Alimentación deficiente, maternidad adolescente, incremento excesivo en el número de nacimientos por cesárea, trabajo y matrimonio infantil y violencia contra las mujeres, son algunas de las problemáticas que muestran que los niños, las niñas y las mujeres continúan siendo discriminados de las políticas en los tres órdenes de gobierno, afirmó la senadora Angélica de la Peña.
Durante la presentación en el Senado de la República de la “Encuesta de Niños, Niñas y Adolescentes, ENIM 2015”, la senadora del PRD indicó que la información sistematizada de este estudio es de gran valía para los ámbitos estatales y municipales, pues les permite conocer las circunstancias que profundizan el estado de alta vulnerabilidad de estos grupos poblacionales.
“Los gobiernos estatales y municipales deben estudiar los resultados de esta encuesta para corregir las políticas públicas destinadas y dotarlas de un enfoque de reconocimiento y protección de los derechos humanos”, añadió.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado llamó la atención al hecho de que solamente el 30.8% de las niñas y niños menores de 6 meses de edad lactan exclusivamente, mientras que 66.4% fueron alimentados con biberón.
La ENIM 2015 también señala que el 17.2% de adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad han tenido un nacido vivo, “México, por desgracia ocupa uno de los primeros lugares del mundo, en donde a pesar de tener un sistema nacional de protección, a pesar de tener una ley de avanzada, hoy estemos enfrentando todavía los problemas derivados del alumbramiento de chicas a una edad muy temprana y de chicos que tienen que ser padres”, comentó de la Peña Gómez.
Necesitamos que los estados, continuó, realmente reconozcan las dificultades que existen en sus territorios para que se pongan a trabajar sobre esta agenda prioritaria y que los derechos de las niñas y los niños sean una realidad en nuestro país.
La senadora del PRD expresó que las instituciones de los tres ámbitos de poder, deben entender que el 37% de la población de este país es menor de 18 años de edad y requiere de políticas de prevención y también de protección y, por supuesto, también de participación de los derechos de las niñas y los niños.
“Si nosotros logramos trabajar de manera prioritaria en esta tarea fundamental de la gobernanza, seguramente los resultados serán que en las próximas generaciones no iremos en esta inercia, en donde la violencia está prácticamente carcomiendo las estructuras del tejido social de nuestras sociedades; lo que haremos es salir de esa inercia y entrar a una dinámica distinta en donde el estado de derecho sea una realidad a partir de que se trabaja en lo que se tiene que trabajar, en la población menor de edad, en las niñas, en los niños, y por supuesto, seguir atendiendo a la adolescencia, sacarla del limbo jurídico con la que se encuentra en nuestro marco jurídico y en las políticas públicas”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.