Entre 2007 y 2014, la deuda de las entidades federativas y los municipios tuvo un importante crecimiento al pasar de 186 mil millones de pesos a 510 mil millones de pesos, es decir, creció 2.7 veces. En algunos casos como en Coahuila se multiplicó por 72, Zacatecas por 54 y Campeche por 31, poniendo en serio riesgo la estabilidad financiera de los estados, advirtió la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna.
Al fijar postura a nombre de los senadores del PRD por la ratificación de Emilio Suárez como Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la senadora perredista recordó el crecimiento descontrolado de la deuda subnacional, lo que motivó que en abril de 2016 se promulgara la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la cual tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria que regirán a las entidades federativas, los municipios y sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
“A partir de la promulgación de la Ley, el endeudamiento subnacional se ha mitigado ya que en 2016 sólo creció 6%. Sin embargo, hay que señalar que los datos disponibles sólo incluyen la deuda financiera de corto plazo y no los de otras obligaciones de corto plazo, que pudieran tener impactos considerables en las finanzas públicas”, señaló.
Padierna Luna afirmó que mientras la deuda pública subnacional representa aproximadamente el 3% del PIB, la del sector público federal es de cerca del 50%, por lo que se está pidiendo disciplina financiera a las entidades federativas y municipios y no a la federación.
Refirió que en 2016, el Sistema de Alertas puso en amarillo a Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. El resto de las entidades están en verde, lo que significa que su nivel de endeudamiento es razonable.
“Todos estos datos sólo están considerando aspectos meramente de lo que en la Ley se define como disciplina financiera; es decir, si el endeudamiento es sostenible contablemente. Pero son notoriamente insuficientes para saber si la deuda está bien utilizada por las entidades federativas y los municipios. Aunque en la Ley se establece que la deuda de largo plazo sólo se puede utilizar para financiar proyectos productivos, el sistema de información disponible no permite verificar el cumplimiento de esta disposición, lo que tampoco se sabe en el caso de la deuda del sector público federal”, añadió.
A consideración de la coordinadora parlamentaria es muy importante señalar que, además de la deuda que contratan las entidades federativas y los municipios, reciben una gran cantidad de recursos de la Federación. En 2016 se transfirieron, entre participaciones y aportaciones, 1 billón 325 mil millones de pesos, el 27.4% de los ingresos presupuestarios del sector público y según las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, es en el gasto federalizado en donde mayores irregularidades ha detectado y eso que, hasta 2016, sólo estaba facultada para revisar las aportaciones, ya que las participaciones eran de libre disposición por los gobiernos subnacionales.
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