El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera Espinosa, debe fortalecer las acciones de prevención, investigación y reparación de los delitos cometidos contra las mujeres, demandó la senadora panista Gabriela Cuevas Barron.
Mediante un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, la legisladora solicitó a Mancera Espinosa hacer efectivas las acciones y políticas públicas en materia de lucha contra la violencia de género en la CDMX, a través de las instancias competentes.
Asimismo, pidió que por conducto de la Procuraduría General de Justicia local, remita un informe actualizado de los datos recabados en la "base de datos de homicidio de mujeres por razones de género".
“Hoy en día, la mayoría de las entidades federativas cuentan ya con una legislación en materia de atención a la violencia contra las mujeres, además de que ya se tipifican como delito los actos anteriormente descritos. También, se han establecido políticas que buscan prevenir las causas estructurales de la violencia y proporcionar servicios para la atención directa de las víctimas de la violencia de género, pero no han sido suficientes, y menos en la CDMX, entidad que en los últimos meses ha registrado un incremento en violencia familiar y en feminicidios”, lamentó.
A nivel local, agregó la senadora, la CDMX cuenta con la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, publicada en 1996, armonizada con el marco jurídico internacional y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal de 2008.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y autonomía, la no discriminación, la equidad de género, así como la transversalidad de la perspectiva de género; además de que establece cinco modalidades de violencia: familiar, laboral, docente, en la comunidad e institucional, destacó.
“A pesar de los grandes avances y de la normatividad aplicable al caso, seguimos viendo el incremento de feminicidios y violencia contra las mujeres, lo que, aunado a la falta de información exacta sobre la investigación y persecución de este tipo de delitos, refleja una ausencia en la capacidad de las autoridades en la aplicación de los protocolos respectivos, o una negligencia simulada que no muestra la realidad del país, y, en particular, en la Ciudad de México”, indicó la legisladora federal.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), las mujeres son asesinadas con mayor violencia o saña, pues utilizan en contra de ellas medios que causan mayor dolor y que lo prolonga antes de fallecer, advirtió.
De acuerdo con el Inegi, añadió, a 32 de cada 100 mujeres las ahorcaron, las estrangularon, las ahogaron, las quemaron o las lesionaron con objetos punzocortantes o a golpes con objetos en 2013; y de 2004 a 2013 la proporción de homicidios de mujeres con arma de fuego aumentó considerablemente, al pasar de 28.8 a 43 por ciento en 2013.
Cuevas Barron comentó que en la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH sobre la violencia contra las mujeres en la CDMX, se informa que 51.93 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja, ya sea violencia emocional, económica, física o sexual.
Además, añadió, muestra que la entidad ocupa el primer lugar en relación con el porcentaje de mujeres que son violentadas en al ámbito comunitario, con un porcentaje de 49.9 por ciento; y tratándose de delitos de violencia sexual y homicidios refleja que más del 80 por ciento de los delitos cometidos contra mujeres fueron realizados con toda intención.
“Esto debe dar pauta a entender que es necesario trabajar por su erradicación en contra de las mujeres, ya que representa un obstáculo para el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales”, concluyó.
La senadora recordó que de acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se define a esta acción como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada.
Además, dijo, se entenderá también como la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.