* Discurso de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante el Conversatorio sobre el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a vivir en Familia y los Centros de Asistencia Social.
Angélica de la Peña Gómez (APG): …redes sociales, este conversatorio que tenemos hoy en el Senado de la República.
Quiero informar a ustedes que este conversatorio tiene que ver en principio porque estamos obligados y obligadas a seguir cómo se está implementado la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; esta ley que nos llevó a seis comisiones a dictaminarla como iniciativa preferentemente en prácticamente un mes, como establece la Constitución y la Ley.
Es una ley que ha sido catalogada en el ámbito internacional por los organismos internacionales de derechos humanos que es una ley muy avanzada en el continente, en México por supuesto se constituye en un proceso legislativo de gran pluralidad, de gran conocimiento de los derechos de las niñas y los niños, los tratados internacionales, las recomendaciones; por supuesto, la Convención sobre los Derechos de la Niñez que nos obliga a tomar todas las medidas desde el Estado para garantizar que las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad sean consideradas como sujetas plenas de derechos.
Este enfoque holístico del ejercicio de cada uno de sus derechos que caracteriza a la Convención, que establece principios rectores para garantizar cada uno de estos derechos; que constituye un solo mundo de la infancia, me parece muy importante mencionar que a partir de la Convención en el mundo ya no hablamos de ese mundo invisible, abandonado, de quienes infringen las leyes, quienes infringen las normas administrativas, se encuentran en abandono, en situación de calle, que están siendo abandonados en alguna institución, que no le importan a nadie, esos menores como se dice peyorativamente, como dice Emilio García Méndez, en función del amor y de la compasión se pueden cometer la peores atrocidades contra niñas y niños, particularmente contra ese mundo que había estado durante mucho tiempo, siempre en la parte más marginal, invisible, de lo que acontece en el mundo porque simplemente no le importan a nadie, son los menores.
Y el otro mundo, el de las niñas y los niños, nuestras hijas, nuestros hijos, que tienen un hogar, que tienen una familia, que van a la escuela, que tienen salud, que tienen amor, que son queridos, que fueron deseadas y deseados, ese otro mundo, pues en otras condiciones, a lo mejor también con problemas en el ejercicio de otros derechos, derechos que están incluidos ahora en la Convención sobre Derechos de la Niñez, como derechos de nueva generación, como son los derechos de participación; los derechos a dar su opinión sobre asuntos de su incumbencia; los derechos que tienen que ver con la prevención; insisto mucho en no ser maltratados; el derecho a ser amados, que tiene que ver con efectivamente con no recibir ningún tipo de maltrato. Pero bueno, están de alguna manera en la escuela, que tienen salud.
Pues ahora a partir de la Convención tenemos un solo mundo, el mundo de las niñas, niños y adolescentes, sin ningún tipo de discriminación, ninguna discriminación tiene que imponerse por ninguna condición; las niñas y los niños tienen derechos simplemente porque son niñas y porque son niños; en esta etapa de sus vidas, en estas edades etarias que son distintas entre sí y que requieren cuidados específicos a partir de estas edades que caracterizan este desarrollo de su personalidad que tiene que atenderse, insisto, en el enfoque holístico de cada uno de los derechos que van relacionados, que son interdependientes.
Y que definitivamente nos motiva hoy en el Senado de la República a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, niños y Adolescentes, que armoniza la Convención, que atiende las recomendaciones hechas al Estado mexicano; que además en una revisión de todos los pendientes nos obliga al diseño de un Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se articulen las políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, con organismos internacionales.
Hay una participación en esta Ley preponderante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales de derechos humanos para que atiendan, verifiquen, prevengan y, por supuesto, recomienden cuando ha lugar frente a una violación a los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad, eso ante no acontecía, hoy está en la ley; hay una precisión clara respecto de cómo deben ser atendidos las niñas y los niños cuando sufren algún tipo de vulnerabilidad o de discriminación.
De tal forma, que no hay pretextos para que en México no avancemos en garantizar este estado de derechos para las niñas y los niños; y por supuesto, hoy tenemos que realizar otro conversatorio, otro foro, con algún derecho o algunos derechos que tienen que ver con estas personas menores de 18 años de edad, pero particularmente las personas que se encuentran en una situación de gran exclusión social; de gran marginalidad; que no le importante realmente a nadie; que dejan en instituciones que realmente no sabemos cómo funcionan; no sabemos bajo qué
normas se rigen, nadie verifica cómo se encuentran esas niñas, esos niños abandonados que no tienen familia o si tienen familia no les atienden o que estas familias simplemente no se les convoca a sustituir como familias extensas cuando papá o mamá, o quien tiene la guardia y custodia, no puede atenderlos; cuando se encuentran en una situación de orfandad, cuando se encuentran en una situación –insisto- en donde tienen que parar porque no hay de otra, pareciera inexorable que no hay de otra y tienen que ir a dar a un centros de atención.
Hemos conocido de casos verdaderamente terribles, el último, La Ciudad de los Niños en Salamanca, regido por un sacerdote, por monjas, que sabemos esta organización además tiene otros centros de atención y nadie, ninguna autoridad verificó cómo se encontraban; no solamente la marginalidad de no saber si comen bien; si son bien atendidos en su salud; qué pasa con los derechos de educación, de su aprendizaje, sino también cómo se encuentran en la atención cotidiana respecto a que estén realmente salvaguardados, protegidos, de cualquier situación que los pueda llevar a una violación a sus derechos humanos.
Encontrar que han sufrido violencia, incluida la violencia sexual, es verdaderamente inadmisible que eso siga ocurriendo en México con una ley ejemplar; una ley que ha sido señalada como una buena práctica del trabajo legislativo, de que ha asumido en la mesa de la discusión todas las propuestas y exigencias de las organizaciones de la sociedad civil de México, además de atender las de los organismos internacionales; de aprender de la experiencia de especialista que nos han dicho que México tiene que recomponer las cosas y transitar por este camino.
Ya basta de se siga desatendiendo nuestra responsabilidad a partir de la vinculación, insisto, con los tratados internacionales con esta ley; también ya basta de que las autoridades sigan actuando con la discrecionalidad de estos casos, que esperan que haya un tiempo en donde la situación salga de los medios de comunicación y, entonces, siga otra vez esta inercia y al rato tengamos otro centro de atención como este o como el que tuvimos en Casitas del Sur o el que tuvimos en Zamora con la Casa de la Gran Familia.
La Cámara de Diputados tiene que tomar previsiones sin cortapisas en este presupuesto de egresos, no es mucho dinero, es poco, poco dinero lo que se necesita para que el DIF nacional cumpla con los preceptos de la ley y con sus transitorios.
En primer lugar, conocer cómo están los centros de atención, cuántos son, dónde están, qué características tiene, el diseño de un protocolo único que tanto las instituciones de la iniciativa privada como del ámbito gubernamental cumplan irrestrictamente con este protocolo; protocolo que además tiene que establecer no solamente las nomas de cómo tiene que estar el inmueble; cuáles son los programas de atención; cómo deben ser las características de quienes están al
cuidado de estas niñas y estos niños en función de sus necesidades; atender por supuesto la salud especializada; las características de cada niña y cada niño; por supuesto, también debe haber verificación periódica, tiene que haber controles por parte de la autoridad y controles por parte de la sociedad civil, controles también de las comisiones estatales de derechos humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tienen que funcionar, tienen que estar funcionando y tienen que atender esta parte de la niñez que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad y y sabemos también en una situación de riesgo.
Los sistemas están inscritos para que todas las autoridades que forman parte de las decisiones que deben garantizar estos derechos, se coordinen de manera armónica y transversal; hay una coordinación desde el nacional hacia las entidades, y esta coordinación sea transversal; tenemos que garantizar que se incorporen los municipios.
Tenemos que garantizar que este sistema garantice que donde haya quedado la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –en algunos estados quedó en el ámbito de la Fiscalía o la Procuraduría de Justicia, en otros quedó en el ámbito del DIF estatal- funcione; las procuradurías deben funcionar, la ley establece que tienen facultades para ser el garante de esas niñas y niños cuando lo necesiten, cualquier niña, las niñas, los niños que están aquí deben saber que ustedes pueden recurrir a esa procuraduría cuando ustedes requieran que los represente jurídicamente frente a cualquier situación, la que sea; ese es el estatus que tiene la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Es decir, la ley es muy buena, la ley tiene aspectos jurídicos, tiene planteamientos específicos de cómo tiene que implementarse la ley; tiene una parte sustantiva que hemos aprendido en todos estos años y la hemos definido a partir de las buenas prácticas y la experiencia y lo que tenemos que corregir y también tiene la parte adjetiva que era lo que le faltaba a la ley desde que reformamos la Constitución para reconocer que niñas y niños son sujetos de derechos.
Entonces, ahora no hay pretextos para que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno garanticen el libre desarrollo de la personalidad, de todas las niñas, sin discriminación de ningún de tipo y bajo ninguna condición.
De tal manera que hoy les doy la bienvenida a mis queridas amigas, que hoy nos acompañan en este conversatorio precisamente para hablar este tema, este es el tema que hoy nos motiva.
Cada una de ustedes tiene distinta experiencia, que nos van a hablar de lo que están haciendo, y me parece que este conversatorio tiene que motivar, insisto, a la Cámara de Diputados, con todo respeto se los digo y lo hemos planteado en
diferentes punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados atienda la petición, primer lugar la del DIF Nacional para que tengan presupuestos etiquetados para hagan ese censo.
Ya no hablo de los otros pendientes que requieren también muy poco dinero, por ejemplo, el de las niñas y niños en situación de migración, acompañados o no acompañados, cuyos lugares a donde llegan son vergonzosos, inadmisibles, también me parece que ese es otro problema que no se ha logrado atenderá pesar de la ley, a pesar de sus transitorios porque no hay recursos etiquetados para ese propósito, y no estamos hablando de mucho dinero, si acaso algunas decenas de millones de pesos, no estamos hablando de mucho dinero.
Entonces, no hay ninguna justificación para que en el marco de los grandes problemas del país, atendamos también este porque también es una gran y grave problema.
La doctora Fernando López Portillo, ella es coordinadora en México de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar; tiene la perspectiva de cómo los distintos países latinoamericanos están trabajando para también lograr garantizar que se cumpla con la Convención sobre los Derechos de la Niñez, y atiende esta parte que luego no le ponemos mucha atención que tiene que ver con las familias, con el especio en donde niñas y niños se desenvuelven desde que nacen, el espacio familiar, y me parece que es muy importante que desde la RELAF, pueda darnos su opinión sobre este conversatorio que trata los temas derivados de los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.
Y por supuesto, vamos a darle una repasada a los centros de atención social, que hoy están puestos en los medios de comunicación; por cierto, termino antes de darle la palabra a Fernanda, insistiendo a la Procuraduría General de la República que atraiga totalmente el caso de La Ciudad de los Niños de Salamanca, no confiamos en las autoridades locales de Guanajuato, hay que decirlo con toda claridad, no confiamos, haya habido –hay que comprobarlo debidamente- dudas respecto de la permisividad y aquiescencia de las autoridades para que estas personas que estuvieron al frente de esta Ciudad de los Niños violaron los derechos humanos de niñas y niños que tuvieron bajo su cuidado, pero eso hay que comprobarlo y la manera de comprobarlo es tener confianza en las autoridades de procuración de justicia que tienen que hacer una investigación totalmente imparcial, confiable, que nos dé certeza y la única manera, por desgracia, que podemos tener certeza es que la PGR atraiga este caso.
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