- Los datos que los órganos encargados de la fuerza pública y de inteligencia gubernamental proporcionen, servirán para analizar las estrategias implementadas por el Estado mexicano, resaltó
El senador panista Roberto Gil Zuarth presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Procuraduría General de la República (PGR), al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que compartan con el Senado de la República las bases de datos y registros de agresiones, enfrentamientos y ejecuciones derivadas de las operaciones en materia de seguridad y de la interacción de las fuerzas federales y de seguridad nacional con civiles, durante los periodos 2006-2011, y de 2011 en adelante.
Los datos que los órganos encargados de la fuerza pública y de la inteligencia gubernamental puedan proporcionar, servirán para eliminar los problemas de información incompleta y para analizar las estrategias implementadas por el Estado mexicano, resaltó.
En su propuesta, Gil Zuarth recordó que, desde junio de 2010, luego del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato al gobierno de Tamaulipas, el entonces Presidente de la República convocó al país a sumarse a los Diálogos por la Seguridad, que iniciaron en agosto de 2010 e incluyeron a académicos, funcionarios, políticos de todos los partidos, activistas, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.
Esta revisión de la estrategia de seguridad se hizo en múltiples ciudades del país, con la intención de establecer una política de seguridad de Estado, indicó.
A raíz de estos Diálogos, dijo, la administración federal anterior decidió elaborar y publicar en dos momentos distintos el registro de homicidios por presunta rivalidad delincuencia, el primero para el periodo 2006-2010, y el segundo para el periodo enero-septiembre de 2011.
Sin embargo, agregó el senador por Acción Nacional, la base de datos, cuyo propósito era sistematizar los homicidios del crimen organizado, enfrentó dos problemas: los criterios de clasificación y la validación de las circunstancias de cada homicidio.
Derivado de estos problemas, la base de datos recibió cuestionamientos por parte de las procuradurías locales, relacionados con la clasificación de los homicidios y, por parte de organizaciones de derechos humanos, por la posible criminalización de las personas fallecidas, reveló.
“Aunque la base de datos nunca buscó reconstruir los hechos, sino servir como herramienta estadística para analizar el comportamiento de los homicidios en el país, los cuestionamientos y la falta de claridad metodológica para establecer la clasificación de los eventos, provocaron que ésta se dejara de elaborar y publicar posteriormente”, expuso.
Meses después de que la administración de Felipe Calderón terminara la elaboración de los registros, el 14 de mayo de 2013 un particular solicitó información sobre el número de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencia de octubre de 2011 a mayo de 2013.
Atendiendo una orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), emitida en septiembre de 2013, la PGR publicó la última versión de la base de rivalidad delincuencial, sin ningún cambio metodológico relevante, detalló.
“El debate sobre las bases de datos y registros oficiales en materia de agresiones, enfrentamientos y ejecuciones derivadas de las operaciones en materia de seguridad y de la interacción con civiles, ha vuelto a surgir a raíz de un estudio publicado recientemente por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (PPD-CIDE)”, detalló.
Sin embargo, dijo, la información que proviene de esta y otras voces se genera a partir de fuentes diversas y extraoficiales, por lo que se enriquecerían los resultados derivados de ella si se complementaran con datos provenientes de fuentes oficiales.
La violencia en el país aumenta y las autoridades analizan nuevas formas para dar respuesta a este problema, indicó.
Ante ello, señaló, el Congreso de la Unión ha abierto sus puertas al debate para que todas las voces sean escuchadas y así poder diseñar estrategias que permitan transitar hacia modelos de seguridad más efectivos, “de ahí la importancia de que se nos facilite la información oficial, para que se pueda trabajar en un diagnóstico nacional con datos y metodología pública”.
La propuesta del legislador panista fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.