- Lo mantendrán en prisión hasta después de las elecciones del 2018 para evitar que declare cosas contra el Gobierno o el PRI.
Las carpetas de investigación en contra de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, adolecen deliberadamente de requisitos técnicos para lograr una sentencia definitiva, lo cual es una burla a la sociedad y a los veracruzanos, afirmó el senador Miguel Barbosa Huerta.
“El proceso inició mal, en su primera audiencia, los ministerios públicos encargados del caso evidenciaron su falta de preparación y de conocimiento”, sostuvo.
Nadie podría pensar que Javier Duarte obtendría su libertad ayer sábado, porque sería un escándalo mayúsculo para la “maltrecha credibilidad” del Gobierno federal; es un hecho que desde el Ejecutivo federal han decidido administrar políticamente la detención de este ex gobernador.
“Está claro que lo mantendrán en prisión hasta después de las elecciones del 2018. Lo necesitan tener controlado para evitar que comience a declarar cosas que comprometan al Gobierno federal y al PRI como partido”, sostuvo.
El vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena sostuvo que para cometer los delitos por los cuales se le acusa, Javier Duarte debió de contar con una red de corrupción y complicidad que necesariamente incluye a instancias y servidores públicos federales, así como a dirigentes partidarios en todos los niveles.
“¿Cuántos millones de pesos desvió este ex gobernador a su partido? Si esto se comprueba, el PRI tendría que perder su registro como partido nacional”, aseguró.
El senador Miguel Barbosa Huerta señaló que desde el Gobierno federal utilizarán a Javier Duarte - valiéndose del interés mediático que este caso ha despertado - para que declare en contra de Andrés Manuel López Obrador.
“Desde el año pasado quedó claro que una variable en la estrategia gubernamental para tratar de frenar a López Obrador y a MORENA en el proceso de sucesión del siguiente año consiste en utilizar a este ex gobernador. Esto ya lo intentó hacer el PRI en el contexto de las elecciones del año pasado y ahora con Duarte en prisión resulta obvio que lo volverán a utilizar”, indicó.
Refirió que hasta el momento 16 ex gobernadores enfrentan algún proceso por acusaciones durante su gobierno, ya sea que están presos, prófugos o sujetos a investigación.
“Lo cierto es que desde el Gobierno federal los dejaron ejercer el poder a su antojo y en sus entidades no existen controles democráticos, porque los gobernadores controlan los congresos y establecen un cerco sobre la disidencia política y los medios de comunicación, por estas razones, es necesario que en 2018 arribe al poder un proyecto transformador de la vida pública”, señaló.