El Ejecutivo Federal a prueba con recomendación de la CNDH sobre agravios a periodistas: Angélica de la Peña Gómez
La recomendación general número 20 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para autoridades de distintos órdenes de Gobierno sobre agravios a periodistas, es un recordatorio de la impunidad que impera en nuestro país y del desdén de las autoridades hacia esta problemática, señala la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
La legisladora apunta que ya en dos ocasiones presentó puntos de acuerdo ante la Comisión Permanente a fin de que las autoridades, tanto federales como estatales, asuman sus responsabilidades y atiendan, en el ámbito de sus competencias, los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En su recomendación, la CNDH denuncia que del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013 se han integrado en su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos 842 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de periodistas y medios de comunicación, cifra más que alarmante si se toma en cuenta que este programa inicio en 1991 y luego de 22 años de funcionamiento ha recibido en total 1074 expedientes.
“Pareciera que los llamados que hemos realizado desde el Congreso de la Unión a las autoridades de todos los niveles de gobierno a cumplir con el mandato de la Ley de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, han encontrado oídos sordos”.
La actuaciones de la Fiscalia Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra Periodistas y de las autoridades estatales son realmente preocupantes, pues a pesar de que la primera cuenta con mayores facultades, y las segundas deben cumplir con un mandato de ley, este lamentable fenómeno no disminuye, por el contrario, crece en número y violencia.
La situación se refleja en el siguiente dato: de 2005 a julio de 2013, la CNDH ha solicitado en 74 ocasiones medidas cautelares ante la inseguridad contra integrantes del medio periodístico.
La legisladora considera que la situación es francamente insostenible para las autoridades responsables de la seguridad en al menos cuatro entidades federativas debido al número de homicidios, de periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, que registran del año 2000 a julio de 2013: Veracruz (12), Tamaulipas (12), Chihuahua (11), Guerrero (10), Durango y Oaxaca (5), Michoacán, D.F y Sinaloa (4).
El informe señala que del año 2001 a la fecha, las agresiones a derechos humanos de periodistas se han triplicado respecto de la primera década, la cifra indudablemente mayor si se toma en consideración aquellos casos registrados por las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, además de los que no se denuncian.
El número de desapariciones de trabajadores de la comunicación, abunda la senadora De la Peña, no es un problema menor pues de 2005 a 2013 se documentaron 20 casos, observándose que los estados de Michoacán y Veracruz destacan al registrar 4 hechos cada uno.
La recomendación número 20 de la CNDH está dirigida a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Procuraduría General de la República, los gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los secretarios de seguridad pública y procuradores generales de justicia estatales.
“El gobierno federal y las autoridades de las 32 entidades federativas no pueden negarse a cumplir esta recomendación, de hacerlo, estarán admitiendo incapacidad e insensibilidad.”
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores advierte que el Congreso de la Unión no puede emitir exhortos solamente y esperar una reacción de las autoridades, debe tomar un papel activo y determinar acciones contundentes y efectivas a través del análisis, revisión y reforma de la legislación correspondiente, siempre acompañado de la participación de la sociedad civil.
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