La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna, aseguró que los supuestos errores del nuevo Sistema de Justicia Penal deben imputarse a la actuación del personal encargado de implementarlo.
“No podemos negar que la implementación del nuevo sistema de justicia ha tenido problemas y ha provocado en ocasiones ciertos errores ministeriales y judiciales que han afectado los derechos de las víctimas y de la sociedad, sin embargo, hemos de reconocer también que la totalidad de esos errores han sido imputables a la actuación del personal encargado de aplicar e implementar este nuevo sistema”, indicó
Padierna Luna comentó que en días recientes, se ha colocado en la opinión pública un falso debate sobre los supuestos errores, deficiencias y peligros que apareja la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y se ha pretendido invocar a una reforma “urgente e inmediata” de las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para “supuestamente corregir esas falencias y esos supuestos errores”.
Recordó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, de conformidad con el artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas procesadas por el anterior sistema penal, podrán solicitar la revisión, modificación y, la sustitución de la prisión preventiva por el beneficio de continuar con su proceso en libertad, cambiando la prisión preventiva por alguna otra medida sustitutiva, entre ellas las que se encuentran establecidas en el artículo 155 del Código Nacional.
La líder parlamentaria destacó que uno de los avances más positivos del nuevo sistema de justicia se centra en la reducción de la prisión preventiva como una medida ordinaria para asegurar el desarrollo de los procesos penales en contra de las personas imputadas, la reducción al mínimo de la prisión preventiva.
“No sólo se plasmó en la Constitución Federal en el artículo 19, sino que se tradujo también a lo largo del Código Nacional de Procedimientos Penales para integrar nuevas figuras y modalidades de medidas de seguridad tendientes a ser utilizadas como medidas sustitutas de la propia prisión preventiva”, resaltó.
En ese sentido, precisó que dicha aportación sustantiva del nuevo sistema atendió, en su momento a múltiples recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y a la dinámica penal a nivel internacional en donde la mayoría de los países del mundo han transitado a un modelo carcelario y de ejecución de sanciones penales limitado, en donde lo que se privilegia es la re-educación, la re inserción y la reparación del daño por encima de la simple privación de la libertad de una persona.
“Por ello, esta discusión que se ha generado en torno a los supuestos efectos de este nuevo sistema de justicia en el incremento de los índices delictivos es una falacia, es una mentira que la implementación de este sistema esté generando aumento en los índices de criminalidad, el aumento en estos índices es y siempre ha sido la fallida estrategia de seguridad que se viene aplicando en México desde hace más de 15 años”, señaló.
Mencionó que varios servidores públicos han colocado el tema de los efectos de la limitación de imposición de prisión preventiva oficiosa a algunos delitos que pudieran generar un daño a la sociedad, como lo es la portación de arma de manera ilegal.
Padierna Luna apuntó que sobre este delito es pertinente hacer un análisis desde la dogmática penal para analizar y entender los efectos jurídicos y sociales del propio delito.
“De entrada hablamos de un delito de consumación instantánea, es decir, los efectos de la portación de arma no se prolongan en el tiempo más allá del momento en que la persona es detenida, en segundo lugar, debemos analizar cuál es el bien jurídico que se pone en riesgo o que se afecta con la mera portación de arma, y en este apartado es sumamente interesante analizar que no puede haber certeza sobre los fines o intenciones con las que una persona porta un arma de manera ilegal”, precisó.
Finalmente, Padierna Luna sostuvo que el nuevo sistema asegura de mejor manera los derechos humanos, tanto de las personas imputadas y acusadas como de las víctimas; garantiza el respeto a la presunción de inocencia; al no adelantamiento de penas; al debido proceso legal; a la participación activa de las víctimas en el proceso; a la posibilidad de conocer la verdad y a acceder a una reparación del daño integral, “no echemos por la borda todo esto dejándonos llevar por un oleaje mediático que se niega a romper prácticas de corrupción y viejas costumbres de uso faccioso del derecho penal”.