Senado de la República

• Igualmente solicita la suspensión de todas sus partidas presupuestarias.
• Hasta que existan protocolos que garanticen respeto a derechos humanos.
• Más de 178 millones de pesos han costado los testigos protegidos en 12 años.
Hasta asegurar un uso legítimo, racional y democrático para la debida aplicación de las figuras de arraigo y testigos protegidos, con un protocolo de actuación que ofrezca garantías institucionales y procedimentales en pleno respeto de los derechos humanos, el senador Mario Delgado Carrillo, demandó suspender estas “medidas, providencias y técnicas previstas en el marco Constitucional y legal”.
Igualmente solicitó suspender el ejercicio de los recursos destinados a estos fines en sus distintos capítulos, conceptos, partidas genéricas y específicas, que en los últimos años han representado una erogación mayor a los 178 millones de pesos, con muy dudosos resultados.
El presidente de la Comisión del Distrito Federal, precisó:
“De acuerdo con información derivada de una solicitud de acceso a la información presentada ante la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos en el orden federal, de 2000 a 2012, la Procuraduría General de la República erogó más de 178 millones de pesos en la protección de testigos colaboradores, período en el cual han contado con 27 testigos protegidos en el 2000; 35, en el 2001; 42 en el 2002; 39 en el 2003; 44 en el 2004; 48 en el 2005; 43 en el 2006; 50 en el 2007; 57 en el 2008; 61 en el 2009; en 43 el 2010; 60 en el 2011 y 65 en el 2012”.
Mediante un Punto de Acuerdo presentado en la sesión de hoy de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta a la Procuraduría general de la República a:
“Realizar una revisión interna exhaustiva de los procedimientos y normas para la aplicación de esas medidas, providencias y técnicas, así como a emitir un Acuerdo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para la debida aplicación de esas medidas, providencias y técnicas por parte de los servidores públicos responsables, en las que se establezca un protocolo de diligente actuación que ofrezca garantías institucionales y procedimentales para que su solicitud, aplicación y seguimiento sea en pleno respeto de los derechos humanos”.
El senador perredista, explicó que estas medidas, providencias y técnicas no se justifiquen en sí mismas, sino por su uso racional, eficiente, eficaz y legítimo. “Las desviaciones de las figuras es lo que se debe combatir”, puntualizó.
Sin una suficiente motivación, sin adecuada profesionalización de los agentes que las solicitan y ejecutan y, lo más importante, sin controles democráticos, aparecen los abusos y se pierde la confianza, como ya ha pasado en los últimos tiempos, recordó Delgado.
El legislador del Sol Azteca, expuso que, desafortunadamente esas medidas, providencias y técnicas del sistema de justicia mexicano han sido, con razón, cuestionadas, no tanto por su perfil normativo, sino por su ejercicio ilegítimo, no tanto por su validez, sino por su utilización diversa, como lo demuestran algunos casos recientes puestos en conocimiento de la opinión pública.
El Punto de Acuerdo será ser turnado a comisiones para su dictamen y discusión.
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