- El Procurador General de la República que esté en funciones y sea designado Fiscal General, sólo lo será por un término que concluirá el 30 de noviembre de 2018, se establece en la propuesta
- El Fiscal General deberá ser una persona desvinculada de la dirigencia o representación de cualquier partido político, se subraya en el texto
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentarán una iniciativa de reforma constitucional que busca mejorar el diseño institucional para fortalecer su autonomía y garantizar que, al convertirse en Fiscalía General de la República, ésta tenga un alto grado de legitimidad.
En el texto del proyecto, se introduce un artículo transitorio en el que se proponen que el Procurador que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía, quedará designado titular de esta institución por un término que concluirá el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de ser removido, si es el caso.
Para que la autonomía de la Fiscalía se ejerza a cabalidad y ésta cuente desde su creación con una amplia base de legitimidad, los legisladores panistas plantean la necesidad de que el texto constitucional esboce las características del perfil idóneo para ocupar su Titularidad, de acuerdo con los siguientes elementos objetivos:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener al menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar (con antigüedad mínima de diez años) con título profesional de Licenciado en Derecho; gozar de buena reputación, no haber sido candidato a ocupar un cargo de elección popular ni haber desempeñado un cargo de dirigencia o representación de cualquier partido político.
El propósito es evitar que en algún momento su proceso de designación se enturbie por la acción directa de alguna fuerza política, y que el compromiso político previo del o la Fiscal electos, implique que la Fiscalía pierda en los hechos su autonomía.
El Fiscal General de la República electo por las dos terceras partes del Senado de la República permanecerá en su cargo por 7 años y los titulares de las fiscalías especializadas cinco años.
La iniciativa propone la incorporación de figuras que posibilitan la existencia de equilibrios democráticos que eviten la concentración excesiva de poderes en la persona del Fiscal General de la República, y le permitan de mejor manera -en un sano esquema de pesos y contrapesos-, conducir la política de persecución criminal en el ámbito federal.
Se propone la creación de la Inspectoría General, dependencia que además de fungir como órgano interno de control debe tener la capacidad de investigar las irregularidades cometidas por servidores públicos de la propia institución. La Inspectoría será un primer contrapeso de la autonomía de la propia Fiscalía.
También se propone la creación de un Consejo Consultivo, cuya labor será: opinar previamente a la emisión de los instrumentos normativos que regulen el funcionamiento de la Fiscalía General; proponer las políticas de profesionalización de sus servidores públicos y evaluación de su desempeño, y opinar previamente a los nombramientos de los funcionarios superiores y a la adscripción del personal de carrera.
Se crean fiscalías especializadas autónomas en materia de combate a la corrupción, de derechos humanos y de delitos electorales, donde se ejercerán controles parlamentarios a fin de blindar su autonomía y terminar con la impunidad en estas materias.
El anuncio se dio en rueda de prensa en la que participó el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, así como las senadoras Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Sonia Rocha Acosta y los senadores Fernando Yunes Márquez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Jesús Santana García y Salvador López Brito.
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