Senado de la República

El senador Fernando Mayans Canabal propuso legitimar el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro del Código Civil Federal, al establecer que el matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.
Además propuso que los Congresos de los estados ajusten sus legislaciones civiles para regular el matrimonio conforme a los principios, garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución con base en el principio de la no discriminación.
Al fundamentar una iniciativa que modifica diversas disposiciones del Código Civil Federal, el legislador por Tabasco recordó que el concepto de matrimonio ha recorrido un largo proceso de evolución y perfeccionamiento desde la época más primitiva de la humanidad, hasta la actual.
“Desde su concepción como una unión espiritual, un sacramento solemne e incluso indisoluble, hasta llegar a considerarse un estado civil, la institución del matrimonio ha presentado diversos contenidos a través de los siglos, derivado de la realidad socio-cultural de cada momento histórico”, mencionó.
Mayans Canabal aseguró que el concepto de matrimonio no ha sido estático y por ello tiene que ajustarse a las nuevas estructuras sociales que han venido impulsando en un marco de respeto y salvaguarda de los derechos humanos, la legitimación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Recordó que la primera entidad en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo fue el Distrito Federal, y que en 2010 la Suprema Corte de Justicia avaló esta decisión y resolvió que todas las entidades federativas están obligadas a reconocer la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el DF.
El legislador tabasqueño indicó que junto con el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la Corte señaló que es facultad de los Congresos locales disponer en sus legislaciones la manera en que se harán efectivos los derechos de estas parejas en sus territorios.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, de Estudios Legislativos y de Derechos Humanos.
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