Con el propósito de crear un estímulo económico para que estados y municipios cumplan con las disposiciones en materia de protección civil, desarrollo urbano e hidrocarburos, el senador panista Felipe González González propuso modificar la Ley de Petróleos Mexicanos.
Se trata --dijo-- de que PEMEX pueda otorgar, con la aprobación de su Consejo de Administración, “donativos” a entidades federativas y municipios donde se encuentren los ductos petroleros e impedir que en las inmediaciones no se construya, coloque o sitúe algún elemento extraño que vulnere su integridad.
Dichos apoyos, subrayó en la iniciativa, se entregarían bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas, siempre que las autoridades hagan cumplir leyes, reglamentos y disposiciones administrativas cuyo objeto sea la seguridad en la zona circundante a los ductos.
Con esta medida, enfatizó el legislador por Aguascalientes, se pueden evitar explosiones y tragedias como la de San Martín Texmelucan, Puebla; además se impediría la pérdida de vidas humanas, así como daños a bienes y al ambiente de las comunidades.
Argumentó que los ductos de Petróleos Mexicanos son de utilidad pública, por lo que es necesario que los tres órdenes de gobierno participen en su preservación, “pues son canales de la principal fuente de ingresos nacionales proveniente de nuestros recursos naturales”.
En San Martín Texmelucan ¿qué autoridad vigilaba los ductos? ¿Se cumplieron las normas tendientes a evitar precisamente este tipo de tragedias?, cuestionó.
Este incidente, agregó, “nos recordó, una vez más, la necesidad de seguridad en los espacios circundantes a las instalaciones petroleras”.
Refirió que a nivel internacional PEMEX se encuentra ubicada en el rango de empresas petroleras líderes al registrar en el 2009 un índice de frecuencia de 0.42 accidentes por millón de horas hombre laboradas, que implica una mejora de 11 por ciento respecto a 2008.
“Sin embargo, la preservación de los ductos es una meta en la que inciden los deberes de diversas autoridades y con base en variados ordenamientos, en materia de protección civil, desarrollo urbano y protección del medio ambiente”.
Dijo que otro de los principales problemas que enfrenta la paraestatal es el robo de combustibles, pues se calcula que las tomas clandestinas en la red de 65 mil kilómetros de los ductos ascienden a más de tres mil millones de pesos anuales.
Tan sólo en los últimos tres años, añadió, Petróleos Mexicanos detectó y clausuró un total de mil 465 tomas clandestinas.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos
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