- En el caso del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, la PGR debe desahogar la investigación a la brevedad y no volverla eterna.
- Sería preciso conocer cuál es el nivel de penetración del dinero del narcotráfico en el deporte, el espectáculo y la política: Miguel Barbosa.
El senador Miguel Barbosa Huerta propuso la creación de una comisión del Estado mexicano, integrada por miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para conocer qué empresas, qué personajes y qué servidores públicos de la vida nacional son financiados por dinero ilícito vinculado al narcotráfico y al crimen organizado.
Luego de la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vincula al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez como testaferros, prestanombres y blanqueadores de dinero del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, sería preciso conocer “cuál es el nivel de penetración del dinero del narcotráfico o del crimen organizado en el deporte profesional, en el mundo del espectáculo y entretenimiento en todas su áreas, y para no dejarlo dicho, en la política”.
“Bien cabría en México una investigación encabezada por una comisión del Estado mexicano, es decir, integrada por miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para conocer la verdad en esta materia”, reiteró.
“Sería una de esas investigaciones, como han existido en Italia, España, Colombia y el propio Estados Unidos, que desenmascararon a las mafias en esos países”, agregó.
Miguel Barbosa Huerta dijo que se debe asumir que las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no tienen la connotación en este momento de acusaciones delictivas por una autoridad, pero que es altamente probable que ya estén corroboradas.
En este sentido, criticó el papel de la Procuraduría General de la República (PGR), que nuevamente se vio rebasada por autoridades extranjeras, que primero dan a conocer hechos ocurridos en nuestro territorio y ahora la Procuraduría, para justificarse, sale a decir que es una investigación coordinada entre dos países y reparte entre los medios de información carpetas de evidencias probatorias.
“Si el Gobierno de Estados Unidos no hubiera hecho público este escándalo, la pregunta sería: ¿La PGR hubiera llegado al momento de ejercer acción penal en contra de Rafael Márquez y Julión Álvarez? La respuesta es complicada, todo apuntaría a que no”, consideró.
Barbosa Huerta sostuvo que la PGR está obligada a desahogar esta investigación a la brevedad y no volverla eterna, “sería inadmisible cualquier trato privilegiado para los dos personajes involucrados, como injusto sería fincarles responsabilidades, sólo por satisfacer la posición del gobierno americano”.
Dijo que la molestia general entre la sociedad en contra de Márquez y Álvarez, en caso de comprobarse los hechos, es la derivada de no entender cómo personas que ganan tanto dinero, quieren ganar más y terminan involucrándose con el narcotráfico.
En el caso del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, preso en el penal del Altiplano, el senador Miguel Barbosa pidió a las autoridades que este personaje sea procesado por las leyes mexicanas y no seguir evadiendo la responsabilidad de que los delitos cometidos en México se castiguen por autoridades extranjeras.