El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual es una oportunidad histórica para establecer un marco legal eficaz para erradicar estos actos en el país, afirmó la senadora panista Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia.
“Con la creación de esta ley se establecen los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como las sanciones, el régimen de distribución y de competencias, además de la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos señalados en esta norma”, expuso.
En la sesión ordinaria del Senado, al presentar el dictamen a nombre de las comisiones dictaminadoras, la legisladora por Guanajuato indicó que el uso de la tortura es una práctica violatoria de los derechos humanos.
“En 2012, de acuerdo con una encuesta del CIDE, el 57.2 por ciento de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y el 34.6 por ciento declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión”, expuso.
Subrayó que, en general, las víctimas de torturas y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales de marginación, lo que agudiza los problemas de estigmatización y debilidad de las salvaguardias de protección.
Ortega Martínez indicó que el nuevo ordenamiento legal prevé también medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garanticen los derechos de las víctimas.
“Todo ello, bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia, y acceso a la información pública”, resaltó.
Es de reconocer, acotó, que con esta ley la investigación y persecución del delito de tortura se llevará de oficio y que tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, “para evitar que los años desdibujen la comisión del delito y que éste siga quedando en la impunidad”.
“El espíritu de esta ley es proteger los derechos de las personas que son víctimas de este delito, pero también el de prevenirlos; lo que se pretende es crear un ordenamiento jurídico acorde con las disposiciones internacionales, pero sobre todo que garantice los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos”, concluyó.