México, Distrito Federal, jueves 14 de febrero, 2013
Senador: Mario Delgado Carrillo
BOLETÍN DE PRENSA
Iniciativa Para el Equilibrio Presupuestal y la Sustentabilidad Financiera
Bajo la premisa de que “debe respetarse la soberanía estatal”, el senador Mario Delgado, presentó hoy una Iniciativa con el objeto de lograr para los estados y municipios “un financiamiento sano y desarrollo con equidad, capaz de reaccionar ante los ciclos económicos nacionales e internacionales”.
Planteó que deben establecerse en el texto Constitucional los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera como obligación de los tres niveles de gobierno.
En el proyecto de Decreto que reforma y adicionas distintos artículos Constitucionales y legales relativos a la deuda de estados y municipios, así como a su regulación y sanciones relativas, el legislador de la fracción parlamentaria del PRD planteó la necesidad de:
“Sanciones en el Código Penal a representantes gubernamentales y de los bancos que falseen u oculten información para la contratación de créditos; a los que no paguen un empréstito sin causa justificada; a quienes no reestructuren el crédito para no caer en condiciones de impago. Serán corresponsables de estas acciones ilegales los representantes de las instituciones de crédito”.
En la exposición de motivos de la Iniciativa se diagnosticó “un modelo de relación fiscal agotado “ con reconocimiento de conductas inadecuadas de funcionarios públicos, abusos de las instituciones de crédito, legislación insuficiente, falta de dinamismo de la banca de desarrollo, carencia de transparencia en la información y ausencia de un marco general que lleve a las entidades federativas al equilibrio presupuestal y a la sustentabilidad financiera que requieren, con el enfoque de corresponsabilidades de los actores públicos y privados involucrados.
Hizo ver que a partir de la crisis económica del 2008-2009 las finanzas públicas sub-nacionales “han tenido una evolución negativa” y para el 2012, la Recaudación Federal Participable “se encontraba aún 0.8% por debajo de 2008”, lo que explica el acelerado crecimiento de la deuda de estados y municipios que hoy ascienda a 406,764 millones de pesos, 3% del PIB a septiembre de 2012.
La crisis ha acreditado la vulnerabilidad de las entidades federativas ante la dependencia de la recaudación federal y las participaciones en ingresos federales y la fragilidad de las finanzas públicas, no solo por esta dependencia, sino también por los pocos incentivos e instrumentos que tienen para la responsabilidad hacendaria en el corto y largo plazo.
En concreto la Iniciativa propone el Derecho Constitucional a la Rendición de Cuentas del gasto público; un Registro Nacional de Deuda; Informe de la banca a la CNB sobre los créditos a estados y municipios; que los bancos verifiquen que se cuente con la autorización de los Congresos para la contratación de la deuda y que las entidades acreditadas hagan pública la fuente de pago y ls condiciones del crédito, tasa, plazo, garantías, etc.
Se creará la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera que estará integrada por autoridades y representantes de la federación, estados y municipios, con la finalidad de establecer criterios para una evaluación adecuada del potencial y de los riesgos, y elaborará criterios y medidas para reaccionar anticipadamente ante los ciclos económicos y evaluará planes de mediano y largo plazo para reactivar su equilibrio presupuestal.
A Banobras se le demanda reactivarse como la Banca de Desarrollo (hoy participa solo con el 21% de la deuda contratada), auxiliar a los municipios que por su condición de fragilidad financiera no tengan condiciones de acceder a la banca comercial y “establecer un plan de emergencia para estados y municipios con problemas de liquidez”, siempre que presenten un programa de ajuste de sustentabilidad financiera.
Se puntualiza que la deuda pública sub-nacional no debe ser satanizada, debe manejarse con responsabilidad y sin desviarse de financiar proyectos que impacten el desarrollo de los estados y de los municipios del país.
Delgado Carrillo enfatizó en la exposición de motivos de 18 hojas que “no debe permitirse que la SHCP limite las participaciones en garantías, ni que el Congreso tenga injerencia en el límite de la deuda de los entidades federativas. El respeto a la autonomía de los estados y municipios, es decir, la defensa del regionalismo y del municipalismo, es una bandera de la izquierda”.
Entre los principales principios de la propuesta legislativa están:
La Deuda Pública sólo podrá tener como finalidad el financiamiento de proyectos de infraestructura que permitan mejorar o ampliar la cobertura de los servicios públicos. Bajo ninguna modalidad podrá financiarse directa o indirectamente el gasto operativo.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental deberá contemplar el registro de todas las deudas que se generen a nivel federal, estatal y municipal y estará disponible al público.
Los créditos que consideren el otorgamiento de garantías contratados sin la autorización de los Congresos locales serán nulos y la pérdida irá en contra de la institución financiera que los otorgó.
Se incorpora el derecho del ciudadano a exigir cuentas a sus gobernantes para que se le informe de cómo se administraron los recursos aportados al presupuesto público vía impuestos.
Los funcionarios públicos que hagan un manejo indebido de los recursos federales, locales y aquello que provenientes de empréstitos, además de las sanciones penales y administrativas consideradas en la normatividad podrán ser sujetos de juicio político.
La SHCP impulsará la reestructuración de de deudas que cumplan con las siguientes condiciones: haber sido autorizadas por los Congresos, tener como garantías las participaciones federales, y contar con un claro destino del financiamiento. También se exigirá un plan de reequilibrio financiero.
Todos aquello agentes (personas físicas o morales) que participen en cualquier operación crediticia, con pago de sus servicios, deberán estar registrados ante la CNBV. En ningún caso el costo de dichos servicios formará parte de la operación de deuda.
El objetivo central de la Iniciativa es “construir una sustentabilidad financiera de manera corresponsable porque si limitamos el financiamiento mantendríamos, como se ha hecho en los últimos años, la fragilidad y precariedad de las finanzas públicas de estados y municipios.
Concluyó que no podemos continuar con un modelo que vuelva a impactar a las finanzas sub-nacionales, mucho menos a a´postar a una estrategia de desarrollo que dependa de variables políticas, como en el caso del Distrito Federal. “ Queremos gobiernos responsables que ejerciten con base en la ley los recursos que se aportan en cada municipio, en cada entidad federativa y en el país, y que rindan cuantas a la ciudadanía de cada pesos ejercido”
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