Senado de la República

Participación de la Senadora Mónica T. Arriola durante la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública del Senado de la República.
Ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Senadora Cristina Días Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Senadoras y senadores integrantes de las comisiones.
La seguridad pública es parte esencial de todo proceso histórico social de cualquier país, pero tiene una especial relevancia en el caso del México contemporáneo.
La libertad para vivir sin temor, como una de las cuatro libertades esenciales que Franklin Roosevelt mencionó en 1941, ha sido verdaderamente cuestionada por nuestra sociedad y seriamente amenazada por la criminalidad.  
Es común escuchar a la gente expresarse sobre la seguridad de nuestro país, de manera resumida, en una sola frase: “Los tiempos no son como antes”.
En este contexto, de acuerdo con el tercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana  realizada por el INEGI, para el pasado mes de marzo de 2014 y en términos de delincuencia, 72.4 por ciento de la población de 18 años y más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
En comparación con el resultado del mes de diciembre de 2013, que fue de 68.0 por ciento, implica un incremento de 4.4 puntos porcentuales.
A partir de estos datos, debemos de tomar conciencia sobre la profunda significación que le dan las y los mexicanos a esa expresión, para redoblar esfuerzos y recuperar la seguridad perdida.
Sabemos que el concepto de seguridad, contempla una serie de responsabilidades, obligaciones y tareas que competen al Estado, dentro de las cuales están principalmente, la de garantizar la certidumbre de las personas, su patrimonio y la observancia del Estado de derecho.
Cuando una persona pierde la libertad de vivir sin temor, temor a la extorsión, temor al secuestro, temor a la violencia, temor a la criminalidad generalizada, se pierde la humanidad solidaria que requiere la cohesión social de nuestro pueblo para salir adelante.
Es un hecho que, el entorno social y la complejidad del fenómeno delictivo nos ha obligado buscar nuevos enfoques sobre la atención del problema, sólo de esta manera, lograremos modificar la orientación, el diseño y la implementación de nuevas y más eficientes políticas públicas que cumplan con el mandato constitucional de garantizar la seguridad de las personas.
Estas políticas se deben conducir, para asegurar su exitosa implementación, con alternativas pragmáticas y operativas que permitan una ejecución eficaz de las soluciones a los problemas que enfrentamos, de una manera innovadora, incluyente y acorde a la realidad específica de cada región, territorio o entidad federativa.
La labor que se ha llevado a cabo, hace ya más de 100 días en distintas regiones de las entidades federativas, en las que se vive una situación atípica de inseguridad, sin duda son de reconocerse; aunado a lo anterior, estamos obligados a observar de manera total el territorio de la República, a efecto de adoptar las medidas que han sido exitosas para su aplicación contextual en todo el país.
La política criminal en esencia, como fue anunciado por el gobierno federal, se redirige por buen camino al replantearla de manera más humana y menos estadística; sin embargo, existen todavía en todo el territorio nacional, la formación y, en algunos casos, la  consolidación de grupos de personas que han tomado la justicia en sus propias manos.
La regularización, institucionalidad y respeto al estado de derecho, exigen que el Estado se encargue de garantizar los objetivos que persiguen estos grupos, y no así estos mismos, actuando siempre, apegados a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.
En el marco de lo que expuesto y, principalmente, en defensa de la libertad esencial de todas y todos los mexicanos a una vida sin temor, es que me gustaría abundar en temas que exigen una especial prevención.
Uno de estos casos surge con mayor énfasis a raíz de la detención realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas de varios integrantes de bandas vinculadas con la criminalidad en Centroamérica; inclusive el día de hoy, se habla de un envío importante de armas por parte de grupos del crimen organizado mexicano a estas organizaciones.  
Como senadora por Chiapas, considero indispensable la implantación de estrategias que contemplen combatir la disputa de las bandas criminales locales en el estado, y paralelamente detener de manera expedita el flujo de integrantes de bandas criminales centroamericanas a la entidad.
Asimismo, y en un contexto doloroso donde se han exteriorizado una gran cantidad de casos de delitos cometidos contra migrantes, debemos dar estricto seguimiento al progreso logrado para desarticular y erradicar las bandas criminales dedicadas al tráfico de personas, especialmente de migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador.
Para concluir, debo destacar que existe un importante flujo de jornaleros indígenas en el país que transitan de sus entidades a otros estados de la República en busca de condiciones dignas de vida, los cuales, lamentablemente, son propensos a la captación y afectación de los grupos criminales; es por esto que se torna imprescindible la creación de políticas dirigidas precisamente a garantizar la seguridad de nuestros indígenas jornaleros.
Por último señor Secretario, agradecer su puntual exposición y el trabajo realizado en su cargo en este  tiempo que tiene al frente y también a todos sus colaboradores.
Por su atención muchas gracias.
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