- Asimismo, plantea imponer sanciones a los partidos políticos cuyos militantes cometan delitos electorales
El senador Daniel Ávila Ruiz presentó una iniciativa para establecer en la Constitución que los delitos de naturaleza electoral sean considerados como graves y, por tanto, ameriten la prisión preventiva, para garantizar que quienes los cometan sean presentados ante un juez.
Asimismo, propuso reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para imponer multas a los partidos políticos cuyos militantes sean responsables de la comisión de algún delito electoral.
De acuerdo con la iniciativa, se plantea reformar el artículo 19 Constitucional para establecer que el Ministerio Público “podrá solicitar al juez la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio”.
Del mismo modo, los delitos de naturaleza electoral ameritarán prisión preventiva y se equipararán a los delitos como los de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación.
La propuesta de reforma de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, busca imponer multas a los partidos políticos, cuyos militantes sean responsables de la comisión de algún delito electoral, con el objetivo de “transferir a los partidos políticos la responsabilidad social que, como organizaciones políticas, tienen frente a sus militantes y frente a la sociedad”, indicó.
De lo que se trata, explicó, es de arraigar una cultura de respeto para que, desde el interior de los partidos políticos, se difundan y promuevan activamente, entre sus militantes, el respeto al Estado de derecho y evitar que se recurra a la comisión de delitos para ganar contiendas electorales.
La propuesta tiene también el objetivo de inhibir en los partidos políticos “cualquier maquinación o consentimiento” de hechos a cargo de sus militantes que transgredan las leyes electorales, para obtener algún beneficio político-electoral, sostuvieron.
De acuerdo con la iniciativa, cuando se acredite que el partido político tuvo conocimiento previo de la comisión de cualquiera de los delitos en materia político-electoral, la multa impuesta al o los responsables se podrá incrementar hasta el doble.
Asimismo, de encontrarse que el partido o institución política tuvo conocimiento previo de la comisión de un delito electoral, se impondrá al partido de 200 a 400 Unidades de Medida y Actualización de multa, además de las sanciones administrativas o penales que correspondan.
La iniciativa, suscrita por la senadora panista Pilar Ortega Martínez, fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
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