro, cuando sabemos que éste será resultado de mucho tiempo de esfuerzo, de combatir al crimen, de mejorar nuestro sistema de administración de justicia, de reconstrucción del tejido social, de medidas de prevención, inteligencia, investigación, colaboración de autoridades, certificación y control de confianza del personal y muchas otras áreas.
Reconocemos los esfuerzos que el Gobierno Federal ha hecho para establecer un Estado de Derecho; y reconocemos también los resultados obtenidos. Pero también hemos manifestado nuestras preocupaciones cuando se utilizan medios que se encuentran en la frontera de la ilegalidad, como es el caso del impulso inicial a las autodefensas como una fuerza de combate al crimen organizado, sin que esté sujeta a la legalidad ni al respeto de los derechos humanos. Y que, desde luego, mostraron eficacia temporal en la recuperación de plazas en Michoacán y en colaborar para capturar a los delincuentes.
Las dudas sobre su origen, sobre si algunas de estas agrupaciones no son expresiones de grupos delincuenciales contrarios; dudas que el propio gobierno ha reconocido al someter a proceso a varios de sus liderazgos.
Nos preocupa que se tolere que se violente la ley, permitiéndoles poseer armas de uso reservado del ejército. Nos preocupa que se constituyan como fuerzas de orden en una policía rural, sin pasar por los mínimos controles de confianza.
Fundamos estas preocupaciones en la convicción de que no se puede restablecer el Estado de Derecho con acciones ni medios al margen de la ley.
Saludamos las nuevas decisiones y estrategias del combate al secuestro, un delito que lesiona gravemente a la sociedad y que ha tenido un incremento en los últimos meses. En lo que va de esta administración se han denunciado tres mil 531 casos; el 70 por ciento de los afectados lamentablemente son personas asalariadas, contrario a la percepción general de que son empresarios.
Un fenómeno que se observa es que parece que la delincuencia migra cuando hay acciones efectivas en un estado y se bajan los índices de delitos e inmediatamente se suben en otro estado. Estos últimos días hemos visto cómo se agrava la situación en Tamaulipas.
Particularmente hay estados en el país que mantienen un potencial de incrementar de manera súbita los índices de inseguridad: Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Veracruz; ahora afortunadamente Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y Durango.
Todas éstas, necesitan el auxilio del Gobierno Federal y planes integrales, tanto de combate como de reconstrucción del tejido social de forma simultánea.
Quizá habrá que recuperar los casos de éxito, no solamente los recientes sino también los anteriores, marcadamente, por ejemplo, de Ciudad Juárez y recientemente de Monterrey, para replicarlos en donde convenga.
Los senadores del PAN queremos que le vaya bien al gobierno para que le vaya bien a México, para que le vaya bien a los mexicanos; particularmente en este tema de seguridad queremos acompañarlos y apoyarlos.
Es cuanto.
SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, compañero Senador Héctor Larios.
Ahora, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hará uso de la palabra para su posicionamiento la Senadora Graciela Ortiz González.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Gobernación, sea usted muy bienvenido a esta Sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, en la que nos ha dado puntual información de los avances que tiene la política que contra el crimen y la violencia ha venido llevando a cabo el Gobierno de la República que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto y que usted ha conducido, nos parece con puntualidad y con verdadero compromiso con la República.
En el mes de octubre del año pasado, aquí en el Pleno de la Cámara de Senadores, nos presentó usted lo que fueron los diez ejes de la política de seguridad y procuración de justicia que significaron y significan –me parece– un verdadero cambio de paradigma en lo que debe ser la prevención de la violencia y, por supuesto, el combate a la delincuencia en nuestro país.
En este documento se definieron, se describieron –y esto es algo que celebramos en este documento público– lo que son las líneas estratégicas de acción en materia de seguridad.
Hoy vemos a partir de la presentación y, por supuesto, que usted nos hace la observación de la realidad, vemos con satisfacción que han sido desarrolladas con objetivos, con metas, con indicadores de evaluación en los programas sectoriales de las dependencias que integran el gabinete de seguridad.
Y más aún, vemos que se precisan y se articulan, se aterrizan en cinco grandes programas nacionales: De seguridad, de prevención social de la violencia y la delincuencia, de derechos humanos y especialmente quiero destacar los relativos a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y, por supuesto, la de los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas.
Con ello cumple usted, señor Secretario, con el compromiso que hizo en su comparecencia anterior –la vimos en aquel entonces con mucha atención y hoy observamos este cumplimiento– de que la política pública contaría con estos instrumentos de evaluación, de planeación, de coordinación, de seguimientos precisos y con indicadores para medir resultados.
Los resultados no pueden estar sujetos a la percepción, y me parece que estos instrumentos son los necesarios para que podamos los mexicanos irnos enterarnos de cuál es el avance de los objetivos que se establecieron.
Me parece que por primera vez –y hay que señalarlo con puntualidad– contamos con estos elementos objetivos que mandata nuestro sistema de representación democrática, para medir ese desempeño gubernamental en la tarea, en la delicadísima tarea de disminuir la violencia, de combatir la delincuencia, de respetar los derechos humanos, en especial el debido proceso; y lograr, como lo deseamos todos los mexicanos y, me parece que lo hemos expresado aquí las distintas fuerzas políticas, que regrese la tranquilidad, que regrese la paz a los hogares y que, por supuesto, los mexicanos tengan acceso a una justicia eficaz y sin dilación, que combatamos, pues, el flagelo que ha lesionado el tejido social en México, que es la impunidad.
Yo quisiera, señor Secretario –si usted me lo permite–, de su intervención, destacar algunos aspectos que me parecen fundamentales: primero, la coordinación, una coordinación que está dando resultados.
Observamos todos los días una acción conjunta entre el Gobierno Federal y los gobiernos locales; y mucho apreciamos quienes venimos de los estados, sobre todo de los estados donde este problema tan lacerante como es el de la violencia, fue en otros momentos –por fortuna– pasados, una de las graves preocupaciones de los ciudadanos.
Como usted sabe, yo soy de Chihuahua, y de manera particular quiero destacar que la coordinación entre las distintas instancias, tanto Federal como local, es fundamental para lograr estos resultados.
Vemos que hay colaboración entre estas instancias y me parece que esto es muy positivo. Vemos que hay corresponsabilidad y no reclamos entre los distintos órdenes de Gobierno, vemos resultados, no justificaciones; y lo más importante, y creo que esto es lo que debemos de destacar una y otra vez en conjunto Gobierno y sociedad: que disminuyan los delitos y se reduce el número de víctimas. No hay, me parece, más argumento que la sociedad deba de agradecer, que hoy vimos en cifras.
Tenemos la convicción, señor Secretario, de que las estrategias que se dirigen a coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia, de manera consecutiva han incrementado proporcionalmente la eficiencia en el combate al crimen en los estados, lo cual sabemos, redunda directamente en beneficio de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
Me parece que la inteligencia y la planeación también han sido claves para desarrollar operativos eficaces, donde la mayoría de las veces –y esto hay que celebrarlo– sin disparar un solo tiro se han detenido a los principales líderes de las organizaciones delictivas.
Yo quiero reconocer las acciones que se han impulsado para la profesionalización de los cuerpos de Policía, esto era fundamental, y por supuesto lo que es el funcionamiento eficaz de los sistemas de investigación e información.
Y quiero, por supuesto, felicitar la labor de las Fuerzas Federales por la detención de dos de los delincuentes más buscados en el mundo: de “el Chapo” Guzmán y por supuesto, el abatimiento de Nazario Moreno, a quien dado por muerto, había seguido cometiendo delitos en la tierra michoacana.
Me parece, señor Secretario, que estas dos detenciones establecen muy claramente la política que se fijó de 120 objetivos, de los cuales han sido detenidos ya 80, en cuanto a su eficacia.
La regionalización del país creo que es un aspecto fundamental para poder atender, con las características de cada una de estas regiones y de manera específica, los problemas que ahí se estaban dando; y por supuesto, los programas de cultura de legalidad y cultura ciudadana que se han implementado, que corresponden a la necesidad que tenemos de conciliar e involucrar a nuestra sociedad en los ámbitos del combate y la prevención del delito.
Esta integralidad, me parece, y esta acción en conjunto, buscando siempre atender los aspectos que establecen las leyes para la actuación de las autoridades han dado como consecuencia –y esto lo celebramos—la muy importante disminución de quejas que por presuntas violaciones a los derechos humanos, que da cuenta en su informe de este año el ombudsman.
Ésta yo diría que es una diferencia que hay que celebrar y que este gobierno muestra que en un sentido democrático y siempre cuidando el debido proceso se puede avanzar en el combate a la delincuencia.
Y por último, desde luego que atenderemos su llamado de discutir y aprobar la iniciativa que nos enviara el Señor Presidente de la República de lo que son la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
Vengo de un Estado que ha atendido con puntualidad este tema, pero sobre todo que entiende que el proceso bajo el nuevo sistema, el procedimiento penal bajo un nuevo sistema es una forma de avanzar en evitar lo que es la impunidad. Este instrumento es necesario para contar con este cuerpo legal, que haga más expedito y rápido el acceso a una justicia para todos.
No me queda más, señor Secretario, que felicitarme como mexicana y como integrante de este Senado por esta comparecencia en la que usted nos da, sin triunfalismos, con un gran sentido de la responsabilidad, de la alta responsabilidad que tiene, de los avances que en materia de seguridad tenemos.
Tenga usted la plena certeza de que ene l Senado de la República las senadoras y senadores estaremos atendiendo con el mismo sentido de responsabilidad lo que a nuestra función compete.
Felicidades verdaderamente por este planteamiento que nos hace el día de hoy y por supuesto felicitamos a todo su equipo y al Señor Presidente de la República y desde luego nos felicitamos, me parece, quienes integramos el Senado, desde las distintas fuerzas políticas, porque no hemos escatimado nadie en ese sentido de responsabilidad y corresponsabilidad en lograr el marco legal y a ustedes les dé las atribuciones que se requieren para cumplir de mejor manera su función.
Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Y nuevamente bienvenido señor Secretario.
SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias senadora. Con esta intervención concluimos los posicionamientos y en atención a lo que establece el Numeral número 4, el punto Cuarto del Acuerdo, abrimos la primera ronda de preguntas, respuestas y réplica, en su caso, y para ello se han anotado diversos senadores de los Grupos Parlamentarios.
Comenzaríamos por el Partido Verde Ecologista de México, con el senador Carlos Puente, para su pregunta.
SENADOR CARLOS PUENTE: Muchas gracias Presidente. Señor Secretario:
Al inicio de la presente administración, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a mejorar la situación de seguridad del país a través de una estrategia integral, basada principalmente en la prevención social del delito.
Hoy tenemos avances, los cuales están a la vista de todos, de los cuales ya se han mencionado en la presente exposición que usted nos da el día de hoy, entidades y municipios que años atrás destacaban en el mundo por sus altos niveles de violencia muestran disminución en sus índices delictivos de la depuración de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia y en suma de un incremento en la calidad de vida de los ciudadanos.
Se han dado golpes contundentes a la estructura de todos los grupos de la delincuencia organizada y se han mejorado los esquemas de coordinación entre los Tres Órdenes de Gobierno.
Sin embargo, en meses recientes Tamaulipas saltó nuevamente a la escena nacional, debido a una serie de actos delictivos perpetrados por el crimen organizado que trastocaron a la sociedad tamaulipeca y en generar un impacto negativo en la economía y en el desarrollo de la entidad.
Ello demandó, como se ha señalado, una nueva fase en la estrategia de seguridad en la entidad, con la que de manera coordinada autoridades estatales y municipales, y con el apoyo de la ciudadanía, buscan devolver la paz y la tranquilidad para miles de tamaulipecos que están sufriendo por las disputas de los grupos criminales con presencia en la entidad.
Por esto que le he expuesto señor Secretario, me gustaría preguntarle: ¿qué elementos innovadores se han incorporado en la segunda fase de estrategia de seguridad de Tamaulipas, que no estaban considerados en la primera fase?
Y en este sentido, si nos pudiera explicar de manera más detallada en qué consiste esta segunda fase y cuáles son las acciones que se pondrán en marcha.
