El Congreso de la Unión debe afrontar el reto de la seguridad pública con responsabilidad y hacer un análisis profundo de la situación actual para que en el debate de la iniciativa de seguridad interior se tomen en cuenta los datos duros y no se afecte la integridad, el patrimonio y los derechos humanos de los mexicanos, afirmó la senadora Angélica de la Peña Gómez.
Durante la presentación del libro “Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016”, la legisladora del PRD recordó que a raíz del discurso del Secretario de la Defensa en el que señaló un desgaste del Ejército y pidió un marco legal que regule su participación en las tareas de seguridad, el debate sobre la necesidad de una ley de seguridad interior se hizo presente.
De la Peña Gómez reconoció que actualmente la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública y en el combate en contra de la delincuencia organizada no está regulado.
Sin embargo, dijo, la responsabilidad de la seguridad pública debe seguir siendo de carácter civil, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Como nos podemos percatar actualmente prevalece un discurso y una estrategia encaminada a legitimar la militarización de la seguridad pública”, señaló.
Por ello, dijo la presentación del Atlas constituye un elemento fundamental que debe ser tomado en consideración para el debate no sólo en el Congreso, sino de aquellos que hoy aspiran a la Presidencia de la República para que hagan sus propuestas en materia de seguridad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos destacó que el trabajo presenta datos muy relevantes en el estudio y análisis de este tema como lo es la transformación de los grupos criminales mexicanos en los últimos años, que han pasado de ser organizaciones orientadas a los negocios del narcotráfico a organizaciones de tinte predatorio con claras ambiciones de control territorial.
O el hecho de que México ocupa el sexto lugar en el mundo por el tamaño de su población penitenciaria, sólo después, de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil, países que cuentan con una cantidad total de habitantes entre tres y más de diez veces mayor.
“En números redondos, el país tiene hoy 245 mil internos, 95 por ciento varones y 5 por ciento mujeres, distribuidos en 392 establecimientos penitenciarios, 22 de ellos de carácter federal y el resto de índole estatal o municipal”, apuntó.
Pero el 44 por ciento de la población reclusa en estos centros son presos sin sentencia, casi la mitad, lo cual revela, de entrada, dos de los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario mexicano: la sobrepoblación, el uso desproporcionado de la prisión preventiva y los autogobiernos, mencionó Angélica de la Peña.
En materia de desaparición de personas, el documento señala que existe un consenso de que se trata de un problema gravísimo de derechos humanos, con más de 26 mil víctimas registradas en 2015, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
La legisladora del PRD lamentó que a pesar de los esfuerzos en la Procuraduría General de la República y la SHCP por combatir al lavado de dinero, los logros son escasos.
Además dijo que en el Atlas se menciona que el número de armas aseguradas ha disminuido drásticamente en los últimos años y en el 2015 se registró la cifra más alta del sexenio en equipos perdidos por la policía.
“Ello significa que durante el último periodo anual desaparecieron tres armas diarias de los arsenales de las instituciones de seguridad pública”, advirtió.
Finalmente, Angélica de la Peña destacó que este Atlas refleja la magnitud del enorme reto que se enfrenta en materia de seguridad pública, por lo que dijo antes de cualquier propuesta o reforma en el que va de por medio la seguridad, la integridad, el patrimonio y los derechos humanos de los habitantes del país deben tomarse en cuenta los datos que aporta.
---000---