·         Es “un exceso” señalar que aplicación del Proceso Penal Acusatorio es el responsable de la liberación de presuntos delincuentes.

·         Sería un paso en la dirección equivocada una contrarreforma a este sistema: Jan Jarab.

 

Es necesario que los órdenes de gobierno en todo el país pongan todos los recursos necesarios para terminar la implementación del Sistema Penal Acusatorio y Oral, porque no puede afirmarse que la liberación mediante prisión preventiva a inculpados es responsabilidad de este nuevo sistema, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.

 

En el marco de la inauguración del Seminario “La Justicia que México Necesita: Mitos y realidades del nuevos sistema acusatorio”, el presidente del Instituto Belisario Domínguez afirmó que es “un exceso” señalar que el Proceso Penal Acusatorio y su aplicación es el responsable de la liberación de presuntos delincuentes.

 

“Para nosotros es una forma de ocultar la falta de preparación para llegar al punto de la aplicación de este proceso. Ocho años se tuvieron en todos los órdenes de gobierno para construir una infraestructura y capacitar a ministerios públicos, a jueces, peritos, policías y poder hacer de la aplicación del proceso penal algo exitoso”, explicó.

 

Barbosa Huerta dijo que el Proceso Penal Acusatorio y Oral a partir de la reforma constitucional que le dio origen en el año 2008, puso a México y al Sistema Penal mexicano en las mismas condiciones en que se desarrollan procesos penales en los países más avanzados del mundo.

 

“Abandonamos el sistema penal inquisitivo donde todo se podía construir de manera falsa, una confesión, la declaración de dos testigos, tomados inclusive ante las policías judiciales, eran suficientes para que un juez condenara a un presunto delincuente o a un inculpado”, recordó.

 

Así se construía, los peritajes carecían en su mayoría de elementos técnicos necesarios y se creaba una especie de debilidad institucional de la cual se aprovechaban los que tenían para poder construir una defensa, y la debilidad de los que tenía para ello y con eso no poder defenderse.

 

El vicecoordinador político del Grupo Parlamentario del PT consideró que el nuevo Sistema Penal Acusatorio desarrolla todo un conjunto de garantías del debido proceso, que pone el punto clave en la definición, primero, de la presunción de inocencia y, después, en la necesaria convicción del juez para poder condenar.

 

Señaló que hay casos de corrupción, tanto a nivel de procuradurías como a nivel de poder judicial y por eso muchos presuntos delincuentes logran su libertad, “pero coincido en que sería un retroceso una reforma legal como está en curso para aumentar el catálogo de delitos graves”.

 

Por su parte, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que es “irresponsable” culpar al nuevo sistema acusatorio de ser causa del aumento de índices delictivos.

 

“En los últimos años los índices de violencia han presentado variaciones, fluctuaciones, mientras que el porcentaje de la población en prisión preventiva se ha mantenido estable, lo que nos muestra que probablemente hay pocos vínculos entre la población en prisión preventiva y los niveles de delincuencia o de violencia”, indicó.

 

Recordó que en recientes meses varios interlocutores han declarado que requiere contrarrestar las supuestas debilidades del Sistema Penal Acusatorio mediante varias contrarreformas.

 

“Según nuestra oficina sería un paso en la dirección equivocada, me parece muy preocupante que la mencionada atmósfera del populismo penal lleve a algunos políticos a criticar públicamente al nuevo sistema y a los jueces por haber liberado a los presuntos delincuentes”, dijo.

 

En tanto, el Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que los cambios constitucionales aprobados en 2008 constituyeron una verdadera reforma de Estado en materia de justicia.

 

Subrayó que el Poder Judicial de la Federación ha continuado con las acciones de consolidación que aseguren la calidad en la oferta de justicia en materia federal y con miras a mantenerla e incrementarla.

 

“Esta política está enfocada a la atención pronta y expedita de los usuarios del sistema, garantizando los principios del procedimiento y fortaleciendo la transparencia y certidumbre en la impartición de justicia”, destacó.

 

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