PLANTEA SALAZAR FERNÁNDEZ REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ALCANZAR LA REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA DE LOS PRESOS
• Los reos deberán ser ubicados según su perfil y grado de peligrosidad, en centros de máxima, mediana o mínima seguridad, afirma
El senador panista Luis Fernando Salazar Fernández presentó una iniciativa para reformar la Constitución con la finalidad de que los centros de reclusión cuenten con áreas de máxima, mediana y mínima seguridad para ubicar a los sentenciados según su perfil y grado de peligrosidad.
“El artículo 18 constitucional debe ser reformado y adecuado e incluir términos como la industria penitenciaria, los beneficios procesales, los centros alternativos para el cumplimiento de las penas y la separación de reos de acuerdo a su perfil y clasificación, con objeto de que sean disposiciones coercitivas, obligatorias para las autoridades y rectoras de los ordenamientos secundarios”, explicó.
Recordó que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al propio artículo 18 de la Constitución, en el cual se estableció que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir.
En aquella reforma se impuso un plazo límite de tres años para la implementación de esas medidas, contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto,
“Lo cierto es que rebasados en exceso estos tres años, no se aprecian ni las reformas secundarias con la precisión y calidad legislativa que demanda el 18 constitucional, y muchos menos los cambios esperados. La realidad es que el sistema penitenciario es un tema que la mayor parte de las autoridades ejecutivas prefieren obviar y evitar”, expresó el senador Luis Fernando Salazar en la tribuna de la Cámara Alta.
Alertó que los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobiernos y falta de programas efectivos de reinserción social irán a la alza si no se hacen cambios estructurales e institucionales de fondo y todo seguirá como hasta ahora y empeorando cada día.
Salazar Fernández sostuvo que hoy México enfrenta tres grandes problemas en materia penitenciaria: sobrepoblación; crecimiento acelerado de la población penitenciaria, en proporción directa al combate al crimen organizado y al crimen común, que genera docenas de nuevos sentenciados cada mes; y la pulverización de los objetivos relacionados con la readaptación y reinserción social del que ha sido privado de su libertad.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación del año 2011, continuó, revela que los casi 31 mil reos federales recluidos en penales estatales no están correctamente separados de los reos del fuero común, asimismo, se señala que en cuatro de los 12 penales federales los reos de alta peligrosidad no están separados de aquellos que son de baja peligrosidad o que han cometido delitos no relacionados con actos violentos.
En este sentido, de aprobarse la reforma propuesta por el legislador coahuilense al primer párrafo del artículo 18 constitucional, se le adicionaría lo siguiente:
“… los centros de reclusión para los sentenciados deberán contar con la clasificación de máxima, mediana y mínima seguridad, pudiendo un solo sitio contar con las áreas que reúnan los tipos antes señalados, mediando una separación total entre éstas. Los sentenciados compurgarán sus penas en el centro o área que les corresponda de acuerdo a su perfil, grado de peligrosidad, antecedentes delictivos y en base a los estudios que les practiquen las autoridades competentes; estas valoraciones se realizarán por lo menos una vez al año a cada sentenciado a efecto de considerar si amerita ser enviado a un centro o área distinta o acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley”.
Además, de acuerdo con su planteamiento, “las autoridades, en coordinación con otras entidades, instituciones, organizaciones civiles o con los particulares, suscribirán convenios que permitan la instalación de industrias productivas al interior de los centros de reinserción social para que los sentenciados puedan contar con ingresos para sufragar sus gastos personales y de sus familias. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.
Según la iniciativa, de aprobarse en sus términos, los sentenciados, “cuando reúnan los requisitos legales y aprueben las valoraciones correspondientes, cumplirán sus condenas en granjas penales, en sus domicilios con las restricciones aplicables, o en libertad limitada y con el apoyo de sistemas de control tecnológico, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social”.
La iniciativa también fue suscrita por los senadores Silvia Garza Galván, Daniel Ávila Ruiz y Jorge Luis Lavalle Maury, y fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
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