30 de enero de 2013
Versión de la entrevista concedida por el senador Roberto Gil Zuarth previo a la inauguración del Foro “Derecho de las víctimas y la nueva Ley General de Víctimas”
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH (RGZ): … fiscalización del Instituto Federal Electoral. Tiene que ver también con algunas resoluciones previas que nos parecen inconvenientes y absolutamente insolventes por parte de la autoridad electoral, como fue el caso Monex.
Creo que lo que revelan estas resoluciones es que el IFE está actuando de manera parcial y está actuando de manera indebida, no solamente por haber exonerado al PRI del caso Monex, de esa estructura financiera sobre la cual tuvo prueba fehaciente, sino también por el hecho de que no le está aplicando esos recursos, cuyo origen y destino no está determinado al tope de gasto presidencial.
Creo que el gasto del candidato del PRI evidente en todo el país, el despliegue publicitario que tenía en todo el país fue por demás visible y eso no se está reflejando en el informe de la autoridad electoral, en la revisión que ha hecho.
Creo que también en el caso de Andrés Manuel López Obrador tendrá que explicar por qué aparecen esos recursos en esa proporción, sobre todo a partir de información que presentaron los partidos que fueron coaligados, PT y Movimiento Ciudadano.
Nosotros somos el partido con una menor proporción de sanciones, no tenemos ninguna queja con respecto a las fuentes de financiamiento y al ejercicio del gasto durante la campaña, somos el partido que más limpio sale de esta revisión porque nosotros asumimos el compromiso puntual con la legalidad democrática, pero también con la equidad en la contienda.
Desafortunadamente fue violada la equidad por parte del PRI y desafortunadamente, o doblemente desafortunado es el hecho de que la autoridad electoral simplemente no quiera ver esa realidad.
PREGUNTA: ¿La resolución del IFE sobre Monex deslegitima al gobierno de Enrique Peña Nieto?
RGZ: Yo creo que la resolución del caso Monex lo que da cuenta es de tres cosas, la primera es que la autoridad electoral, el IFE, no está teniendo la capacidad para resistir la presión del poder.
En segundo lugar, que nuestro sistema de fiscalización es absolutamente débil, que no hemos logrado encontrar un modelo que nos dé la certeza de cuál es el origen y el destino de los recursos y mucho menos que tenga la capacidad, la ley, para generar los incentivos correctos para que nadie se pase de los topes de gasto y todos los competidores tengan las mismas condiciones en la competencia.
Y en tercer lugar, da cuenta que este país no puede ser el país en que no pase nada. Si hay una evidencia contundente de que un partido político ha cometido ilegalidades en las fuentes de financiamiento y ha violado el tope de gasto debe haber consecuencias severas, por eso Acción Nacional, la bancada en el Senado, está proponiendo una revisión a fondo del sistema de financiamiento y fiscalización para que la fiscalización sea, uno, preventiva, es decir, se realice durante el proceso y no cuando ya acabó el proceso y las autoridades políticas ya están incluso sentadas en su cargo.
Y también para que, si se demuestra que hay financiamiento ilegal, destino ilegal, o bien que se hayan violado los topes de campaña, no solamente se anule la elección, sino que también se inhabilite al candidato que haya resultado beneficiado por esa ilegalidad.
Creo que tenemos que tomarnos en serio el tema del financiamiento y la fiscalización en nuestro país. Es el principal elemento para garantizar condiciones de equidad en las competencias electorales, y sobre todo para hacer auténtico y libre el voto ciudadano.
P: ¿Es algo que ustedes van a impulsar en este periodo?
RGZ: Ya lo tenemos aprobado en la agenda, lo hicimos público en nuestra plenaria de Puebla, vamos por una reforma electoral. Hemos dicho que no vamos a esperar al calendario que se ha planteado del Pacto por México en el sentido de que la reforma electoral será a finales de este año.
Nosotros creemos que hay elecciones que tenemos que cuidar y en consecuencia tenemos que adelantar la reflexión, el análisis de la reforma electoral y tiene que ser antes de las elecciones.
Este año 14 estados de la República tendrán elecciones, uno de gobernador y 13 intermedias, no podemos esperar hasta que el daño se vuelva a hacer. Necesitamos tomarnos con toda seriedad el hecho de que hay dificultades legales, vacíos legales, debilidades institucionales en el financiamiento y en la fiscalización que tenemos que corregir precisamente para que esas elecciones puedan desarrollarse con equidad y con total limpieza.
P: ¿Esta propuesta la presentarán cuando inicie el periodo?
RGZ: Estamos terminando la iniciativa y ya la estamos discutiendo internamente. Nosotros creemos que podemos estar en condiciones de presentarla en las primeras sesiones del próximo periodo que inicia el próximo viernes, pero nuestra insistencia será absolutamente clara y contundente: el caso Monex, la actuación del IFE, las inconsistencias de sus resoluciones nos exigen analizar a fondo el régimen de financiamiento y fiscalización en nuestro país y corregirlo, y corregirlo precisamente para que las 14 elecciones que se van a dar en este año no vuelvan a derivar en casos Monex, en violaciones de topes, o en la compra y coacción del voto como vimos durante este proceso electoral.
P: Oiga, senador, de los 115 millones que el PAN dejó de gastar en la campaña de Vázquez Mota, usted mencionó que era por prioridades del partido, ¿cuáles son estas prioridades?
RGZ: Hay que recordar que nuestro Consejo Nacional es quien resuelve, quien decide el presupuesto que se asigna a cada campaña. El partido decidió, incluso antes de que se resolviera la candidatura presidencial de Acción Nacional, que el tope, el financiamiento que se iba a poner a disposición de la campaña iban a ser 280 millones de pesos.
Y nosotros distribuimos, a través del criterio de prorrateo que nos autorizó el IFE, 60 millones de pesos entre distintas campañas concurrentes, con lo cual el gasto neto es de 220 millones de pesos, que es lo que hemos informado a la autoridad electoral.
Nosotros asumimos el compromiso de respetar la ley, de no tener ningún escándalo ni ninguna queja, ningún tache por el financiamiento que recibimos y también tuvimos la instrucción clara y precisa de nuestra candidata de bajo ninguna circunstancia superar el tope de gasto.
La campaña presidencial se desarrolló con los recursos que nos dio el partido y esos son los montos a los que ya he hecho mención. En consecuencia, nosotros hemos dado cuenta clara de los recursos que recibimos, hemos dado cuenta clara de su destino, hemos dado cuenta clara de que Acción Nacional no violó la ley, como sí la violó el PRI, y como parece que también los consejeros quieren demostrar que el PRD lo hizo.
Creo que quien está absolutamente claro, a ojos vistos y sobre todo, que ha quedado absolutamente acreditado con quejas que la propia autoridad ha conocido, y desafortunadamente exonerado, es que el PRI violó los topes de gasto, el PRI tuvo una fuente de financiamiento ilegal, no acreditada en términos de su origen y destino y que desafortunadamente la autoridad simplemente está viendo para otro lado.
P: ¿Qué pasó entonces con el dinero que no ocuparon?
RGZ: El partido tiene la facultad de destinarla a otras campañas, a otros propósitos, ahí están las cuentas que tiene que presentar el propio partido.
Lo cierto es que a la campaña presidencial se le autorizó una fuente de financiamiento público de 280 millones de pesos, logramos distribuir 60 millones, al final de cuentas nuestro saldo neto de gasto de 220 millones, 110 millones por abajo del tope de gasto por la sencilla razón de que tenemos un compromiso de hacer más con menos recursos.
Hay que recordar que dinero de los partidos políticos viene de los ciudadanos y no tenemos derecho como partido político a simplemente dilapidar los recursos.
P: ¿Entonces lo demás se distribuyó a otras campañas?
RGZ: Tendrá que el Comité Ejecutivo Nacional decir a dónde están aplicados esos recursos. A la campaña presidencial se le autorizó esos recursos y con ese recurso operamos.
Gracias.
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