Las autoridades responsables de la procuración de justicia deben reconocer que no están aplicando adecuadamente las directrices del nuevo sistema de justicia penal y con ello propiciado una crisis, señaló la senadora Angélica de la Peña.
Recordó que un año antes de que se agotara el plazo para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, desde el Senado de la República, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que policías, ministerios públicos, fiscales y peritos, no estaban capacitados o estaban mal capacitados.
Por lo anterior, apuntó que los gobiernos estatales deben hacer una balance autocrítico de los problemas que están enfrentando en la implementación del sistema de justicia adversarial y manifestarlo al Poder Legislativo, “si ocho años de preparación para transitar a una nueva forma de procurar y administrar justicia no fueron suficientes, pues que nos lo digan”, expresó la senadora del PRD.
Además, resaltó la importancia de que cada entidad federativa, a partir de sus particulares circunstancias, exprese sus requerimientos específicos para afrontar este proceso de transición, pues en el mosaico que representa nuestro país existen procesos que no van caminando de manera paralela.
Indicó que el combate del robo de combustible, mejor conocido como “huachicoleo”, y la portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, requiere que las autoridades asuman su responsabilidad y realicen un verdadero trabajo de investigación y, sobre todo, que se atiendan las causas, “la gran mayoría de armas que utiliza la delincuencia provienen del tráfico ilegal, principalmente, desde Estados Unidos, y a eso debemos agregar todas las armas que son reportadas como perdidas por policías, soldados y marinos”, añadió.
Respecto al “huachicoleo”, de la Peña Gómez expresó que el problema es la corrupción que ha imperado desde el sexenio pasado, periodo en el que se ha creado una industria de quienes se dedican a este delito, propiciada por la impunidad debido a la aquiescencia de la autoridad.
“Lo que se tiene que hacer es aplicar la ley, interpretarla de manera correcta, pero sobre todo, investigar adecuadamente para poder fundar y motivar ante jueces y juezas a fin de que se obtengan vinculaciones a proceso de quienes han cometido delitos, a partir de ello, la imposición de una medida cautelar como la prisión preventiva es perfectamente posible en función del riesgo procesal de cada imputado, de acuerdo a las directrices que establecen la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales”, agregó la también Integrante de la Comisión de Justicia.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña consideró las propuestas para reformar el sistema de justicia penal no resolverán el problema, pues se trata de paliativos que en el mediano plazo profundizarían la crisis, “debemos analizar si necesitamos darle más tiempo a los operadores del sistema a fin de que se capaciten adecuadamente, a lo mejor los ocho años que dimos de vacatio legis fueron insuficientes”, concluyó.
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