Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

* Versión estenográfica del discurso de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, durante la inauguración de las mesas de debate “Hacia la consolidación del Sistema Penal Acusatorio a un Año de su Operación Nacional”.

Angélica de la Peña Gómez (APG): Angélica de la Peña Gómez (APG): …quiero agradecer la invitación, siempre gentil, de la presidenta de la Comisión de Justicia, la senadora Pilar Ortega, muchas gracias.

Agradezco mucho, además, estar en el presídium como (inaudible) ha referenciado, es un tema que tenemos que tratar y seguramente habrá discusiones porque, por eso es importante además que esté aquí el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, porque seguramente desde la Junta se habrán de seguir ya ordenando las discusiones que se tienen que dar en torno a esta materia que es importante incorporar en el próximo período.

También es muy importante que la senadora Dolores Padierna, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD también esté acá; igual las señoras diputadas representantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y quienes nos acompañan en el presídium y ustedes también acá enfrente.

Hemos percibido preocupaciones e incluso críticas que van desde las opiniones doctas, serias y autorizadas, hasta aquellas que por desconocimiento del sistema acusatorio, desinformación o cálculos mediáticos se han pronunciado al respecto, todos alrededor de una preocupación que, sin duda, es legítima.

Reformar el Sistema de Justicia Penal en México, este sistema que hace nueve años modificó la Constitución, bueno, es parte de las preguntas que seguramente  contestarán las funcionarias y funcionarios, expertas y expertos, también de los gobiernos estatales y, por supuesto, estas mesas de trabajo de los próximo días vamos a escuchar y conocer sus preocupaciones y también sus propuestas.

A nueve años de la aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia penal y a un año de su operación en todo el país, es necesario disponer de información, indicadores y evaluaciones que nos permitan conocer a fondo las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema de justicia.

Nosotros en el Senado de la República nos tocó emprender reformas muy importantes, prácticamente la mayoría como Cámara de origen, que están incluidas en el marco de cumplir con esa reforma estructural.

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, o la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal o la nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución Controversias Penales, o la nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, o las reformas a la Ley de Víctimas, entre otras importantes reformas, que se hicieron a diferentes códigos y leyes, todas inscritas para garantizar la implementación del nuevo sistema.

Es importante señalar que su implementación tiene la ventaja de haber abandonado un modelo de justicia inquisitivo en donde no se garantizaba una defensa técnica adecuada, donde las personas podían pasar años en prisión sin recibir una sentencia o imputados que nunca veían al juez durante el proceso. Todo eso tiene que cambiar.

Hoy éste nuevo y novedoso marco legal enfrenta un reto operativo, que de acuerdo a los analistas se identifican en un rezago de las carpetas de investigación que no han sido determinadas o despachadas con casi el 50% en promedio nacional, lo que implica que en una de cada dos carpetas iniciadas no se ha realizado ninguna determinación.

De los asuntos presentados ante los tribunales de las entidades federativas, en promedio, prácticamente la mitad son con personas detenidas, es decir, casos en flagrancia. Esto evidencía la ausencia de capacidades de investigación en las procuradurías y fiscalías para judicializar asuntos en los que no hay una persona detenida. Este fenómeno se puede observar en los asuntos penales del ámbito local y del federal.

Uno de los grandes pendientes es la reingeniería institucional en las transiciones de un esquema de procuraduría a uno de fiscalía.

Observamos en los estados donde ya tienen Fiscalías, que han dejado (inaudible) desde el membrete las Procuradurías que no han hecho absolutamente ningún cambio sustantivo como lo marca la Constitución, simplemente es cambio de membrete.

Lo que sabemos es que en los Estados donde hay una Fiscalía en lugar de Procuradurías, no se han hecho cambios sustantivos y solo cambiaron de nombre. Falta asegurar que los ministerios públicos sean verdaderamente autónomos para que se garantice mayor eficiencia e independencia en la política criminal como señala la Constitución.

También los servicios periciales requieren de una urgente transformación en la forma de obtener, incorporar y rendir la llamada prueba pericial.  Se trata pues de una cuestión medular para la producción de elementos claves que son determinantes para la resolución de un juicio oral.

En el ámbito del Poder Judicial el reto es aún mayor en lo que respecta a la capacitación, creo que hay en algunas entidades avances muy importantes en la capacitación de juezas y jueces y magistradas y magistrados, en el caso de los juicios orales, todo lo que se requiere para la implementación de este nuevo sistema.

Las y los jueces enfrentan el mayor de los retos para poder juzgar con perspectiva que garanticen las condiciones de igualdad a personas que pudieran presentar algún motivo o condición de discriminación por diversa condición.

De tal manera que preceptos como la perspectiva de género, interés superior del niñez y la adolescencia o el principio que reconoce la multiculturalidad, discapacidad, inclusión, son importantes que se tienen que tomar en consideración.

Es imprescindible tener en cuenta que las reformas legislativas por sí solas no garantizan un funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal, la correcta implementación y operación por parte de quienes lo operan día a día es la única manera de poder generar una evaluación objetiva.

Por mandato constitucional, la ejecución de las sanciones tiene como principio rector la reinserción social, voy a terminar con esto porque en su momento, este principio rector ha creado una serie de discusiones, por eso resulta contradictoria que diversas autoridades critiquen que quienes han cumplido los requisitos necesarios para lograr su reinserción a la comunidad puedan acceder a ésta, siendo éste uno de los principales objetivos del sistema.

Me parece que esta parte es singular, y cuando me refiero a los asuntos mediáticos el mensaje que se da a la sociedad me parece que es y no corresponde a la realidad de lo que se tiene que hacer para garantizar que este sistema realmente se funde en la reinserción social.

Esa es la pregunta que deberías respondernos todas y todos, particularmente quienes tienen a su responsabilidad la reinserción social, como lo mandata la Constitución.

Esto obliga a nuestras autoridades a discutir con más seriedad el mandato constitucional de la reinserción social y generar instrumentos de análisis y evaluaciones sobre las personas que recuperan su libertad, dado que el problema no es la figura de la prisión preventiva, ya que ésta de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, puede proceder por cualquier delito siempre y cuando el ministerio público justifique la necesidad de que la persona imputada represente un riesgo de fuga, un obstáculo para la investigación o riesgo para la víctima o la comunidad.

Los paradigmas anteriores del sistema inquisitivo se han roto. Hoy el derecho penal está inscrito indisolublemente en el marco de los derechos humanos.

El objetivo es que responda de la mejor manera a las víctimas de los delitos respetando y reestableciendo todos sus derechos, obteniendo justicia pronta y expedita y procurando la reparación integral del daño, todo ello con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas imputadas pero tambien de las víctimas.

Estoy segura que quienes participaran aportaran su experiencia para exponer en las mesas sus reflexiones, sus interpretaciones y experiencia y también las dudas para cumplir con el objeto del sistema acusatorio.

Y coincido con el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, no podemos permitir que haya retrocesos en este sistema estructural. En todo caso, debemos atender donde ubiquen las fallas, me parece que no está en preceptos de la Constitución; mover la Constitución significaría una contrarreforma.

Yo creo que lo que tenemos que hacer es revisar de manera puntual cómo está funcionando, con los operadores, con los policías ministeriales, con los ministerios públicos, ¿cómo está operando realmente el sistema?

Y en todo caso, darnos tiempo para que tangan una correcta profesionalización y capacitación y entender que no se puede llevar a cabo este nuevo sistema con los recursos del otro sistema que ya está ausente en nuestro marco jurídico fundamental.

Muchas gracias y éxito en las mesas.

 

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