Con el propósito de fortalecer la regulación existente en materia de acciones de inteligencia por parte del Estado, el senador Miguel Barbosa Huerta propuso una serie de modificaciones para establecer esquemas especiales para reforzar –en beneficio de las libertades públicas- las restricciones de las labores de vigilancia estatal, así como esquemas de control ciudadano y de reparación en caso de que se cometan excesos.

 

“El telón de fondo del reciente escándalo de espionaje político que enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto es la opacidad: la compra de infraestructura para la intervención telefónica y computacional a costos millonarios para la hacienda pública y su uso ilegítimo para el espionaje político, bajo un halo de absoluta opacidad”, advirtió el senador poblano.

 

Comentó que tanto la ONU como la CIDH, por vía de sus relatorías especiales en materia de libertad de expresión, reconocen que, en circunstancias excepcionales y bajo una regulación estricta, puede ser legítimo que un Estado recurra a medidas de vigilancia.

 

Para que las acciones de vigilancia no se conviertan en actos invasivos que conculquen los derechos a la privacidad e intimidad, Barbosa Huerta subrayó que se requieren disposiciones jurídicas que regulen estrictamente esos procedimientos y los sometan a diversos controles institucionales y ciudadanos, entre los que destaca la transparencia y el acceso a la información.

 

En ese sentido, esta nueva iniciativa busca restringir las posibilidades de los órganos, dependencias y todo ente de poder público para mantener en opacidad, de forma legal o ilegal, la adquisición y operación de los instrumentos y tecnologías para la vigilancia, así como incrementar el control que sobre ello deben ejercer los órganos competentes del Estado mexicano y la ciudadanía por vía de la transparencia.

 

Barbosa Huerta señaló que su propuesta parte de tres premisas: Transparentar la vigilancia, es decir disponer formas para conocer y difundir cómo y para qué el Estado hace uso de la vigilancia; con qué frecuencia; para qué tipo de investigaciones; con qué métodos y tecnologías; cuál es su índice de efectividad.

 

Vigilar al vigilante, estableciendo mecanismos independientes al Gobierno para el control de sus actividades de vigilancia en materia de intervención de comunicaciones privadas, extracción de información, acceso a los metadatos y la geolocalización de personas.

 

Y finalmente reparar todo exceso, generando formas de reparación de los efectos generados por excesos en la vigilancia, aun cuando sea legítima, que incluya recursos para la oposición, investigación, restitución y reparación.

 

El senador del bloque PT-Morena explicó que esta propuesta es complementaria a la que presentó anteriormente que establece la determinación estricta del objeto legítimo de la acción de vigilancia; la solicitud ministerial, policial o de seguridad nacional; la autorización y seguimiento judiciales; el control parlamentario; la identificación de irregularidades y el deslinde de responsabilidades.

 

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictaminación.

 

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