La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna aseguró que la crisis que se ha querido presentar recientemente sobre las supuestas falencias y deficiencias del Sistema de Justicia Adversarial, no es más que un reflejo de la debilidad institucional y la falta de capacidad de las y los agentes del ministerio público, de sus órganos auxiliares y de toda la cadena encargada de la procuración de justicia en el país.
“Esta crisis no es del nuevo Sistema de Justicia Penal, esta crisis es del viejo sistema de procuración de justicia que simplemente en 9 años no supo transformarse ni actualizarse y hoy pretende retrotraer la legislación a un estado inquisitivo, desordenado y abusivo en donde la prisión preventiva era la regla y no la excepción”, agregó.
A consideración de la coordinadora parlamentaria no es momento para caer en tentaciones regresivas y abusivas como las que llevaron a la ciudadanía a desconfiar en las instituciones de procuración de justicia en un 95%, es momento para seguir adelante, para seguir impulsando y fortaleciendo este sistema penal basado en el respeto a los derechos humanos y en las garantías de las personas que intervienen en él, “es momento de trabajar no para agravar más delitos y saturar el sistema carcelario, sino para construir un sistema de medidas cautelares efectivas que aseguren la sanción de las personas responsables de cometer delitos, pero al mismo tiempo aseguren que ningún inocente permanezca en prisión de manera injusta”.
“Si hay que reformar el Sistema de Justicia debe de ser para continuar con el impulso que trae hasta hoy, no para regresarlo a viejas etapas de gobiernos autoritarios”, aseveró.
Padierna Luna recordó que cuando se discutía en el Congreso de la Unión la reforma al Sistema de Justicia Penal, para transformar el viejo sistema inquisitorio a un nuevo sistema acusatorio adversarial y oral, se discutió sobre la necesidad de implementar un modelo de fortalecimiento institucional para todo el sistema de procuración de justicia con la finalidad de etiquetar recursos humanos y materiales específicamente para capacitar a las y los agentes del ministerio público, sus auxiliares, sus policías de investigación e incluso sus técnicos peritos especialistas para que todas y todos tuvieran los conocimientos y habilidades necesarias para actuar en el marco del nuevo sistema que se estaba adoptando.
“Paralelamente a esa discusión de capacitación técnica, se dio un debate muy amplio sobre la confianza y/o la debilidad institucional de las procuradurías y/o fiscalías a nivel nacional, pues un amplio sector de la población no confía o confía muy poco en la actuación de las entidades encargadas de procurar justicia en este país”, señaló.
La senadora recordó que, de acuerdo con las cifras registradas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Violencia en México del año 2016, entre el 93.4% y el 94.1% del total de delitos cometidos en el país no se denuncian ante una autoridad o bien cuando son denunciados no queda constancia de que la autoridad ministerial hubiese iniciado una averiguación previa para la investigación de los hechos, lo que nos demuestra estadísticamente que sólo el 5% de la población que sufre algún delito acude a denunciarlo ante las autoridades competentes.
“Estas cifras desde luego que nos hacen cuestionar la confianza institucional en las procuradurías y fiscalías a nivel nacional, pues la ciudadanía prefiere asumir las consecuencias del delito y continuar con su vida, que acudir a denunciarlo ante la autoridad que tiene por obligación realizar una investigación diligente, efectiva y oportuna”, afirmó.
Padierna Luna afirmó que esta desconfianza que se ha enraizado en las instituciones de procuración de justicia, se agudiza cuando constatamos que después de 9 años de haberse realizado la reforma al sistema de justicia acusatorio y tras haber concluido el periodo de vacatio legis de 8 años para que este sistema entrara en vigor plenamente ninguna procuraduría o fiscalía de justicia a nivel nacional tienen la fortaleza y la capacidad técnica suficiente para poder hacer frente al enorme reto que representa litigar en un sistema penal en donde la base ya no son los documentos y escritos interminables, y donde lo que hiciera o dijera el ministerio público era considerado la verdad absoluta. “Ahora, la base es la investigación técnica, la argumentación oral y la sustentación de acusaciones con base en pruebas científicas, pertinentes, idóneas y necesarias”.