Los grupos parlamentarios del PRD y del PAN en el senado de la República acordaron respaldar la iniciativa de reforma constitucional del Senador Armando Ríos Piter por la que se propone impulsar un rediseño institucional para regular el sobreendeudamiento de estados y municipios.
Con este planteamiento se asume la responsabilidad del Senado de la República como un contrapeso al ejecutivo y frente a los excesos de los gobernadores para transparentar la función pública en el ejercicio de los recursos del contribuyente.
El Senador Ríos Piter está convencido que paralelo a los trabajos de la Comisión Nacional de Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y de Transparencia y Acceso a la Información, se sienta las bases de un nuevo andamiaje institucional. Donde el Senado debe fortalecer sus controles legislativos de cara a los ciudadanos y los jóvenes.
El proyecto sienta las bases para un sistema nacional de deuda, pero como una responsabilidad compartida y regulada entre el Poder Ejecutivo Federal y el Senado de la República garante del pacto federal. En la lógica de establecer reglas fiscales a nivel federal y estatal que permitan contener las prácticas de endeudamiento por arriba de la capacidad de pago.
Establecer una política prudencial para evitar riesgos sistémicos: Asumir como una responsabilidad del Estado mexicano garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y velar por la estabilidad del sistema financiero, para lo cual se dota de facultades al Congreso para expedir leyes que doten de facultades a las autoridades financieras con el objeto de evitar interrupciones sustanciales o alteraciones sistémicas que pongan en riesgo su correcto funcionamiento y, en su caso, intervenir y minimizar el impacto económico cuando éstas tengan lugar.
Crear el Sistema Nacional de Deuda: De manera paralela al fortalecimiento del sistema nacional de fiscalización, se debe facultar al Congreso de la Unión para reglamentar un registro de toda la información relativa a la contratación y sostenibilidad de la deuda pública en los tres niveles de gobierno, como son las definiciones, normas, límites globales, regulación prudencial y mecanismos de corrección de la deuda pública, bajo el principios rectores de responsabilidad fiscal, equilibrio y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Equilibrar las finanzas públicas: El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá estar consecuentemente equilibrado, contará con una partida diferenciada para identificar los recursos destinados al servicio de la deuda pública.
Control legislativo: El Senado de la República supervisara el endeudamiento de estados, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos, en función de su capacidad de pago, tomando en cuenta el monto de endeudamiento en relación con el Presupuesto de Egresos, servicio de la deuda, PIB estatal e inversión productiva.
Se prohíbe la contratación de deuda en periodos electorales.
Sistema Nacional de Fiscalización: Se faculta a la Auditoria Federal de la Federación para fiscalizar la deuda pública en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
Responsabilidad penal: Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales así como por el manejo indebido de fondos, recursos locales, federales y de la contratación de deuda.
Reglas fiscales: Esta reforma constitucional sienta las bases para implementar una regla fiscal que regule los montos de endeudamiento de los estados y municipios, así como del gobierno federal.
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PRD y PAN respaldan iniciativa de Ríos Piter sobre rediseño para regular deuda en estados y municipios.
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