Senado de la República

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL VIERNES 25 DE ABRIL DE 2014.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR JOSE ROSAS AISPURO TORRES

-EL C. PRESIDENTE JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES: (11:39 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores senadores.

-LA C. SECRETARIA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 81 ciudadanos senadores y senadoras.

En consecuencia, señor presidente, hay quórum

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.
Se abre la sesión del viernes 25 de abril, correspondiente al Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta legislatura.

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: (Desde su escaño) Presidente…

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sonido, por favor, en el escaño del senador Javier Lozano Alarcón.

¿Para qué asunto?

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: (Desde su escaño) Señor presidente, o veo muy mal o no alcanzo a apreciar que hay 81 senadores aquí en la sala del pleno…

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: En el registro de firmas…

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: (Desde su escaño) Aquí manifestaron que hay quórum-quórum, no parece que haya…

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Se irán incorporando, en el registro de firmas están acreditados ese número de senadoras y senadores.

Y en la primera votación, lo habremos de constatar.

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: (Desde su escaño) Órale, pues, gracias.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta parlamentaria de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de las senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Ana Gabriela Guevara, con la que remite el Informe de sus actividades en su viaje de estudio a  Islandia, los días 3 y 4 de abril del año en curso, en el marco de los trabajos realizados por el Foro Global de Mujeres en Parlamentos.

Y una, de la comisión de Desarrollo Rural, con la que remite el programa de la consulta sobre la reforma del campo.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los siguientes proyectos de decreto, que se acompañan de sus correspondientes dictámenes de impacto presupuestario.

Uno, por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.

Otro, por el que se reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar en representación del gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Y uno más, por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese los tres expedientes a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con la terna para la designación del comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por un período de cinco años, compuesta por los siguientes ciudadanos:

Oscar Jaime Roldán  Flores, Guillermo Ignacio García Alcocer y Juan Carlos Zepeda Molina.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese dicha documentación a la comisión de Energía, para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Asimismo, la Secretaría de Gobernación, remitió un oficio con solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país, en el Ejercicio Combinado “Teamwork South 2014”  y en la Feria Naval y Marítima “Exponaval-Transport 2014”, que se llevarán a cabo del 24 de noviembre al 5 de diciembre y del 3 al 5 de diciembre de 2014, respectivamente, en el Puerto de Valparaíso, Chile.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese a las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Marina, para su análisis y dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: La Secretaría de Gobernación, remitió también oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales:

El Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la Ciudad de México, el 1° de noviembre de 2013.

Y el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, sobre Extradición, firmado en la Ciudad de México, el 1° de noviembre de 2013.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnense ambos instrumento a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Asimismo, se recibió el Protocolo Adicional al Acuerdo Inicial de Complementación Económica No. 51, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México, el 1° de noviembre de 2013.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Por último, se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Cuba, sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, firmado en la  Ciudad de México, el 1° de noviembre de 2013.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese a las comisiones unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de decreto por el que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación ambiental.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de  Estudios Legislativos, Primera.
Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Asimismo, de la colegisladora se recibió un proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la  Inclusión de las Personas con Discapacidad; y se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese a la comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3º de la Ley General de Población.

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Con el permiso de la Presidencia.

Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores:

Comparezco ante esta Asamblea, para poner a su consideración la siguiente iniciativa, que reforma las fracciones II, III y se adicionan un segundo párrafo a la fracción II; una fracción IV Bis y un último párrafo al artículo 3º de la Ley General de Población, bajo los siguientes considerandos:

Diversos senadores, hemos…

(SIGUE 2ª PARTE)
…población bajo los siguientes considerandos.

Diversos senadores hemos presentado una serie de propuestas de punto de acuerdo, unas exhortando a las autoridades en materia de salud, otras exhortando autoridades en materia de educación, otras también a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Población; sin embargo, es importante que quede ya debidamente previsto en la ley una serie de medidas que vayan encaminadas precisamente a prevenir una situación que va incrementándose lamentablemente en nuestro país en materia de embarazos en niñas y en adolescentes.

Con toda la problemática que conlleva, desde el tipo de vista en materia de salud, al incrementarse la morbimortalidad de estas pacientes que no están en condiciones físicas, anatómicas, fisiológicas y psicológicas para la responsabilidad y la situación fisiológica en relación a la gestación que están presentando. Y desde luego también la problemática social que esto conlleva.

La adolescencia, considerada entre los 10 y 19 años de edad por la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico de la persona. La madurez biológica que alcanza la adolescente, le permite ser, desde el punto de vista fisiológico y anatómico, madres a temprana edad; sin embargo, ello no implica su madurez psicosocial, por lo que al concebir un hijo experimenta un fuerte impacto a su vida, en su salud, en su entorno familiar y en su entorno social.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas en inglés, la paternidad, en el caso de niños y adolescentes o la maternidad temprana en el caso de las adolescentes o niñas mujeres, conduce de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual no están preparados ni preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus mismos hijos. El embarazo prematuro además conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del neonato.

El embarazo en las adolescentes está considerado como un problema de salud pública, ya que en la etapa de gestación existen riesgos que ponen en peligro la vida de la mujer y el producto. Se estima que un 15 por ciento de las mujeres embarazadas presentan alguna complicación mortal que requiere de atención obstétrica calificada.

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazos de jóvenes de 15 a 19 años, de acuerdo con un reporte de la Organización de Naciones Unidas, ya que en México uno de cada 6 nacimientos acontece en jóvenes menores de 15 a 19 años de edad, es decir el 16.1%, siendo el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla las entidades que con mayor concentración de menores en condición de maternidad se presentan en nuestra República, de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del año 2010, del INEGI.

De acuerdo a datos del Banco Mundial, en el 2009 en México se tenía una incidencia de 69 embarazos de adolescentes por cada mil mujeres o que habían tenido un hijo, tasa muy superior a países como Perú donde la incidencia es de 52, en España donde la incidencia es de 12, en China de 9 y en Alemania de 7, y, repito, aquí en México es de 69 embarazos por cada mil mujeres.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012 de la Secretaría de Salud, revela que las mujeres adolescentes encuestadas de 12 a 19 años de edad que ya habían tenidos actividad sexual, la mitad de ellas, el 51.9%, dijeron alguna vez haber estado en situaciones de gravidez, y 10.7% estaban cursando un embarazo en el momento de la entrevista. La incidencia es superior a la observada en 2005, donde de 30 nacimientos por cada 1,000 mujeres se detectó, y la tasa de fecundidad para el año 2011, de las mujeres de 12 a 19 años de edad, fue de 37 nacimientos por cada mil mujeres; es decir, 7 puntos por arriba en apenas cinco años de diferencia.

Así, por ejemplo, a principios de 2014, la coordinación de Salud, y esto es un ejemplo, de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, correspondiente a Ciudad Juárez, Chihuahua, dio a conocer que mil 700 adolescentes tuvieron a su tercer hijo, mientras que más de 6 mil 300 dieron o tuvieron su parto a su primer o segundo bebé con una serie de múltiples riesgos.

Al respecto, el Informe de Maternidad de la niñez, del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas, confirma que los embarazos en adolescentes son más probables entre niñas de hogares de ingresos y niveles con educación más bajos para habitantes de zonas rurales, en una proporción de 17 a 1 respecto a los hogares de más altos ingresos. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que las inequidades en salud materna se expresan en este grupo poblacional con mayores carencias.

Cabe mencionar que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población anunció una campaña informativa para reducir el número de embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual en el estado de Puebla. La campaña está enfocada a 43 municipios que concentran el 70% de la población juvenil entre los 15 y 19 años, y 50 municipios más en condiciones de alta y muy alta marginación, se trata de la Campaña Prevención Integral del Embarazo no Planificado e Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes, en las que se busca también promover, entre los jóvenes, una toma de decisiones libre e informada en materia de salud sexual y reproductiva.

Se prevé que sea la Secretaría de Gobernación la responsable de operar, y así lo dice la ley, de operar de manera transversal programas en materia de educación sexual integral con el objetivo de hacer efectivo el derecho en el acceso a servicios de salud, y con ello la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios pertenece al sector público o privado.

En México el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “establece que todas las personas tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos que desean tener y el espaciamiento entre ellos”. Para ejercer plenamente este derecho es necesario ampliar la cobertura de salud para asegurar la disponibilidad y el acceso a lo servicios de planificación familiar, así como otorgar la información y orientación veraz y suficiente que contribuya a la toma de decisiones libres, responsables e informadas en materia sexual y reproductiva.

Por lo anteriormente expuesto, y solicitando a la Directiva se considere íntegra mi versión en el Diario de los Debates, pongo a su…

(SIGUE 3ª PARTE)
…  se considere íntegra mi versión en el Diario de los Debates, pongo a su consideración que con objeto de que las políticas públicas que se diseñen sean efectivas para prevenir el embarazo en adolescentes y disminuir la mortalidad de madres jóvenes durante el embarazo, parto y puerperio, se somete a esta Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de esta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto. 

Artículo Único.- Se reforma las fracciones dos y tres, y se adicionan un segundo párrafo a la fracción dos, una fracción cuarto bis y un último párrafo al artículo tercero de la Ley General de Población para quedar como sigue.

Artículo 3°.- Para los fines de esta ley la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes las medidas necesarias para: se adiciona a la fracción II y de educación sexual integral.

Se añade: “los programas en materia de educación sexual integral considerarán lineamientos, estrategias y acciones de educación integral en sexualidad y promoción de la salud sexual que incluyan la prevención del embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, la violencia sexual y sus consecuencias.

Al 4° bis….

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador, le ruego que concluya su intervención, por favor.

-EL C. SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: Ya estoy concluyendo. 4° bis, impulsar de acuerdo al nivel educativo la incorporación de contenidos que brinden información clara, comprensible y completa sobre sexualidad, de conformidad con el proyecto educativo y convicciones de cada institución, así como con la participación de padres de familia y tutores.

Los prestadores de servicios de planificación familiar garantizarán a toda persona el derecho a la confidencialidad y privacidad sobre sus opciones y conductas sexuales, así como sobre los métodos y terapias que elija para la regulación o planificación de su vida sexual.

Transitorios.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Por su atención, muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senador Francisco Salvador López Brito. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos.

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Ernesto Gándara Camou, para presentar a nombre propio y de la senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo.

En el uso de la palabra, senador.

-EL C SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores.

Vengo a presentar a nombre propio y de mi compañera María Verónica Martínez Espinoza, senadora, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo.

El objetivo es complementar lo que ya se hizo en la Reforma laboral: más certidumbre y más equidad procesal en los juicios en materia laboral.

Es decir, proteger los intereses de ambas partes, por un lado del trabajador que no tendría que esperar el trámite de procedimiento de ejecución para ver garantizadas su subsistencia cuando ya obtuvo en definitiva; y, por el otro lado, el patrón no se vería en riesgo de no poder recuperar esa y probables posteriores garantías en el caso de el laudo definitivo que no admita fundación alguna le sea desfavorable, tomando en consideración la protección de la subsistencia del trabajador es sólo una garantía y no propiamente un pacto.

Dentro del juicio de amparo, como bien saben ustedes, la suspensión definitiva, la determinación judicial por la cual se ordena detener, frenar, paralizar temporalmente la realización del acto reclamado, mientras se resuelve el fondo del amparo, tiene como objeto paralizar e impedir el acto reclamado por la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño a los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realice.

La tutela que se otorgó a los trabajadores en materia de suspensión de los laudos que le resultan favorables, se limita a que la autoridad responsable niegue parcialmente la medida precautoria para el efecto de que se ejecute el laudo por un monto equivalente al necesario para asegurar la subsistencia del trabajador y de su familia, mientras se resuelve el juicio de garantías.

Normas protectoras en las que no se estimó conveniente para extender a la fijación de la caución que debe otorgar la patronal para garantizar los daños y perjuicios que pueda causarle al trabajador. Esto como consecuencia del otorgamiento de la suspensión del laudo en la parte que reste por ejecutar.

La entrega hasta antes de que se dicte una sentencia de sobre seguimiento o de negativa de amparo, pudiera implicar la privación de propiedades o posiciones de una persona que aún no ha sido vencida en juicio. De ahí que quizá la entrega en cuestión debe esperar al dictado de la ejecutoria respectiva, puesto que con ello se protegería los intereses de ambas partes. Pues por un lado el trabajador no tendría que esperar al trámite del procedimiento de ejecución para ver garantizada su subsistencia cuando ya obtuvo en definitiva y, por el otro, la parte patronal no se vería en riesgo de no poder recuperar esas y probables posteriores garantías en el caso de que el laudo definitivo que no admita impugnación.

Es importante advertir que el noble propósito de proteger la referida subsistencia sólo cubre el periodo de duración del juicio de garantías.

Sin embargo, la deplorable situación económica del trabajador escapa cuando enfrenta un juicio laboral por virtud de la separación del empleo, probablemente muchas veces en forma injustificada. Pues durante la tramitación del juicio laboral que en ocasiones ha durado muchos años sin que exista medida legal alguna que lo proteja de no subsistir durante ese periodo prolongado que quizá el más lamentable respecto a las dificultades económicas que se ve obligado a sufrir.

Consideramos conveniente y en ese mismo ánimo que les comentaba al principio y tomando en cuenta que ya hay tesis de la Corte y de tribunales en materia laboral, poder adaptar la ley a lo mismo que hicimos el tema de la certidumbre en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero ahora en la ley de amparo.

Consideramos conveniente esta reforma.

Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que se debe reformar el artículo 190 de la Ley de Amparo para quedar como sigue.

Artículo 190.- La autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas, a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente del Tribunal respectivo no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y la adición sería que podrá garantizar mediante depósito que será entregado al actor si el amparo es negado o sobre seguimiento.

Compañeras y compañeros senadores:

La certidumbre y, desde luego, el respeto al estado de derecho y al equilibrio en el tema laboral debe seguir precisándose.

Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senador Ernesto Gándara Camou. Sonido en el escaño del senador Ascención Orihuela Bárcenas.

Senador Ernesto Gándara, ¿acepta la inclusión a su proyecto del senador Ascención Orihuela?

Pido a la secretaría que tome nota de ello, con todo gusto.
Túrnese, perdón, también igual con el senador Armando Neyra Chávez.

Tomamos nota de ello, con gusto.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones……

(Sigue 4ª parte)
. . . . . . . . ..........también, igual con el Senador Armando Neyra Chávez, tomamos nota de ello, con gusto.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda.

Esta directiva saluda la presencia de alumnos de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Popular de la Chontalpa de Cárdenas, Tabasco, invitados por los senadores Humberto Mayans Canabal, y por el Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente del Senado de la República, sean ustedes bienvenidos.

                      (A P L A U S O S)

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

- LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros senadores: Después de más de 20 años de ser discutida la Asamblea General de la ONU, que la ONU aprobó en el 2007, conforme la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a buscar su propio desarrollo determinando libremente de acuerdo con sus necesidades e intereses.

En nuestro país el Artículo 2 de nuestra Constitución establece el reconocimiento a la diversidad cultural que existe a  lo largo de nuestro territorio, y sobre todo el respeto a las diferencias de las comunidades indígenas en un marco de autonomía que busca constituir una nueva relación entre estado, pueblos indígenas y la sociedad.

Asimismo, se establecen las instituciones y medidas políticas necesarias para garantizar los derechos indígenas, así como el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

En el mismo artículo de nuestra Carta Magna, se habla del impulso al desarrollo regional de las zonas indígenas por medio del apoyo a sus actividades productivas para lograr la eficiencia económica, proporcionándoles que los municipios asignen de manera equitativa  las partidas presupuestales que las comunidades administren directamente para sus fines específicos.

Sin embargo, y pese a esta naturaleza pluriétnica y pluricultural existen en nuestro territorio las políticas públicas que se encuentran muy limitadas para alcanzar el reconocimiento pleno de esta población.

Y, todos conocemos la discriminación social de que son objeto. Por ello es necesario fortalecer nuestro marco jurídico para evitar lesionar sus derechos, desde luego los derechos de los indígenas, y erradicar la discriminación como práctica que la mayoría de las veces se ve como una conducta normal, inconsciente de su propia inequidad.

Es importante señalar que el Artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social al establecer los objetivos de la política nacional de Desarrollo Social plantea que éstos deben garantizar el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la expulsión social.

En este contexto se circunscribe esta propuesta que tiene como objetivo principal que con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se lleve a cabo una campaña de difusión de reglas y manuales de operación de los programas sociales en la lengua hablada por la población objetivo del programa que se esté difundiendo en la localidad.

Al respecto, cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Social presentó recientemente la traducción a lenguas indígenas de la guía de programas sociales 2014, con la intención de informar las principales características, apoyos y requisitos de los programas de la SEDESOL.

Si bien es cierto que esto permitirá que las personas de las diferentes etnias conozcan y tengan acceso a los beneficios y apoyos del gobierno federal llevarlo a la dimensión de ley facilitará el ejercicio de sus derechos sociales, y no se limitará exclusivamente a la SEDESOL, sino al abanico de apoyos sociales en todas las dependencias del gobierno federal.

Parte fundamental para justificar esta propuesta, es que de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en nuestro país se hablan más de 90 lenguas indígenas, y se tienen 364 variantes lingüísticas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas.

Asimismo, el INEGI reporta,  a 2010, casi 7 millones de personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena, es decir, más del 6 por ciento de la población de nuestro país. Por lo tanto, es fundamental la armonización del marco jurídico en congruencia con los derechos indígenas establecidos en nuestra Constitución.

Con esto, las dependencias públicas encargadas de ejecutar programas y políticas públicas adquirirán estructura y capacidad suficiente para el respeto y difusión de sus actividades en beneficio del sector indígena.

Es por demás, decir, el impacto positivo que seguramente esta propuesta tendría, ya que en palabras del CONEVAL, 7 de cada 10 residentes en un hogar indígena están en condiciones de pobreza, y 1 de cada 10 en pobreza extrema.

Es decir, hablamos del sector que mayor necesidad tiene de que le sean respetados sus derechos sociales y dignidad humana.

Finalmente, esta propuesta comprende también las modificaciones necesarias para dejar estipulada la obligación para que la información relativa a los programas sociales con las características ya propuestas se publiquen en los respectivos portales electrónicos de Internet.

Esta es una herramienta que, sobre todo va dirigida a la gestión social, es decir, a las cabeceras municipales con la intención de apoyar su gestión en la promoción y difusión de los programas sociales, especialmente la de habla indígena.

El acceso de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas al goce de sus derechos ciudadanos, y a los derechos sociales elementales debe estar preservado celosamente en nuestro sistema normativo y en las acciones institucionales.

Por ello, pongo a su consideración esta propuesta para adicionar el Artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social a fin de garantizar que los programas sociales del Gobierno Federal pueda ser difundido en la lengua que hable la población objetivo de dichos programas.

Es cuanto, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Lorena Cuellar Cisneros, túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Informo a la Asamblea que se recibió de la Senadora Maria Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda que se turnarán a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda.

Asimismo, también se recibió del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo un proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del Artículo Sexto de la Ley General de Educación que se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Estela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 61 y 64, de la Ley General de Salud en materia de Atención a la Salud de las Niñas y  Niños...........

(Sigue 5ª. Parte)
....  a la salud de las niñas y niños prematuros. En el uso de la palabra, senadora.

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA:  Muy buenas tardes, muchas gracias, estimado presidente, estimadas senadoras y senadores, acudo ante ustedes con la intención de presentar una iniciativa con proyecto de decreto en materia de atención a la salud de las niñas y niños prematuros, que son aquellos que nacen antes de llegar  a la etapa de término  de gestación, que es a partir de las 37 semanas. 

La problemática a nivel mundial, respecto a los partos prematuros obedece a una cadena de sucesos que van desde la salud y cuidados prenatales de la mujer embarazada, su  edad, alimentación y seguimiento médico en las distintas etapas de la gestación  hasta los cuidados y atención que deben proveer las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año nacen 15 millones de niñas y niños de forma prematura, y que cada año mueren 1. millones de bebés en esta condición.

La falta de información y conscientización sobre los cuidados que deben observarse durante el embarazo representan los mayores riesgos de muerte de los bebés prematuros, pese a que no existe información que indique  específicamente las causas reales  que puedan provocar su muerte, existen diversos aspectos en la vida de la mujer que deben considerarse durante el embarazo, tales como el consumo de tabaco, alcohol, la ingesta de drogas, y demás sustancias nocivas tanto en la salud de la madre como en el desarrollo del feto.

El estrés, cambios extremos en el peso de la mujer o tener una mala alimentación, descuidar la atención y seguimiento médico del embarazo, entre otras.

Existen otras circunstancias de riesgos para bebés prematuros ajenas a la voluntad de la madre, como  el caso de los partos múltiples, defectos en el nacimiento, padecer enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas renales, infecciones difíciles de de controlar, posee demasiado líquido amniótico, rompimiento prematuro de la bolsa de agua, por mencionar algunas.

Todos los recién nacidos tienen necesidad de contar con atención médica y cuidados postnatales, a fin de forjar las bases que promuevan su sano desarrollo y crecimiento. La atención va desde las vacunas que se aplican al nacer, y durante la infancia, los estudios metabólicos, como el tamizaje, entre otros.

En palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki – Moon, todos los recién nacidos son vulnerables, pero los prematuros lo son más aún. Un alto porcentaje de los bebés prematuros podrían, sin tratamientos complejos ni costosos, tener la posibilidad de sobrevivir, si se fortalecieran las medidas para cuidar la estabilidad y nutrición de los pequeños, así como la implementación de medidas que pudieran prevenir enfermedades, infecciones o incluso la muerte por amnea.

Por ellos amigas y amigos, considero necesario y conveniente modificar el apartado de Salud Materno Infantil previsto en la Ley General de Salud, a fin de establecer como prioritario el establecimiento de diversas acciones adicionales para el cuidado y protección a la salud y supervivencia de los bebés que nacen antes de término, en las que se pueden considerar los principales aspectos prevenibles y de atención viable por parte de las instituciones de salud, tales como uso de incubadoras, o calentadores radiantes para mantener la temperatura corporal de los bebés, dado que pequeños prematuros no tienen suficiente gras corporal para mantener su propia temperatura.

Uso de herramientas idóneas para procurar la alimentación de los bebés prematuros que procuren su nutrición y desarrollo adecuados, tomando en consideración la importancia que tiene la leche materna, ya prevista en la ley, y en su caso los suplementos especiales que provean las vitaminas y minerales óptimas para su desarrollo.

El uso de monitores y equipos que permitan supervisar la frecuencia cardiaca, y controlar la respiración, la realización de pruebas de laboratorio que prevengan infecciones o anemias que después puedan convertirse en padecimientos o enfermedades graves o fatales, y el establecimiento de estrictas condiciones de higiene en el área de atención y cuidados neonatales, tanto de recién nacidos de término, como de bebés prematuros.

Esto es algo en lo que basamos el fundamento de esta iniciativa, de reforma a la Ley General de Salud, que pongo a la consideración de todas y todos ustedes, esperando, por supuesto, su respaldo. Muchas gracias, estimado senador presidente. Es cuanto. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Hilda Estela Flores escalera.  Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos.
A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 115 Constitucional.

-EL C. SENADOR FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ:  Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Conforme avanza la conquista de espacios ciudadanos, y se legisla para que el gobernado pueda participar de modo más activo y directo en la toma de decisiones de los gobiernos, se presentan obstáculos que viven o trata de limitar las posibilidades de que la voz y voluntad de la sociedad pueda ser no solo escuchada, sino atendida, y convertidas sus demandas en realidades y acciones en planes de gobierno, y leyes con apego la sentir y a las necesidades de los núcleos de población.

Los constitucionalistas dirán,  con justa razón, que el pueblo  está debidamente representado en los poderes públicos, y en los gobernantes y autoridades electas para formar y hacer gobierno, es verdad, así lo dice la Constitución, sin embargo, y con independencia de la representación que tiene el ciudadano, por conducto de los servidores públicos y los poderes ya mencionados, el mismo  goza de la prerrogativa de la denominada participación ciudadana, este derecho se divide en dos fases trascendentales:

Primero. La participación ciudadana electoral, es decir, el ejercicio del derecho a elegir a las autoridades por medio del sufragio.

Y segundo, la participación ciudadana real y directa y efectiva en la toma de decisiones de las autoridades, especialmente  cuando se trata del destino del uso de suelo, medio ambiente, planes de desarrollo urbano, vías y medios de transporte, zonificación, asentamientos humanos, seguridad pública, protección civil, y otros rubros similares.

Existe, recientemente una dialéctica que plantea una lucha destructiva entre la participación ciudadana y la política, la realidad es que el hombre,  animal político, de Aristóteles, como ciudadano, tiene el derecho de votar y ser votado en la construcción del poder del Estado, y además tiene el derecho de expresarse y asociarse en los asuntos públicos, en tanto que el político es eses mismo ciudadano que ejerce tales derechos  a plenitud. La condición de ciudadano y político son esencia  de lo mismo, y el contraponer ambas funciones de manera radical implica una ruptura ontológica y un conflicto irresoluble al interior de la sociedad.

Este debate encuentra una síntesis inteligente en la visión que ofrece el expresidente del gobierno español, Felipe González, quien asegura que una participación ciudadana de calidad, dignifica la vida pública y genera política con mayúscula, entendiéndose como tal la política orientada al bienestar del individuo y la sociedad.

La participación ciudadana no puede estar peleada con la política, y al contrario, debemos procurar la vinculación esencial que existe entre ambas, y así disminuir el hartazgo de los ciudadanos hacia los políticos, tal y como lo propone el mencionado exprsidente español.

Si no nos gustan los políticos, quitémoslos y pongámonos en lugar de ellos, si no nos gustan los dirigentes de los partidos, cambiémoslos, y si no nos gustan los partidos que existen hagamos otros.

En los últimos siete años se ha dado en México y en el ámbito internacional un impulso para privilegiar el derecho ciudadano a hacerse escuchar, con mecanismos que van más allá de esperar, ser atendidos por sus representantes populares, estos mecanismos son básicamente el plebiscito, el referendo y la consulta popular, y la iniciativa ciudadana, sin embargo, para fines de la presente iniciativa nos ocupa otro tipo de participación ciudadana, que se verifica por medio de los organismos conocidos, generalmente como Consejos Ciudadanos o Comités Ciudadanos.

Este tipo de organismos, de expresión popular existen desde hace lustros, y fueron los municipios quienes primero trataron de darle vida y funcionalidad en los códigos municipales, o leyes orgánicas municipales.
Hoy día....

(Sigue 6ª. Parte)
. . . y fueron los municipios quienes fueron los primeros que trataron de darle vida  y funcionalidad en los Códigos Municipales o leyes orgánicas municipales.

Hoy día, casi todas las constituciones locales imponen a los municipios el deber de  privilegiar y reglamentar  la participación ciudadana.

Sin embargo, en la práctica  será escaso o nulo cumplimiento a estas disposiciones.

Los estados y los municipios deciden omitir y suprimir el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y aportar opiniones  vinculantes a la toma de decisiones de las autoridades municipales.

En los municipios, que es donde la gente vive  más cerca la problemática que los aqueja no se crean los reglamentos ni las agrupaciones  correspondientes coartando y conculcando lo que de hecho son prerrogativas constitucionales de los gobernados.

Además de lo anterior, en los casos donde se crean organismos, llámense consejos, comités o comisiones, se les priva a éstos del carácter vinculante, es decir, sus opiniones  no  inciden en las acciones de gobierno en términos reales, con lo que se convierten  en figuras de adorno, en simulación y engaño para la sociedad.

Una participación ciudadana fingida y acotada por las  autoridades, por leyes y reglamentos.

Consideramos que la participación  ciudadana en la vida municipal debe ser una realidad, un derecho  materializado, pues nadie conoce mejor la problemática  y las necesidades de los municipios, de sus sectores  y de sus colonias que los ciudadanos que habitan en ello.

En conclusión, la participación ciudadana es esencial para la buena gobernabilidad y debemos procurarla desde la Constitución en la cédula  del gobierno  que es precisamente el Gobierno Municipal.

En mérito de lo antes expuesto  someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa  con,

Proyecto de Decreto.

Artículo Unico.- Se modifica el contenido del segundo párrafo, adiciona un tercer párrafo y  se recorre el que actualmente ocupa ese lugar a la cuarta posición de la fracción II  del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

“Los ayuntamientos tendrán facultades  para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir  las legislaturas de los estados,  los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen  las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de sus competencias y aseguren la  participación ciudadana  vecinal, garantizando el carácter vinculante de las opiniones  emitidas por las organizaciones de ciudadanos debidamente conformadas.

Los ayuntamientos deberán garantizar la participación ciudadana mediante reglamentos  expedidos conforme a la normatividad aplicable en los temas referentes de la planeación y desarrollo urbano, desarrollo social, transporte público, seguridad pública, protección civil, asentamientos humanos, medio ambiente, uso y destino del suelo, agua potable y drenaje, vialidad y los demás que determinan las legislaturas de los estados.

Muchas gracias, señor Presidente, es cuanto.

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Luis Fernando Salazar  Fernández.

Sonido en el escaño del Senador Octavio  Pedroza Gaitán.

¿Para qué asunto?

-EL C. SENADOR OCTAVIO PEDROZA GAITAN (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente, para solicitarle respetuosamente  pregunte al proponente si me permite suscribir su iniciativa.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador Luis Fernando, adelante, pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente al Senador Héctor Larios Córdova y el Senador Francisco Salvador López Brito, Senador Ernesto Ruffo Appel, con todo gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Igualmente, Senador Daniel Avila Ruiz.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos Segunda.

Esta Presidencia saluda la presencia de 35 alumnos de la facultad de derecho, de la carrera de derecho administrativo  y al  maestro encargado, al profesor Pedro Noguerón de la Roquete que se encuentran invitados por el Senador Omar Fayad Meneses, sean ustedes bienvenidos.

 Solicito a la Secretaría, dé cuenta con los dictámenes que tenemos para primera lectura.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Doy cuenta con los dictámenes.

Uno, de las Comisiones Unidas de Hacienda y  Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, con Proyecto de Decreto por el  que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas.

Cuatro, de las Comisiones  Unidas  de Relaciones Exteriores y de Marina que  contienen Proyecto de Decreto por los que se concede autorización   al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para  permitir la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval a bordo de los buques auxiliar multipropósito Arm Huasteco y patrulla Oceánica Arm Durango de la Armada de México, fuera de los límites del país, para que realicen prácticas del 10 de junio al 15 de julio  de 2014 y del 1º al 25 de julio  de 2014 respectivamente.

 Para permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el ejercicio Cuenca del Pacífico Rimpac 2014 que se llevará a cabo del 27 de junio  al 1º de agosto de 2014  en las Islas Hawai, Estados Unidos de América, para permitir la salida de  elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para participar en el ejercicio anfibio, Sociedad de las Américas FOA-2014 que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014 en el fuerte aguayo y Puerto Aldea, Chile, y para permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el ejercicio multinacional UNITAS  65 PENUD 2014  con una patrulla oceánica Arm Sonora P152, un helicóptero, 13 elementos  de Infantería de Marina Embarcados y cuatro capitanes para integrarse en el estado mayor  conjunto del ejercicio e intercambio con otras unidades participantes, ejercicio que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014 en la República de Perú.

También tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, de relaciones exteriores y de medio ambiente y recursos naturales  con la opinión de la Comisión Especial de cambio climático que contienen  proyectos de decreto por los que se aprueban.

La Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático en el marco de la VIII Conferencia de las partes en calidad de reunión de las partes del Protocolo de Kyoto y el Acuerdo  para el establecimiento del Instituto Global para el crecimiento verde.

Firmado al referéndum por el plenipotenciario de México en la Ciudad  de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil el 12 de octubre del 2012.

Asimismo tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Arabes  Unidos para evitar la doble imposición  y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias Secretaria.

Debido a que se encuentran publicados en la gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193, 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

 Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos Segunda, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se  reforma el artículo 254bis del Código Penal Federal, debido a que se encuentran publicado  en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea  en votación económica, si se omite la lectura.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura  del dictamen.

-Quienes estén porque se omita, favor de  levantar la mano. (La Asamblea asiente)

-Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

-Sí se omite la lectura, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Informo a la Asamblea. . .

(Sigue 7ª parte)
-Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

-Sí se omite la lectura, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Informo a la Asamblea que el Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial entregó a la Mesa Directiva una versión del dictamen que contiene agregados en su apartado de las consideraciones.

Para certeza de lo que la Comisión de Comercio está adicionando, les informo que las páginas afectadas son los número 57 y 58.

Este nuevo texto, que varía únicamente en cuanto a lo que se refiere a las condiciones, mantiene la parte resolutiva en los términos que ustedes lo conocieron desde su primera lectura.

La versión modificada está disponible en el monitor de sus escaños.

Iniciamos, en consecuencia, la presentación del dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Con el permiso de la Presidencia.

Hoy vengo a hablar a nombre de las Comisiones Unidas que dictaminaron la minuta que recibimos en materia de una nueva Ley Federal de Competencia Económica.

Lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados por el extraordinario trabajo que hicieron en la dictaminación de la Iniciativa que el Presidente de la República les envío, lograron una cantidad muy importante de modificaciones que mejoraron de manera sustancial la Iniciativa, siempre en consenso con el Ejecutivo, y yo no hago más que reconocer el trabajo de todos ellos que encabezó el Diputado Mario Sánchez Ruiz.

Y adicionalmente comentar, que en el Foro de Consulta que organizó el Senado fueron precisamente los diputados dictaminadores de todos los partidos los que nos transmitieron sus impresiones sobre temas que podrían todavía ser mejorados.

En segundo lugar, quisiera hacer alguna consideración sobre los tiempos.

Si ustedes recuerdan, este Senado aprobó una reforma constitucional en el mes de mayo del año pasado; después los congresos locales, con una velocidad realmente importante aprobaron las reformas que se hicieron, reformas que permitieron que el Ejecutivo las promulgara el 11 de junio; ocho meses después, el Presidente presentó la Iniciativa el 25 de marzo a la Cámara de Diputados.
Me parece que es importante resaltar este tiempo, porque a veces en algunos medios o algunos funcionarios, incluso, han hablado de la lentitud del Congreso en procesar este tema.

La Cámara de Diputados tomó solamente mes y medio en consensar un número importante de cambios, y nosotros que recibimos la Iniciativa hace 4 semanas, hoy exactamente hace 4 semanas, y descontando la Semana Santa, tuvimos 3 semanas de trabajo, inmediatamente al día siguiente las comisiones aprobaron la metodología del dictamen y la ruta crítica, organizamos un foro el 2 de abril, y el 22 de abril, esta semana, las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad de todos sus integrantes el dictamen al cual se le dio primera lectura.

Sin embargo, tanto los grupos parlamentarios como el propio gobierno tenían todavía inquietudes de modificación que permitieron que se hiciera un enorme ejercicio de consenso para presentar, como lo haré al final, un conjunto de reservas que tienen mucho consenso.

Hoy exactamente, entonces, 4 semanas después de que recibimos la Iniciativa o de que la aprobó la Cámara de Diputados, vamos a someterla a consideración.

Insisto, este dictamen tiene un amplio consenso y seguramente merecerá la aprobación de la enorme mayoría de esta Cámara.

También, en tercer lugar, agradecer la participación entusiasta de muchas horas de trabajo de los presidentes de las comisiones codictaminadoras:

Del Senador José Ascención Orihuela,
Presidente de la Comisión de Fomento Económico;

Del Senador Alejandro Encinas,
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda;

Del Senador Luis Armando Melgar,
Presidente de la Comisión de Productividad, a la cual le fue turnada para opinión.

Asimismo, agradecer a todos los miembros de la Comisión de Comercio, particularmente a los secretarios:
Al Senador Braulio Fernández, del PRI;
Al Senador Armando Ríos Piter, del PRD.

Desde que la Constitución del 17 se aprobó, se prohibieron los monopolios.

Sin embargo, hasta hace poco más de 20 años se aprobó la primera Ley Federal de Competencia Económica, y también la primera Comisión Federal de Competencia Económica.

Por esta comisión, en esta comisión han aportado enormes personajes, mujeres y hombres, sin embargo el resultado de la comisión y de la ley ha sido realmente escaso.

Hoy, en México seguimos siendo, como alguno lo bautizó: un país de 2:

2 proveedores de harina de maíz, que es el insumo esencial para la tortilla; 2 cadenas de cines; 2 canales de televisión; 2 productores de cerveza; 2 grandes embotelladores de refrescos; 1 gran productor de pan; 2 productores grandes y distribuidores de pollo; una alta concentración en bancos, en cemento, en fierro, en telecomunicaciones, en navegación, en muchísimos mercados.

Y la verdad, la OCD ha establecido en sus estudios, que hay mercados en México donde los consumidores pagamos hasta el 30 por ciento más de un sobre precio por falta de competencia o por manipulación, mejor dicho, de los mercados.

Era imprescindible entrarle a fondo y analizar la causa por la cual no funcionó adecuadamente al sistema de competencia; fundamentalmente el tema fue la enorme litigiosidad.

Por eso en la reforma constitucional se estableció eliminar la suspensión provisional en materia de amparo y quitar los recursos que se interponen en las etapas intermedias solamente hasta la parte resolutiva.

Adicionalmente se aumentaron las herramientas de la comisión, hablando de eliminación de barreras, hablando de determinación de insumos esenciales, y de, desde luego, de la posibilidad de desincorporar los activos de una empresa.

Lo que se ha buscado es tutelar el derecho del más débil, y el más débil, sin duda alguna, es el consumidor.

Lo que ha resultado es una comisión verdaderamente poderosa, con muchísimas herramientas.

Habría que resolver algunos dilemas, y es lo que ha hecho este Senado en sus modificaciones.

En primer lugar, el enorme dilema entre seguridad jurídica para los agentes económicos y la tutela de los derechos del consumidor.

Necesariamente tenía que tener definiciones amplias, contrario a lo que algunos agentes económicos nos pedían de restringirlas.

Pongo un ejemplo. La ley establece la prohibición, mejor dicho, el mandato para eliminar las barreras, y los agentes económicos, seguramente con razón decía: establece que no se pueden eliminar las barreras naturales, y en algunos casos sí.

Establece que no cuentan o no tienen obligación de eliminar cuando la barrera es fruto de la inversión de la empresa y el desarrollo de tecnología, y a veces sí hay que eliminarlas.

Pongo el caso. Un medicamento que tiene una tecnología que no comparte nadie más, durante 20 años puede tener el liderazgo absoluto en el mercado si no aparece otro similar; pero una vez vencidos estos 20 años, esa barrera tecnológica debe de desaparecer, por eso no se podría poner en la ley que no contaban las barreras tecnológicas. Lo mismo sucede con el software.

También se hablaba de no poder eliminar las barreras, que son resultado de la inversión de la empresa, por ejemplo, en generar una enorme cadena de distribución.

Y hay que recordar que la propia Comisión, anterior, Federal de Competencia Economía resolvió romper esa barrera, por ejemplo, en la comercialización de cerveza y de refrescos que había sido conseguida esa red de distribución a base, literalmente, de la compra de los distribuidos, y se les ordenó que habrían de expender todas las marcas porque esto limitaba al consumidor.

Por ello se mantuvieron las definiciones amplias. Pero este Senado, en materia de seguridad jurídica para los agentes económicos estableció, en mi opinión, medidas fuertes.

La primera, la posibilidad de que un agente económico acuda a la Comisión de Competencia Económica, solicite una consulta sobre si lo que está haciendo está en el marco de la ley y lo que le responda la comisión es vinculante para la comisión.

Solamente quedó excluida de la vinculación cuando sean orientaciones las que lo soliciten u opiniones de consulta sobre hechos hipotéticos.

En segundo lugar, establecimos la obligación para la comisión de establecer disposiciones….

(Sigue 8ª parte)
…opiniones de consultas sobre hechos hipotéticos.

En segundo lugar, establecimos la obligación para la comisión de establecer disposiciones reglamentarias, en un plazo no mayor de seis meses, digamos los parámetros generales bajo los que se regirán los temas más complicados.

Como son: aplicaciones de sanciones, desincorporación de activos, determinación de mercado relevante, determinación de dominancia, en fin…

Todos estos tendrán que establecerse y les darán más seguridad jurídica a los agentes económicos.

Adicionalmente del establecimiento de lineamientos, criterios generales, guías, directrices.

El segundo dilema que habría que resolver, es, en torno al principio de administración de justicia, de separación de la parte investigadora con la parte propiamente jurisdiccional.
Y aquí había muchísimas posiciones. Finalmente resolvimos el dilema, dándole más cercanía de la autoridad investigadora a la comisión. Le dimos la capacidad y la libertad plena de elegir la forma… de decidir la forma de elegida a la autoridad investigadora, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos que establece el artículo 32 de la ley.

Sin embargo, no le dimos absoluta libertad para despedirlo, porque establecimos exactamente las causales, que casi todas ellas tienen que ver con que se acredite que ha sido corrompido, que ha sido capturado por los agentes económicos, para poder ser despedido.

Aquí el dilema era, si permitimos mucha autonomía, en torno al investigador, lo que se va a perder es eficacia, en protección de la tutela de los derechos del consumidor y también la posibilidad de que se pierda la honestidad de la autoridad investigadora.

Pero si nos cargábamos mucho del otro lado. Lo que ponía en riesgo es, investigaciones a modo, que podrían poner en riesgo a empresas o a empleos que podrían ser cancelados por malas decisiones o malas investigaciones de la autoridad.

El otro problema que resolvimos, en este Senado, es un tema central. La mayor parte de distorsión de los mercados, la mayor parte del dinero que los mexicanos gastamos de más, en productos y servicios, no deriva de prácticas malas de empresas; deriva de malos reglamentos, decretos, leyes, que establecen los municipios, los estados, la Federación.

Y que buscando siempre un bien de otro tipo, generan un mal a la mayoría de los mexicanos, a los consumidores. 

Pongo ejemplos, ahorita recientemente un estado del país, acaba de prohibir la importación de ganado y de carne de otros estados. 

Desde luego, buscando un objetivo legítimo, que es proteger a sus productores locales.

¿Quiénes pagan el pato? En ese estado hoy la carne es más cara que en el resto del país.

Esa es una práctica totalmente anticompetitiva, que lesiona el interés del consumidor.

En todos los municipios medianos y grandes del país, o en casi todos, hay reglamentos que restringen el transporte de materiales de construcción y los ceden para la CROM, para la CTM, y eso encarece el traslado de materiales.

Hay muchísimos ejemplos, y la manera en que la comisión ha resuelto buscar combatirlos es:

Primeramente. Dándoles la posibilidad y exigiéndole a la comisión de Competencia Económica, que cuando se de cuenta de una acción de gobierno, de cualquier orden, municipal, estatal o federal, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de cualquier orden, inmediatamente lo comunique a la… a este órgano.

Y en segundo lugar. Lo publicite y haga una denuncia pública para que los mexicanos estemos conscientes, que hay un acto de autoridad que nos está afectando en nuestra capacidad de compra.

Enseguida, presentar, pedirle al Ejecutivo que presente una controversia constitucional, para que obligue a esa autoridad a eliminarla.

Había otros dilemas, como por ejemplo, el no castigar empresas por su tamaño, sino acreditar, en el caso de llegar a la última sanción, que es obligar a la desincorporación de activos; obligar a que esta desincorporación sea siempre y cuando se acredite que va resultar en beneficio del consumidor.

Para concluir, debo decir, que como esta ley reglamentaria ha sido construida, después de la aprobación constitucional y de la selección de los siete integrantes de la Comisión de Competencia Económica, desde luego que los integrantes de la comisión han participado activamente, con sus propuestas, con sus objeciones, siempre buscando mayores márgenes de actuación.

Y siempre el dilema lo resolvimos, dándole los mayores márgenes de actuación posibles, sin perder estado de derecho. Porque también está en juego la posibilidad de ir a perder empresas o de ahuyentar inversiones, si fuéramos a una ley que fuera absolutamente discrecional para favor de la comisión.

Sin embargo, siempre actuamos en este sentido, de darle las mayores posibles atribuciones a la Comisión; la mayor capacidad, incluso, de discreción, porque el bien que tutelamos, es el bien del más débil, que es el consumidor.

Frente al dilema del derecho de las empresas, siempre apostamos por el derecho de los consumidores.

Ahora, ahora el reto es, de la Comisión, de sus siete comisionados, porque México espera con esta enorme y poderosa herramienta que es la Comisión Federal de Competencia Económica, espera resultados, que liberen parte de nuestro ingreso de todos los mexicanos que, pagamos en muchísimos mercados un sobreprecio; que se libere para que lo usemos para otros satisfactores, para el ahorro y esto genere nuevos empleos.

Finalmente debo de comentar, como decía al principio, después de ser aprobado el dictamen por unanimidad en comisiones, por unanimidad de los grupos parlamentarios, se han consensado un grupo de reservas, estas reservas abarcan a 12 artículos, y que han sido presentadas a nombre de los presidentes de las comisiones, obran ya en poder, para ser discutidas en lo particular.

Con la solicitud a la Presidencia, de que sean consideradas todas en su conjunto, después de que se haya votado en lo general este proyecto de ley, y sean votadas en un solo acto, de ser aceptadas por esta Asamblea.
A nombre de las comisiones unidas, yo pido, en primer lugar a todos los presentes, que tengamos la capacidad de difundir, que lo importante en este país es, a veces, voltear la brújula y ponerla al servicio de los que más lo necesitan, que son los consumidores.

Dejemos de proteger intereses de sectores, de grupos, de empresas grandes; que a veces ligadas al poder público, han exprimido el bolsillo de mexicanos, y que impiden que este país crezca y progrese como lo merece.

Es cuanto, señor presidente. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador Larios.

Tiene el uso de la tribuna el senador José Ascención Orihuela Bárcenas, para presentar dictamen a nombre de la comisión de Fomento Económico, en término de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Por favor, senador.

-EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: Gracias, señor presidente.

Compañeras, compañeros: Quiero iniciar haciendo mías las palabras de reconocimiento que puntualizó el senador Larios.

Quiero también, señor presidente, sumarme a su petición, en relación a las reservas que hemos planteado los presidentes de las cuatro comisiones.

Durante muchos años, la economía mexicana se ha debilitado por prácticas y regulaciones anticompetitivas, como lo ha expresado la OCDE.

En un estudio conjunto con el gobierno federal, el 30% del gasto familiar en México se lleva a cabo con problemas de competencia.

Los consumidores, gastamos alrededor del 40% más en estos mercados, de lo que se gastaría si existiera competencia efectiva y el impacto es mayor en los sectores más pobres de la población, que gastan cerca del 42% de sus ingresos en mercados altamente concentrados.

Los mercados concentrados y los monopolios, al fijar precios excesivos de productos y servicios, reducen la capacidad de consumo y de ahorro de las familias, sobre todo de aquellas más vulnerables.

Estas condiciones, en el mediano plazo influyen de manera negativa en la eficiencia de la economía y afectan las posibilidades de crecimiento económico, contribuyendo a ampliar las disparidades en los ingresos e inhiben la innovación.

Durante el proceso de discusión de la propuesta, de esta minuta, se revisaron detalladamente los diversos aspectos contenidos en el proyecto de decreto. Procurando en todo momento, su congruencia con la reforma constitucional, aprobada por esta soberanía, en abril del año pasado.

Bajo este principio, se evaluaron las alternativas de relación, que permitieran de forma óptima la implementación precisa de los preceptos constitucionales, que establecimos los integrantes de…

(SIGUE  9ª PARTE)
…que permitieran de forma óptima la implementación precisa de los preceptos constitucionales que establecimos los integrantes de esta LXII Legislatura en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

El dictamen que presentamos el día de hoy es una propuesta congruente con los mejores principios y prácticas en la regulación de la competencia económica, y se origina en un reclamo ciudadano postergado por años. Es un mérito del Presidente Peña Nieto el responder de forma cabal a este reclamo asumiendo el compromiso de generar una regulación moderna en materia de competencia que impulse un crecimiento económico, que mejore la vida cotidiana de los mexicanos, y hacerlo además dando autonomía al órgano regulador.

Los elementos incluidos en el dictamen han sido revisados con detenimiento a través de un proceso de consulta y discusión con especialistas, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos interesados en este tema central para nuestro país. Debemos hacer una mención particular al trabajo realizado por los diputados que enriquecieron los planteamientos originales del Gobierno Federal.

También dejamos constancia de la voluntad y el compromiso que han mostrado quienes participaron de este proceso desde distintos sectores, y tenemos la seguridad que con el esquema de regulación secundaria que plateamos se genera un avance que fortalecerá la economía y el bienestar de las familias mexicanas.

Lo anterior se sustenta en la efectividad de los diversos mecanismos que establece el dictamen para proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica. Se plantea claramente las disposiciones que permitirán la actuación de la Comisión Federal de Competencia Económica de manera independiente y efectiva, pero cuidando que sus resoluciones se realicen con plena transparencia para evitar la captura y otorgar certeza jurídica a todos los competidores en los diversos mercados.

Destacan las atribuciones que se otorgan a la COFECE, para generar directrices que serán vinculantes para dicho órgano en múltiples materias, incluyendo imposición de sanciones, prácticas monopólicas, concentraciones, investigaciones, barreras a la competencia y la libre concurrencia, regulación de acceso a insumos esenciales y desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de agentes económicos.

Además, se han establecido de manera clara los procesos y las responsabilidades que habrán de cumplir los comisionados del órgano regulador en el ejercicio de sus funciones y en su contacto con los representantes de los agentes económicos. Un tema fundamental que ha sido minuciosamente revisado es la facultad que se otorga a la COFECE para ordenar la desincorporación de activos como una fuerte sanción por el incumplimiento de la regulación.

Para dicha medida, se ha propuesto la presentación de una justificación clara que incluya un análisis económico, que justifique su imposición. Al interior de la COFECE se ha garantizado la separación de funciones de los diversos operadores que la integran con el objetivo de instaurar un sistema de pesos y contrapesos en el seguimiento de los casos que privilegia la independencia y objetividad en las resoluciones.

El ejemplo más importante de lo anterior lo encontramos en la autonomía técnica y de gestión que se le otorga a la autoridad investigadora para decidir sobre su funcionamiento y sus resoluciones. Se establecen mecanismos en materia de transparencia y rendición de cuentas, mediante los cuales se plantean obligaciones para hacer pública la información relativa a las sesiones de la COFECE y los acuerdos y resoluciones del Pleno en múltiples medios, respetando siempre la secrecía de las investigaciones y procedimientos, la información confidencial y la información reservada.

De manera particular, es importante destacar el fortalecimiento de la coordinación entre la Comisión y la Procuraduría Federal del Consumidor en beneficio de la población. La correlación entre la concentración de los mercados y las quejas, y denuncias presentadas por los consumidores es incuestionable, y con esta medida se podrán realizar mejoras centrales en ambos rubros.

Compañeras y compañeros senadores, los integrantes de la Comisión de Fomento Económico los invitamos a votar a favor del presente dictamen, que establece una legislación de competencia económica moderna y efectiva, sin duda una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico, generar más empleos y aumentar el bienestar de los mexicanos.

Debemos resaltar que se trata de una iniciativa de gran trascendencia para el desarrollo, presente y el futuro del país, resultado de un esfuerzo plural llevado adelante con total responsabilidad. Con esta ley protegemos el ingreso de los mexicanos, generamos condiciones para que los consumidores puedan adquirir productos y servicios más baratos y de más calidad, no buscamos establecer un control excesivo ni afectar el desarrollo de las empresas, por el contrario, se precisan conceptos y mecanismos de regulación para combatir con eficacia las prácticas monopólicas.

Es un paso decisivo para asegurar una competencia efectiva que genere los beneficios esperados para todos y por todos. Con esta ley habremos de reactivar la economía nacional y habremos de darle mejores condiciones de vida a los mexicanos.

Muchas gracias por su atención, y muchas gracias por el apoyo a este dictamen.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador.

-Se concede el uso de la tribuna al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

-Por favor, Senador.

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros senadores:

La liberalización que ha experimentado la economía nacional en las últimas décadas provocó que se pasara de una estructura de monopolios públicos a una concentración de monopolios en manos privadas. Los nuevos dueños de las empresas que fueron públicas implementaron una estrategia económica de altas barreras a la competencia en sus respectivas actividades, que alentaron una desmedida concentración del ingreso y profundizaron la desigualdad social en el país.

El paraíso económico anunciado por los defensores del neoliberalismo, de ofrecer mejores y más baratos bienes y servicios, derivados de la privatización, se ha venido abajo. México es hoy uno de los países más desiguales del mundo y registra una evidente concentración económica en importantes actividades que han tenido severos impactos negativos en la población, particularmente en los productos básicos para garantizar la calidad de vida de los mexicanos.

Es el caso de la distribución de harina de maíz, de la producción y distribución de carne de pollo y huevo, alimentos procesados, el pan industrializado, la distribución y venta de medicamentos, las cadenas de autoservicio que constituyen verdaderos monopsonios que han demeritado y desmantelado al pequeño comercio, el sistema financiero, la minoría, el transporte terrestre aéreo, entre otros muchos casos.

Se trata claramente de monopolios que presentan prácticas que han conducido a la desaparición de empresas y fuentes de empleo o a la integración de éstas, a las empresas dominantes. La recientemente creada Comisión Federal de Competencia Económica ha reconocido que existen altas barreras que enfrentan productores y consumidores en mercados donde hay baja efectividad de los instrumentos institucionales para combatir los monopolios y sus prácticas…

(SIGUE 10ª PARTE)
… en mercados donde hay baja efectividad de los instrumentos institucionales para convertir los monopolios y sus prácticas; y en consecuencia, existe un rezago en competitividad, lo que tiene impactos negativos en el poder adquisitivo de las familias, en el costo de los insumos de las empresas y en el desarrollo económico y social de nuestro país.

Por consiguiente, es muy importante que la Ley de Competencia que hoy discutimos sea un verdadero instrumento regulador del Estado mexicano que evite la simulación que se venía presentando en materia del control de las grandes empresas monopólicas.

La nueva Ley de Competencia Económica debe cumplir con los principios rectores que se establecieron en la Reforma Constitucional para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como para prevenir, investigar y combatir los monopolios, sus prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficientes de los mercados y sancionar toda aquella actividad que constituye una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas en perjuicio del público en general o de una clase social determinada.

De la misma manera la nueva ley debe prevenir, investigar y combatir las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, eliminar las barreras a la competencia y a la libre concurrencia, regular el acceso a insumos especiales, así como la desincorporación de activos, derechos, acciones o partes sociales como instrumento para eliminar los efectos anticompetitivos en el mercado.

Hay que reconocer que la minuta recibida por la Cámara de Diputados fue objeto de diversas modificaciones que enriquecieron y fortalecieron la autonomía del órgano regulador y definieron nuevas facultades o precisaron atribuciones. Es el caso del tema de Transparencia y Rendición de Cuentas, donde los artículos 12, 49 y en los transitorios, se garantiza que los estudios de evaluación de desempeño de la autoridad de competencia en sus distintas vertientes, prácticas monopólicas, relativas y prácticas monopólicas absolutas y concentraciones, se desarrollen de manera transparente y de forma profesional.

Las modificaciones implican que la Comisión Federal de Competencia podrá solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades que se le otorgan a la comisión, mismos que serán elaborados por académicos y expertos en la materia, independientemente de la autoridad.

Por otra parte las modificaciones a estos artículos garantizan la obligación por parte de la comisión de publicar guías, lineamientos y criterios técnicos en las nuevas áreas en la que está facultada para ejercer jurisdicción, identificando los insumos esenciales, las barreras a las condiciones de competencia o la desincorporación de activos en tiempos razonables.

Las modificaciones e inclusiones a los artículos 30, 31 y 32, establecen con claridad que el titular de la autoridad investigadora deberá cumplir con un perfil profesional específico, con lo que se busca garantizar que la autoridad investigadora y el pleno sean independientes entre sí, así como lo mandata la Reforma Constitucional.

De la misma manera las modificaciones al artículo 131 garantizan que el proceso de desincorporación de activos, cuando aplique, resulte procompetitivo y eficiente, ya que la comisión deberá incluir un análisis económico que justifique su imposición y que la misma supera sus efectos anticompetitivos en beneficio y bienestar del consumidor.

Pese a estos avances hay que señalar que quedan todavía temas pendientes por incluir en esta legislación. En primer lugar, el referente a daños y perjuicios, ya que el artículo 134 de este dictamen se establece que aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita, podrán interponer las acciones judiciales en su defensa ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hasta que la resolución de la comisión haya quedado en firme.

Esta disposición representa un fuerte obstáculo para la recuperación del daño económico, derivado de prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas.

La nueva ley debería prever que los agentes económicos o personas que sufran daños y perjuicios como resultado de una práctica anticompetitiva o una concentración ilícita, tendrían derecho a exigir a los agentes económicos responsables ante tribunales especializados en la materia que esos fueran reparados y resarcidos inmediatamente.

También deja de lago un tema fundamental: el del acaparamiento, la especulación y el establecimiento de precios  máximos a bienes y servicios de consumo popular, pues se limita en este dictamen solamente a establecer la medida para fijar precios máximos cuando es un fenómeno donde existe escasez de los mismos, lo que deja en un gran margen de maniobra al acaparamiento, la especulación y el establecimiento de precios desmedidos, particularmente en la canasta básica.

En materia de mercados relacionados, el artículo 54 se menciona que para tipificar esta práctica monopólica relativa será necesario demostrar que esta práctica tenga o pueda tener como efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado desplazar indebidamente a otros agentes económicos.

Sin embargo, el proyecto del dictamen no contiene ninguna definición de mercado relacionado, como tampoco contiene una serie de elementos que permitan tipificarlo.

La ambigüedad de este concepto de mercado relacionado en la actual legislación ha generado muchos problemas al momento de evaluar riesgos anticompetitivos.

Pongo por ejemplo la aprobación de la adquisición del 50 por ciento de la empresa IUSACELL por parte de consorcio Televisa, que estuvo vinculada la idea de un mercado relacionado sin que se llegara a conocer a cabalidad el significado de este concepto, porque por lo que hemos sugerido que la nueva ley de competencia contenga una definición explícita de este concepto para fortalecer el margen de acción y el alcance de las autoridades de competencia en nuestro país.

Esos, entre otros casos, quedan aún pendientes. Hubo avances que debemos reconocer y destacar la voluntad de los senadores Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio, José Asención Orihuela, de Fomento Económico, Armando Melgar de Productividad, quienes con un esfuerzo y con apertura no solamente se hicieron modificaciones a la minuta original, sino también en los últimos momentos se han atendido las reservas que en lo particular había marcado al momento del dictamen de las Comisiones Unidas.

Yo quisiera terminar citando a un clásico de la economía. Yo sé que a muchos de los aquí presentes le sacará urticaria, pero quiero recordar y citar a uno de los clásicos de la economía que por cierto no era economista, a Carlos Marx, cuando decía: “En la vida práctica encontramos no solamente la competencia, el monopolio y el antagonismo entre la una y el otro, el monopolio engendra la competencia y la competencia engendra el monopolio”. Es decir, la competencia es una condición para la existencia de monopolios, ya que la competencia obliga a la concentración económica y a la concentración del ingreso, pues la lógica del mercado es la lógica de la acumulación y no la lógica del bienestar de la población, es la lógica de la concentración del ingreso.

Ya tenemos una ley, ahora la Comisión Federal de Competencia Económica debe hacer efectiva su autonomía y debe cumplir sus funciones y facultades con plena independencia de las presiones e intereses del poder público y, en particular, de las corporaciones oligárquicas en nuestro país.

Es difícil en un país donde tanta concentración existe el ingreso ir a fondo. Vamos a ver……

(Sigue 11ª parte)
. . . . . . . . ......nuestro país.

 Es difícil en un país donde tanta concentración existe el ingreso ir a fondo, vamos a ver de qué están hechos las y  los integrantes de esta comisión que hoy tienen los instrumentos legales fundamentales para frenar la actividad monopólica, la concentración de la actividad económica, pero particularmente para ayudar a que los consumidores, los ciudadanos tengan acceso en  mejores condiciones a los bienes y servicios que significan su bienestar.

Por su atención, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador Encinas, con fundamental en el Artículo 199 del Reglamento, tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna para presentar voto particular a nombre propio y de los senadores Alejandro Encinas y Benjamín Robles.

- LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, Presidente. El Artículo 28 de nuestra Constitución establece la prohibición de monopolios, de toda concentración y actividad que tienda a evitar la competencia. Obliga a castigar severamente estas prácticas, a sancionar el acaparamiento y la especulación, y todo aquello que constituya una ventaja indebida en perjuicio del público.

Desde 1993, se expidió la Ley de Competencia Económica, supuestamente para proteger el proceso de competencia y de libre concurrencia, para prevenir y limitar prácticas monopólicas.

Como es evidente, la ley no se respetó, se fueron conformando monopolios en los principales sectores de la economía.

Lejos de fomentar la competencia, los gobiernos se hicieron de la vista gorda ante la evidente concentración en importantes actividades económicas, lo cual ha tenido impactos muy negativos en la población.

Las tortillas, harina de maíz, el huevo, el pollo, los principales alimentos; el cemento, las cadenas cinematográficas, las aerolíneas, la minería, la radiodifusión, los bancos, el transporte de carga terrestre, etc., etc., los principales productos para la sociedad se caracterizan por estar bajo la actividad monopólica.

Las ineficiencias del mercado mexicano han sido destacadas por el Foro Económico Mundial en su reporte 2013-2014 que ubica a México en los últimos lugares de efectividad de la política antimonopólica.

En junio de 2013 se modificó la Constitución para dejar atrás a la COFECO, que fue un órgano desconcentrado con muchas limitaciones para ejecutar la ley de competencia, y se creó la Comisión Federal de Competencia como un organismo autónomo con facultades para prevenir, combatir, sancionar y partir monopolios.

Recientemente la COFECE publicó su plan estratégico 2014-2017, en él reconoce las muchas barreras que enfrentan los productores y consumidores en varios mercados. La baja efectividad de las instituciones para combatir los monopolios, y las prácticas anticompetitivas, el rezago en la competitividad de nuestra economía, y el impacto tan negativo que todo ello genera en el poder adquisitivo de las familias, en el costo de  los insumos de las empresas, y en el desarrollo económico del país.

En su diagnóstico la COFECE afirma que de instrumentarse medidas a favor de la competencia, tan solo eso contribuiría con 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto que se podría incrementar la tasa de empleo entre 2.5 y 5 puntos porcentuales, y que se podrían reducir los precios, entre un 20 y un 40 por ciento.

La concentración, dice la COFECE genera precios excesivos que eleva los costos de producción, altos precios de insumos en energéticos estratégicos; altos precios de los bienes de consumo final, lo que afecta a toda la población y reduce el poder adquisitivo del salario hasta en un 46 por ciento del ingreso de los hogares.

El estudios, sin embargo, no aborda las causas por las que el estado mexicano ha sido incapaz o no ha querido implementar una política pública de competencia exitosa que haga valer la Constitución.

De tal manera que no puede desprenderse de este diagnóstico una política pública en materia de competencia económica.

Ahora estamos aprobando la Ley de Competencia para contar con un nuevo marco regulatorio en la materia, pero es claro que las leyes no bastan para eliminar los monopolios, que es el propio gobierno quien fomenta la concentración en las actividades económicas, sólo 10 magnates controlan o tienen injerencia en prácticamente todas las industrias del país, lo que les permite obtener márgenes de ganancia muy elevados, y se mantiene un fenómeno de concentración creciente.

Los hombres, más ricos del mundo están vinculados a los monopolios, a la alta concentración, a prácticas especulativas, todos sabemos quiénes son estos personajes que aparecen en la revista de Forbes con ganancias exorbitantes derivadas de sus prácticas monopólicas, que aunque están prohibidas en la Constitución, son más poderosos incluso que las propias instituciones del estado.

Esta lista de Forbes, confirma la violación constante a lo que estipula nuestra máxima norma, ante esa realidad se ha diseñado una nueva legislación que hoy aprobaremos, no sin subrayar que lo que en realidad hace falta es una férrea voluntad del gobierno mexicano, y la COFECE para alcanzar una verdadera competencia a través de combatir los monopolios.

La COFECE debería de estar eliminando ya el grado de monopolio en varios sectores, y no lo ha hecho, ni siquiera ha entregado análisis específicos y diagnósticos completos.

La Secretaría de Economía debería ya de haber aplicado o al menos haber dado a conocer una política de fomento a la competencia que parta de una fortaleza institucional, que no se deje capturar por los intereses monopólicos, y está muy lejos de hacerlo.

La Ley de Competencia que ahora se aprueba está dividida en tres: La organización y funcionamiento de la COFECE, la definición de conductas antimonopólicas, y los procedimientos de investigación, trámite y sanciones a conductas anticompetitivas.

A la COFECE se le respeta su carácter constitucional de ser un órgano autónomo con personalidad jurídica, y patrimonio propios. Se establece la integración de la comisión con 7 comisionados propuestos por el Ejecutivo, y ratificado por el Senado.

Se crea la autoridad investigadora, y la contraloría interna dentro de la COFECE, queda firme la prohibición de conductas tanto de comisionados como de titulares de la autoridad investigadora en la Contraloría Interna para minimizar los riesgos de captura por parte de los regulados, se plasma en la ley que las sesiones del pleno de la COFECE  deben ser públicas, y algo muy relevante que se establece por primera vez, es la regulación de los precios máximos que incluye todos los productos necesarios para la economía popular y la economía del país.

Sin embargo, no incluye precios competitivos para los servicios públicos concesionados, que son los más anticompetitivos, los más inflacionarios y los que causan el mayor daño a la población y a la economía, con incrementos constantes a los precios de las gasolinas, cada mes; el gas, la electricidad, las carreteras y otros.

Será la Secretaría de Economía la que fijará los precios máximos, pero sólo ante la insuficiencia de abasto de productos.

A la PROFECO se le fortalecen sus facultades de inspección, de vigilancia de cumplimiento de los precios máximos y de aplicar sanciones cuando incumplan los regulados.

Si realmente se aplican estas disposiciones será una poderosa herramienta para combatir prácticas anticompetitivas y especulativas, sobre todo en alimentos y medicamentos, y productos de primera necesidad. Aunque vemos el triste papel de la PROFECO con el precio del limón, donde los acaparadores hicieron su agosto y elevaron a niveles increíbles el precio de este cítrico fundamental en la dieta mexicana, sin que la PROFECO hiciera nada.

Me pregunto, si no puede con el limón, podrá con los monstruos de los monopolios en México.

Las conductas anticompetitivas queda perfectamente definidas y prohibidas en el Artículo 52, que establece que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras que impidan la libre concurrencia y la libre competencia económica tanto en la producción como en el procesamiento, distribución, y comercialización de bienes y servicios. La ley define las conductas anticompetitivas absolutas que prohíbe que las empresas competidoras se pongan de acuerdo para fijar precios.........

(Sigue 12ª. Parte)
....  de bienes y servicios, la Ley define las conductas anticompetitivas absolutas que prohíbe que las empresas competidoras se pongan de acuerdo para fijar precios, distribuirse el mercado o impedir la entrada de nuevos competidores.

También define las conductas anticompetitivas relativas, las cuales prohíben que agentes económicos no competidores se pongan de acuerdo para sacar del mercado a otros agentes; condicionar la venta de productos, aplicar las prácticas de dumping y fijar precios predatorios.

Lamentablemente las sanciones a estas prácticas son una simulación y falta la definición de mercados relacionados para hacerla efectiva.
Se introduce el concepto de concentraciones, que serían la fusión, adquisición del control de asociaciones, de acciones, parte sociales o activos, o cualquier acto de unión de sociedades; y remeta considerando ilícitas las concentraciones.

En conclusión, esta práctica, esta iniciativa es un avance par propiciar la competencia, pero para que esta ley se traduzca en resultados concretos se requiere que la “COFE”  se fusione con eficacia y transparencia y no se deje regular, capturar por los regulados, y que el Ejecutivo abandone la simulación jurídica que ha acompañado el proceso de neoliberalización de  la economía.

Mientras la ley prohíbe lo monopolios, desde el gobierno se alientan y alimentan con favores y leyes sesgadas como lo estamos viendo en la Ley de Telecomunicaciones y Radio Difusión, hemos vivido un proceso de privatización acelerada de la economía, nos dijeron que para fomentar la competencia, y lo único que hemos visto es el desdoblamiento de las actividades del Estado, ahora acaparadas por un puñado de empresarios que se convirtieron en monopolios privados, metaconstitucionales.

El gobierno se volvió soldado de los monopolios, y la población es víctima directa de la especulación y el acaparamiento de los altos precios y conducta antisociales de los mismos.

Esta ley es solo el inicio para resarcir tres décadas de concentración y creación de poderes fácticos, sino se acompaña de un cambio sustancial, del modelo económico la buena ley quedará en solo buenos propósitos. Es cuanto. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Gracias, senadora Padierna. Con fundamento en el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales tal y como establece el artículo 199, fracción primera, numeral, uno, fracción segunda del reglamento, serán en orden creciente.
Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT. Por favor, senador.

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA:  Con el permiso, presidente. Yo quisiera sentir el mismo entusiasmo y la misma confianza que han expresado los compañeros que han expuesto este dictamen, que han comentado, pero me quedaría con la reflexión de algunos de los elementos que expusieran los compañeros senadores, Dolores Padierna, del compañero Encinas, que hicieron una buena relatoría de las consecuencias de los últimos 20 años donde ha habido la desincorporación de las empresas públicas, solamente para trasladarlas a la iniciativa privada, donde hubo la pérdida del empresario nacional, y donde dio origen al fortalecimiento de una gran cantidad de monopolios que ellos ya dieron cuenta, y solamente quisiera recordarles que desde el 93 teníamos Ley de Competencia, previo, inclusive en el marco del Tratado Comercial de Libre Comercio.

Si bien el derecho de la competencia económica es una forma de corrección a las supuestas fuerzas autorregulatorias del mercado, pregonadas por el liberalismo, no puede omitirse la necesidad del intervencionismo estatal  para evitar la concentración y la preponderancia de ciertas empresas sobre los diversos sectores económicos que afectarían no solo las bondades que la misma competencia económica supone, respecto de los consumidores, sino el equilibrio de la riqueza social. 

El avance del capital privado y extranjero que durante las dos décadas se ha observado en nuestra economía nacional, como fruto del neoliberalismo rapaz, ha buscado claramente la retracción de la rectoría del Estado Mexicano, ante esto los defensores del libre mercado han argumentado no siempre con razón que los denominados monopolios estatales eran del todo ineficientes, es así que el resultado de la desincorporaciones de dichas actividades monopólicas estatales fue una total desnacionalización de las empresas públicas, sin sentido, en virtud de continuaron esas mismas prácticas monópolicas, pero ahora en manos de los privados.

Lo que trajo un costo al erario público sin que se viera redituado ni en inversión ni en mejor servicio ni en beneficio para la población. Solo por mencionar unos casos.

La privatización de los ferrocarriles realizada durante el 94 se decidió dividirla en varios ferrocarriles integrados verticalmente y se licitó separadamente el Ferrocarril del Noreste, resultando ganadores Transportación Marítima Mexicana, y el "Kansas Sity Southern", ferrocarril estadounidense de mediano tamaño, y el resultado indeseable de este proceso es que hay una competencia encarnizada entre los ferrocarriles, cuya rivalidad que se esperaba llegaría a promover un clima de eficacia, resultó excesiva, obstaculizando la interconexión entre los mismos ferrocarriles, en detrimento del usuario.

Además la empresa ferroviaria terminó en manos extranjeras, ya que “TFM”, el Ferrocarril más importante se volvió cien por ciento propiedad extranjera, cuando “TMM” vendió sus 51 por ciento a “Cadasidy” México S, A. de C.V.

En el caso de la telefonía, el resultado ha sido que México tenga los precios de servicio más alto dentro de los países de la OCDE, como consecuencia de un monopolio privado.

Y otro ejemplo más, el de Aero-México, a través de este monopolio que ejerce en su sector, ha provocado en encarecimiento de los boletos, retrasos, cancelaciones injustificadas de los vuelos y un trato ofensivo a los usuarios, es decir, un completo abuso hacia los pasajeros que no cuentan con otra opción para trasladarse por esta vía más que esta compañía.

Lo anterior se traduce en pérdidas económicas y principalmente de tiempo para los usuarios de esta aerolínea, dicha práctica recurrente provoca que los consumidores de este servicio pierdan citas reuniones de negocios, y perjudican la vida personal y profesional de los pasajeros.

Acaparados en que son el más grande monopolio aeronáutico del país, Aero-México no asume ninguno de estos daños colaterales, y mucho menos envía una justificación de sus actos, por lo que se ve claramente reflejada la deshonestidad, falta de profesionalismo y ética, y el abuso de poder que ejerce esta compañía.

Los constantes atropellos a los derechos de los usuarios se deben, por un lado, a la impunidad y a la ausencia de autoridad en materia de competencia, que efectivamente acabe con este monopolio, y por otro lado, a que la procuración de justicia del consumidor detenga las arbitrariedades de Aero-México, así como el constante aumento de precios en los boletos de pasaje y cancelación.

En virtud de casos como estos, no es casualidad que de acuerdo a informes nacionales e internacionales, México se encuentre en los niveles más bajos de competitividad, tal es el caso del índice anuario de competitividad global del 2013, que posicionó a México ....

(Sigue 13ª. Parte)
. . . en los niveles más bajos de competitividad, tal es el caso del índice anuario de competitividad global de 2013 que posicionó a México en el lugar 32 dentro de  las primeras 59 economías del mundo.

Ahora bien, la Ley de Competencia Económica que hoy estamos discutiendo y vamos a votar parece ser un avance en la regulación para evitar las concentraciones de los distintos sectores productivos y de servicios por medio de la cual se le dan competencias al órgano autónomo, más transparencia en su composición y procedimientos para analizar en conjunto con resto de las leyes con lo que deberá necesariamente interactuar, se identifican los siguientes riesgos.

Yo voy a referirme a lo que se dejó de ver.

La competencia económica en México está regulada pro el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la única política de competencia que llegó a implementarse  vino a partir de la firma del Tratado Comercial, cuando entró en vigor este tratado, esta política de competencia que incorporaba ahora a todos  los extranjeros en la mayor parte de los sectores y ramas económicos, los excluía al mismo tiempo de otros que no lograron entrar  dentro de la negociación del tratado como lo fue el petróleo y la generación de la distribución de energía eléctrica debido a la restricción constitucional que existía, así como a otros sectores que por dominancia y complicidad con el gobierno se obstaculizó su entrada con el sector de medios y telecomunicaciones.

La Ley de Competencia económica en ese tenor,  quedó sin efectos, debido a que la jerarquización de leyes sitúa  a los tratados internacionales a nivel constitucional por encima de las leyes secundarias, por lo que la competencia de los sectores económicos que no mostraban una restricción  estaban supeditados a la normatividad del Tratado Internacional.

La Ley de Competencia Económica que se presenta hoy en el Senado de la República no puede ser distinto a lo antes mencionado.

La gran variante dentro de esta normatividad  será el hecho de que con las nuevas reformas en el sector energéticos y de telecomunicaciones, estos sectores podrán ser regulados  por el Tratado de Libre Comercio como hasta ahora lo han sido los demás sectores liberalizados.

Por lo tanto  podemos afirmar que la propuesta de esta ley  únicamente será usada como parapeto para simular cierta regulación económica.

Sin embargo la Ley se plantea en términos  tan amplios y ambiguos que para efectos de jerarquización de leyes quedará nuevamente nulificada por el Tratado de Libre Comercio.

No debe omitirse  que el Tratado de Libre Comercio prevé en su artículo  mil 106 la cláusula de requisitos de desempeño mediante la cual limita a los gobiernos a obligar a los inversionistas extranjeros a restringir exportaciones o grados de  porcentaje nacional, a adquirir bienes o servicios producidos, así como restringir las ventas  en su territorio dentro de los bienes y servicios que tal inversión  producen ….

¬-EL C. SENADOR AISPURO TORRES: Senador, le ruego que concluya su intervención.

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA: Concluyo.

De tal manera, especifica la reconfiguración de los grupos económicos  que se dará con la Reforma Energética  y de Telecomunicaciones y con la inversión inversión extranjera.

Implicará los intereses  económicos de las corporaciones transnacionales norteamericanas entren de lleno a controlar  de manera conjunta no separada por cuestiones estratégicas a estos sectores.

Otro punto relevante es la ambigüedad de los conceptos estipulados en la Ley.

La minuta aprobada por la Cámara de Diputados en las Comisiones del Senado de la República no precisan  los términos exactos bajo los cuales  conciben la competencia económica, hecho que da oportunidad para que la Comisión Federal de Competencia Económica estipule de manera arbitraria quienes son los actores con prácticas o estructuras monopólicas pudiendo dejar del lado puntos importantes como el tipo de mercado, la estructura bajo la cual se desarrolla el mercado o el tipo de bien  o servicio que produce.

Aunado a ello, la ambigüedad en conceptos como insumos estratégicos, actor preponderante, barreras, concentración, relucidencia  y disolución, crea un vacío legal para que los agentes económicos que sean considerados como tal, puedan tener salidas para no cumplir con las resoluciones dispuestas por la COFECE.

La Ley tendría que establecer reglas claras  que delimiten las condiciones propicias para que exista un equilibrio de competencia  en beneficio de la población.

Otra de las cosas que tendríamos que haber visto…

-EL C. SENADOR AISPURO TORRES: Le ruego nuevamente que concluya, por favor su intervención, en virtud de que su tiempo ha concluido.

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA: Es el tratamiento fiscal desigual  de los agentes económicos.

Yo quisiera, como muchos, pensar que en efecto  esta nueva Ley de Competencia traerá beneficios a los mexicanos, pero no sé si tendremos que esperar otros 20 años o más, porque  así fue el Tratado de Libre Comercio, así fue la nueva Ley Laboral, así fue la nueva Ley Educativa y así fue la nueva Ley Hacendaria.

Por eso el Grupo Parlamentaria en esta Ley de Competencia   su voto será en contra.

Gracias.

-EL C. SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, Senador David Monreal Avila.

A continuación para fijar el  posicionamiento  del Partido Verde Ecologista de México se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo.

 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO:  Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros senadores.

No voy a repetir mucho de lo que aquí se dijo.

Sin embargo, creo que lo que es importante resaltar como punto de partida en el ejercicio que estamos haciendo y que de manera muy importante hay que reconocer el trabajo que se dio al seno de las Comisiones, hay que reconocer el trabajo del compañero Encinas, al frente de la Comisión de Estudios Legislativos  II, hay que reconocer el trabajo de nuestro amigo Héctor Larios al frente de la Comisión de Comercio, y sin lugar a dudas el trabajo de nuestro amigo y compañero Senador Asunción Orihuela.

Creo que fue un ejercicio claro y transparente  para lograr una Ley que en honesta razón ya nos habíamos tardado, México no tiene  ni cómo, ni por dónde justificar la enorme brecha y las enormes desigualdades  que tenemos hoy en nuestro país si no nos pudiéramos explicar cuánto los consumidores les cuesta vivir en este país, pagando más por las cosas que en otros países son sensiblemente  mucho más baratas.

Esto le pega a la economía familiar.

Y pasaron doce años y nunca hubo una sola preocupación al respecto.

qYo creo que la economía mexicana con esta regidez que nos ha venido mostrando no tiene otra opción más que apostarle precisamente a establecer esa brecha que hoy se empieza a caminar, esta brecha que empieza con una cancha pareja, esta brecha que empieza por reconocer  todos los enormes monopolios que tenemos en este país, en el cemento, en la tortilla, en las harinas, en la energía, en la vivienda, y si así nos pudiéramos ir, haríamos una lista enorme que tiene un enorme gasto, un enorme costo para la economía de las familias mexicanas.

Hay que reconocer en esta Ley entonces que se está haciendo un esfuerzo y una consideración para poner primero, como beneficiario fundamental al consumidor mexicano, reconocer  que el pagar por materias, el pagar por servicios y por productos, por arriba de lo que vale a nivel mundial  es una grosería, es algo que no se vale y es algo que se tiene que regular y no va a ser de la noche a la mañana,  pero este es el camino y por aquí estamos empezando.

Con la Comisión Federal de Competencia Económica se está haciendo un esfuerzo por establecer con enorme claridad cuál va a ser el papel de la autoridad investigadora, cómo se va a hacer un ejercicio para llegar a las conclusiones que sirvan para  castigar todo este tipo de abusos.
 
Siguiendo el espíritu de la reforma constitucional se diversan varios artículos, todos estos encaminados a lograr una mayor transparencia, a fortalecer auténticamente  esa labor de investigación.

Hay que someter una discusión equilibrada, todas las prácticas monopólicas, no va a ser una persecución, sin lugar a dudas, pero sí se va a establecer con toda claridad cuál es ese a,b,c y cuáles han sido todos esos espacios  que han sido aprovechados por las diferentes empresas en los diferentes sectores para permanecer  y prevalecer con prácticas monopólicas de mercado. . .

(Sigue 14ª parte)
…espacios que han sido aprovechados por las diferentes empresas, en los diferentes sectores para permanecer y prevalecer con prácticas monopólicas de mercado.

La ley establece: “Que aquellas personas que hayan sufrido daños, y esa es una de las cosas importantes, o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita, podrán interponer las acciones judiciales en defensa de sus derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radio difusión y telecomunicaciones”.

En lo concerniente de reformas, y que esto es algo muy importante al código penal, se precisa que se sancionará con presión de 5 a 10 años y con mil a 10 mil salarios de multa a quien celebre, ordene o ejecute contratos.

El dictamen también establece la separación de las funciones, como les decía en este proceso, para vestir toda esta importante labor de una enorme transparencia y efectividad.

De manera similar, el dictamen que hoy sometemos a consideración, realiza adecuaciones para eliminar discrecionalidades y establecer definiciones que fortalecen a la Comisión Federal de Competencia Económica.

Por ejemplo, la sanción de desincorporación de activos establecida en el artículo 131, que esto sí constituye un diente importante para que se haga cumplir la ley.

Compañeras y compañeros senadores:

Con la implementación de estos nuevos mecanismos se sientan las bases para eliminar las barreras de entrada, repito, lograr una cancha pareja, darle la oportunidad a las pequeñas y a las medidas empresas que son las que generan el mayor empleo en nuestro país para que auténticamente podamos serlo productivo y podamos ser, lo socialmente comprometidos que se requiere para eliminar las enormes desigualdades.

Hoy México, como bien lo dice el Presidente Enrique Peña Nieto, cuenta con un nuevo andamiaje institucional que va a permitir mayores niveles de crecimiento económico en el mediano y en el largo plazo.

La aprobación de esta minuta no es una meta, sino que será un valioso instrumento para elevar y democratizar la productividad con el único fin de incrementar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Este México, compañeros, es el México próspero al que todos aspiramos, y ya nos habíamos tardado.

Por su atención, muchas gracias. Con su venia.

Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Luis Armando Melgar Bravo.

Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter.
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Con su permiso, señor Presidente.

Mis compañeros de partido que me han antecedido han destacado varios de los puntos que en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos positivos del dictamen que está puesto a consideración, y la posición que tenemos en el grupo es que votaremos a favor de la presente discusión.

Sin embargo me parece, independientemente de que se hayan destacado cada uno de los puntos particulares que nos mueven a pensar que este dictamen es positivo en términos del avance institucional, yo considero pertinente plantear varias de las reflexiones profundas que están alrededor de esta ley reglamentaria.

Y no solamente remitirnos a la discusión que hiciéramos del artículo 28 constitucional, donde hace más de un año, pensábamos en este cuerpo colegiado, y habemos quienes seguimos pensando que esta evolución del marco normativo tiene que llevarnos a construir una nueva etapa en la historia económica del país.

Y ¿Por qué me parece que esta es la reflexión fundamental que hay que poner sobre la mesa?

Se han planteado varios de los avances que se tuvieron en la Cámara de Diputados; se han comentado varias de las cuestiones que aquí en el Senado hemos agregado en una discusión, que debo de reconocer que fue amplia, abierta, positiva, reconocer al Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Larios, y a los de las comisiones colegisladoras, pero me parece que nosotros lo que tenemos que tener es el análisis de fondo, de cómo un país de 115 millones de mexicanos y mexicanas, de consumidores, con un producto interno bruto amplio, creciente, tiene la concentración del ingreso que tiene, y es un país que se ha dado el lujo en las últimas 2 décadas de solamente crecer el 2 por ciento anual.

Esa me parece que es la pregunta de fondo que tendría que llevarse a cabo cuando analicemos el voto que habremos de llevar a cabo.

Un país con energía y con el tamaño de México, que a partir de las últimas 2 décadas, no solamente no creció, no solamente no generó los empleos que estaba demandando su juventud y su población económicamente activa, sino que se empezó a concentrar y a concentrar y se fue convirtiendo en un país en el que bajo la absurda discusión de las economías de escala y de las discusiones económicas neoliberales se fue justificando que el ingreso fuera concentrándose en unas cuantas manos.

Y ¿En qué hemos derivado, a 2 décadas? No solamente a ser uno de los países que más aportación hacen a la lista de FORBES, no solamente tener el primero o el segundo hombre más rico del mundo, sino en tener más del 50 por ciento de nuestra población en la pobreza.

A mí me parece que esa discusión y esa reflexión no la podemos olvidar.
Por más avance que tengamos en este dictamen, por más positivo que pueda ser el debate legislativo que estamos alcanzando el día de hoy, el debate de fondo, es como garantizamos que las instituciones que hoy estamos modificando, verdaderamente cambien la estructura de incentivos que permanece en nuestro país.

Y revisaba nuevamente este libro, se llama ¿Por qué fracasan los países? Es un país, es un libro que yo les recomiendo, lo escriben Acemoglu y Robinson, y en él se detalla, por qué hay países que crecen y por qué hay países que no.

Lo comenté hace un año, cuando discutimos esta reforma constitucional, y me parece que los principios que entonces debatíamos hoy siguen estando presentes y siguen estando latentes.

México, podemos cambiar las leyes, podremos hoy garantizar y buscar garantizar un marco normativo que tenga una Comisión Federal de Competencia Económica mucho más sólida con autonomía, con mayores capacidades y con más dientes para enfrentar a los actores económicos.

Pero el problema que subsiste, compañeros y compañeras, y me permito leer una de las páginas, que me parece que es la parte del debate que tenemos que mantener en construcción en este cuerpo colegiado.

Lo que establece este libro, dice que: “A pesar de que las instituciones sean claves para establecer las diferencias entre países que crecen y no creen, esto no significa que haya consenso en las sociedades realmente de que las instituciones deben de cambiarse”.

Les pongo esta reflexión para nuestro país, y no solamente por el debate en materia de competencia, sino por el debate en materia de telecomunicaciones, pues, es el debate que estamos sosteniendo el día de hoy.

No es, dice el artículo, no es suficiente que una sociedad desarrolle o adopte las instituciones que son mejores para el crecimiento económico o el bienestar de sus ciudadanos, porque otras instituciones pueden ser, incluso, mejores para aquellas personas y para aquellos actores que controlan la política y que controlan las instituciones políticas y económicas.

Los poderosos a menudo están en desacuerdo sobre qué conjunto de instituciones deben de regularlos.

Como no existe fuerza suficiente para regular estos actores, las reglas con que acaba la sociedad están determinadas por los políticos. ¿Quién tiene el poder? Y ¿Cómo se puede ejercer?

De igual manera, los políticos y los actores económicos acaban en un contubernio decidiendo cómo debe de funcionar o no la ley. Y esa es la gran discusión.

Desde hace 20 años nos hemos acostumbrado a que el pacto salinista, quien posteriormente entronizado por Zedillo en la parte de privatizaciones, sé que nos da una regla de juego entre quiénes tienen el poder político y quiénes tienen el poder económico.
Ese fue el planteamiento que continúo durante los 12 años, después de la transición política, y este es, precisamente, compañeros y compañeras, el gran reto que hoy tenemos.

Estamos haciendo una ley que permite la evolución de una institución, como es la Comisión Federal de Competencia Económica.

Sabemos que tenemos enormes retos en materia de concentración; 70 por ciento de concentración en el sector financiero, nos hablan en el sector de telecomunicaciones, donde es el 70 ó 75 por ciento.

Tenemos, ahora con la votación que se ha hecho a partir del cambio en materia de energético, pues, obviamente un enorme reto frente al tema de regulación, no frente al 2 por ciento, que es lo que significan las telecomunicaciones, y que el entrampado, la ley que íbamos a discutir hace pocos días, sino del 10 por ciento que es lo que significa el sector energético.

Entonces, compañeros y compañeras, la reflexión, manifestado que el voto a favor del PRD será por esta minuta, entendiendo que hemos logrado un avance en la…