PRESENTA GIL ZUARTH ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA ANTEPROYECTO DE CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
• El 25 de octubre es la fecha límite para recibir observaciones sobre su contenido
• El 6 de noviembre, a más tardar, deberá discutirse y aprobarse en esta Comisión
El presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth, presentó ante los integrantes de ese grupo legislativo el anteproyecto del , una propuesta normativa cuyo propósito fundamental es homologar en todo el país las condiciones de ejercicio del derecho de acceso a una justicia pronta y expedita.
“El Código Único es un instrumento para hacer verdaderamente operativo el modelo constitucional de justicia penal y, precisamente porque ha sido una prioridad del Senado de la República, hoy se presenta un anteproyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales para iniciar formalmente su discusión y aprobación”, abundó el legislador de Acción Nacional
El proyecto que hoy se presenta, afirmó Gil Zuarth, “es audaz en su contenido porque logra equilibrar razonadamente los derechos de las víctimas con los derechos de los acusados; sus contenidos son abiertos a lo dispuesto en tratados internacionales y a la evolución doctrinal y jurisprudencial; regula con claridad las fases y etapas de los procedimientos y los procesos penales”.
Además, agregó, plantea regulaciones específicas para evitar abusos en la aplicación de medidas cautelares, como la prisión preventiva, así como en el ejercicio de la función de investigación a cargo del Ministerio Público y de las policías; incorpora un régimen de regulación de los criterios de oportunidad que evita su uso discrecional, pero que permite que sean instrumentos eficaces para conducir eficazmente la política criminal
Adicionalmente, continuó, incentiva el debate penal sobre hechos y pruebas ante los órganos jurisdiccionales como una garantía de plena justicia, y vela por la reparación efectiva del daño como finalidad esencial de la justicia penal.
“Hoy iniciamos la dictaminación de un instrumento largamente esperado por los mexicanos. A partir de este momento, el anteproyecto será público y abriremos espacios para recibir observaciones y comentarios a su contenido hasta el próximo 25 de octubre; celebraremos audiencias públicas para la consideración y observación de los especialistas e interesados”, indicó el legislador federal.
“Tenemos la convicción de que estamos muy cerca de lograr un resultado tangible para los mexicanos, otro paso más en la responsabilidad de crear capacidades institucionales para garantizar condiciones plenas de seguridad y justicia para los mexicanos”, dijo.
En la reunión de la Comisión de Justicia se aprobaron dos acuerdos, el primero regula las fases de dictaminación del anteproyecto y establece dos fechas clave, la primera el 25 de octubre como plazo para la entrega de comentarios y observaciones al anteproyecto; y la segunda fecha, el 6 de noviembre, día en que sesionará, a más tardar, la Comisión para la discusión y aprobación del dictamen.
También se aprobó el acuerdo que fija la metodología de prueba del anteproyecto del Código, “una especie de simulador en materia procedimental para someter el anteproyecto a una especie de prueba sobre casos reales y tratar de identificar los problemas o virtudes que pueda tener, de tal manera que el día seis de noviembre conozcamos las conclusiones”.
“Serán casos reales con operadores reales, el simulador será videograbado y se presentarán ante la Comisión de Justicia las principales conclusiones sobre dicha prueba simulada de casos reales, en un ejercicio inédito en el Congreso mexicano, porque nunca antes una comisión legislativa había sometido a prueba de laboratorio, por llamarlo de una manera, una reglas procedimentales pero la intención es ilustrar el juicio de la comisión al momento de su aprobación”, abundó Gil Zuarth.
El presidente de la Comisión de Justicia agradeció al Consejo Técnico y de un grupo de asesores porque después “de centenares de horas de trabajo se llegó a una propuesta que toma los mejores contenidos de las cinco iniciativas formalmente presentadas y que adopta las 54 recomendaciones que fueron formuladas en las mesas y audiencias públicas celebradas con expertos y organizaciones de la sociedad civil”.
“En el proceso de elaboración se escuchó y atendieron los comentarios y propuesta de la Procuraduría General de la República, de modo que estamos ciertos que el anteproyecto no sólo resulta acorde con la política pública de justicia penal que modela la Constitución, sino que es sensible a las realidades institucionales del país”, concluyó.
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