Senado de la República

• Pablo Escudero solicitó que se instruya a la Contraloría y a la PJDF a realizar indagatorias sobre probables irregularidades administrativas.
Tras calificar como inaudito que por una deficiencia procedimental o una acción premeditada, los juicios entre autoridades locales y constructoras se pierdan, el senador Pablo Escudero Morales presentó, en días pasados, un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre este tipo de procesos.
Comentó que el informe pormenorizado de los juicios del año pasado, en contra de las constructoras, deberá enviarse al Senado de la República, el cual deberá señalar cuántos se iniciaron, desahogaron, ganaron, perdieron y concluyeron; por instancia, dependencia o entidad; el estatus en el que se encuentran las construcciones.
Del mismo modo se informe sobre las medidas que se están tomando para prevenir que los juicios se pierdan. Además que se instruya a los titulares de la Contraloría General del GDF, y a la Procuraduría de Justicia local a realizar indagatorias correspondientes a las probables irregularidades administrativas y comisión de delitos por parte de servidores públicos por la edificación de construcciones irregulares.
Recordó que según información del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la cantidad de juicios que pierde el GDF, a través de sus dependencias, entidades y/o delegaciones, es alarmante, pues de 319 juicios que se resolvieron en 2012, el 74 por ciento los ganaron los constructores y sólo el 10 por ciento la autoridad, mientras que el 16 por ciento restante está pendiente.
Agregó, en números concretos el ejecutivo local perdió 236 casos, ganó 33 y 50 fueron desechados o están pendientes. Además, ubica a las delegaciones Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como las autoridades que más casos perdieron.
Señaló que entre las principales razones por las que se perdieron los procesos fue por la falta de garantía de audiencia; por no seguir los procedimientos correctos; no fundar debidamente las inspecciones, clausuras o suspensiones; emitir actos que no le competen y sus procedimientos caducan.
El integrante del Partido Verde consideró que esas razones superficiales y la magnitud del problema presume la existencia de actos de corrupción y una actuación desapegada a la ley por parte de los servidores públicos, pues aparenta una estrategia bien diseñada para evadir el cumplimiento del marco jurídico correspondiente.
Y es que, dijo, es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos certidumbre a sus derechos mediante la aplicación de la ley.