A fin de que el galardonado con la Medalla Belisario Domínguez sea reconocido, admirado y sirva de inspiración para los mexicanos, el senador Zoé Robledo propuso que la entrega de la presea se entregue en vida al premiado.
La iniciativa del legislador por Chipas plantea modificar el numeral 1 del artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General y el artículo 8 del Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, para establecer que la sesión solemne donde entrega este reconocimiento se realice el 7 de octubre de cada año e imponerla en vida al galardonado.
Zoé Robledo sostuvo que en los últimos años se ha otorgando la presea en fichas distintas a las establecida en la Ley Orgánica, convirtiéndose recientemente en una regla entregarla después del 7 de octubre.
“La ceremonia debe realizarse el siete de octubre, día del aniversario luctuoso, en honor al héroe civil que entregó la vida para la edificación de un México más democrático. Las decisiones de los últimos años demuestran desinterés por el máximo honor que otorga la Cámara de Senadores”, apuntó el chiapaneco.
Señaló que los homenajes póstumos también han dejado de ser la excepción para convertirse en la regla. El legislador perredista detalló que en los últimos 7 años, de las ocho preseas entregadas, solamente tres se han entregado en vida, las correspondientes: Miguel Ángel Granados Chapa, Luis H. Álvarez y Cuauhtémoc Cárdenas.
“El problema de entregar la medalla de forma póstuma es que demeritamos las acciones a favor de la patria que realizan los ciudadanos, porque difícilmente se puede competir con los muertos, quienes en muchas ocasiones son elevados al grado de leyenda”, mencionó.
Resaltó que la Medalla Belisario Domínguez trata de reconocer a los ciudadanos más valiosos que tiene México y no ignorarlos, por lo que debe estimularse el servicio a la patria, la ciencia, el arte y las buenas obras en general, “y eso no puede lograrse del todo si quien aspira al reconocimiento necesita estar muerto para conseguirlo”, subrayó.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.
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