Senado de la República

"El número de embarazos de niñas y adolescentes en nuestro país debe preocuparnos a todos, ya que representa un problema que afecta a toda la sociedad y desvela que las políticas de educación y salud reproductiva, desarrollo social y humano, así como la aplicación de la ley que protege los Derechos de la Niñez,  están fallando", afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al referirse a las cifras de embarazos entre niñas y adolescentes mexicanas contenidas en el Informe del Estado de la Población 2013, presentado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
Resulta alarmante que durante 2012, en promedio, diariamente 28 niñas dieron a luz en México, lo que representó 10 mil 264 nacimientos de hijos de mujeres entre 10 y 14 años de edad, lo que representa el 2.6 por ciento de los más de 380 mil partos de menores de 20 años, advierte el documento.
Indicó que los embarazos en adolescentes están considerados por la OMS como de alto riesgo, "como legisladores debemos llevar a cabo una evaluación de las políticas públicas de salud a fin de que éstas, efectivamente vayan encaminadas a detener el embarazo en niñas y adolescentes a lo largo y ancho del país", argumentó.
Al revisar las tasas de hospitalización por complicaciones de embarazo o aborto, el único grupo de edad en el que cada vez aumentan a mayor ritmo es en el de 10 a 14 años, que en 2012 ya llegó a ser de 7 por ciento. De 1990 a 2012 se registraron 28 mil muertes maternas, 3 mil 473 de adolescentes de 15 a 19 años y 160 de menores de 15 años, sobre las cuales hay menos información.
Especialistas señalan que mientras una mujer de menos de 20 años corre el doble de riesgos que una mayor de tener complicaciones en el embarazo, en el caso de las que no han cumplido ni los 15 años hay cinco veces más probabilidad de que tenga problemas.
La legisladora del PRD explicó que no hay estado de la República que no presente esta problemática, con marcada tendencia a la alza en Tabasco, Campeche, Guerrero, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Michoacán, "la causa es la misma en casi todos los casos, la falta de acceso a la educación, información y orientación, pobreza, discriminación y desigualdad de género, violencia sexual o coerción", resaltó.
"Tenemos la obligación de garantizar que las adolescentes hagan lo que tienen que hacer: estudiar, capacitarse, tener acceso a los derechos que les son inherentes a su propia edad, que concreten el proyecto de vida que han decidido es el mejor para ellas", señaló la senadora del PRD.
Se trata de un asunto que el Estado debe resolver, todas sus instituciones de manera coordinada, mediante el diseño y la aplicación de políticas públicas eficaces y eficientes, apegadas a la legislación nacional y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, anteponiendo siempre el Interés Superior de la Niñez.
"El Congreso de la Unión está cumpliendo su parte, particularmente, el Senado, que ha dado pasos importantes, como la eliminación de las llamadas "promesas de matrimonio", y estamos por concretar la necesaria y urgente reforma a la Ley contra la Trata de Personas; nuestro compromiso es legislar acorde a la realidad y garantizar que niñas, niños y adolescentes gocen de la mayor protección posible", concluyó la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
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