La minuta en materia de telecomunicaciones enviada por la Cámara de Diputados, constituye un avance histórico en el proceso de democratizar las telecomunicaciones y la radiodifusión, reconoció la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.
Muy lejos de implicar una imposición legislativa, recoge de manera congruente y responsable las propuestas de sectores progresistas para alcanzar un nuevo modelo comunicacional en México.
La Minuta es ahora competencia del Senado de la República. Senadoras y Senadores tenemos que asumir con plena responsabilidad, honradez de conciencia y libres de todo protagonismo la tarea de concretar uno de los grandes pendientes legislativos para aspirar a consolidar la democracia en nuestro país.
Como método para alcanzar el mayor consenso de los Grupos Parlamentarios en torno a la propuesta, ha sido acertada la decisión de turnar el estudio de la minuta a cuatro comisiones para su dictamen y dos comisiones más para opinión.
Sin embargo, no se justifica que el número de comisiones a dictaminar sea causa para prolongar el debate. Las y los integrantes de las comisiones unidas debemos constituirnos en sesión permanente para aprobar a la brevedad el dictamen.
Tampoco existe razón alguna para retardar la aprobación del dictamen argumentando la necesidad de consultas con especialistas, académicos, instituciones públicas y empresarios. Si algún tema ha sido debatido ampliamente y de manera abierta frente a la sociedad en las últimas cuatro Legislaturas, este ha sido el de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Existe un amplio acervo de propuestas respecto a cada uno de los puntos, producido precisamente por quienes ahora nuevamente serán llamados para ser consultados.
La gran mayoría de los 128 Senadores y Senadoras que integran esta Legislatura, también como legisladores o como actores políticos, desde diversas trincheras, han participado activamente en la discusión durante la última década. Son conocedores de los alcances de cada una de las propuestas de reforma constitucional contenidas en la Minuta enviada por la Cámara de Diputados.
Nadie puede negar que la reforma sienta bases constitucionales sólidas para legislar un marco normativo convergente para consolidar un proyecto de sociedad de la información.
En interés de la Nación, tenemos que principiar por reconocer que ante el nuevo escenario de la convergencia tecnológica, el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, entre otras cuestiones trascendentes, garantiza el carácter de servicios públicos de interés general de las telecomunicaciones y la radiodifusión; consolida el derecho a la información; asegura la rectoría del Estado; afirma el uso social del espectro radioeléctrico; conforma un órgano regulador verdaderamente autónomo e imparcial cuyas decisiones estén libres de conflictos de intereses; promueve la libre concurrencia entre los distintos jugadores y la declaración de agentes económicos preponderantes; contempla la programación nacional independiente como manera de promover pluralidad de visiones y creación de una industria audiovisual independiente; conforma un modelo de medios auténticamente públicos; garantiza la existencia de medios comunitarios; y garantiza a la población acceso efectivo y de calidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Resulta absurdo que en el afán de descalificar la minuta se llegue a extremos como poner en duda la pertinencia de un órgano constitucional autónomo para regular el sector; que se afirme que la propuesta no garantiza el acceso a internet; que se cuestione la instalación por el Estado de una red compartida de telecomunicaciones como presunto riesgo para la competencia y la prestación eficiente de los servicios, o que se diga, que rechaza la constitución de medios comunitarios e indígenas.
La Constitución General de la República, en su Artículo 2, apartado B, inciso VI, contiene el mandato expreso para el Estado mexicano, vigente desde el 15 de agosto de 2001, de establecer las condiciones a fin de que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación
En ocasiones anteriores que se intentó la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la voz virulenta de descalificación vino directamente de los voceros y personeros de las empresas monopólicas.
Hoy, que ante la opinión pública las empresas expresan su beneplácito con la iniciativa, son otras las voces que sin razón la reprueban.
Sería muy lamentable que hablando “por boca de ganso” y alegando su mejora, esas voces sean ahora las que pretendan empantanar la discusión para frustrar la reforma.
----0000----