Ante la incidencia cada vez mayor de intentos de fraude cibernético, suplantación de identidad y los que se cometen en contra de menores de edad, se hace necesario tomar acciones encaminadas a la prevención y, sobre todo, crear un marco jurídico para atacar los ciberdelitos que se cometen en el país.
Así lo reconoció la senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, quien, al participar en los trabajos de la Quinta Reunión de la Segunda Comisión de la Permanente, señaló que este delito crece de manera alarmante pues tan sólo el año pasado 22.4 millones de mexicanos fueron afectados por el cibercrimen, el cual representó un incremento de 2.4 millones respecto al 2015.
Por su parte, la senadora Yolanda de la Torre Valdez respaldó la propuesta de punto de acuerdo para que el Gobierno federal se sume al Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia, con el fin de combatir con mayor eficiencia ese fenómeno.
“El espectacular desarrollo de la tecnología informática en todo el mundo, particularmente en México, también amplió las posibilidades de la delincuencia y la impunidad a niveles impensables a través de la manipulación fraudulenta de computadoras, destrucción de programas o datos, y afectación indebida de la privacidad”, indicó.
Por ejemplo, detalló, se cometen fraudes electrónicos, clonación de tarjetas, robo de bases de datos, bloqueo de portales, hackeo de cuentas de correo, pornografía infantil, “grooming” y “sexting”, entre otros, sin que las autoridades mexicanas puedan enfrentarlos porque carecen de un marco legal, recursos humanos e infraestructura adecuada para ello.