23 de enero de 2013
PROPONE ACCIÓN NACIONAL FORTALECER LOS REQUISITOS DE LOS PERFILES PARA EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
A nombre de propio, de la senadora Adriana Dávila Fernández y otros senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente una iniciativa de ley que tiene como propósito determinar el perfil para todas aquellas personas titulares de áreas que ejecuten programas sociales en las distintas delegaciones pertenecientes a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de nuestro país.
La iniciativa, que adiciona un inciso e) al Artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala también las condiciones adicionales que deberán cumplir tales delegaciones cuando la dependencia o entidad a las que pertenezcan ejecuten programas sujetos a reglas de operación, cuyo fin sea la entrega de un beneficio social directamente a la población.
La adición propuesta también tiene como objeto establecer como requisito adicional a los vigentes actualmente, que cuando se trate aquellas delegaciones que ejecutan programas de índole social, el titular de la misma no haya desempeñado algún cargo de elección popular o haber sido candidato a éste o dirigente de partido político en los tres años anteriores al día de su designación.
A su vez, dicha restricción tiene como propósito ser congruentes con el objeto de las disposiciones establecidas en los incisos c) y d) de la fracción III del mismo Artículo 17 Bis, que es evitar el uso para fines distintos a los establecidos en el programa o la manipulación política del mismo, señaló el legislador panista.
En congruencia con la adición al Artículo 17 Bis de dicha Ley, se plantea lo propio en el Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de establecer los aspectos a cumplir en el ejercicio de la política de desarrollo social en los diversos niveles de gobierno: que la persona en quien recaiga la titularidad de las áreas de la administración pública municipal o estatal que desarrollen y ejecuten la aplicación de políticas y programas sociales, deberá contar con conocimientos y experiencia profesional en la materia de desarrollo social.
Además, indicó Romero Hicks, no desempeñar o haber desempeñado cargos de elección ni haber sido registrado como candidato a ocupar alguno de éstos; tampoco, haber ocupado uno ejecutivo a nivel nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años anteriores a la fecha de la designación.
En el caso de la Federación y por la envergadura de responsabilidades, refirió el senador por Guanajuato, se prevé que esos requisitos deberán ser cubiertos por los titulares de las delegaciones que se establezcan en las entidades federativas y conforme se propone en el Artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Senador blanquiazul aseguró que tales lineamientos deben ser vistos como un requerimiento del perfil y no como una restricción del acceso a ellos pues, como hemos mencionado, “se trata de tener servidores públicos que se mantengan ajenos a intereses políticos, de partidos o cualquier otro distinto al desarrollo social y la función pública”, pues se trata de la necesidad de garantizar derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con el Legislador de Acción Nacional, ésta no es la primera iniciativa que se presenta sobre la materia, pues durante la LX Legislatura “esta Soberanía aprobó el 15 de diciembre de 2009 un dictamen que contemplaba un conjunto de propuestas que tenían como propósito el establecimiento de requisitos y restricciones para evitar el posible uso parcial de los recursos públicos destinados para el desarrollo social.
Además, una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en la sesión del 8 de octubre de 2009 por las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional: Beatriz Zavala Peniche, Gabriela Ruíz del Rincón, Sergio Álvarez Mata, Adrián Rivera Pérez, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Emma Lucía Larios, Ramón Galindo Noriega, Guillermo Tamborrel Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco y la entonces blanquiazul Rosalía Peredo Aguilar.
En tal sentido, queda claro que para el Partido Acción Nacional resulta fundamental anteponer la necesidad de salvaguardar los derechos sociales de los mexicanos por encima de los derechos individuales, finalizó Romero Hicks.
La propuesta también firmada por los senadores Luisa María Calderón, Silvia Guadalupe Garza Galván, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Fernando Salazar Fernández, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Martín Orozco Sandoval y Jorge Luis Lavalle Maury, fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Desarrollo Social del Senado de la República.
ooOoo