Senadores y diputados aprobaron con modificaciones un punto de acuerdo mediante el cual se pide a la Comisión Permanente exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) a continuar con las investigaciones que desarrolla en torno a las denuncias de espionaje presuntamente realizadas a través del malware conocido como Pegasus.
La propuesta presentada el 28 de junio pasado por la senadora Laura Rojas Hernández, con el respaldo de senadores y diputados de diversos partidos, proponía que el Ejecutivo federal debía solicitar el acompañamiento de organismos internacionales y acudir a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el propósito de crear una Comisión de Expertos que brindara acompañamiento y asistencia técnica en este proceso.
Sin embargo, por mayoría de votos, la Segunda Comisión modificó la propuesta con la frase “en su caso”.
Las senadoras panistas Laura Rojas Hernández y Pilar Ortega Martínez expresaron su inconformidad por el cambio, durante la discusión de la propuesta en la sesión ordinaria de esta comisión.
“No vemos reflejado en la propuesta del dictamen el espíritu que motivo nuestra propuesta original, ni en las consideraciones ni mucho menos en el resolutivo”, sostuvo Rojas Hernández.
Lo que se solicitó originalmente, abundó, fue la creación de un comité de expertos internacionales, dado que la PGR, responsable de la investigación, está señalada como una de las instituciones del gobierno que compraron el malware Pegasus.
Destacó que el requisito de imparcialidad fue lo que motivó la presentación del punto de acuerdo en sus términos originales, ya que de acuerdo con la jurisprudencia interamericana los integrantes del órgano investigador no deben “tener un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes ni encontrase involucrados en la controversia”, como es el caso de la PGR.
“Dado que la PGR es investigadora, pero a su vez está señalada como posible responsable, es lo que nos motivó a solicitar en la Comisión Permanente el acompañamiento de organismos internacionales en esta investigación”, insistió Rojas Hernández.
Por su parte, la senadora Pilar Ortega Martínez dijo que la propuesta original pretende dar certeza a la investigación y asegurar que se lleve a cabo mediante un proceso imparcial, que no deje lugar a dudas.
“El mecanismo de la asesoría internacional o nacional de expertos en el tema puede ser una muy buena alternativa y, sobre todo, le daría una connotación de imparcialidad, sobre todo, por quienes son los que hoy están señalados en estas acusaciones sobre este malware”, subrayó.
El punto de acuerdo fue enviado al pleno de la Comisión Permanente para su discusión y su redacción final quedó en los siguientes términos:
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Procuraduría General de la República para que continúe con las investigaciones que a la fecha desarrolla en torno a las denuncias de espionaje presuntamente realizadas a través del malware conocido como Pegasus, presentadas por periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos, garantizando en todo momento los principios de objetividad, imparcialidad, eficacia y lealtad, así como los derechos de las víctimas u ofendidos, a fin de lograr el debido esclarecimiento de los hechos y, en su caso, solicite asesoría, asistencia técnica y cooperación de instituciones nacionales e internacionales.
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(Se adjuntan versiones)
1 de agosto de 2017
* Versión de la participación de la senadora Laura Rojas Hernández, durante la reunión de la Segunda Comisión de la Permanente en la que se discutió el tema del presunto espionaje a través del malware Pegasus
Muchas gracias, Presidenta.
Muy buenos días a todas y a todos.
Bueno, pues nosotros nos reservamos el dictamen sobre el punto de acuerdo que presentamos hace unas semanas exhortando al Ejecutivo para que solicite acompañamiento y asesoría técnica a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en su investigación sobre el caso Pegasus.
Y nos estamos reservando el dictamen, porque no estamos, no vemos reflejado en la propuesta del dictamen el espíritu que motivo nuestra propuesta original, ni en las consideraciones ni mucho menos en el resolutivo.
Entonces, yo quisiera compartir lo que nosotros pensamos sobre no sólo el resolutivo, sino que nos preocupa de manera importante el desarrollo que hizo la Secretaría Técnica de la Comisión para justificar el cambio de texto en el resolutivo.
Voy a tratar de no alargarme mucho, yo voy a entregar esto por escrito formalmente a todos los integrantes de la Comisión, una ficha técnica que explica más a detalle nuestras razones.
En primer lugar, el párrafo nueve del apartado de Consideraciones, la Secretaría Técnica establece que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe: “Abstenerse de emitir declaraciones concluyentes en las que se identifiquen personas y organizaciones concretas, como legalmente responsables de los hechos que se les imputen”.
La verdad es que nosotros jamás propusimos eso, si ustedes revisan todo el punto de acuerdo que presentamos, en ningún momento estamos pretendiendo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas haga una declaración concluyente.
En realidad lo que estamos solicitando es el acompañamiento, nosotros jamás estamos proponiendo eso, lo que estamos solicitando bajo la necesidad que han planteado una serie de actores y organizaciones en el país, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, los propios supuestamente afectados del intento de espionaje, es que se garantice la imparcialidad de la investigación, y para eso es que estamos solicitando la creación de un comité de expertos internacionales, dado que la PGR, quien es la responsable de la investigación, pues está también señalada como una de las instituciones del gobierno que compraron el malware.
Entonces, no estamos solicitando o pretendiendo que la Oficina del Alto Comisionado emita una opinión concluyente, dado que no son los responsables de la investigación sino que es la PGR, lo que estamos pidiendo es que se creé esta comisión de expertos.
Lo pusimos como una propuesta, la comisión de expertos que dependa de la Oficina del Alto Comisionado; sin embargo en esa parte no estamos totalmente cerrados, hay una serie de mecanismos, no solamente con la ONU sino también con la CNDH que el gobierno pudiera convenir. Lo pusimos solamente como una propuesta para tratar de aterrizar en una propuesta concreta nuestras ideas.
Bueno, el segundo tema en el que no estamos de acuerdo es en el párrafo diez de las Consideraciones del dictamen que establece que “las actividades de la Oficina del Alto Comisionado deben estar enfocadas exclusivamente a realizar acciones programáticas de largo plazo para la promoción y la protección de los derechos humanos”, lo cual es falso.
Tenemos dos convenios, también se los voy a pasar en copia. El primero de 2002 y el segundo de 2017, que firmó el Ejecutivo con la Oficina del Alto Comisionado, para la continuidad de las actividades de 2002 y que prevé en su artículo 4, que las partes, es decir, el Gobierno federal y la Oficina del Alto Comisionado podrán convenir el mecanismo de coordinación que estimen conveniente; dejando abierta la posibilidad de suscribir un acuerdo de colaboración similar al que se suscribió con la CNDH para la investigación del caso Ayotzinapa.
Entonces, en el marco, el convenio sí da para atender cuestiones digamos coyunturales o de corto plazo.
En tercer lugar, el párrafo 16 de las Consideraciones del dictamen se establece que “a nivel constitucional y legal están previstas las disposiciones normativas suficientes para garantizar que la PGR actúe objetiva e imparcialmente”.
Bueno, al respecto vale la pena apuntar que el artículo 1 de la Constitución, el cual no se menciona en este apartado del dictamen, incorporó a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos, mismos que establecen la obligación vigente para el Estado mexicano de garantizar a las víctimas una investigación seria, imparcial y eficaz en aquellos casos en los que existan posibles rasgos de violaciones a los derechos humanos, como en el presente caso de espionaje gubernamental.
Como comenté al principio, el requisito de imparcialidad fue precisamente lo que motivo la presentación del punto de acuerdo en sus términos originales, y creo que vale la pena aquí mencionar que ese punto de acuerdo fue firmado por todos los partidos políticos, bueno no todos, pero casi todos los partidos políticos de la oposición representados en la Comisión Permanente, incluidos varios coordinadores parlamentarios.
Entonces, me parece importante destacar que este punto tiene un amplio respaldo de varias fuerzas políticas.
Al tratarse de una posible violación a derechos humanos, la interpretación del requisito de imparcialidad debe seguir los estándares de los órganos intérpretes de las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Así la jurisprudencia interamericana establece claramente que la imparcialidad implica que los integrantes del órgano investigador no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentran involucrados en la controversia.
Eso es lo que nos motiva, insisto, dado que la PGR es investigadora pero a su vez está señalada como posible responsable, pues es lo que nos motivó precisamente a solicitar en la Comisión Permanente el acompañamiento de organismos internacionales en esta investigación.
Finalmente, sobre el resolutivo, ya lo comenté desde un principio, no atiende la motivación principal de la presentación del punto de acuerdo.
Lo que ponen es una, bueno aquí ya voy a hablar en términos más políticos, parece que en este caso el Congreso, dado que un punto de acuerdo, como lo decimos coloquialmente son llamados a misa, es decir, un punto de acuerdo ni siquiera es vinculante.
Sin embargo, los puntos de acuerdo sí reflejan la posición política del Congreso, independientemente de lo que haga el Ejecutivo, al final del día nuestros puntos de acuerdo los pueden guardar en un cajón, ignorarlos, como muchas veces pasa; pero lo que sí refleja, lo que sí queda constancia para la opinión pública es la posición del Congreso en determinada materia.
Entonces, en ese sentido, a nosotros nos gustaría que pudiéramos explorar una redacción, sino la original, pero que sí pudiéramos explorar una redacción en la que el Congreso fijara una posición, pues mucho más firme y que nos pusiéramos del lado de las víctimas, y que nos pusiéramos de lado de la gente que presuntamente sufrió un intento de espionaje.
La redacción, la primera parte del resolutivo nos parece muy bien, esta parte de exhortar a la PGR a que haga la investigación cuidando los principios de objetividad, imparcialidad, etcétera.
La última parte del párrafo en la que le ponen “y en su caso”, ahí ya nos parece que la posición del Congreso debería de ser de exhortar a que lo haga, ya al final si nos hacen caso o no pues es otra cosa.
Pero sí creo que deberíamos ponernos un poco del lado de todas las personas y de organizaciones, que han demandado la creación o el acompañamiento de organismos internacionales.
Hay una lista larga, e insisto, no los quiero aburrir, porque creo que todos hemos seguido el caso, pero son muchas organizaciones, colectivos de derechos humanos e incluso también los propios organismos internacionales. Aquí tengo la lista desde que se dio a conocer el caso hasta el día de hoy, de todos quienes han pedido que sea acompañe de organismos internacionales la investigación. Y además se reforzó desde que se conoció que los propios integrantes del GIEI también sufrieron un intento de espionaje.
La última noticia que tuvimos de gente que se pronunció en ese sentido fueron miembros del Parlamento Europeo que enviaron una carta al presidente Peña Nieto solicitando en el mismo sentido.
Entonces, lo que quisimos hacer con este punto de acuerdo quienes lo presentamos, fue hacer nuestras las demandas de todas estas personas que desconfían en la PGR y que quieren que se acompañe la investigación para garantizar este requisito de imparcialidad en la misma.
Muchas gracias, Presidenta
1 de agosto de 2017
Versión de la participación de la senadora Pilar Ortega Martínez, durante la reunión de la Segunda Comisión de la Permanente en la que se discutió el tema del presunto espionaje a través del malware Pegasus
Solamente para sumarme a lo ya dicho por mi compañera y por quienes han hablado y que me han precedido en la palabra, respecto a este punto en el que efectivamente como bien lo señala la senadora Rojas, de lo que se trata es de dar certeza y que el Gobierno federal dé certeza sobre un tema que hoy está en la opinión pública con gran preocupación y que, por supuesto, creo que a lo menos que podemos aspirar es a que se lleve a cabo un proceso imparcial, una investigación, que no quede lugar a dudas, y para ello creo que el mecanismo de la asesoría internacional o nacional de expertos en el tema, puede ser una muy buena alternativa y, sobre todo, que le daría una connotación de imparcialidad, sobre todo por quienes son los que hoy están señalados en estas acusaciones sobre este malware.
Entonces, sumarme a esta propuesta, creo que es una propuesta muy sensata, en donde creo que finalmente quedaría reflejada con más contundencia, la posición del Congreso de la Unión, en un tema en el que no podemos de ninguna manera, ser ambiguos.
Gracias.
SEGUNDA INTERVENCIÓN
…orden jurídico interno mexicano. Hay antecedentes ya claros, el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independiente) es un antecedente, en donde hubo la solicitud del Gobierno mexicano para acompañarse de una asesoría internacional.
Y lo que nosotros dijimos, y lo dijo muy claro la senadora Laura, que de ninguna manera estamos hablando de presuponer la culpabilidad de nadie y tampoco de la Procuraduría General de la República, sino solicitar el acompañamiento de una comisión de expertos, para garantizar que los resultados de la investigación sean imparciales.
Esto está hablando no de intervención, no de estar por encima de las facultades del órgano investigador, sino de un mecanismo de colaboración, que es muy válido. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ya que los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser orientadores para las autoridades mexicanas, siempre que sean más favorables a la persona, en términos del artículo primero de la Constitución.
Lo que hoy estamos planteando es justo que haya esta petición del Gobierno mexicano, para efecto de que se pueda llevar a cabo, a partir de organismos internacionales o nacionales de expertos, puedan orientar y dar luz en esta investigación, en un mecanismo de colaboración, pero de ninguna manera de intervención al Estado mexicano.
Yo creo que es importante, creo que esto lo refleja, y que además la propuesta que estamos haciendo es muy sensata y muy sencilla.
Gracias.
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