Senado de la República

Versión de la conferencia de prensa de la senadora Gabriela Cuevas Barron
SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON (GCB): Buenos días, a todas y a todos por estar aquí.
Los he convocado el día de hoy para anunciar que el día de mañana estaré presentando, enviando, ante la Comisión Permanente una iniciativa que busca modificar la regulación existente en materia de topes de gastos de campaña, prorrateo y fiscalización de partidos políticos.
A pesar de los esfuerzos institucionales y de los cambios legales que se han realizado en las últimas décadas en materia electoral, la percepción ciudadana sobre las contiendas electorales no es muy favorable.
Algunas personas opinan que las elecciones no han sido justas ni equitativas, que los límites de los gastos de campaña nunca se respetan y que los partidos políticos han realizado acciones contrarias a los principios democráticos que sostienen nuestro régimen político.
No obstante, debemos reconocer que las leyes no se hacen de una vez y para siempre, las leyes se tienen que hacer y rehacer continuamente atendiendo al acontecer histórico y social. Esto es más cierto en el tema electoral, en el que los objetivos y las regulaciones propuestas van cambiando a la luz de lo que sucede en cada una de las elecciones.
Bajo este contexto, la iniciativa que pondré a consideración de los legisladores busca lo siguiente:
Por un lado, que el rebase de los topes de los gastos de campaña se considere una causa de nulidad de las elecciones, que se tipifique como delito en el Código Penal Federal y que se inhabilite a los partidos políticos, coaliciones y candidatos infractores para participar en las elecciones extraordinarias que se llegaran a convocar como consecuencia de dicha nulidad, es decir, quien rebase los topes de gastos de campaña y se le compruebe, ya no podrá  participar en la elección extraordinaria.
 
El propósito de estas medidas es establecer los incentivos negativos suficientes que nos permitan, ahora sí,  inhibir las conductas que atentan contra el principio de equidad en las contiendas electorales. Actualmente si alguien rebasa los gastos de campaña se queda con su cargo y nada más paga una multa, y esto pues resulta  muy cómodo para varios y distintos partidos y candidatos.
Por otro lado, la iniciativa responde a diversos temas que derivaron de las pasadas elecciones y, en específico del denominado Caso Monex.
En primer lugar está el tema del prorrateo, todos sabemos que, con fundamento en el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, el PRI logró reducir los costos de su campaña presidencial a fin de evitar las sanciones estipuladas en la normatividad.
Con esta regla de prorrateo, de los 50 millones del Caso Monex, sólo se sumaron 3 millones 963 mil pesos a la campaña presidencial, sin embargo, si se hubieran sumado íntegramente, les habría significado rebasar el tope de gastos de campaña en un  12 por ciento.
Este caso evidenció que los partidos políticos no pueden contar con discrecionalidad al momento de distribuir o de prorratear sus gastos de campaña porque esto puede afectar la equidad en las contiendas electorales. De hecho, algunos consejeros electorales llegaron a sugerir la inconstitucionalidad de la actual fórmula de prorrateo pues, entre otras razones, permite simular los gastos de campaña y con ello violentar sin consecuencia alguna los topes que para ello aprueba el Consejo General del IFE.
Por esta razón, la iniciativa propone prohibir que los partidos políticos puedan asignar o distribuir discrecionalmente sus gastos de campaña con la finalidad de salvaguardar el principio de equidad que debe regir el financiamiento y la fiscalización de los partidos políticos.
En segundo lugar, se encuentra el modelo de fiscalización ex post. Actualmente, la legislación desfasa los tiempos en que se revisan los gastos de campaña de los términos con que ya cuenta la autoridad para validar una elección, es decir, primero se valida la elección y después se hace la fiscalización de los gastos de campaña. De tal suerte que ya calificadas las elecciones, el IFE sigue sustanciando los procedimientos de investigación respecto al origen y destino de los recursos.
Por ello, se busca hacer más expeditas las etapas del proceso de fiscalización. En concreto, se propone que los partidos presenten dos informes preliminares respecto a la campaña presidencial: el primero con datos al 15 de abril y el segundo con datos al 15 de junio del año de la elección.
Además, se prevé que los informes finales sean presentados por los partidos políticos a más tardar dentro de los 30 días siguientes al de la jornada electoral y se reducen los plazos para que la Unidad de Fiscalización revise los informes de campaña.
En tercer lugar, se encuentra el fortalecimiento de la Unidad de Fiscalización. Quedó claro que la creación de esta Unidad en el año 2007, si bien constituyó un acierto en varios aspectos, también es cierto que ha impedido a los consejeros electorales seguir día a día las actuaciones y tomar el pulso a la fiscalización.
Actualmente, los informes que antes eran materia de la Comisión de Fiscalización, y por tanto de los consejeros electorales, sólo se conocen por los consejeros cuando llegan y se presentan en el Consejo General.
En atención a esto, se propone que los consejeros electorales tengan nuevamente una participación activa en los procesos mediante la creación de una Comisión Temporal que estudiará los proyectos de dictamen que elabore la Unidad de Fiscalización, por lo menos un mes antes de su discusión en el Consejo General.
Y en cuarto lugar, se busca que los consejeros electorales estén obligados a exponer públicamente los argumentos que los lleven a emitir su voto en las resoluciones que adopte el Consejo General del IFE.
Este asunto es de la mayor relevancia porque otra de las lecciones que nos dejó el Caso Monex es que los Consejeros Electorales pueden emitir votos sobre temas de gran relevancia a nivel nacional sin hacer públicas las razones que los motivaron a votar de esa manera.
Durante meses, uno de los consejeros se abstuvo de emitir posicionamiento alguno sobre el Caso Monex, pero al darse cuenta que durante la votación del proyecto había un empate, decidió reincorporarse a la mesa para emitir el voto definitivo que exoneró en este caso tan importante al PRI. Esto lo hizo sin que mediara siquiera una explicación de los motivos que lo llevaron a inclinar la balanza en ese sentido, a pesar de que la ciudadanía pues lo mínimo que merece es escuchar los argumentos y el razonamiento de los consejeros electorales.
Como pueden ver, el objetivo de las propuestas contenidas en esta iniciativa es modificar por completo el sistema de incentivos a nuestra legislación electoral y así evitar que se sigan presentando acciones que distorsionan la competencia electoral, como son el rebase a los gastos de campaña, como es el tema de fiscalización y como es también la debida explicación que debe dar los Consejeros Electorales.
Debemos entender que lo que está en juego no es solamente un derroche de recursos públicos, lo que está en juego es la calidad misma de la democracia y el funcionamiento de nuestras instituciones.
Debemos lograr el uso razonable y ético de los recursos partidistas, pues no sólo ayudará a que éstos mejoren su prestigio, reviertan la visión negativa que de ellos tiene la ciudadanía, también permitirá sanear el sistema democrático y otorgar mayor legitimidad a quien gane cualquier contienda electoral.
Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.
PREGUNTA (P): Buenos días, senadoras, Juan Carlos Fonseca de Unomásuno. Yo le quiero preguntar si usted piensa que el Pacto por México sobrevivirá a las elecciones de julio, por un lado. También, acaba de decir la Coparmex que los empresarios quieren montarse en el Pacto porque dicen que un pacto político es frágil, pero uno social es fuerte. Y finalmente, si su iniciativa llevaría una dedicatoria para el PRI en el futuro.
GCB: Varias preguntas muy interesantes.
Primero, el tema del Pacto y las elecciones y creo que con esto sería la forma de abordar todas estas preguntas. Uno de los grandes errores que sí detecto en el Pacto y que incluso lo comenté desde el día que fue firmado es que es un Pacto de la clase política, no es un Pacto que incluya a la sociedad civil, no incluye a los grupos empresariales, no incluye a los grupos sociales, no incluye a la academia, no incluye a las ONGs.
Me parece que si realmente queremos hacer un Pacto por México debemos entender que México es mucho más que su clase política. La mayor parte de los mexicanos, el porcentaje más alto de mexicanos no participa en ningún partido político.
Creo que lo más importante, si queremos que sobreviva un pacto y que realmente sea por México, es que sea incluyente y que realmente refleje los intereses de todas y todos los mexicanos, no nada más de su clase política.
Ahora, si el Pacto va a sobrevivir a las elecciones. Creo que por parte del gobierno han tratado de hacer la distinción entre lo que es el Pacto y lo que es la mesa electoral. Si realmente se ve un cochinero, como el que se empezó a ver ya en Veracruz, pues va a ser muy difícil para los presidentes del PAN y del PRD dar una explicación de por qué siguen en una mesa donde la otra parte no respeta las reglas.
En un Pacto donde lo que se están definiendo son las leyes, pero uno de los actores no quiere respetar las leyes en materia electoral, pues sería bastante incongruente seguir en una mesa donde un actor nada más quiere llevar agua a su molino y no respetar las reglas en materia electoral, como insisto, ya sucedió en el tema de Veracruz.
Y me parece con esto cubría todas tus preguntas, no sé si me falta alguna.
P: ¿Tiene una dedicatoria su iniciativa para el PRI para el futuro?
GCB: Claro, lo mencioné.
Muchas gracias.
Y quisiera nada más hacer un anuncio, en dos días estaremos presentando también una rueda de prensa, algunos temas sobre la candidatura de Herminio Blanco a la OMC que se acaba de anunciar el resultado.
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