El legislador yucateco Daniel Ávila Ruiz demandó hoy, ante el Pleno del Senado, mantener la redacción actual de los artículos 32-A y correlativos del Código Fiscal de la Federación, “a fin de salvaguardar un mecanismo que promueva la cultura administrativa de los contribuyentes y garantizar la generación de información financiera útil entre los contribuyentes y la autoridad”.
Ávila Ruiz precisó que con las reformas que pretende hacer el Ejecutivo federal al citado artículo se busca eliminar el denominado “dictamen fiscal”, existente desde hace 50 años para beneficiar a los contribuyentes cumplidos con la opción de dictaminar sus estados financieros y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a través de un contador público, evitándoles molestias innecesarias y permitiendo al fisco orientar su acción contra los defraudadores.
El dictamen fiscal es una herramienta que da certeza a las empresas de que su información financiera se presenta conforme a las normas establecidas por la contaduría pública organizada, aseguró Ávila Ruiz.
Agregó que con las reformas planteadas “se pretende aplicar una medida discriminatoria, al establecer un monto mínimo de ingresos acumulables de 100 millones de pesos como requisito para que una persona moral pueda optar por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales”.
El Senador panista insistió que esa condición repercutiría en el pago de multas por diferencias en impuestos determinados como consecuencia de las auditorías directas que deberá realizar la autoridad competente, una circunstancia que cobraría relevancia por las pequeñas y medianas empresas que generan aproximadamente el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El Senador destacó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el año 2010 se recaudaron 9 mil 260 millones de pesos gracias al dictamen fiscal, recursos que, de otra manera, se hubieran perdido por ineficacia o por evasión.
Pero “al Ejecutivo federal le ha parecido que no valía la pena el esfuerzo de los contadores públicos y decidió cancelar de un plumazo este proceso de acompañamiento profesional”, indicó.
En opinión de Ávila Ruiz, el gobierno desprecia un poderoso instrumento de fiscalización probado que, a través de la aplicación de normas de auditoría, permite detectar y corregir errores, omisiones o interpretaciones agresivas a la norma fiscal, mediante la auto-corrección, y con ello evitar la imposición de multas o la comisión de delitos
Luego de hacer notar que los contribuyentes a fiscalizar en el país son 38,474,000, de los cuales, 1,503,300 son personas morales, Ávila Ruiz informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con aproximadamente con 9,500 empleados a cargo de las funciones de fiscalización.
“Se trata –añadió- de un número a todas luces insuficiente, no sólo para fiscalizar a los contribuyentes registrados, sino para regularizar a los participantes de la economía informal”.
Respecto a la propuesta oficial de modificaciones al artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, afirmó que contraviene de manera tajante los principios de nuestra Constitución, vulnera los derechos de igualdad, certeza y seguridad jurídica al negar a las instituciones de fianzas la posibilidad de impugnar los requerimientos de cobro indebidos, lo cual podría ocasionar arbitrariedades por parte del SAT.
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